Annual Report 2013
The state of the world's human rights

Press releases

19 June 2013

La industria minera china contribuye a la comisión de abusos en la República Democrática del Congo

Las empresas mineras chinas que operan en la República Democrática del Congo deben poner más medios para impedir que sus operaciones den lugar a la comisión de abusos contra los derechos humanos; es la advertencia que hace Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En Profits and Loss: Mining and human rights in Katanga, la organización analiza el impacto de la industria minera en el sureste de la República Democrática del Congo.  

En el informe se documentan graves abusos cometidos con la participación de empresas locales y extranjeras, incluidos desalojos forzosos –que son ilegales según el derecho internacional– y condiciones laborales de riesgo y explotación.

Se dedica especial atención al papel de las empresas chinas, que están en vías de convertirse en los agentes económicos extranjeros más influyentes y poderosos del sector extractivo en la República Democrática del Congo, un país cuyas reservas de minerales están entre las más importantes del mundo.

Además, China importa cantidades considerables de cobalto y cobre de la República Democrática del Congo, y gran parte de esa producción es extraída aún por los llamados “mineros artesanales”, que trabajan en pequeña escala –a menudo en condiciones atroces– utilizando herramientas de mano.

“A causa de las operaciones mineras, en la República Democrática del Congo se cometen abusos contra los mineros artesanales y las comunidades vecinas desde hace décadas”, ha afirmado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Las autoridades de la República Democrática del Congo no sólo no han impedido que empresas y comerciantes del sector minero abusen de derechos, sino que ellas mismas han cometido violaciones de derechos humanos para facilitar operaciones extractivas.”

Al ser abordadas por Amnistía Internacional, varias de las empresas mencionadas en el informe han intentado eximirse de toda responsabilidad señalando la implicación de las autoridades en los abusos.

“El hecho de que las autoridades congoleñas no protejan los derechos humanos no permite que las propias empresas se responsabilicen de sus actos y omisiones. Resulta escandaloso que algunas empresas señalen la participación policial para intentar legitimar su propia contribución a la comisión de violaciones de derechos humanos”, ha comentado Gaughran.

Según los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, éstas tienen la obligación de respetar íntegramente los derechos humanos.  

Los gobiernos de aquellos países donde tienen sede esas empresas, como China, también están obligados a garantizar que sus empresas no cometen abusos contra los derechos humanos cuando operan en la República Democrática del Congo.  

“Pedimos a todas las empresas con intereses mineros en la República Democrática del Congo que dejen de poner excusas y empiecen a demostrar que tienen la firme intención de respetar los derechos de las comunidades en las que operan”, ha dicho Gaughran.

En un caso descrito en el informe, 300 familias fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares en Luisha cuando la empresa china Congo International Mining Corporation (CIMCO) obtuvo los derechos de explotación minera de los terrenos, situados en el centro de la localidad.

Tras ser avisadas por una autoridad local con sólo dos semanas de antelación, las familias fueron conducidas a un nuevo emplazamiento en camiones que, según miembros de la comunidad, pertenecían a CIMCO. Se limitaron a abandonarlos allí, sin alojamiento ni otras instalaciones. Estas personas se enfrentan a un futuro incierto ya que no tienen garantías de poder quedarse en el nuevo sitio.

Uno de los afectados dijo a Amnistía Internacional: “Tenemos que volver a empezar desde cero [...] Aquí la vida es mucho más difícil que en el sitio anterior.”

También a causa de las operaciones mineras, las comunidades han sufrido restricciones de acceso al agua. El 19 de abril de 2012, personal de la empresa conjunta sino-congoleña COMILU, acompañado de la policía, utilizó bulldozers y excavadoras para abrir una profunda zanja de unos tres metros de ancho, bloqueando un camino rural cercano a Luisha. La población local llevaba décadas usando ese camino para acceder a sus campos y al agua.

Con el cierre de esa ruta, tenían que emplear mucho más tiempo para desplazarse hasta sus campos y conseguir agua. Cuando protestaron por la zanja, la policía disparó munición real al aire: un hombre fue alcanzado por una bala perdida y murió.

La mayor parte de la actividad minera en la República Democrática del Congo la siguen realizando mineros artesanales, que trabajan en condiciones de riesgo y explotación.

En Katanga aún prevalecen los abusos contra estos mineros. Decenas mueren o resultan heridos de gravedad cada año. Suelen trabajar sin protección en las manos ni vestimenta adecuada, en huecos subterráneos mal ventilados donde se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

Reciben muy poco por los minerales que extraen y sufren explotación sistémica. El mineral que extraen se vende a través de una opaca cadena de suministro a otros países y empresas de fuera de la República Democrática del Congo.  

En la mina de Tilwezembe, a 30 kilómetros de la localidad de Kolwezi, Amnistía Internacional documentó malos tratos y unas condiciones de trabajo nocivas y abusivas. En esa mina eran frecuentes las lesiones y habían tenido lugar algunos accidentes mortales como consecuencia de derrumbamientos, corrimientos de tierra y asfixia debido a una ventilación insuficiente.

Los mineros artesanales de Tilwezembe vendían su mineral a Misa Mining, una comercializadora privada que opera en el lugar. Organismos estatales, incluida la policía, también estaban presentes en Tilwezembe para supervisar las operaciones mineras, pero no hacían nada para mejorar las escandalosas condiciones de trabajo de los mineros, que ponen su vida en peligro. Misa Mining alegó que no tenía constancia de que hubiera problemas de derechos humanos en Tilwezembe.

“Mayor transparencia en la cadena de suministro puede contribuir a evitar que se cometan abusos como los que nos encontramos en Tilwezembe”, ha asegurado Gaughran.  

“Si todas las empresas implicadas en la industria extractiva realizaran las debidas inspecciones para garantizar que no se está extrayendo mineral en condiciones degradantes y de explotación, se avanzaría un gran trecho en la depuración del comercio de los minerales.”

AI Index: PRE01/297/2013
Region Asia And The Pacific
Country China
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