India

Human Rights in República de la India

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
India is now live »

Jefe del Estado
Pranab Kumar Mukherjee (sustituyó a Pratibha Patil en julio)
Jefe del gobierno
Manmohan Singh

Información general

El gobierno fue acusado de corrupción por no garantizar el crecimiento general dentro del contexto de la recesión global, que afectó gravemente a la economía india. Las comunidades pobres y las que ya estaban marginadas –que, según cálculos, representaban entre el 30 y el 50 por ciento de la población– se vieron muy afectadas por las subidas de precios.

Continuaron las conversaciones del gobierno con el vecino Pakistán acerca de, entre otros aspectos, Cachemira. En marzo, India respaldó la Resolución 19/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se instaba a Sri Lanka a abordar presuntas violaciones del derecho internacional, aunque se mostró reacia a pronunciarse sobre otros motivos de preocupación en materia de derechos humanos. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales visitó India en marzo. En mayo, la actuación de India en materia de derechos humanos fue sometida al examen periódico universal de la ONU; el gobierno no aceptó las recomendaciones de facilitar las visitas del relator especial de la ONU sobre la tortura y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y exigir cuentas a sus fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos. El Parlamento reformó la Ley de Prevención de Actividades Ilegales en lo referente a la financiación del terrorismo, pero no la hizo compatible con las normas internacionales de derechos humanos.

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Violencia entre fuerzas de seguridad, milicias y maoístas

Continuaron los enfrentamientos en el este y el centro de India entre grupos armados maoístas y las fuerzas de seguridad. Ambos bandos atacaban habitualmente a la población civil, y los homicidios, incendios y secuestros se extendieron al distrito de Gadchiroli, estado de Maharashtra, donde los maoístas mataron a 19 civiles, 8 de los cuales eran autoridades o ex autoridades locales.

En Chhattisgarh aumentó a 3.200 el número de personas muertas en enfrentamientos desde 2005, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y maoístas armados. Continuaba habiendo alrededor de 25.000 personas desplazadas: 5.000 en campos y 20.000 dispersas en los vecinos estados de Andhra Pradesh y Orissa. Cientos de miembros de la milicia Salwa Judum, que contaba con el apoyo del estado, seguían integrados en una fuerza de policía auxiliar de 6.000 efectivos, pese a la preocupación que suscitaba su implicación en violaciones de derechos humanos.

  • En marzo y abril, los maoístas secuestraron a dos turistas italianos en Orissa y los liberaron a cambio de seis maoístas capturados por las fuerzas de seguridad. También liberaron a un legislador de Orissa a quien habían tenido secuestrado 33 días.
  • En abril y mayo, los maoístas mataron a tiros a dos guardias de seguridad y secuestraron al director de la administración del distrito de Sukma, en Chhattisgarh, al que liberaron 13 días después, cuando las autoridades del estado prometieron estudiar la excarcelación bajo fianza de 300 presuntos maoístas.
  • En junio, las fuerzas paramilitares centrales de Chhattisgarh afirmaron haber matado a 17 maoístas “en combate”, pero los activistas de derechos humanos descubrieron que las víctimas eran lugareños adivasis desarmados, entre ellos 3 adolescentes. Cinco meses después se abrió una investigación judicial sobre el caso.
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Rendición de cuentas de las empresas

En agosto, el Tribunal Supremo indio dio un plazo de seis meses a los gobiernos central y estatal para retirar los residuos tóxicos existentes en la fábrica de Union Carbide y sus alrededores, en Bhopal. También ordenó perfeccionar los sistemas médicos de vigilancia, supervisión y derivación para mejorar la atención de la salud de las víctimas. El Supremo resolvió asimismo que el gobierno estatal debía proporcionar agua no contaminada a las personas que vivían en las proximidades de la fábrica.

La empresa Vedanta Resources, radicada en Reino Unido, siguió sin ofrecer soluciones a las comunidades indígenas y otras poblaciones locales por el impacto de su proyecto de refinería de aluminio en Lanjigarh, y no sometió a consulta sus planes de realizar actividades de minería en una empresa conjunta con Orissa Mining Corporation (OMC) en las colinas de Niyamgiri. La impugnación por parte de OMC de la negativa del gobierno central a autorizar la tala de bosques para el proyecto minero estaba en tramitación ante el Tribunal Supremo.

  • Los adivasis de las zonas de Mahan y Chhatrasal del estado de Madhya Pradesh y de la zona de Saranda del estado de Jharkand protestaron contra las iniciativas de desviar tierras a proyectos de minería, que menoscababan sus reclamaciones de tierras en aplicación de la Ley de Derechos Forestales.
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Pena de muerte

El 21 de noviembre, y después de ocho años, India reanudó las ejecuciones con el ahorcamiento del ciudadano paquistaní Ajmal Kasab por su implicación en los atentados terroristas de Bombay de 2008. Durante el año, los tribunales condenaron al menos a 78 personas a muerte, por lo que el número de personas en espera de ejecución se elevó a más de 400. Se conmutaron 10 penas de muerte por orden presidencial. Otros 5 condenados, que habían recurrido la denegación presidencial del indulto, esperaban la resolución del Tribunal Supremo.

En julio, 14 ex jueces apelaron al presidente para que conmutara las condenas a muerte impuestas a 13 hombres, por considerar que habían sido confirmadas injustamente por el Tribunal Supremo. En noviembre, el Tribunal Supremo pidió la revisión de los principios para la imposición de penas, a la vista de la falta de congruencia en la aplicación de la pena de muerte. El Tribunal falló en contra de la imposición preceptiva de la pena capital por el uso de armas de fuego prohibidas con resultado de muerte. En diciembre, India votó en contra de la Resolución 67/176 de la Asamblea General de la ONU, que pedía una suspensión mundial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

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Violencia contra mujeres y niñas

Las autoridades no pusieron freno a los elevados niveles de violencia sexual y otras formas de violencia contra mujeres y niñas, ni siquiera cuando aumentaron las denuncias de este tipo de incidentes.

  • En diciembre, 11 hombres fueron declarados culpables de una agresión sexual cometida contra una mujer en la ciudad de Guwahati (Assam).
  • En diciembre fueron detenidos cinco hombres y un menor de edad por la violación en grupo y posterior muerte de una joven en Delhi. La agresión desencadenó protestas en todo el país, en las que se pidió una revisión de las leyes que abordaban la violencia contra las mujeres.
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Impunidad

La impunidad de los abusos y violaciones de derechos humanos seguía siendo generalizada. No se derogaron la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas ni la Ley de Zonas en Conflicto, que otorgaban facultades excesivas a las fuerzas de seguridad en determinadas áreas y les conferían impunidad de facto por presuntos delitos. Hubo protestas contra estas leyes en Jammu y Cachemira y en el noreste, y el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales expresó preocupación sobre ellas durante su visita a la India en marzo, al igual que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre. Continuaban en libertad varios presuntos autores de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Assam (en 1998 y 2001), Manipur, Nagaland, Punyab (entre 1984 y 1994) y otros estados.

  • En enero, el Tribunal Supremo ordenó la apertura de nuevas investigaciones sobre 22 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Gujarat, en su mayoría de jóvenes musulmanes, entre 2003 y 2006.
  • En abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cerró su investigación sobre los presuntos homicidios ilegítimos y cremaciones masivas cometidos por la policía durante el conflicto de Punyab, sin recomendar investigaciones penales. La Comisión concedió 279,4 millones de rupias indias (5,78 millones de dólares estadounidenses) en concepto de indemnización a las familias de 1.513 de las 2.097 personas fallecidas. Siguieron sin hacerse públicas las conclusiones de las investigaciones sobre los homicidios realizadas por la Oficina Central de Investigaciones.
  • Entre 2007 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos repartió indemnizaciones en efectivo a las familias de 191 personas, de un total de 1.671 que habían sido víctimas de homicidio en el país, tras determinar que habían sido ejecutadas extrajudicialmente. No hubo avances de importancia en las investigaciones penales sobre la mayoría de estos homicidios.
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Jammu y Cachemira

Continuaba reinando la impunidad de las violaciones del derecho internacional cometidas en Cachemira, como homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de miles de personas desde 1989. La mayoría de los más de 100 casos de jóvenes muertos por disparos de la policía y otras fuerzas de seguridad durante las protestas del verano de 2010 no se investigaron exhaustivamente.

  • En mayo, el Tribunal Supremo permitió que ocho miembros de las fuerzas armadas que habían participado presuntamente en la ejecución extrajudicial de cinco habitantes de Pathribal en 2000 eludieran la acción de los tribunales civiles y fueran juzgados por tribunales militares. Los familiares de las víctimas boicotearon los juicios.
  • En julio, el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira citó el fallo del caso de Pathribal al resolver un caso similar sobre la ejecución extrajudicial de tres hombres en Machil en 2010.
  • En agosto, las autoridades del estado rechazaron la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de emplear técnicas forenses modernas para identificar los cadáveres de más de 2.700 fosas comunes del norte de Cachemira.
  • En diciembre, en el informe de dos organizaciones de derechos humanos radicadas en Srinagar sobre 214 casos de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y otras violaciones cometidas desde 1989, se afirmaba que las autoridades no estaban dispuestas a investigar los graves cargos formulados contra 470 miembros de las fuerzas de seguridad y 30 miembros de milicias que contaban con el apoyo del estado.

Las escasas reformas introducidas en abril en la Ley sobre Seguridad Pública, tras las peticiones de que fuera revocada, no la hicieron compatible con las obligaciones internacionales contraídas por India en materia de derechos humanos. Continuaban las detenciones administrativas ordenadas en aplicación de la Ley y había líderes políticos y activistas separatistas recluidos sin cargos ni juicio.

  • En diciembre, las autoridades reconocieron que había 219 personas, 120 de ellas extranjeras, detenidas con arreglo a la Ley sobre Seguridad Pública, y 7 cuyas órdenes de detención ya habían anulado los tribunales. Los adolescentes Mushtaq Saleem Beigh, Mohammed Mubarak Bhat y Danish Farooq, que estaban sometidos a detención administrativa, fueron puestos en libertad.

Las propuestas de reforma de la ley estatal sobre justicia de menores, que elevaban la mayoría de edad de 16 a 18 años, seguían pendientes de tramitación en la asamblea legislativa.

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Violencia entre comunidades religiosas y étnicas

En julio y agosto, 75 personas murieron en enfrentamientos entre comunidades bodos y musulmanas en Assam. En total había 400.000 personas desplazadas temporalmente en 270 campos. La intervención de grupos armados exacerbó las tensiones y la violencia. Se criticó a las autoridades por su respuesta inadecuada.

Diez años después de los sucesos violentos de Gujarat de 2002, en los que murieron 2.000 personas, en su mayoría musulmanas, la mayor parte de las víctimas y de sus familias no habían obtenido justicia. Al menos 78 sospechosos fueron declarados culpables, incluida la ex ministra Maya Kodnani, y alrededor de 90 resultaron absueltos en tres casos que supervisó el Tribunal Supremo.

  • En febrero, un equipo especial establecido por el Tribunal Supremo para investigar 10 casos de Gujarat no halló pruebas para enjuiciar al ministro principal Narendra Modi y a otros 62 políticos y altos cargos. Zakia Jaffri, que había acusado al ministro y a otras personas de no salvar la vida de su esposo, Ehsan Jaffri, y la de 68 personas más, dirigió una petición al Tribunal en la que cuestionaba los fundamentos de las conclusiones del equipo.

Los miembros de las comunidades dalits siguieron sufriendo discriminación y ataques. Apenas se utilizaron las leyes especiales para enjuiciar a los presuntos autores.

  • En noviembre, un grupo de personas de casta hindú, encolerizadas por el suicidio de un hombre cuya hija se había casado con un dalit, causaron daños y saquearon 268 casas dalits en Natham Colony (Tamil Nadu).
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Uso excesivo de la fuerza

En varias ocasiones la policía hizo un uso innecesario o excesivo de la fuerza para reprimir protestas, y en la mayoría de los incidentes las autoridades no llevaron a cabo investigaciones imparciales y efectivas a su debido tiempo.

  • En marzo y abril, al menos 10 personas resultaron heridas cuando la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para desalojar a los residentes de un asentamiento precario de la zona de Nonadonga de Calcuta, donde se pretendía adquirir terrenos para proyectos de infraestructura urbana.
  • En septiembre, la policía mató a una persona e hirió a más de 60 cuando disolvía una manifestación contra la central nuclear de Kudankulam en Tamil Nadu.
  • En noviembre, una persona murió y otras cinco resultaron heridas por la policía durante unas protestas por la cuantía de la indemnización ofrecida por unas tierras adquiridas para una mina de carbón privada en el pueblo de Loba (Bengala Occidental).
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Leyes sobre sedición

Aumentaron las protestas contra unas leyes sobre sedición arcaicas que se empleaban para encarcelar a manifestantes pacíficos.

  • Más de 50 personas que se manifestaron pacíficamente contra la central nuclear de Kudankulam, incluidos S. P. Udayakumar y M. Pushparayan, fueron acusadas formalmente de sedición y de “luchar contra el estado”.
  • En agosto, el Tribunal Superior de Allahabad ordenó la libertad bajo fianza de los activistas sociales Seema Azad y Vishwa Vijay Allahabad mientras se tramitaba la apelación contra su sentencia condenatoria por cargos de sedición por colaborar con maoístas armados.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Organismos estatales y no estatales seguían persiguiendo a las personas que defendían los derechos de las comunidades marginadas, como puso de relieve la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos en febrero.

  • En julio, el ecologista Ramesh Agrawal, que denunciaba las violaciones de los derechos medioambientales y de los adivasis en relación con proyectos de minería, resultó herido por disparos en el distrito de Raigarh (Chhattisgarh).
  • En septiembre, el Tribunal Supremo desestimó la petición de libertad bajo fianza del preso de conciencia y líder adivasi Kartam Joga, encarcelado desde septiembre de 2010.
  • También en septiembre, el Tribunal Supremo acordó tener en cuenta el informe médico de la maestra de escuela adivasi Soni Sori, que denunció haber sufrido torturas, incluida violencia sexual, bajo custodia de la policía de Chhattisgarh en octubre de 2011.
  • En octubre, la activista por los derechos de los adivasis Dayamani Barla fue encarcelada durante dos meses por un incidente ocurrido en 2008, entre denuncias de que las autoridades de Jharkhand la perseguían por protestar por el desalojo forzoso de agricultores en Nagri.
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Libertad de expresión

Las autoridades emplearon leyes excesivamente generales y poco precisas para detener al menos a siete personas por publicar en Internet comentarios en los que criticaban al gobierno.

  • En abril, la policía de Calcuta detuvo al profesor universitario Ambikesh Mahapatra por publicar en Internet una tira cómica en la que criticaba a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.
  • En septiembre, la policía de Bombay detuvo a Aseem Trivedi por publicar en una campaña de protesta contra la corrupción una serie de dibujos en los que parodiaba los símbolos nacionales de India.
  • En octubre, la policía de Puducherry detuvo a Ravi Srinivasan por enviar mensajes a través de Twitter sobre denuncias de corrupción que afectaban al hijo del ministro de Economía de la Unión.
  • En noviembre, la policía de Bombay detuvo a dos mujeres, Shaheen Dhada y Renu Srinivasan, por publicar en Facebook unos comentarios en los que cuestionaban una protesta pública convocada por los partidarios de una destacada figura política recién fallecida.
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