Agosto 08-Septiembre 08

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AI Magazine 92

Derechos indígenas

Con ocasión de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto, publicamos en este número un dossier con informaciones elaboradas desde América Latina.
Precisamente en ese continente sigue pendiente la aprobación de una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo proyecto estudia la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde hace más de una década. Amnistía Internacional reclamó al Grupo de Trabajo de la OEA encargado de elaborar el proyecto que compare el borrador de la declaración americana con el texto de la recién adoptada Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de la ONU establece “las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”. Afirma que el derecho a la libre determinación, establecido desde hace tiempo en los convenios internacionales, se aplica igualmente a los pueblos indígenas. Profundiza además en la urgente necesidad de respetar y promover sus derechos intrínsecos a sus tierras, territorios y recursos. El uso y control de estas tierras y recursos tienen una importancia primordial para su salud, sus medios de vida, su integridad cultural y su seguridad. La Declaración de la ONU fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 con el voto favorable de 144 Estados miembros de la ONU y sólo 4 votos en contra:
  • Australia,
  • Canadá,
  • Nueva Zelanda y Estados Unidos.
Con posterioridad, Canadá y Estados Unidos han argumentado que no cabe esperar de ellos que respeten unas normas de derechos humanos a las que han votado en contra. Amnistía Internacional ha documentado violaciones persistentes de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el continente americano. Estos abusos suelen ir asociados a patrones profundamente arraigados de racismo y discriminación, opresión y marginación, pérdida de control sobre la propia vida y el futuro, y despojo de tierras y recursos vitales. Con excesiva frecuencia, su consecuencia ha sido el empobrecimiento extremo, la mala salud generalizada y la conflictividad social. Los Estados miembros de la OEA tienen la obligación de garantizar que ninguna disposición contenida en la propuesta de declaración americana establece un nivel de exigencia inferior a las normas mínimas establecidas en la Declaración de la ONU. Amnistía Internacional ha pedido a los Estados y a los pueblos indígenas que trabajen juntos para avanzar a partir del logro histórico de la Declaración de la ONU y garantizar el desarrollo progresivo de las normas internacionales de derechos humanos. Si así lo hacen, millones de personas indígenas que durante mucho tiempo han visto relegados sus derechos podrán obtener justicia.

Ingrid Betancourt liberada, centenares siguen esperando

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la liberación de la ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, que recobró la libertad tras más de seis años de cautiverio en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El pasado 2 de julio, junto con Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002, fueron liberados tres contratistas estadounidenses, secuestrados por las FARC en 2003, y 11 miembros de las fuerzas de seguridad colombianas capturados por el grupo guerrillero. El gobierno colombiano ha declarado que estas 15 personas fueron liberadas por medio de una operación militar de las fuerzas de seguridad colombianas. Esta buena noticia no puede hacernos olvidar a los centenares que aún siguen cautivos, principalmente a manos de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que deben liberarlos a todos de inmediato y sin condiciones, además de comprometerse a poner fin sin más demora a todos los secuestros y toma de rehenes. Por otra parte, Amnistía Internacional condenó el pasado 3 de julio el homicidio en Colombia de dos defensores de los derechos humanos y activistas comunitarios locales. A lo largo del año pasado, hemos expresado nuestra preocupación por el aparente aumento de los homicidios y amenazas contra defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas, abusos cometidos en la mayoría de los

 

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