Zimbabue

Human Rights in República de Zimbabue

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Zimbabwe is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Robert Mugabe

Información general

El gobierno de unidad nacional no finalizó la nueva Constitución, crucial para que el país celebrase unas elecciones sin violencia en 2013. En octubre tuvo lugar la Segunda Conferencia de Todas las Partes Interesadas, destinada a revisar un borrador del texto constitucional. En esa conferencia, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) trató de impedir la inclusión de nuevos elementos que limitarían las facultades del poder ejecutivo y reforzarían la declaración de derechos acordada durante el proceso de negociación entre partidos. La Comunidad para el Desarrollo del África Austral, representada por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, no logró ninguna reforma significativa para garantizar unas elecciones sin violencia, pese a las varias visitas que su equipo de facilitadores hizo a Zimbabue.

Altos mandos del ejército, la policía y los servicios de inteligencia expresaron sus preferencias respecto al resultado electoral, lo que alimentó el temor de que las fuerzas de seguridad –que habían estado implicadas en la violencia electoral de 2008– intentaran influir de nuevo a favor de la ZANU-PF en las próximas elecciones. El presidente Mugabe y el primer ministro Morgan Tsvangirai se mostraron públicamente en contra de la violencia política; sin embargo, no se adoptaron medidas concretas para poner fin a las actividades partidistas de las fuerzas de seguridad.

Aunque los incidentes de violencia política colectiva continuaron siendo escasos, principalmente porque no hubo acontecimientos políticos importantes durante el año, al menos 300 personas resultaron heridas a consecuencia de actos de tortura y otros actos violentos de motivación política.

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Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las actividades de quienes defendían los derechos humanos y de los activistas políticos no pertenecientes a la ZANU-PF siguieron estando sometidas a fuertes restricciones. En las zonas urbanas, la principal responsable fue la policía, que utilizó la Ley de Orden Público y de Seguridad para limitar arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, incluso bloqueando reuniones y actividades legítimas de defensores de los derechos humanos y otros partidos políticos. En las zonas semiurbanas y rurales, los activistas locales de la ZANU-PF continuaron perturbando con impunidad el desarrollo de actividades legítimas de sus oponentes. La ZANU-PF también recurrió a algunos dirigentes tradicionales para restringir el acceso a las zonas rurales. Se registraron incidentes en los que soldados uniformados agredían a personas que asistían a reuniones organizadas por los dos partidos del Movimiento por el Cambio Democrático.

  • En mayo, Cephas Magura, dirigente del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai (MDC-T), murió en el distrito de Mudzi durante unos enfrentamientos entre partidarios del MDC-T y de la ZANU-PF ocurridos en el centro de negocios Chimukoko. Según las informaciones recibidas, los simpatizantes de la ZANU-PF atacaron a los asistentes a una reunión del MDC-T autorizada por la policía. Tras el incidente, fueron detenidos siete miembros de la ZANU-PF, el concejal de Mudzi David Chimukoko entre ellos, y acusados de asesinato y violencia pública.
  • El 21 de septiembre, un grupo de soldados del distrito de Mutoko, en la provincia de Mashonaland Este, irrumpieron en una reunión presidida por el profesor Welshman Ncube (del MDC-N) y golpearon a los asistentes.
  • En noviembre, otro grupo de soldados del distrito de Zhombe, en la provincia de Midlands, atacó a los simpatizantes del MDC-T que asistían a una reunión en el centro de negocios Samambwa. Decenas de personas resultaron heridas, entre ellas dos hombres de más de 70 años que llegaron a un hospital de Harare con fractura de extremidades y lesiones internas.
  • Algunos de los 29 miembros del MDC-T detenidos en mayo de 2011 en relación con la muerte del agente de policía Petros Mutedza en Glen View estuvieron más de un año bajo custodia. Sin embargo, Cynthia Manjoro salió en libertad bajo fianza en octubre después de que un testigo de la acusación declarase que había sido detenida y recluida como cebo para atraer a otro sospechoso amigo suyo. Solomon Madzore, presidente de la Asamblea Juvenil del MDC-T, también salió en libertad bajo fianza el 13 de noviembre junto con otro detenido, Taruvinga Magaya. Se creía que algunos de los detenidos habían sido arrestados sólo por ser activistas conocidos del MDC-T que residían en Glen View. Al finalizar el año sólo seguían bajo custodia Last Maengahama, Tungamirai Madzokere, Rebecca Mafikeni, Yvonne Musarurwa y Simon Mapanzure.
  • El 5 de noviembre, la policía de Harare hizo una redada en las oficinas de la Counselling Services Unit, consultorio médico legalmente inscrito que atendía a víctimas de la violencia organizada y de la tortura. Inicialmente, la policía llegó sin orden judicial y amenazó con entrar por la fuerza. Varias horas después, los agentes exhibieron una orden judicial para recuperar “material ofensivo y subversivo” que “desfigur[ase] casas, edificios, muros, vallas, postes de alumbrado, puertas o ascensores” y confiscó ilegalmente historiales médicos confidenciales de pacientes, un ordenador y documentos no abarcados por la orden. Cinco trabajadores del centro fueron detenidos arbitrariamente. Dos de ellos salieron en libertad el mismo día, pero los otros tres –Fidelis Mudimu, Zachariah Godi y Tafadzwa Geza– estuvieron cuatro días recluidos de forma ilegal bajo custodia policial y al tercer día fueron trasladados también ilegalmente a Bulawayo, a más de 400 kilómetros de distancia. Los tres fueron puestos en libertad bajo fianza el 8 de noviembre, bajo la acusación formal de “causar daños intencionales a propiedades”, en aplicación del artículo 140 de la Ley del Código Penal (Codificación y Reforma). Con posterioridad se retiraron los cargos formulados contra Fidelis Mudimu, tras saberse que estaba fuera del país cuando se cometió el presunto delito.
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Detención y reclusión arbitrarias

Durante el año, la policía antidisturbios perturbó sistemáticamente el desarrollo de las actividades de la organización Mujeres de Zimbabue, ¡En Pie! (WOZA), golpeó a muchos de sus activistas y causó heridas a algunos de ellos. Se tuvo constancia de la detención de al menos 200 miembros de la organización.

  • El 19 de enero, 17 activistas fueron detenidos en Bulawayo y llevados a la comisaría de Donnington, donde algunos sufrieron palizas y malos tratos. Después los trasladaron a la comisaría central de Bulawayo, donde siguieron sufriendo abusos hasta que fueron liberados sin cargos.
  • El 12 de marzo, un juez de Bulawayo revocó injustamente la libertad bajo fianza de las dirigentes de WOZA Jennifer Williams y Magodonga Mahlangu, que comparecieron ante el tribunal por cargos falsos de secuestro y robo, y ordenó su ingreso en prisión. Los abogados de la defensa habían solicitado el aplazamiento de la vista alegando los problemas de salud de Jennifer Williams, que tenía la carta de un médico que corroboraba su estado. Sin embargo, el fiscal la acusó de fingir la enfermedad.
  • El 27 de junio, a la mañana siguiente de una marcha pacífica, 101 miembros de WOZA fueron detenidos en Bulawayo y, tras cinco horas de reclusión, quedaron en libertad sin cargos.

Se siguió aplicando arbitrariamente el artículo 33 de la Ley del Código Penal (Codificación y Reforma) y se acusó a activistas políticos y otras personas de “menoscabar la autoridad del presidente o insultarlo”. Al menos 12 personas fueron detenidas por estos cargos.

  • En octubre, el ministro de Energía y Desarrollo Energético del gobierno de unidad nacional, Elton Mangoma, del partido MDC-T, fue detenido y acusado de “menoscabar la autoridad del presidente o insultarlo” en relación con una declaración que había hecho en marzo en el centro de negocios Manhenga, en Bindura (Mashonaland Central).
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Tortura y ejecuciones extrajudiciales bajo custodia policial

Al menos ocho personas murieron bajo custodia policial en circunstancias que indicaban que habían sido víctimas de tortura o de ejecución sumaria.

  • El 19 de marzo murieron en circunstancias muy poco claras tres jóvenes que estaban recluidos en la comisaría de Southerton, Harare. Tendai Dzigarwi y Rufaro Mahohoma habían sido detenidos el 18 de marzo en Kambuzuma, un barrio residencial de las afueras de Harare, por policías de la Brigada de Robo de Vehículos, como sospechosos del robo de un vehículo de motor. El tercer joven, Emmson Ngundu, fue detenido el 19 de marzo en el distrito de Zvimba. Según la policía, los tres murieron durante un intento de fuga, pero una autopsia independiente realizada a Tendai Dzigarwi concluyó que éste había fallecido por una herida de bala en la cabeza, causada por un disparo realizado a una distancia de 2-3 centímetros. Las declaraciones de los testigos que vieron las heridas de los otros dos hombres apuntaban a la misma conclusión.
  • El 13 de septiembre, dos días después de ser puesto en libertad, Harrison Manyati murió en el Hospital Central de Harare por lesiones sufridas a consecuencia de la tortura sufrida mientras estaba detenido en la comisaría de Makoni, en Chitungwiza. Harrison Manyati había sido detenido arbitrariamente y recluido de forma ilegítima el 7 de septiembre, después de acudir a la comisaría para preguntar por un amigo detenido por asalto a una vivienda, robo y entrada ilegal. La policía lo acusó de complicidad y lo mantuvo cuatro días recluido sin cargos y sin llevarlo ante un tribunal. La policía dijo a su familia que Harrison Manyati no había cometido ningún delito. Cuando salió en libertad, Manyati acusó a los policías de agresión y se presentaron cargos contra ellos. Según un testigo presencial, Manyati fue torturado durante los dos primeros días de detención y luego permaneció bajo custodia dos días más para que se curaran sus lesiones. El informe de una autopsia independiente concluyó que la muerte de Manyati había sido consecuencia directa de la tortura.
  • Blessing Matanda fue encontrado muerto en una celda de la comisaría de Munyati, en Kwekwe, el 4 de octubre, el mismo día en que había sido detenido en circunstancias poco claras. Matanda dijo a un familiar que lo visitó que los agentes que lo habían detenido lo habían amenazado con “ajustarle las cuentas”. La policía afirmó que Matanda se había suicidado de un tiro, pero no explicó cómo había tenido acceso a una pistola. Un patólogo independiente puso en duda la tesis del suicidio.
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Desalojos forzosos

Decenas de miles de personas afectadas por los desalojos forzosos masivos de la Operación Murambatsvina, llevada a cabo en 2005, seguían viviendo siete años después en asentamientos que carecían de escuelas, atención médica, agua, saneamiento o carreteras. Pese a que las autoridades reconocieron públicamente la falta de escuelas en particular, no se adoptaron medidas para garantizar que los miles de niños y niñas afectados tuvieran acceso a una educación primaria gratuita.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

La hostilidad hacia las personas que no se ajustaban a los modelos establecidos de género y la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales continuaban siendo generalizadas en el país. Los medios de comunicación contribuyeron a los prejuicios contra estas personas al publicar los comentarios hostiles que hacían los líderes políticos sobre ellas, especialmente en el contexto del debate en torno a la nueva Constitución. La ZANU-PF y el MDC-T se acusaron mutuamente de “albergar en sus filas” a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. La politización del debate sobre la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género fomentó el hostigamiento y la intimidación contra estas personas por parte de la policía.

  • El 11 de agosto, 44 miembros de Gays y Lesbianas de Zimbabue (GALZ) estuvieron detenidos una noche en la comisaría central de Harare después de que la policía hiciera una redada en las oficinas de la organización en esa misma ciudad. La redada se produjo cuando se celebraba una reunión convocada por GALZ para debatir el proyecto de Constitución de Zimbabue y presentar un informe sobre violaciones de derechos humanos perpetradas contra sus miembros. Tras poner en libertad a los detenidos, la policía visitó algunos de sus domicilios y centros de trabajo, lo que amenazaba con poner al descubierto su orientación sexual y, por tanto, someterlos a un mayor riesgo de discriminación.
  • El 20 de agosto, la policía hizo una segunda redada en las oficinas de GALZ y confiscó ordenadores y folletos. El 23 de agosto, la dirección fue acusada de administrar una organización “no inscrita legalmente”, lo que vulneraba el artículo 6.iii de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas. Por primera vez en 20 años, GALZ se vio obligada a cerrar sus oficinas indefinidamente por temor a nuevas redadas de la policía.
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