Annual Report 2013
The state of the world's human rights

29 May 2013

Egipto sigue avanzando hacia la aprobación de una ley para reprimir a las organizaciones no gubernamentales

Egipto sigue avanzando hacia la aprobación de una ley para reprimir a las organizaciones no gubernamentales
Desde la “Revolución del 25 de Enero” de 2011, las autoridades egipcias no han dejado de actuar contra las ONG.

Desde la “Revolución del 25 de Enero” de 2011, las autoridades egipcias no han dejado de actuar contra las ONG.

© Omar Robert Hamilton


Si aprueban la ley en su forma actual, las autoridades egipcias transmitirán el mensaje de que las cosas apenas han cambiado desde la época de Mubarak, cuando las autoridades imponían restricciones a las organizaciones de derechos humanos para impedirles sacar a la luz los abusos.
Source: 
Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

Egipto sigue avanzando hacia la aprobación de una ley para reprimir a las organizaciones no gubernamentales

En Egipto, la aprobación de una nueva ley sobre ONG –actualmente sometida a la consideración del Consejo de la Shura– significaría en la práctica un golpe mortal a la sociedad civil independiente del país; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Si se aprobara en su forma actual, las autoridades egipcias tendrían amplias atribuciones en materia de registro, actividad y financiación de las organizaciones de la sociedad civil. Además, se establecería el nuevo Comité de Coordinación, probablemente integrado por representantes de los servicios de seguridad e inteligencia.

Quienes fueran declarados culpables en aplicación de esta ley se enfrentarían a fuertes multas e incluso a penas de cárcel.

El presidente Morsi ha anunciado hoy que había remitido la ley al Consejo de la Shura, como se denomina la Cámara Alta del Parlamento egipcio. La autoridad de aprobar nueva legislación reside en dicho consejo hasta que se celebren elecciones y se constituya la nueva Cámara Baja.

“Si aprueban la ley en su forma actual, las autoridades egipcias transmitirán el mensaje de que las cosas apenas han cambiado desde la época de Mubarak, cuando las autoridades imponían restricciones a las organizaciones de derechos humanos para impedirles sacar a la luz los abusos”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Aprobar semejante ley en un país con un historial tan extenso de represión del trabajo de las organizaciones de derechos humanos sería sumamente peligroso. Si Egipto está realmente decidido a poner distancia con su pasado reciente, las autoridades deben renunciar a esta ley y, en cambio, proporcionar a las ONG un entorno que garantice la protección y promoción de los derechos humanos.”

La última versión del proyecto de ley, que se dio a conocer el 18 de mayo, ignora en gran medida los motivos de preocupación expresados por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, –y también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– y sus recomendaciones para que la propuesta se ajuste a las leyes y normas internacionales.

Con arreglo a la propuesta de ley, toda organización que desee su registro oficial debe notificarlo al Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales, el cual puede plantear objeciones. Este procedimiento es una forma de autorización previa, incompatible con las normas internacionales.

El artículo 13 establece que toda ONG que aspire a recibir financiación extranjera deberá notificarlo al nuevo Comité de Coordinación previsto, con autoridad para aprobar o rechazar la solicitud. En virtud de la ley actual, las autoridades han denegado o retrasado la financiación por sistema a las organizaciones de derechos humanos con el fin de dificultar su labor.

La ley establece además que las organizaciones deben entregar anualmente copia de sus cuentas, informes de programas y fuentes de financiación a la Unión Regional (que la ley define como sindicato “voluntario” creado por las ONG) y al Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales. A continuación, éste puede oponerse a alguna de las decisiones de la organización y llevar el asunto a los tribunales.

Según el artículo 16, toda persona, asociación u organismo podrá examinar el registro de las actividades de la organización previa solicitud al Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales o a la Unión Regional. Es probable que esta disposición favorezca en la práctica que los órganos de seguridad controlen y se entrometan en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

La propuesta de ley es especialmente draconiana en cuanto al registro y las actividades de las ONG internacionales, ya que en la práctica puede impedir que las organizaciones de derechos humanos internacionales que han criticado el historial del país en materia de derechos humanos desempeñen cualquier labor en Egipto. En la práctica, la ley facultaría a las autoridades para restringir el registro, la financiación y las actividades de aquellas ONG que pongan al descubierto violaciones de derechos humanos o defiendan a las víctimas de abusos.

Desde la “Revolución del 25 de Enero” en 2011, las autoridades egipcias han reprimido a la sociedad civil independiente, incluidas las organizaciones de derechos humanos. Varias ONG registradas ante el Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales, incluidas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, contaron a Amnistía Internacional que han tenido que esperar hasta 16 meses para obtener el permiso necesario para recibir fondos.

En julio de 2011, el gobierno egipcio puso en marcha una investigación sobre la financiación extranjera de las ONG que dio lugar a una serie de registros sin precedentes contra grupos de la sociedad civil egipcia en diciembre de ese año.

Tras los registros, 43 miembros del personal de organizaciones internacionales fueron juzgados por los cargos de funcionar sin estar inscritas en el registro oficial y recibir financiación extranjera sin el permiso de las autoridades. Está previsto que se dicte sentencia el 4 de junio.

La campaña de represión ha continuado con el presidente Mohamed Morsi, quien tomó posesión del cargo en junio de 2012.

Anteriormente en el año, la Organización Egipcia de Derechos Humanos recibió una carta del gobierno con la advertencia de que no podía participar en “entidades internacionales” sin el permiso de las fuerzas de seguridad.

“Teniendo en cuenta los retos en materia política, económica y social a los que se enfrenta actualmente Egipto, sorprende que las nuevas autoridades hayan considerado prioritario elaborar una legislación draconiana sobre ONG tan parecida a la retórica y las tácticas de la época de Mubarak para reprimir a las ONG”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

“Aparentemente no es más que un intento de convertir en chivo expiatorio a las ONG para desviar la atención del penoso historial de las autoridades.”

Las organizaciones de la sociedad civil de Egipto desempeñan una función vital en la denuncia de las violaciones de derechos humanos y la prestación de servicios a las víctimas.

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