México

Human Rights in Estados Unidos Mexicanos

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Mexico is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Enrique Peña Nieto (sustituyó a Felipe Calderón Hinojosa en diciembre)

Información general

Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue elegido presidente en junio y tomó posesión del cargo en diciembre. Además, el PRI consiguió gobernadores en más estados y aumentó su representación en el Congreso de la Unión. La reñida campaña electoral fue testigo del nacimiento de un movimiento social de protesta juvenil, #YoSoy132, crítico con el proceso electoral y con el candidato del PRI.

El debate político estuvo dominado por la inseguridad y la violencia derivadas de la respuesta militarizada del presidente Calderón a la delincuencia organizada. En mayo, un cártel de la droga fue el presunto responsable de abandonar 49 cadáveres desmembrados en Caldereyta, estado de Nuevo León; al concluir el año aún no se había identificado a las personas muertas. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad siguió pidiendo el fin de la violencia, y reclamando la rendición de cuentas de todos los responsables. El gobierno del presidente Calderón vetó la Ley General de Víctimas, una ley que, promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y aprobada por el Congreso, reforzaba los derechos de las víctimas de violencia, incluido el derecho a obtener reparación. En diciembre, el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña anunció la retirada del veto a la ley.

En agosto, a pesar de que las autoridades mexicanas no habían cumplido las condiciones en materia de derechos humanos impuestas por el Congreso de Estados Unidos como parte de la Iniciativa Mérida –un acuerdo de cooperación regional sobre seguridad–, el Departamento de Estado estadounidense recomendó que el Congreso liberase el 15 por ciento de los fondos de dicha iniciativa, que estaba sujeto al cumplimiento de tales condiciones.

A lo largo del año, los comités temáticos de la ONU sobre tortura, discriminación racial y discriminación contra la mujer examinaron el cumplimiento de las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados y formularon recomendaciones. México adoptó algunas medidas para cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Sin embargo, las víctimas seguían exigiendo que se cumpliesen plenamente las sentencias.

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Seguridad pública

Miembros del ejército, la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas. El gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales. La impunidad era generalizada, por lo que el resarcimiento que obtenían las víctimas era escaso o inexistente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1.921 denuncias contra las fuerzas armadas y 802 contra la Policía Federal. A lo largo del año se formularon 21 recomendaciones al ejército y la armada y 9 a la Policía Federal. No se disponía de información pública sobre los policías procesados y condenados por violaciones de derechos humanos. A lo largo del año, sólo ocho militares fueron condenados en el sistema de justicia militar.

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Detención arbitraria y tortura y otros malos tratos

Se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios. La CNDH informó de que había recibido 1.662 denuncias de tortura y malos tratos durante el año; no se impusieron condenas por tortura durante 2012.

Los agentes federales y estatales del ministerio público continuaron recurriendo de forma habitual a la detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo) para recluir a sospechosos hasta 80 días mientras se llevaba a cabo la investigación. El arraigo socavaba seriamente los derechos de las personas detenidas, al suponer una notable restricción de su acceso a abogados, familia y atención médica y crear así una situación en la que eran habituales las denuncias de tortura y malos tratos. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió la eliminación del arraigo. Sin embargo, su uso sólo se eliminó en los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

  • El 18 de enero, unos agentes de la policía judicial detuvieron a tres hermanos –Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, este último de 14 años– en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Según la información recibida, los golpearon y amenazaron y les aplicaron descargas eléctricas para obligarlos a confesar que extorsionaban a empresarios locales.
  • El 1º de diciembre se registraron en Ciudad de México violentas protestas contra la investidura del nuevo presidente, que se saldaron con 97 detenciones. La mayoría de las personas detenidas quedaron en libertad a lo largo de los días siguientes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó casos de tortura y malos tratos y de detenciones arbitrarias. El 27 de diciembre quedaron en libertad bajo fianza las 14 personas que aún estaban detenidas. No se disponía de información sobre la investigación de los presuntos abusos cometidos por la policía.
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Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales

La CNDH registró al menos 25 asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre bandas delictivas y las fuerzas de seguridad. No se llevaron a cabo investigaciones completas sobre la gran mayoría de ellos, lo que impidió que se identificara a numerosas víctimas, que se aclararan las circunstancias en que se produjeron los asesinatos y que se procesara a los autores.

  • El 3 de febrero, el indígena Carmen Puerta Carrillo murió por disparos cuando pasaba conduciendo junto a una base militar en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua. Según testigos presenciales, los soldados dispararon sin que mediase advertencia ni provocación. Al parecer, los militares advirtieron a los familiares de que no denunciasen lo sucedido.
  • En marzo, la CNDH publicó un informe condenatorio sobre el homicidio de dos alumnos de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, ocurrido durante las protestas de diciembre de 2011, y sobre la tortura y los malos tratos sufridos por otros estudiantes. El informe implicaba a funcionarios estatales y federales en los abusos. Tres funcionarios del estado estaban en prisión, pero muchos otros no comparecieron ante la justicia durante el año. En mayo, Vidulfo Rosales, abogado de derechos humanos que trabajaba en el caso, recibió una amenaza de muerte.
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Desapariciones forzadas

En diciembre, un informe filtrado de la Procuraduría General de la República indicó que durante el gobierno del presidente Calderón se había tenido noticia de al menos 25.000 secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país. La mayoría de los secuestros eran obra de bandas delictivas, pero en algunos casos también estaban implicados funcionarios públicos. La CNDH estaba investigando 2.126 casos de presunta desaparición forzada.

En la mayoría de las ocasiones seguía sin conocerse la suerte que había corrido la víctima. Las autoridades a menudo se mostraban reacias a investigar los casos, especialmente las desapariciones forzadas, por lo que los familiares tenían que llevar a cabo sus propias indagaciones –a menudo con gran riesgo de sufrir represalias por parte de los perpetradores– para determinar lo ocurrido a sus seres queridos. En algunos estados, los familiares de las víctimas recibían un trato despreciativo, en el que los funcionarios formulaban acusaciones infundadas sobre las supuestas relaciones delictivas de las víctimas. En los estados de Coahuila y Nuevo León, víctimas y organizaciones de derechos humanos consiguieron que funcionarios locales se comprometiesen a revisar casos y responder con rapidez a la hora de iniciar la búsqueda e investigar las denuncias de desapariciones forzadas. El gobierno federal seguía sin cumplir su compromiso de crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.

Según la CNDH, había al menos 15.921 cadáveres sin identificar y se habían exhumado más de 1.400 restos de fosas comunes clandestinas. En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hizo público un informe que ponía de relieve el alarmante índice de desapariciones forzadas e impunidad en México.

En noviembre, el estado de Nuevo León aprobó legislación que tipificaba como delito la desaparición forzada. En casi todos los demás estados y en el ámbito federal, las desapariciones forzadas no se penalizaban conforme a las normas internacionales de derechos humanos. El nuevo gobierno se comprometió a rectificar esta situación.

  • Según informes, Moisés Orozco Medina fue detenido en mayo por agentes de la policía del municipio de Uruapan, estado de Michoacán. Las autoridades negaron tener conocimiento de su detención, y al finalizar el año no se había aclarado la suerte que había corrido. Su hermano y su padre habían sido secuestrados por hombres armados en 2009 y 2008; seguía sin conocerse su paradero, y, al concluir el año, las autoridades del estado no habían ofrecido información sobre la investigación de estos casos.
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Derechos de las personas migrantes

Las personas migrantes en tránsito seguían siendo víctimas de secuestro, asesinato y reclutamiento forzoso en bandas delictivas. Las mujeres y los niños y niñas migrantes corrían especial peligro de sufrir abusos. A menudo se sospechaba que las bandas delictivas contaban con la connivencia de funcionarios públicos que a su vez sometían a los migrantes a otros abusos, como extorsión y detención arbitraria.

A pesar de los compromisos del gobierno para combatir todos los abusos contra los migrantes, las medidas seguían siendo ineficaces y los gobiernos de los estados no impedían ni castigaban los delitos cometidos contra estas personas. En noviembre entró en vigor el reglamento de aplicación de la nueva Ley de Migración. En octubre, madres de migrantes centroamericanos desaparecidos recorrieron México en busca de sus familiares. Al concluir el año aún no se había creado una base de datos de migrantes desaparecidos, y no había avances en la identificación de restos que se creía que eran de migrantes. Quienes defendían los derechos de los migrantes seguían recibiendo amenazas en represalia por su labor.

  • En julio se cerró el albergue para migrantes de Lechería, en el estado de México, tras las reiteradas amenazas de bandas delictivas contra migrantes y trabajadores del albergue. Las autoridades del estado no garantizaron una protección efectiva, y algunos residentes de la zona protestaron por la presencia del albergue. Los migrantes y los defensores de los derechos humanos continuaron recibiendo amenazas y viviendo en una situación de inseguridad en Huehuetoca, en donde se abrieron albergues temporales alternativos
  • En octubre, testigos presenciales denunciaron el secuestro de al menos 40migrantes que viajaban e nun tren de mercancías en Medias Aguas, estado de Veracruz. La investigación oficial que se abrió sobre el caso no determinó la suerte que habían corrido los migrantes y negó que se hubiese producido el secuestro.
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Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron sufriendo agresiones y recibiendo amenazas a causa de su trabajo. Al menos seis periodistas fueron asesinados. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas no realizó avances en la mayoría de los casos de periodistas asesinados. También seguían pendientes la gran mayoría de las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de los derechos humanos. La sociedad civil promovió una ley para la creación de un mecanismo de protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos, que el Congreso aprobó en abril. El nuevo gobierno se comprometió a establecer el mecanismo y dar prioridad a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

      • Cuatro periodistas murieron en el estado de Veracruz en abril y mayo: Regina Martínez, corresponsal de la revista de investigación Proceso, y los fotoperiodistas locales Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. A pesar de las investigaciones iniciadas en los ámbitos estatal y federal, al concluir el año los responsables no habían comparecido ante la justicia.
      • En febrero, Lucila Bettina Cruz fue detenida arbitrariamente en Santa María Xadani, estado de cuando salía de una reunión con la Comisión Federal de Electricidad. Fue acusada de privación ilegal de la libertad de funcionarios públicos, pero posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Había participado en protestas pacíficas organizadas por indígenas locales cuyas tierras se habían visto afectadas por la construcción de un parque eólico.
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Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de distintas regiones del país continuaron sufriendo un alto grado de exclusión y discriminación, y su acceso a numerosos servicios básicos era limitado. A menudo se les negaba su derecho al consentimiento libre, previo e informado respecto a proyectos de desarrollo y de aprovechamiento de recursos que afectaban a sus tierras ancestrales. El sistema de justicia penal negaba sistemáticamente a los indígenas el derecho a un juicio justo y a una reparación efectiva.

Un aspecto en el que se registraron avances fue la revisión de casos emblemáticos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

        • En octubre, la SCJN anuló la declaración de culpabilidad y ordenó la puesta en libertad de Hugo Sánchez Ramírez, un joven taxista indígena del estado de México que había sido encarcelado injustamente por un secuestro cometido en 2007 tras un proceso en el que los agentes del ministerio público y la policía estatal habían falsificado pruebas contra él.
        • En noviembre, la SCJN anuló las declaraciones de culpabilidad de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz y ordenó su puesta en libertad. Los dos indígenas, defensores de los derechos humanos y presos de conciencia, habían sido acusados falsamente de robar un automóvil en 2009 y no fueron sometidos a un juicio justo. En julio de 2010 los habían declarado culpables de cargos penales falsos en represalia por ampliar el acceso al agua en su comunidad.
        • Alberto Patishtan, indígena condenado por matar a siete policías en el estado de Chiapas en 2000, continuaba encarcelado en espera del resultado del recurso presentado ante la SCJN contra su condena. Amnistía Internacional planteó a la SCJN su preocupación porque, al negarle el derecho a un juicio con las debidas garantías, la declaración de culpabilidad había sido manifiestamente injusta.
        • Los indígenas wixáricas continuaron haciendo campaña para poner fin a las concesiones mineras en sus lugares ancestrales de peregrinación en Wirikuta, estado de San Luis Potosí. El gobierno se comprometió a crear un parque de biodiversidad para proteger parte de las tierras, pero al concluir el año no se había consultado adecuadamente a los wixáricas sobre el proyecto.
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Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas, que incluía palizas, violaciones, secuestros y asesinatos, era generalizada en numerosos estados. La legislación para prevenir y castigar la violencia no se aplicó de forma efectiva, y la formación que recibían os funcionarios sobre el modo apropiado de abordar los delitos por motivos de género tampoco se supervisó adecuadamente para garantizar el cumplimiento de dicha legislación. A pesar de los compromisos de mejorar la investigación de la violencia de género, a lo largo del año no se introdujeron nuevos protocolos de investigación policial, y los perpetradores solían eludir la justicia. Las órdenes de protección seguían siendo ineficaces en muchos estados, y las víctimas recibían amenazas continuamente. Según informes, la política gubernamental sobre seguridad pública y el elevado índice de violencia delictiva hicieron que las autoridades prestasen menos atención a la violencia de género. Algunos estados introdujeron el delito de “feminicidio” (homicidio de mujeres por motivos de género), pero gran parte de la legislación de los estados seguía siendo contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en el ámbito internacional.

          • En los tres primeros meses de 2012 se descubrieron al menos 13 cadáveres de niñas y mujeres jóvenes en el distrito de Valle de Juárez, a las afueras de Ciudad Juárez. Según la información recibida, 7 cadáveres fueron identificados como pertenecientes a muchachas de entre 15 y 17 años que habían sido secuestradas en el centro de Ciudad Juárez.
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Fuero militar

En agosto, la SCJN revisó una serie de casos para determinar los límites del sistema de justicia militar. Previamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado cuatro sentencias sobre esta cuestión, y en julio de 2011 habían entrado en vigor reformas constitucionales en materia de derechos humanos que establecían la obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. La SCJN falló que el sistema federal de justicia civil debía ocuparse de los casos de militares implicados en delitos comunes, incluidas violaciones de derechos humanos, que no estuviesen relacionados específicamente con la disciplina militar. En el caso de Bonfilio Rubio Villegas, profesor indígena asesinado por militares en un control de carretera en el estado de Guerrero en 2009, la SCJN estableció el derecho de los familiares a impugnar el fuero militar. Al concluir el año, la SCJN no había establecido la jurisprudencia para orientar las resoluciones de los tribunales inferiores en casos similares, y continuaba la incertidumbre en torno a la aplicación del fuero militar.

En abril se bloquearon las propuestas de reforma del Código de Justicia Militar destinadas a excluir las violaciones de derechos humanos. Al finalizar el año el nuevo Congreso no había retomado las propuestas legislativas para adaptar el Código a las sentencias de la Corte Interamericana o de la SCJN. El gobierno federal no dio instrucciones a los agentes del ministerio público para que garantizasen que todas las investigaciones preliminares estuviesen a cargo únicamente de autoridades civiles.

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