Turquía

Human Rights in República de Turquía

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Turkey is now live »

Jefe del Estado
Abdullah Gül
Jefe del gobierno
Recep Tayyip Erdoğan

Información general

Prosiguieron durante todo el año los debates en torno a la adopción de una nueva Constitución, pero hubo escasas muestras de consenso entre los partidos políticos o de participación efectiva de la sociedad civil en el proceso.

El Parlamento aprobó en octubre una resolución por la que autorizaba la intervención militar en Siria durante 12 meses, y otra por la que prorrogaba otro año la autorización para intervenir contra el grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) en el norte de Irak. La votación se llevó a cabo tras la muerte de cinco personas por el impacto de un proyectil de mortero sirio en Akçakale, localidad fronteriza de la provincia de Şanlıurfa.

También se habían intensificado los enfrentamientos armados entre las fuerzas armadas y el PKK. El ejército dijo haber “neutralizado” a 500 miembros armados del PKK sólo en septiembre. El gobierno anunció en diciembre que había participado en negociaciones con el PKK.

Cientos de presos en todo el país se declararon en huelga de hambre en febrero y, de nuevo, en septiembre para protestar por la negativa de las autoridades a permitir que el dirigente del PKK Abdullah Öcalan recibiera visitas de sus abogados, entre otras reivindicaciones. Tras los llamamientos de Abdullah Öcalan a poner fin a las protestas, éstas concluyeron en abril y noviembre, respectivamente.

En mayo, el Parlamento aprobó una ley de regeneración urbana que eliminaba garantías procesales de que gozaban las personas residentes en lugares afectados por proyectos urbanísticos e incrementaba los temores de que dichos proyectos dieran lugar a desalojos forzosos. En octubre aprobó legislación sindical que no respetaba las normas de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo en relación con el derecho de huelga y el derecho a la negociación colectiva.

En septiembre, más de 300 miembros del ejército –en activo y retirados– fueron declarados culpables de planear el “Mazo”, presunta conspiración violenta para derrocar al gobierno. La sentencia dividió a la opinión pública turca entre quienes consideraban que era un triunfo frente a la impunidad de los abusos cometidos por el ejército y quienes denunciaban que las pruebas en que se había basado eran falsas.

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Libertad de expresión

Hubo escasos avances en la tarea de abordar las restricciones impuestas a la libertad de expresión en los medios de comunicación y a la sociedad civil en general. Eran frecuentes los procesamientos penales de personas que expresaban pacíficamente su disidencia, sobre todo si se trataba de asuntos políticos controvertidos o de críticas a instituciones y funcionarios públicos. Los primeros en ser objeto de actuaciones penales eran quienes sostenían opiniones discrepantes sobre política y sobre la cuestión de los derechos de los kurdos.

El Parlamento aprobó en julio, en el marco del denominado “tercer paquete judicial”, un conjunto de reformas que abolían o modificaban varias leyes empleadas para limitar la libertad de expresión. Las reformas no afectaban a la definición de los delitos utilizados para limitar la libertad de expresión, entre los que destacaban los tipificados en la legislación antiterrorista.

  • En febrero, el objetor de conciencia y defensor de los derechos humanos Halil Savda fue encarcelado por “distanciar a la opinión pública del servicio militar” en aplicación del artículo 318 del Código Penal. Condenado a 100 días de prisión, en abril quedó en libertad condicional. En septiembre se le impuso una multa y se le prohibió temporalmente continuar con su “marcha por la paz” en la provincia meridional de Osmaniye. En diciembre, Halil Savda fue absuelto en dos causas distintas abiertas en virtud del artículo 318. Quedaba pendiente ante el Tribunal Supremo de Apelaciones otra sentencia condenatoria dictada en aplicación también del artículo 318.
  • En octubre comenzó el juicio del pianista Fazıl Say. La fiscalía había entablado el proceso en su contra en aplicación del artículo 216 del Código Penal por “injuriar públicamente los valores religiosos” en unos mensajes de Twitter en los que se burlaba de personalidades religiosas y del concepto islámico del paraíso.
  • En marzo quedaron en libertad los periodistas Ahmet Şık y Nedim Şener después de permanecer 375 días en detención preventiva. Al final del año seguía abierto el proceso contra ellos y contra otros periodistas por “comisión de delito en nombre de una organización terrorista” en aplicación del artículo 220/6 del Código Penal. Estaban acusados de servir a la estrategia de comunicación de “Ergenekon”, presunta red delictiva, vinculada al ejército y a otras instituciones del Estado, a la que se acusaba de conspirar para derrocar al gobierno.
  • Durante el año continuaron los juicios colectivos por presunta pertenencia a la Unión de Comunidades Kurdas, vinculada al PKK. En septiembre comenzó el juicio contra 44 periodistas acusados de pertenencia a esta agrupación.
  • Otro proceso iniciado contra 193 personas –entre ellas los intelectuales Ragıp Zarakolu y Büşra Ersanlı– por pertenencia a la Unión de Comunidades Kurdas seguía abierto al final del año. Las pruebas contra Ragıp Zarakolu y Büşra Ersanlı se basaban en su relación con la Academia de Política del Partido Paz y Democracia, formación política pro kurda reconocida. Ambos fueron puestos en libertad en abril y julio, respectivamente, en espera del resultado del juicio.
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Tortura y otros malos tratos

Persistían las denuncias de tortura y otros malos tratos en lugares oficiales de detención. En junio, el Parlamento aprobó legislación dirigida a crear la Oficina del Defensor del Pueblo, así como una institución nacional de derechos humanos. Ésta última carecía de garantías de independencia; al final del año no estaba claro si iba a encargarse de la vigilancia independiente de los lugares de detención, en cumplimiento de las obligaciones contraídas con arreglo al Protocolo Facultativo a la Convención de la ONU contra la Tortura, ni de qué forma iba a hacerlo si se le encomendaba esta función. No se establecieron otros mecanismos independientes prometidos por el gobierno, como un procedimiento de presentación de denuncias contra la policía.

  • En marzo, varios muchachos recluidos en la cárcel de Pozantı, en la provincia meridional de Adana, fueron trasladados a otro centro tras denunciarse que habían sufrido abusos sexuales y de otra índole a manos de funcionarios de prisiones. Al final del año seguía abierta una investigación oficial. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó la cárcel de Pozantı en junio, pero al final del año no se había hecho público su informe.
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Uso excesivo de la fuerza

Hubo frecuentes denuncias durante el año sobre uso excesivo de la fuerza –incluidas palizas– por parte de la policía durante manifestaciones. Se documentaron tres muertes en manifestaciones, presuntamente como consecuencia de uso excesivo de la fuerza.

  • En diciembre, hasta un total de 50 estudiantes resultaron heridos en enfrentamientos con la policía en el campus de la Universidad Técnica de Oriente Medio de Ankara. Los enfrentamientos estallaron tras varios intentos de la policía de disolver una protesta pacífica durante una visita del primer ministro a la universidad. Un estudiante fue hospitalizado por sospecharse que sufría una hemorragia cerebral debido al impacto de un bote de gas lacrimógeno en la cabeza.
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Impunidad

Las investigaciones y procesamientos de funcionarios públicos por presuntas violaciones de derechos humanos siguieron siendo deficientes, dadas las escasas perspectivas de hacer justicia con los responsables. A los funcionarios que eran declarados culpables con frecuencia se les imponían condenas condicionales y se los mantenía en el puesto.

  • En enero, cuatro hombres fueron declarados culpables de participar en el asesinato del periodista y defensor de los derechos humanos Hrant Dink en 2007. Les fueron impuestas penas de entre 10 semanas de prisión (por posesión de munición) y cadena perpetua (por incitación al asesinato). El tribunal resolvió que los hombres no formaban parte de una organización superior y los absolvió de “pertenencia a organización ilegal”. Aún no se había investigado en profundidad la culpabilidad de funcionarios del Estado en el asesinato.
  • En julio, Sedat Selim Ay, agente de policía declarado culpable de malos tratos a detenidos en 2004, fue ascendido a un puesto superior en la Unidad Antiterrorista de Estambul.
  • No se realizó una investigación efectiva sobre el bombardeo que las fuerzas armadas habían efectuado en diciembre de 2011 contra Uludere/Qileban, distrito de la provincia de Şırnak, en la frontera con Irak. Las fuerzas armadas aseguraron que el ataque iba dirigido contra miembros armados del PKK, pero en su lugar mataron a 34 habitantes de la zona. La fiscalía no había llevado a cabo una investigación inmediata en el lugar de los hechos ni entrevistado a los testigos del ataque.
  • En octubre, un tribunal de Estambul declaró a tres funcionarios de prisiones culpables de “causar la muerte mediante tortura” de Engin Çeber en un nuevo juicio celebrado contra los funcionarios públicos presuntamente responsables de su muerte bajo custodia, ocurrida en 2008. El Tribunal Supremo de Apelaciones había anulado la sentencia anterior por cuestiones de procedimiento. La causa seguía pendiente ante el Tribunal Supremo de Apelaciones al terminar el año.
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Juicios injustos

Persistieron los juicios injustos, sobre todo en causas abiertas ante los Tribunales Penales Especiales en aplicación de la legislación antiterrorista. La prórroga de la prisión preventiva en los juicios prolongados seguía siendo un problema a pesar de los cambios legales introducidos en julio para limitar su uso. Se utilizaban ante los tribunales declaraciones secretas de testigos, que no era posible impugnar, y se seguían dictando fallos condenatorios sin pruebas sustanciales ni verosímiles. Miles de estos procesos abiertos en aplicación de la legislación antiterrorista estaban relacionados con la presunta asistencia a manifestaciones. Muchos de los acusados eran estudiantes universitarios. Al final del año no se habían aplicado las medidas aprobadas en julio por el Parlamento para reformar los Tribunales Penales Especiales.

  • El estudiante universitario Cihan Kırmızıgül quedó en libertad en marzo tras permanecer 25 meses en detención preventiva. En mayo fue declarado culpable de vandalismo y de “comisión de delito en nombre de una organización terrorista” y condenado a 11 años y 3 meses de prisión. La sentencia condenatoria se basó en que vestía un pañuelo tradicional que coincidía con los que llevaban los presuntos participantes en una manifestación en la que se habían lanzado cócteles molotov. Además, un agente de policía lo había identificado como una de las personas que estaban en el lugar de los hechos, en contra de las declaraciones de otros agentes. Al terminar el año estaba pendiente un recurso de apelación.
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Abusos cometidos por grupos armados

Continuaron muriendo civiles en atentados con explosivos perpetrados por individuos o grupos desconocidos. El PKK violó los principios del derecho internacional humanitario al secuestrar a civiles.

  • En agosto, una explosión cerca de una parada de autobús en la ciudad de Gaziantep, en la provincia suroriental homónima, mató a 9 civiles e hirió a más de 60. Las autoridades atribuyeron el atentado al PKK, pero el grupo lo negó.
  • En octubre murieron dos civiles al chocar su vehículo con una mina terrestre cerca de la comisaría de la gendarmería de Aşağı Torunoba, en la provincia de Tunceli/Dersim.
  • En agosto, el PKK secuestró a Hüseyin Aygün, parlamentario por la provincia de Tunceli/Dersim. Lo liberó, ileso, a las 48 horas.
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Objeción de conciencia

No se introdujeron reformas para reconocer el derecho a la objeción de conciencia ni para impedir el procesamiento reiterado de los objetores por negarse a cumplir el servicio militar. Quienes apoyaban públicamente el derecho a la objeción de conciencia se exponían a procesamiento penal.

  • En octubre se puso en libertad a İnan Süver al considerarse que el tiempo que había estado bajo custodia en espera de juicio compensaba la pena impuesta. Al final del año seguía pendiente de ejecución otra sentencia dictada contra él por negarse a realizar el servicio militar.
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó varias sentencias contra Turquía por no reconocer el derecho a la objeción de conciencia. Representantes del gobierno hicieron declaraciones contradictorias acerca de si debía reconocerse.
  • En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Turquía había violado el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no reconocer el derecho a la objeción de conciencia en los casos de Cenk Atasoy y Arda Sarkut.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Decenas de miles de personas que huían de la violencia y la persecución en Siria cruzaron la frontera en busca de refugio en Turquía. Según datos del gobierno citados por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, al final del año había más de 148.000 refugiados de Siria alojados en 14 campos, en su mayoría situados en provincias fronterizas. Aunque los campos estaban bien organizados y disponían de recursos, muchos estaban próximos a la zona de conflicto de Siria, y todos permanecían cerrados al escrutinio independiente. A partir de la segunda mitad de agosto, Turquía cerró parcialmente su frontera con Siria en contravención del derecho internacional. Al final del año miles de desplazados vivían en condiciones muy precarias en campos situados junto a la frontera con Turquía.

El gobierno no adoptó la legislación prometida para proteger los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo en Turquía. Continuaron los problemas relacionados con el cumplimiento de la normativa vigente, concretamente con respecto a permitir la presentación de solicitudes de asilo desde los centros de detención, que daba lugar a la devolución de personas a lugares donde corrían peligro de sufrir persecución.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El gobierno desoyó los llamamientos de la sociedad civil para que la nueva Constitución incluyera la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos de discriminación prohibidos. No se avanzó en la adopción de una legislación integral para combatir la discriminación. Los grupos de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales continuaron denunciando presuntos asesinatos de odio, basados en la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, entre ellos los de cinco mujeres transgénero.

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Violencia contra mujeres y niñas

Turquía ratificó en marzo el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y aprobó una ley que reforzaba las garantías de protección y autorizaba la aplicación directa del Convenio. Al final del año sólo había 103 casas refugio para sobrevivientes de violencia en el ámbito familiar, número muy por debajo del que exigía la ley.

El primer ministro anunció la presentación en breve de legislación sobre el aborto que, de ser aprobada, impondría a mujeres y las niñas más restricciones de acceso a la asistencia médica y vulneraría sus derechos humanos. No se presentaron durante el año propuestas para reformar la ley sobre el aborto, legalizado en Turquía en 1983.

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