Honduras

Human Rights in República de Honduras

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Honduras is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Porfirio Lobo Sosa

Información general

El índice de delincuencia violenta seguía siendo elevado y continuaba dominando la agenda política. El gobierno intentó llevar a cabo una operación de limpieza en la policía para dar respuesta a las denuncias de corrupción y de abusos tales como participación y complicidad policial en homicidios, incluidos los de dos estudiantes universitarios en 2011.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron sufriendo intimidación y agresiones físicas, e incluso asesinato, a causa de su labor.

Hubo amenazas y ataques contra líderes de comunidades campesinas y defensores de los derechos humanos que representaban a comunidades campesinas en las prolongadas disputas sobre tierras del Bajo Aguán.

  • En septiembre, el abogado de derechos humanos Antonio Trejo Cabrera murió en la capital, Tegucigalpa, tras recibir cinco disparos de unos hombres armados. Antonio Trejo representaba a tres cooperativas de campesinos y había ayudado a los agricultores a recuperar sus derechos legales a las tierras. Tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar en las vistas que se iban a celebrar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las constantes disputas sobre las tierras. A lo largo del año había denunciado que recibía amenazas de muerte. Al concluir 2012 nadie había rendido cuentas por su muerte.

El gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir y castigar las violaciones de derechos humanos que sufrían los defensores de esos derechos. En febrero, la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos expresó preocupación por la inexistencia de un programa de protección especializada para este colectivo. En noviembre, la viceministra de Justicia y Derechos Humanos anunció la elaboración de un anteproyecto de ley que establecería medidas de protección para los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los comunicadores sociales y los operadores de justicia. El anteproyecto de ley no estaba concluido al finalizar el año.

  • Bertha Oliva y Nohemí Pérez, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), recibieron amenazas verbales en marzo y abril.
  • En febrero, Dina Meza, empleada también en el COFADEH, recibió amenazas telefónicas y por mensaje de texto, una de las cuales decía: “Les vamos a quemar con cal la pipa hasta q griten y luego toda la quadrilla va gozar [...] CAM”. El nombre del grupo firmante (CAM, Comando Álvarez Martínez) hacía referencia a un general de las fuerzas armadas hondureñas (1982-1984) al que organizaciones de derechos humanos vinculaban a escuadrones de la muerte paramilitares que habían actuado durante una época de graves abusos contra los derechos humanos.
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Derechos sexuales y reproductivos

En febrero, la Corte Suprema de Justicia falló que la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia era constitucional, a pesar de que existía honda preocupación por el hecho de que su prohibición incumpliera la obligación jurídica de proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, establecida por el derecho tanto nacional como internacional. Si el Congreso Nacional decidiese aplicar el fallo de la Corte Suprema, Honduras se convertiría en el primer país del mundo en penalizar un método anticonceptivo.

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Condiciones de reclusión

Más de 360 presos murieron y decenas más resultaron gravemente heridos en un incendio declarado en la cárcel de Comayagua. Las autoridades asumieron la responsabilidad por las muertes, y se comprometieron a llevar a cabo amplias reformas en el sistema penitenciario y mitigar las duras condiciones de reclusión, además de abordar las circunstancias que provocaron el incendio.

La creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, conforme a lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, constituyó una iniciativa positiva. Sin embargo, preocupaba que no se hubieran asignado los recursos y el personal necesarios para garantizar la efectividad del Mecanismo.

En diciembre se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario. Sin embargo, persistían el hacinamiento y las condiciones de reclusión deficientes, que ponían a los reclusos en un mayor peligro de sufrir abusos.

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Sistema de justicia

En diciembre, el Congreso Nacional decidió en votación destituir a cuatro de los cinco jueces que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Previamente, los jueces habían emitido un fallo que bloqueaba una propuesta de ley del Congreso destinada a facilitar el saneamiento de la policía. Los jueces consideraban que algunos aspectos de la ley eran inconstitucionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó su polémica destitución e instó al gobierno a respetar y garantizar la independencia del poder judicial.

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