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El gobierno de Pakistán debe restablecer en sus cargos a unos 60 jueces de los tribunales superiores que fueron destituidos por el presidente Pervez Musharraf en aplicación de la ley de excepción, antes de que expire el plazo fijado por la coalición gobernante el 30 de abril, ha afirmado Amnistía Internacional.  

“La restitución de los jueces es un paso imprescindible para garantizar un poder judicial independiente. Los jueces están en una posición única para cuestionar políticas sobre derechos humanos, anular leyes abusivas y proteger a las personas frente a los abusos.”

“Sin un poder judicial efectivo e independiente, en Pakistán persistirá una situación nefasta de los derechos humanos.”

“Si los jueces depuestos no son restablecidos en sus cargos, futuros presidentes y jefes militares podrían considerar justificada la decisión de apartar a los jueces cada vez que una decisión de los tribunales no fuera de su agrado.”

Amnistía Internacional ha instado al gobierno y al Parlamento de Pakistán a formular con carácter urgente un mecanismo inequívoco de asignación de jueces para los tribunales superiores, con miras a restablecer la independencia del poder judicial en consonancia con los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura. Dicho mecanismo debería garantizar que los jueces no tienen conflictos de intereses, no sufren intimidación o influencias indebidas y son inamovibles en el cargo. No pueden ser considerados instrumentos prescindibles por quienes ocupan el poder.

El 3 de noviembre de 2007, Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, impuso el estado de excepción en su calidad de jefe del Estado Mayor del ejército y destituyó a unos 60 jueces del Tribunal Supremo y los tribunales superiores provinciales. El Tribunal Supremo se disponía a decidir si Musharraf podía presentarse como candidato a la presidencia por otro mandato siendo simultáneamente el jefe del Estado Mayor. Entre otras cosas, el tribunal había puesto gran empeño en resolver los casos de centenares de personas “desaparecidas”, casos que los jueces designados por el presidente Musharraf para sustituir a los depuestos dejaron de lado.