Ucrania

Human Rights in Ucrania

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ukraine is now live »

Jefe del Estado
Víctor Yanukovich
Jefe del gobierno
Mykola Azarov

Tortura y otros malos tratos

Se siguió teniendo noticia de casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia de la policía. En su informe sobre la visita realizada a Ucrania en 2011, publicado en noviembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura afirmaba que se había visto “inundado de denuncias de personas detenidas” que habían sufrido malos tratos físicos o psicológicos a manos de agentes de policía. Destacaba la comisaría de policía de Shevchenkivskiy, en Kiev, por ser especialmente “problemática”.

El 18 de septiembre, el Parlamento aprobó legislación que permitía al Comisionado Parlamentario para los Derechos Humanos desempeñar las funciones de mecanismo nacional de prevención, en cumplimiento de las obligaciones de Ucrania en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

  • Mikhail Belikov, minero jubilado, fue torturado el 17 de junio por agentes de policía de la comisaría del distrito de Petrovskiy, en Donetsk. Tres agentes que estaban de servicio lo abordaron en un parque por estar bebiendo en público. Según su testimonio, los agentes lo golpearon en el parque y después lo llevaron al puesto de policía del distrito de Petrovskiy, donde un cuarto policía lo violó con una porra mientras otros tres agentes lo sujetaban. Un policía de mayor rango le dijo que olvidara lo sucedido y le instó a que pagara 1.500 grivnas (144 euros) si quería quedar libre. Aceptó pagar y quedó en libertad sin cargos. Esa noche empeoró considerablemente su estado. En el hospital, los médicos le diagnosticaron graves lesiones internas que requerían una colostomía provisional. Al final del año, tres agentes de policía fueron juzgados por cinco episodios distintos de palizas y extorsión que se remontaban a 2009 e incluían la tortura de Mikhail Belikov. Dos de los agentes fueron acusados de tortura en aplicación del artículo 127 del Código Penal.
Arriba

Impunidad

En octubre, los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que participaron en el examen periódico universal de la situación de los derechos humanos en Ucrania recomendaron al país la creación de un órgano independiente encargado de investigar los casos de tortura y garantizar indemnizaciones a las víctimas. Al final del año Ucrania no había respondido a ésta ni a las otras 145 recomendaciones que había recibido con motivo del examen. Las víctimas de tortura y otros malos tratos seguían teniendo dificultades para conseguir que se investigaran sus denuncias. Las penas dictadas por los tribunales a menudo no reflejaban la gravedad del delito.

  • El 5 de enero se impuso una condena condicional de cinco años por abuso de autoridad al agente de policía Serhiy Prikhodko, por haber causado la muerte de Ihor Indylo en mayo de 2010, cuando estaba bajo custodia en la comisaría de policía de Shevchenkivskiy, en Kiev. Un segundo agente, Serhiy Kovalenko, había sido indultado en diciembre de 2011 por tener un hijo de corta edad. El 14 de mayo, el tribunal de apelación de Kiev anuló tanto la condena condicional como el indulto y devolvió la causa para que prosiguiera la investigación. El 29 de octubre, el tribunal de apelación de Kiev volvió a pedir que continuaran las investigaciones.
  • El 23 de marzo, el célebre acordeonista Ihor Zavadskiy fue detenido en Kiev y sometido a tortura y otros malos tratos por agentes de policía. Denunció que varios agentes vestidos de civil lo habían tirado al suelo en el exterior de su casa y lo habían golpeado, además de someterlo a un registro, quitarle el teléfono móvil y registrar su apartamento sin orden judicial, y que más tarde, en la comisaría de policía de Shevchenkivskiy, en Kiev, había sido objeto de nuevas torturas y malos tratos. Allí, tres agentes de policía lo habían golpeado y uno le había causado dolor extremo apretándole los testículos. En un momento dado lo empujaron, se golpeó la cabeza contra el suelo y perdió el conocimiento. Los agentes de policía insistieron en interrogarlo en ausencia de un abogado; no pudo ver a ninguno hasta el 27 de marzo. Posteriormente fue acusado de “satisfacer el deseo sexual de manera insana y violenta” y de “corrupción de menores”. El 2 de abril presentó una denuncia ante la fiscalía del distrito por tortura y otros malos tratos. Hasta el 3 de julio no fue informado de que el 6 de abril se había decidido no abrir una investigación criminal sobre sus denuncias de tortura. El tribunal de distrito de Shevchenkivskiy anuló la decisión adoptada el 31 de julio por la fiscalía y devolvió la causa para que continuaran las investigaciones. Al concluir el año no se había dado a conocer ninguna información sobre el desarrollo de la investigación y la causa contra Ihor Zavadskiy seguía abierta.
Arriba

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Ucrania siguió incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas en virtud de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados al conceder solicitudes de extradición incluso en casos de personas que tenían reconocida la condición de refugiadas o solicitantes de asilo.

  • El 20 de septiembre, las autoridades ucranianas devolvieron a Ruslan Suleymanov a Uzbekistán, en incumplimiento de las obligaciones contraídas por Ucrania en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Al terminar el año continuaba en detención preventiva en Tashkent, capital de Uzbekistán. Ruslan Suleymanov se había trasladado a Ucrania en noviembre de 2010, cuando la empresa de construcción para la que trabajaba se convirtió en objetivo de intereses comerciales rivales, por temor a sufrir un juicio injusto, así como tortura y otros malos tratos en Uzbekistán. Fue detenido en Ucrania el 25 de febrero de 2011 y, en mayo de ese año, la Fiscalía General confirmó su extradición a Uzbekistán para ser juzgado por presuntos delitos económicos. Aunque se había rechazado su solicitud de asilo en Ucrania, el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, había reconocido su condición de refugiado y se había esforzado por conseguir su reasentamiento.
  • El 19 de octubre, según la información recibida, funcionarios rusos encargados de hacer cumplir la ley secuestraron al ciudadano ruso Leonid Razvozzhayev –asistente del parlamentario de oposición ruso Ilya Ponomaryov– en Kiev, en el exterior de la sede de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, adonde había acudido en busca de orientación y asistencia jurídica para solicitar asilo en Ucrania. Según denunció, había sido torturado y sometido a otros malos tratos el 22 de octubre, a su regreso a Rusia, para que admitiera su responsabilidad y la de otros activistas de la oposición en la planificación de disturbios multitudinarios. El 25 de octubre, un portavoz del Ministerio del Interior confirmó que Leonid Razvozzhayev había sido secuestrado “por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nacionales o de otro Estado” y dijo que no se trataba de un delito, sino de “un tema de cooperación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley” sobre el cual no sabía nada.

El ACNUR observó en junio que, a pesar de la nueva Ley de Refugiados de 2011, tanto la legislación como los procedimientos seguían sin cumplir las normas internacionales. Los solicitantes de asilo en particular, que a menudo carecían de documentación, corrían el riesgo de sufrir hasta 12 meses de reclusión por permanecer ilegalmente en territorio ucraniano.

  • En enero, 81 personas recluidas en dos centros de alojamiento para inmigrantes, en su mayoría ciudadanos somalíes, se declararon en huelga de hambre para protestar por su privación de libertad. Habían sido detenidas en una operación policial realizada al final de diciembre de 2011 para controlar la “inmigración ilegal”, y se les había impuesto hasta un año de reclusión “a efectos de su expulsión”. Nunca se habían llevado a cabo devoluciones de ciudadanos somalíes desde Ucrania, y cualquier devolución a Somalia habría sido ilegal salvo en circunstancias excepcionales. Al menos un detenido estaba inscrito en el ACNUR como solicitante de asilo, pero muchos más no habían podido solicitar asilo porque, en muchas partes de Ucrania, las oficinas de los Servicios Regionales de Migración no funcionaron la mayor parte de 2011. Los detenidos pusieron fin a la huelga de hambre el 17 de febrero, cuando el Servicio Estatal de Migración les aseguró que reabriría sus oficinas regionales en el distrito de Volyn, en el oeste de Ucrania, y empezaría a aceptar solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y de la protección correspondiente. En noviembre de 2012, 53 de los detenidos habían quedado en libertad.
Arriba

Sistema de justicia

El nuevo Código de Procedimiento Penal, con significativas mejoras respecto al anterior, obtuvo la sanción presidencial el 14 de mayo. El nuevo instrumento aclaraba que la detención empezaba a partir de la aprehensión por parte de la policía y que la persona detenida tenía derecho a un abogado y a un experto médico independiente desde ese momento; asimismo afirmaba claramente que la reclusión preventiva sólo debía aplicarse en circunstancias excepcionales, de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Europa. Por otra parte, disponía la revisión automática cada dos meses de la justificación para la reclusión preventiva. Persistió la preocupación de que sólo fuera obligatoria la asistencia de un abogado en los casos de delitos especialmente graves que comportaban más de 10 años de cárcel, y también que sólo se prestara asistencia jurídica gratuita en los casos en que fuera preceptivo un abogado.

  • El 27 de febrero, Yuriy Lutsenko, ex ministro del Interior y dirigente del partido político de oposición Legítima Defensa del Pueblo, que llevaba en reclusión preventiva desde el 26 de diciembre de 2010, fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de 643.982 grivnas (61.621 euros) por abuso del cargo y apropiación indebida de bienes del Estado. El 3 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la reclusión preventiva de Yuriy Lutsenko había vulnerado su derecho a la libertad y que había sido ordenada por razones políticas en incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El 17 de agosto, Yuriy Lutsenko fue declarado culpable también de negligencia profesional por ordenar la vigilancia ilegal de un conductor durante la investigación del envenenamiento del ex presidente Víctor Yúshchenko. Siguió sin modificarse su condena.
  • En abril debía comenzar el nuevo juicio de la ex primera ministra Yulia Timoshenko por evasión fiscal, pero se aplazó por motivos de salud. Los cargos, formulados en octubre de 2011, tenían relación con sus actividades de 1995 a 1997 como presidenta de la empresa comercializadora de energía Sistemas Unidos de Energía de Ucrania. Yulia Timoshenko continuó cumpliendo una pena de siete años de cárcel, basada en motivos políticos, por abuso del cargo al haber firmado un contrato energético con Rusia por valor de millones de dólares en enero de 2009, cuando ocupaba el cargo de primera ministra.
Arriba

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En octubre, el Parlamento aprobó en segunda lectura el proyecto de la “Ley de reforma de algunos actos legislativos (para proteger el derecho de los menores de edad a un entorno informativo seguro)”. En él se proponía prohibir la producción, importación y distribución de publicaciones, películas o grabaciones de vídeo que promovieran la homosexualidad. De ser promulgada, esta ley impondría graves restricciones a la libertad de expresión de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

  • El 20 de mayo, la marcha del Orgullo en Kiev se suspendió cuando sólo faltaban 30 minutos para la hora prevista de su celebración, tras la advertencia de la policía de que un gran número de personas que se oponían a ella por motivos nacionalistas y religiosos habían amenazado con interrumpirla. Uno de los organizadores de la marcha fue golpeado por una banda de jóvenes, y otro fue rociado con gas lacrimógeno.
Arriba

Justicia internacional

El 24 de octubre, el gobierno afirmó que Ucrania seguía comprometida con la idea de la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, no había dado ningún paso encaminado a acometer los cambios legislativos necesarios para aplicar el Estatuto de Roma de la CPI y el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI, a los que Ucrania se había adherido el 20 de enero de 2000 y el 29 de enero de 2007, respectivamente.

Arriba