Siria

Human Rights in República Árabe Siria

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Syria is now live »

Jefe del Estado
Bachar al Asad
Jefe del gobierno
Wael al Halqi (sustituyó en agosto a Omar Ibrahim Ghalawanyi, quien había sustituido ese mismo mes a Riyad Farid Hiyab, quien a su vez había sustituido a Adel Safar en junio)

Información general

La mayor parte del país se vio sumida en el conflicto armado interno, que causó miles de víctimas civiles. Se generalizaron los ataques aéreos y de artillería y mortero, los atentados con explosivos, las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, las amenazas, los secuestros y la toma de rehenes.

En enero, la Liga de los Estados Árabes suspendió su misión, cuyo cometido era vigilar el cumplimiento del compromiso del gobierno sirio de retirar las fuerzas armadas de las poblaciones, detener la violencia y liberar a los detenidos. De igual modo, dada la persistencia de la violencia armada, el 19 de agosto se puso fin al mandato de la Misión de Supervisión de la ONU en Siria, establecida en abril para vigilar y apoyar la aplicación del plan propuesto por Kofi Annan, enviado especial conjunto de la ONU y la Liga de los Estados Árabes. La Federación Rusa y China vetaron en dos ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la situación de Siria. En agosto, Kofi Annan fue sustituido por Lajdar Brahimi, veterano diplomático argelino que, al concluir el año, seguía sin conseguir avances en la búsqueda de una solución política consensuada al conflicto.

En febrero, el gobierno sometió a referéndum una nueva Constitución que ponía fin al largo monopolio del poder del partido Baás, pero no satisfacía las demandas de la oposición, que pedía amplias reformas políticas. Transcurridos 90 días, se celebraron elecciones parlamentarias.

El gobierno siguió atribuyendo numerosos homicidios de manifestantes a misteriosas “bandas armadas”, y en julio aprobó una nueva ley antiterrorista que se empleó para detener a activistas políticos y otras personas por imprecisos cargos de comisión de “actos terroristas” y juzgarlas sin garantías ante el nuevo Tribunal Antiterrorista, que entró en funcionamiento en septiembre.

El 18 de julio, un atentado con explosivos perpetrado en la capital, Damasco, y reivindicado por el Ejército Sirio Libre, se cobró la vida del ministro y el viceministro de Defensa, el vicepresidente adjunto y el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional. Dos días más tarde, grupos armados de oposición lanzaron una ofensiva que extendió el conflicto armado a Alepo, Damasco y otros lugares.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato de la comisión de investigación internacional independiente, establecida en 2011. En febrero y agosto, esta comisión había comunicado que las fuerzas del gobierno habían cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y abusos graves contra los derechos humanos, y que las fuerzas armadas de la oposición habían perpetrado también crímenes de guerra, pero “de gravedad, frecuencia y escala” inferiores. Las autoridades siguieron denegando la entrada al país tanto a la comisión de investigación como al Consejo de Derechos Humanos. Además, limitaron el acceso a los medios de comunicación internacionales y a las organizaciones independientes de derechos humanos, que no obstante consiguieron llegar a diversas zonas, especialmente a algunas controladas por las fuerzas de la oposición armada.

En enero y octubre, el gobierno anunció sendas amnistías generales, pero no se supo a ciencia cierta cuántas personas detenidas de forma arbitraria quedaron en libertad.

En noviembre, diversos grupos de oposición formaron la Coalición Nacional de Fuerzas Revolucionarias y de la Oposición de Siria, que cada vez fue ganando mayor reconocimiento internacional como único y legítimo representante del pueblo sirio.

Estados Unidos y la Liga de los Estados Árabes siguieron imponiendo sanciones a Siria, a la vez que pedían reiteradamente al presidente Al Asad que abandonara el poder. La Unión Europea amplió sus sanciones específicas contra miembros del régimen sirio.

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Delitos de derecho internacional

Las fuerzas del gobierno y sus milicias afines cometieron crímenes de guerra al arrasar ciudades y pueblos considerados baluartes de la oposición, sobre todo en las gobernaciones de Homs, Idlib, Hama, Damasco y Alepo. Llevaron a cabo ataques indiscriminados, que causaron miles de muertos y heridos en la población civil. Muchas de estas muertes se debieron al uso indebido de armas de guerra poco precisas en zonas civiles densamente pobladas. Además de lanzar desde aviones bombas no guiadas de caída libre, las fuerzas de seguridad dispararon morteros, artillería, armas incendiarias y cohetes en áreas residenciales. También utilizaron armas prohibidas internacionalmente, como minas antipersonal y munición de racimo, y saquearon, destruyeron e incendiaron sistemáticamente bienes y, en ocasiones, los cadáveres de sus víctimas.

  • Hassan y Rayan al Bajri, de 11 y 8 años de edad respectivamente, murieron en julio en Maarat al Noman, junto con su madre –Salha–, su padre –Naasan– y dos vecinos, cuando su casa fue alcanzada por un proyectil de mortero disparado por las fuerzas del gobierno.
  • El 28 de agosto, un ataque aéreo del gobierno, que impactó contra el mercado de la localidad de Kafr Anbel, se cobró la vida de 22 civiles e hirió a muchos más. Entre las víctimas figuraban Fathiya Fares Ali al Sheikh, madre de nueve hijos, y los adolescentes Mohamed y Jumaa al Sweid.
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Abusos cometidos por grupos armados de oposición

Grupos armados que luchaban contra el gobierno, algunos de ellos vinculados al Ejército Sirio Libre, cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario constitutivas de crímenes de guerra. Las víctimas fueron en su mayoría miembros de las fuerzas del gobierno y milicianos, o personas sospechosas de serlo, a quienes torturaron o ejecutaron sumariamente tras su captura o tras “juicios” sin las debidas garantías ante improvisados tribunales. También persiguieron a periodistas de medios afines al gobierno, y a las familias de presuntos miembros de las milicias afines al gobierno. Los grupos armados amenazaron y secuestraron a civiles, para cuya liberación exigieron en ocasiones rescates, y utilizaron a algunas personas como rehenes, entre ellas soldados y ciudadanos libaneses e iraníes. Asimismo, perpetraron atentados suicidas y otros ataques con explosivos, y en ocasiones dispararon armas poco precisas, como artillería y morteros, en barrios densamente poblados; utilizaron armas de efecto indiscriminado por su naturaleza, como minas antipersonal, y prepararon o guardaron municiones y explosivos en edificios residenciales, poniendo así en peligro la vida de los civiles residentes en ellos. También utilizaron niños para operaciones militares, sobre todo de apoyo (no de combate). Según la información recibida, al concluir el año los grupos armados de oposición amenazaban y atacaban cada vez más a comunidades minoritarias consideradas afines al gobierno.

  • Al terminar el año continuaban cautivos 9 de 11 musulmanes chiíes libaneses que el grupo armado Brigada Asifat al Shimal había tomado como rehenes el 22 de mayo, cuando se dirigían a Irán, procedentes de Líbano.
  • El 31 de julio, tras fuertes enfrentamientos, el grupo armado Brigada Al Tawhid capturó a 14 miembros del clan suní Al Berri, que era favorable al gobierno. Posteriormente, en unas imágenes de vídeo se pudo ver cómo los torturaban y cómo mataban después a tiros al menos a 3 de ellos, incluido Ali Zein al Abdeen al Berri, uno de los líderes del clan. El responsable de Comunicación del Ejército Sirio Libre condenó estos homicidios y anunció una investigación, pero no se tuvo constancia de ninguna.
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Libertad de expresión: ataques contra periodistas

Los periodistas sufrían hostigamiento de todas las partes en el conflicto, y las fuerzas del gobierno sirio hostigaban también a quienes hacían periodismo ciudadano. Al menos 11 periodistas murieron en ataques que parecían dirigidos específicamente contra ellos, mientras que otros fueron detenidos o tomados como rehenes. También murieron periodistas como consecuencia de bombardeos indiscriminados o de fuego cruzado.

  • La periodista estadounidense Marie Colvin y el fotógrafo francés Remi Ochlik murieron el 22 de febrero, cuando las fuerzas del gobierno bombardearon un edificio en Homs. Otros periodistas, que sobrevivieron al ataque, aseguraron que éste había sido deliberado, ya que el edificio se utilizaba como centro de prensa. Rami al Sayed, periodista ciudadano sirio que informaba desde Homs, murió ese mismo día por heridas de metralla sufridas durante un bombardeo.
  • Maya Nasser, corresponsal sirio del canal estatal de televisión iraní Press TV, murió el 26 de septiembre, al parecer por disparos de francotiradores de la oposición, cuando informaba sobre un atentado con explosivos contra el cuartel general del ejército sirio en Damasco. Su colega Hussein Mortada, del canal iraní de noticias Al Alam, resultó herido en el ataque. Ambos habían sido amenazados previamente por las fuerzas de oposición.
  • Ali Mahmoud Othman, activista del centro de prensa de Homs, fue detenido en su casa el 24 de marzo. Apareció en abril en la televisión estatal, pero al concluir el año su familia no había recibido más información de las autoridades sobre su paradero.
  • El 16 de febrero, agentes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea detuvieron en Damasco a Mazen Darwish, director del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, y a Abd al Rahman Hamada, Hussein Gharir, Mansour al Omari y Hani al Zitani, miembros también del personal del Centro. Tras su detención, todos ellos fueron recluidos en régimen de incomunicación, y al concluir el año seguían privados de libertad. Otras 11 personas detenidas ese mismo día quedaron en libertad, si bien 7 de ellas fueron más tarde declaradas culpables de “posesión de material prohibido con intención de difundirlo” por un tribunal militar.
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Ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del gobierno y las milicias afines

Las fuerzas del gobierno y las milicias que operaban junto a ellas ejecutaron sumariamente a combatientes de la oposición capturados y a civiles –a veces en número elevado–, durante incursiones militares en zonas consideradas afines a la oposición. Con frecuencia, los cadáveres de las víctimas aparecían con las manos atadas a la espalda y múltiples heridas de bala en la parte superior del cuerpo. Algunos habían sido quemados.

  • El 23 de marzo, soldados del gobierno sacaron de su casa, en Sarmin, a las afueras de Idlib, a los hermanos Yousef, Bilal y Talal Haj Hussein, trabajadores de la construcción de entre 20 y 30 años. Los ejecutaron sumariamente, delante de su madre y de sus hermanas, y prendieron fuego a los cadáveres.
  • Decenas de personas, muchas de ellas civiles ajenos a los combates, fueron ejecutadas sumariamente durante una incursión militar en la localidad de Houla, cercana a Homs, el 25 de mayo. Pese a los desmentidos del gobierno, la comisión de investigación internacional independiente concluyó que “más de 100 civiles, casi la mitad de ellos menores de edad”, habían muerto allí a manos de soldados del gobierno y de milicias afines.
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Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del gobierno y las milicias afines

Las fuerzas del gobierno y sus milicias afines empleaban habitualmente fuerza excesiva o medios letales para reprimir protestas pacíficas convocadas para pedir la “caída del régimen”. Cientos de personas, entre ellas niños y transeúntes, que no constituían ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para nadie, murieron o resultaron heridas por disparos de francotiradores del gobierno durante protestas o funerales públicos de “mártires”. Las autoridades presionaron a las familias de algunas de las víctimas para que firmaran declaraciones en las que se culpaba a grupos armados terroristas, y no a las fuerzas de seguridad, de las muertes.

  • Mohammed Haffar, propietario de una tienda de dulces en Alepo, murió abatido por disparos el 17 de mayo. Se encontraba de pie, a la puerta de la tienda, cuando fuerzas del gobierno abrieron fuego contra una manifestación.
  • Moaz Lababidi, escolar de 16 años de edad, fue una de las 10 personas que murieron el 25 de mayo por disparos de las fuerzas de seguridad y de milicianos vestidos de civil. Murió a la puerta de una comisaría de policía de Alepo, cuando participaba en el cortejo fúnebre de cuatro manifestantes muertos también por disparos ese día.
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Persecución de personas heridas y de profesionales de la salud

Las fuerzas del gobierno y las milicias persiguieron a civiles y combatientes de oposición heridos, algunos de los cuales sufrieron también malos tratos en hospitales públicos. Asimismo, las fuerzas del gobierno lanzaron ataques contra centros médicos provisionales establecidos por la oposición para atender a los heridos, y persiguieron a los médicos, enfermeros y paramédicos que trabajaban como voluntarios en ellos.

  • El 24 de junio, una semana después de su detención por agentes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, se encontraron en Alepo los cadáveres, quemados y mutilados, de los estudiantes Basel Aslan, Musab Barad y Hazem Batikh, pertenecientes a una red médica que atendía a manifestantes heridos. El cuerpo de Basel Aslan tenía las manos atadas a la espalda; lo habían torturado y le habían disparado en la cabeza.
  • Según la información recibida, los servicios sirios de Inteligencia Militar detuvieron el 18 de agosto a Osama al Habaly en la frontera sirio-libanesa, cuando volvía a su casa tras haber recibido tratamiento médico en Líbano. Su familia supo después que lo habían torturado, pero no recibió información oficial sobre la suerte que había corrido.
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Represión de la disidencia

El gobierno mantuvo los estrictos controles impuestos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las fuerzas de seguridad y las milicias del gobierno detuvieron a miles de personas durante manifestaciones, asaltos a viviendas y registros casa por casa en el contexto de campañas militares de represión. Cientos, si no miles, de personas se encontraban recluidas en régimen de incomunicación y en condiciones constitutivas de desaparición forzada, a menudo en centros de detención no revelados y, en ocasiones, provisionales, donde la tortura y otros abusos estaban generalizados y se cometían con impunidad. Entre las personas detenidas figuraban activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, blogueros, trabajadores humanitarios e imanes. Algunas de ellas fueron declaradas culpables y condenadas en juicios injustos, sobre todo ante tribunales militares y especiales.

  • Khalil Matouq, destacado abogado de derechos humanos, y su amigo Mohammed Thatha desaparecieron el 2 de octubre cuando se desplazaban por Damasco, atravesando puestos de control de las fuerzas de seguridad. Según se comunicó a sus familias, se encontraban recluidos en régimen de incomunicación en una sección de los servicios de Seguridad del Estado de Damasco.
  • Cuatro mujeres –Rua Jafar, Rima Dali y las hermanas Kinda al Zaour y Lubna al Zaour– fueron detenidas el 21 de noviembre por agentes de seguridad, cuando paseaban por una calle de Damasco vestidas de novias y pidiendo el fin de la violencia en Siria. Permanecieron recluidas durante siete semanas.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos a detenidos, incluidos menores de edad, eran práctica generalizada, cometida impunemente por las fuerzas del gobierno y sus milicias a fin de obtener información, “confesiones” y castigar y atemorizar a presuntos opositores del gobierno. Se utilizaban métodos como propinar a la víctima fuertes palizas, colgarla de las extremidades o introducida en un neumático, aplicarle descargas eléctricas y violarla o infligirle otros abusos sexuales. Con frecuencia, los detenidos permanecían recluidos en condiciones de hacinamiento e insalubres, sin acceso a tratamiento médico o incluso sometidos a abusos por parte del personal médico.

  • El 24 de abril, agentes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea torturaron a Salameh Kaileh, periodista palestino de nacionalidad jordana, tras llevárselo detenido de su casa, en Damasco, al parecer por una conversación que había mantenido en Facebook y por estar en posesión de una publicación de izquierdas. Lo azotaron en las plantas de los pies y lo insultaron. El 3 de mayo, lo trasladaron a un hospital militar, donde al igual que a otras personas, lo golpearon, lo insultaron y le negaron acceso al retrete y a medicamentos. El 14 de mayo lo expulsaron a Jordania.

Asimismo, algunos grupos armados de oposición torturaron o sometieron a otros malos tratos a miembros de las fuerzas de seguridad o a simpatizantes del gobierno.

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Muertes bajo custodia

Según informes, al menos 550 personas, incluidos menores de edad, murieron bajo custodia, en su mayoría a causa, al parecer, de torturas u otros malos tratos. Muchas de ellas eran presuntos opositores del gobierno. No se puso a nadie a disposición judicial por estas muertes.

  • Los hermanos Ahmad y Yahia Kaake fueron detenidos en un puesto de control del ejército cercano a Alepo el 29 de septiembre. Días más tarde, un familiar localizó el cuerpo de Ahmad Kaake en un depósito de cadáveres. Presentaba cuatro heridas de bala. Yahia Kaake continuó recluido en régimen de incomunicación.
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Desapariciones forzadas

Las fuerzas del gobierno no desvelaron información sobre la suerte que habían corrido cientos, si no miles, de personas recluidas en relación con el conflicto en condiciones constitutivas de desaparición forzada. Asimismo, las autoridades siguieron sin ofrecer explicaciones sobre las aproximadamente 17.000 personas desaparecidas bajo custodia siria desde finales de la década de 1970. Entre ellas, había cientos de palestinos y libaneses detenidos en Siria o secuestrados en Líbano por las fuerzas sirias o por milicias libanesas y palestinas. Sin embargo, la liberación del ciudadano libanés Yacoub Chamoun, casi 27 años después de su desaparición, avivó la esperanza, entre algunas familias, de que sus seres queridos siguieran con vida.

  • La activista Zilal Ibrahim al Salhani desapareció tras ser detenida el 28 de julio en su casa, en Alepo, por las fuerzas de seguridad. Al terminar el año seguía sin conocerse su paradero.
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Impunidad

El gobierno no tomó medidas para investigar las numerosas denuncias formuladas contra sus fuerzas ni llevó a nadie ante la justicia por presuntas violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por el contrario, mantuvo un régimen de impunidad, con leyes que garantizaban a los miembros de las fuerzas de seguridad inmunidad efectiva ante homicidios ilegítimos, tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos. Tampoco tomaron las autoridades medidas para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado –por ejemplo, las desapariciones forzadas, que se contaban por miles, y los homicidios de reclusos cometidos en la prisión de Saydnaya en 2008 y en la prisión de Tadmur en junio de 1980–. En febrero, la comisión de investigación internacional independiente entregó a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos una lista sellada de altos cargos que debían ser investigados por crímenes de lesa humanidad.

Los grupos armados de oposición tampoco respetaron el derecho internacional humanitario, en especial al no tomar medidas para impedir crímenes de guerra como la tortura y los homicidios sumarios de prisioneros.

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Personas refugiadas y desplazadas internamente

Las fuerzas del gobierno lanzaron con frecuencia ataques aéreos indiscriminados contra zonas controladas por la oposición, con lo que casi todos sus habitantes se vieron obligados a huir. Otras personas, sobre todo miembros de comunidades minoritarias, se vieron igualmente obligadas a huir de sus hogares por temor a ataques de grupos armados de oposición. Muchas acamparon en el campo o se refugiaron en cuevas, mientras que otras acudieron a casas de familiares o abandonaron el país. Las personas refugiadas procedentes de otros lugares que vivían en Siria, sobre todo los refugiados palestinos, tuvieron especiales dificultades para encontrar seguridad.

En diciembre, la ONU calculó que en Siria había más de 2 millones de desplazados internos a consecuencia del conflicto, que necesitaban ayuda humanitaria. Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, había casi 600.000 sirios registrados como refugiados o pendientes de hacerlo en Turquía, Jordania, Líbano, Irak y el Norte de África, aunque se creía que el número total de personas que habían huido de Siria era superior. Los países vecinos permitieron la entrada a sus territorios de miles de refugiados sirios, que buscaban en ellos seguridad y ayuda. Sin embargo, a mediados de agosto, Turquía e Irak restringieron la entrada, lo que violaba el derecho internacional. Al concluir el año, miles de personas vivían en campos junto a la frontera turca, soportando penosas condiciones.

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Pena de muerte

La pena de muerte continuaba en vigor. No pudo confirmarse si se habían dictado sentencias de muerte o llevado a cabo ejecuciones.

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