Sudáfrica

Human Rights in República de Sudáfrica

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Africa is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Jacob G. Zuma

Información general

El presidente Zuma fue reelegido presidente del Congreso Nacional Africano en diciembre. Las elecciones a la dirección del partido se celebraron después de meses de tensión y violencia entre facciones en su seno. Las aparentes injerencias políticas, las rivalidades y la corrupción dieron lugar a un aumento de la inestabilidad en los niveles de mando de la policía y los Servicios de Inteligencia sobre Hechos Delictivos, que afectó a la integridad y la eficiencia de ambos cuerpos.

Se dictaron sentencias judiciales importantes, que respaldaban los derechos humanos y protegían la independencia de los fiscales.

Hubo huelgas generalizadas en la minería y el sector agrícola, así como protestas en las comunidades urbanas pobres por la corrupción de los gobiernos locales, las deficiencias en la educación y otros servicios y las condiciones de trabajo. En octubre, el gobierno hizo públicos los datos del censo nacional, que revelaron la persistencia de importantes diferencias raciales en cuanto a rentas familiares y tasas de empleo.

Sudáfrica ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales

En abril comenzó a ser operativa la Ley de la Dirección Independiente de Investigación de la Policía, que tipificaba como delito la falta de cooperación de la policía con las investigaciones de este organismo. La Dirección informó al Parlamento de que había recibido, para su investigación, 720 nuevos casos de muerte en circunstancias sospechosas bajo custodia o en otros contextos de actuación policial desde abril de 2011 hasta marzo de 2012.

  • También en abril, un solicitante de asilo burundés, Fistos Ndayishimiye, murió mientras era interrogado por la policía en su casa, en la provincia de KwaZulu-Natal. Según testigos a quienes la policía impidió entrar en la casa, se le oyó gritar durante algún tiempo. Sufrió múltiples lesiones, producidas por golpes fuertes en la cabeza y en el cuerpo, y graves lesiones internas. La Dirección Independiente de Investigación de la Policía abrió una investigación que al terminar el año no había concluido.
  • En mayo, después de numerosas demoras y obstrucciones, 12 agentes de policía de la antigua Unidad de Delincuencia Organizada de Bellville Sur fueron acusados formalmente ante un tribunal del secuestro y asesinato, en 2009, de Sidwell Mkwambi y del secuestro y la presunta tortura de Siyabulela Njova, detenido junto con Mkwambi. El cadáver de Sidwell Mkwambi presentaba múltiples lesiones, causadas por golpes fuertes en la cabeza y el cuerpo, que eran incompatibles con la versión de su muerte ofrecida por la policía.
  • En junio, varios miembros de la Unidad de Delincuencia Organizada de Cato Manor comparecieron ante el tribunal de primera instancia de Durban para responder de diversos cargos. Después de nuevas detenciones y comparecencias ante tribunales, al terminar el año un total de 30 agentes iban a ser juzgados por 116 cargos, entre ellos los de delincuencia organizada, asesinato, agresión con intención de causar lesiones graves y posesión ilícita de armas de fuego y munición. Los delitos abarcaban un periodo de cuatro años desde 2008. Todos los acusados quedaron en libertad bajo fianza en espera de juicio. Las familias de las víctimas expresaron persistente temor por su propia seguridad. Las detenciones fueron consecuencia de nuevas investigaciones emprendidas por la Dirección Independiente de Investigación de la Policía y la unidad de “Halcones” de la policía.
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Uso excesivo de la fuerza

El 16 de agosto, las autoridades policiales desplegaron unidades armadas con fusiles de asalto y munición real para aplastar una huelga declarada en la mina de platino de LONMIN, en Marikana, provincia del Noroeste. Un total de 16 mineros murieron en el lugar de los hechos, y otros 14 en otro sitio, al que habían huido para escapar de los disparos de la policía. Había indicios de que la mayoría de las víctimas habían recibido los disparos cuando intentaban huir o entregarse. Otros 4 mineros murieron ese mismo día a causa de las heridas sufridas. Los mineros en huelga mantenían una disputa salarial con LONMIN. La magnitud y la notoriedad de los homicidios, así como el creciente malestar en el sector de la minería, causaron una crisis nacional.

El director general nacional de la policía afirmó en conferencia de prensa el 17 de agosto que la actuación de la policía había estado justificada por motivos de legítima defensa. No obstante, el presidente Zuma ordenó el establecimiento de una comisión de investigación judicial sobre las circunstancias de estas muertes y de otras 10 ocurridas la semana anterior, entre ellas las de 2 guardias de seguridad de LONMIN y 2 agentes de policía.

El comienzo de los trabajos de la comisión, presidida por el juez retirado Ian Farlam, se retrasó debido a la tardanza en publicar el reglamento y a problemas fundamentales que afectaban a la integridad y accesibilidad de la comisión; entre ellos, la dificultad de conseguir apoyo para facilitar la participación de las familias de las personas fallecidas y financiación para asistencia letrada, con el fin de garantizar que se prestaba ayuda a los testigos y se tomaban medidas para su protección. En octubre, Daluvuyo Bongo, testigo del Sindicato Nacional de Mineros, murió por disparos después de atender a funcionarios de la comisión, y cuatro testigos de abogados que representaban a la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción y a mineros heridos fueron, al parecer, encapuchados, agredidos y detenidos tras salir de la sede de la comisión. El Consejo de Asistencia Letrada denegó una petición de financiación para garantizar asistencia a decenas de mineros heridos por la policía el 16 de agosto y a otros que habían sido detenidos y presuntamente torturados después de los disparos.

Antes de su clausura, en diciembre, y de su reanudación, prevista para enero de 2013, la comisión comenzó a oír testimonios sobre la actuación policial del 16 de agosto y del periodo previo a esa fecha. Los testimonios de la policía no aclararon por qué los agentes habían llevado la operación para desarmar y dispersar a los mineros hasta una fase basada en el uso de unidades policiales armadas sólo con medios letales. Además, un testigo policial encargado de investigar el lugar donde se efectuaron los disparos el 16 de agosto declaró ante la comisión que el escenario de los hechos había sido alterado, lo que impedía que él y otros investigadores vinculasen a ninguno de los mineros fallecidos con las armas que presuntamente portaban antes de recibir los disparos.

  • En octubre, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica hizo público un informe en el que criticaba a la policía por el uso de fuerza excesiva, causante de la muerte de Andries Tatane en abril de 2011 durante una protesta comunitaria en Ficksburg. La policía había golpeado a Tatane con porras y le había disparado balas de goma a corta distancia pese a que no representaba ninguna amenaza para ella ni para otras personas. En diciembre se pospuso hasta marzo de 2013 el juicio de siete agentes de policía acusados formalmente del asesinato de Andries Tatane.
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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En noviembre, el Comité Parlamentario de Justicia y Desarrollo Constitucional adoptó enmiendas al proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra la Tortura de Personas, para que se incorporaran al debate parlamentario completo que tendría lugar en 2013. La adopción tuvo lugar después de unas sesiones públicas sobre el proyecto de ley celebradas en septiembre. Una serie de organizaciones jurídicas, de derechos humanos y de la sociedad civil, así como Amnistía Internacional, hicieron aportaciones y recomendaciones para fortalecer el proyecto de ley. Aunque algunas de ellas fueron aceptadas, las disposiciones relativas a la reparación a las víctimas de tortura incumplían las normas internacionales.

En mayo, el Tribunal Superior anuló por ilícita la decisión de las autoridades de no investigar presuntas torturas cometidas por personas identificadas por su nombre en Zimbabue. El Centro de Recursos Judiciales del África Austral y el Foro de Exiliados de Zimbabue habían presentado la solicitud con arreglo a las obligaciones contraídas por Sudáfrica en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Tribunal Superior ordenó a las autoridades que emprendieran las investigaciones necesarias.

En julio, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por el gobierno contra una sentencia del Tribunal Superior que declaraba ilícitos los intentos gubernamentales de entregar a Botsuana a dos ciudadanos de este país sin garantías previas de que no se aplicaría la pena de muerte. Amnistía Internacional intervino como amicus curiae (amigo de la corte) en la vista del Tribunal Constitucional.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Continuaron realizándose cambios de gran alcance en el sistema de asilo, con un impacto creciente en el acceso no discriminatorio a los procedimientos de determinación de la concesión de asilo. Los documentos presentados por el gobierno en vistas judiciales indicaban la intención de trasladar servicios a las fronteras.

El cierre parcial o total de servicios en las oficinas de acogida de refugiados de Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, así como el cierre de la oficina de Johannesburgo en 2011, tenían un impacto cada vez mayor en la capacidad de los solicitantes de asilo y de los refugiados reconocidos para presentar solicitudes, renovar sus permisos temporales o prorrogar la vigencia de los documentos acreditativos de su condición de refugiados. Los testimonios de las personas afectadas, en particular los de las más pobres y las que tenían familia, indicaban que corrían el riesgo de ser objeto de multas, detención y devolución (refoulement) directa o tácita.

Las impugnaciones de estas prácticas, presentadas ante los Tribunales Superiores por asociaciones de refugiados, proveedores de servicios y abogados de derechos humanos en Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, dieron lugar a sentencias contra el Departamento del Interior en febrero, mayo, julio y agosto. Pese a ello, los observadores constataron que seguían negándose servicios en las oficinas de acogida.

El Congreso Nacional Africano, en su Conferencia Nacional sobre Política, celebrada en junio, adoptó recomendaciones sobre inmigración, entre ellas el establecimiento de “centros [campos] para solicitantes de asilo”. En diciembre, los participantes en la conferencia para la elección de la dirección del partido aceptaron, según noticias, las recomendaciones en una resolución sobre “paz y estabilidad”.

Durante el año se documentaron numerosos incidentes de saqueo y destrucción de comercios y desplazamiento de solicitantes de asilo, migrantes y refugiados reconocidos en la mayoría de las nueve provincias. En uno de los incidentes de mayor gravedad, que comenzó a finales de junio, se produjo destrucción de bienes en gran escala en la provincia de Estado Libre, y casi 700 refugiados y solicitantes de asilo, en su mayoría etíopes, se vieron desplazados tras el saqueo de sus comercios. En este incidente y en muchos más, la policía tardó en responder y, en algunos casos, según informes de testigos, fue cómplice de la violencia.

En la provincia de Limpopo, la policía cerró por la fuerza al menos 600 pequeños negocios regentados por solicitantes de asilo y refugiados, en el marco de la operación “Mano Dura”. Las redadas policiales tuvieron lugar sin previo aviso, fueron indiscriminadas y también implicaron la incautación de mercancías. Algunos solicitantes de asilo y refugiados recibieron insultos xenófobos y fueron detenidos y acusados formalmente o multados por regentar sus negocios. La consiguiente pérdida de medios de sustento y vivienda aumentó su vulnerabilidad a otros abusos. En septiembre, 30 etíopes desplazados se vieron obligados a huir de una casa en la que se habían refugiado al ser ésta atacada con cócteles molotov.

Seguía preocupando la detención ilegítima y prolongada de migrantes indocumentados y de personas que necesitaban protección internacional. En noviembre, una solicitud presentada ante un tribunal por la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica y la ONG Ciudadanos contra el Sufrimiento, la Represión, la Opresión y la Pobreza hizo que las autoridades liberasen a 37 personas detenidas por motivos de inmigración y que llevaban recluidas un promedio de 233 días sin orden judicial.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

La violencia motivada por el odio, en particular contra las lesbianas, seguía siendo causa de preocupación y miedo públicos. Entre junio y noviembre, al menos siete personas, cinco de ellas lesbianas, fueron asesinadas en lo que parecieron ser ataques selectivos basados en su orientación sexual o su identidad de género.

El “equipo de trabajo” del gobierno y la sociedad civil creado en 2011 para prevenir nuevos incidentes hizo lentos progresos. En septiembre, la situación de los derechos humanos en Sudáfrica se sometió al examen periódico universal de la ONU; el gobierno confirmó la existencia de un “marco de política para combatir los crímenes de odio, la apología del odio y la discriminación injusta” que se hallaba en una “fase avanzada de finalización”.

En diciembre, funcionarios del Ministerio de Justicia condenaron públicamente los crímenes de odio y la violencia por motivos de género por considerarlos un ataque al derecho a la vida y a la dignidad humana, y reconocieron la “extrema necesidad” de una campaña de educación pública para combatir los prejuicios por motivos de identidad sexual o de género.

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Violencia contra mujeres, niños y niñas

Persistieron los elevados niveles de violencia sexual contra las mujeres, y la policía informó de 48.003 casos de violación entre abril de 2011 y marzo de 2012. En ese mismo periodo, de los 64.514 delitos sexuales registrados, incluida la violación, el 40,1 por ciento tuvieron como víctimas a mujeres, y el 48,5 por ciento, a niños y niñas. Hubo nuevas peticiones en favor de que se restablecieran los tribunales especializados en delitos sexuales para abordar la impunidad por estos delitos.

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Derechos de las mujeres, VIH y salud materna

Siguió ampliándose el acceso a medicamentos antirretrovirales para las personas que vivían con el VIH, y en octubre recibían tratamiento 2 millones de personas. Los altos índices de infección por VIH en mujeres embarazadas seguían siendo motivo de preocupación; en la provincia de KwaZulu-Natal, el índice de infección registrado entre las mujeres que asistían a clínicas prenatales ascendía al 37,4 por ciento.

En agosto, un informe respaldado por el Ministerio de Salud sobre tendencias en la mortalidad materna señaló que el 40,5 por ciento de los 4.867 casos de mujeres muertas durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto de los que se tuvo noticia entre 2008 y 2010 se habían debido a infecciones no relacionadas con el embarazo, en especial al VIH. Las demoras en el acceso a atención prenatal y a tratamiento antirretroviral eran factores coadyuvantes.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaron el hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos y las presiones indebidas sobre las instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y los fiscales superiores.

  • En enero, Ayanda Kota, presidente del Movimiento de Personas Desempleadas, fue agredido por la policía y estuvo detenido ilegalmente en la comisaría de policía de Grahamstown. Había acudido de modo voluntario a la comisaría tras haberse presentado una denuncia contra él. Los cargos presentados en su contra, incluido el de resistencia a la detención, se retiraron después.
  • En julio, Kevin Kunene, activista de los derechos medioambientales y superviviente de tortura, murió por disparos 10 días después de presentar ante la defensora del Pueblo, junto con otras tres personas, una denuncia por corrupción contra la Autoridad Tribal de KwaMbonambi. Al terminar el año no se había enjuiciado a ningún sospechoso.
  • En octubre, Angy Peter y su compañero Isaac Mbadu, miembros de la Coalición para la Justicia Social, fueron detenidos por un cargo de asesinato. Antes de su detención habían presentado una denuncia contra un alto cargo policial por corrupción. Angy Peter también ayudaba a una comisión judicial establecida por orden del primer ministro del Cabo Occidental para investigar presuntas deficiencias de los servicios de la policía. Ambos fueron liberados de la custodia preventiva antes de terminar el año, pero seguían sufriendo acoso. En noviembre, el director general nacional de la Policía emprendió acciones legales para detener la investigación.
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