Surinam

Human Rights in República de Surinam

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Suriname is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Desiré Delano Bouterse

Impunidad

En abril, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la ley de amnistía de 1992 que ampliaba su alcance de abril de 1980 a agosto de 1992, con lo que quedaba incluido en él el mes de diciembre de 1982, cuando 15 opositores al gobierno militar del momento habían sido víctimas de tortura y ejecución extrajudicial. En noviembre de 2007, 25 personas, entre ellas el presidente Desiré Delano “Dési” Bouterse, por aquel entonces jefe militar del país, habían comparecido ante un tribunal militar para ser juzgadas por esos homicidios.

La ley reformada garantizaba la amnistía a quienes “hubieran cometido delitos y/o fuesen sospechosos de haberlos cometido en el contexto de la defensa del Estado y/o del derrocamiento de las autoridades legítimas, como ocurrió durante los acontecimientos que se produjeron en diciembre de 1982 y la Guerra de Guerrillas”, con el fin de “promover la unidad nacional y el desarrollo ininterrumpido de la República de Surinam”.

El presidente Bouterse afirmó que la nueva ley de amnistía contribuiría a la reconciliación en el país. Sin embargo, en abril y mayo hubo manifestaciones en Paramaribo, la capital, contra esta iniciativa de conceder inmunidad al presidente Bouterse y a los demás acusados. Entre las críticas internacionales formuladas contra la nueva ley se encontraba una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifestó: “Las leyes que buscan dejar en la impunidad violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos”. En abril, tras la aprobación de la ley, Países Bajos retiró a su embajador.

El 11 de mayo, el tribunal militar suspendió el juicio hasta que el Tribunal Constitucional examinase la nueva ley de amnistía. Esta decisión fue confirmada por la Fiscalía el 12 de diciembre. Sin embargo, era una decisión que podía dar lugar a una prolongada demora, ya que, si bien la Constitución de 1987 establecía la creación de un tribunal constitucional, al concluir 2012 éste aún no se había instituido.

En noviembre, la activista juvenil Sharona Lieuw On, presidenta de Jóvenes contra la Amnistía, presentó una denuncia tras recibir por correo una bala acompañada de una carta en la que le advertían de que no continuara con sus protestas contra la ley de amnistía. Más tarde, la joven retiró la denuncia, ante el temor por su seguridad.

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