Emiratos Árabes Unidos

Human Rights in Emiratos Árabes Unidos

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
UAE is now live »

Jefe del Estado
Shaij Jalifa bin Zayed al Nahyan
Jefe del gobierno
Shaij Mohamed bin Rashid al Maktum

Información general

En febrero y junio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que las detenciones, en 2011, de Abdelsalam Abdallah Salim, Akbar Omar y el activista Ahmed Mansoor habían sido arbitrarias. El Grupo de Trabajo solicitó que el gobierno ofreciera reparaciones a los tres hombres y ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al terminar el año el gobierno no había satisfecho ninguna de las dos peticiones.

Emiratos Árabes Unidos se adhirió en julio a la Convención de la ONU contra la Tortura. Al hacerlo formuló una declaración según la cual no reconocía la competencia del Comité de la ONU contra la Tortura para investigar denuncias de tortura. Además, el gobierno declaró al adherirse a la Convención que, en su opinión, las sanciones legales o “los dolores o sufrimientos […] derivados de las mismas” no se incluían en la definición de la tortura del tratado.

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Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades impusieron más restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión, intensificando las medidas represivas contra la disidencia pacífica que habían empezado a aplicar en 2011, especialmente en las redes sociales.

Se interrogó a ciudadanos sirios que se habían manifestado ante el consulado de Siria en febrero. Unos 50 fueron expulsados, aunque ninguno a Siria.

A raíz de las oleadas de detenciones dirigidas contra críticos del gobierno se recluyó sin cargos ni juicio a unas 90 personas vinculadas a Al Islah (Asociación para la Reforma y la Orientación Social), organización con sede en Emiratos Árabes Unidos inspirada en el modelo de la Hermandad Musulmana de Egipto.

  • Sultan al Qasimi fue detenido junto con alrededor de otras nueve personas durante una oleada de detenciones llevadas a cabo en marzo y abril. Al final del año continuaba recluido sin cargos ni juicio. Su detención estaba relacionada con su labor en Al Islah.
  • En julio, las acusaciones del gobierno de que un grupo “radicado en el extranjero” amenazaba la seguridad del Estado coincidieron con una segunda oleada de detenciones de más de 50 personas vinculadas a Al Islah. No se informó a sus familias de su paradero ni se les permitió acceder a un abogado. Al final del año había sido juzgada una persona. Se amenazó a familiares de los detenidos con detenerlos también, y un abogado fue objeto de una campaña de desprestigio en medios de comunicación oficiales.
  • El abogado y defensor de los derechos humanos Mohammad al Roken fue detenido en julio junto a su hijo y su yerno. Al Roken había ejercido la representación letrada de algunos de los detenidos integrantes del grupo conocido como “los cinco de Emiratos Árabes”, condenados a prisión en 2011 tras un juicio injusto y considerados presos de conciencia. Tanto él como su hijo y su yerno quedaron bajo custodia sin cargos ni juicio.
  • Ahmed Abdul Khaleq, uno de “los cinco de Emiratos Árabes”, fue despojado arbitrariamente de la nacionalidad emiratí junto con otras seis personas. En julio, las autoridades emiratíes lo expulsaron a Tailandia en contravención del derecho internacional.
  • Ahmed Mansoor, otro de “los cinco de Emiratos Árabes”, sufrió agresiones físicas en dos ocasiones, aparentemente por motivos políticos. No se obligó a nadie a rendir cuentas.
  • El ex juez Ahmed al Zaabi fue condenado en julio a dos penas de seis meses de cárcel y al pago de una multa por un tribunal de Abu Dabi que lo declaró culpable de cargos de fraude, presentados aparentemente por motivos políticos.

En noviembre, el gobierno federal promulgó un decreto sobre la ciberdelincuencia que preveía el procesamiento, la imposición de multas o el encarcelamiento de quienes usasen Internet para criticar a personalidades del gobierno, convocar manifestaciones o pedir reformas políticas.

Los sindicatos independientes continuaron prohibidos.

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Detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos

Se realizó una investigación sobre una muerte bajo custodia que dio lugar a la imposición de penas de cárcel de un mes a 5 agentes, mientras que otros 13 fueron absueltos del cargo de tortura. En otro caso se determinó que la muerte había ocurrido por causas naturales. No hubo constancia de que se hubieran investigado las denuncias de tortura formuladas por dos ciudadanos sirios y uno estadounidense.

La mayoría de los detenidos pertenecientes a Al Islah no podían recibir visitas de sus familiares ni de sus representantes letrados y se desconocía el paradero de casi todos ellos. En casos excepcionales se les permitió telefonear a sus familias.

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Pena de muerte

Se impusieron al menos 21 condenas de muerte, en su mayoría por cargos de asesinato y tráfico de drogas. Al menos una persona fue ejecutada.

En noviembre, Emiratos Árabes Unidos se abstuvo en la votación sobre una resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

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