El nuevo Parlamento de Pakistán debe tomar medidas urgentes para restaurar un poder judicial independiente, garantizar la liberación de los jueces y abogados detenidos ilegalmente y restaurar la Constitución al estado en el que se encontraba antes de la declaración del estado de excepción. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 19 de febrero.

“El Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz, que han obtenido al menos la mitad de los escaños del Parlamento, tienen una oportunidad histórica de restaurar por completo el respeto por los derechos humanos en Pakistán, especialmente respetando y defendiendo en todo momento las disposiciones que garantizan los derechos humanos y el Estado de derecho”, ha manifestado Tim Parritt, director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“El nuevo Parlamento debe demostrar que escuchará a su pueblo, ese pueblo que le ha otorgado un enérgico mandato de cambio. Asumiendo esta responsabilidad y ejerciendo su voluntad política, el Parlamento puede poner fin al círculo de violencia y abusos que ha azotado Pakistán durante decenios, y puede garantizar que Pakistán surge como un Estado que extiende la protección a toda su población civil.”

“Como prioridad, el Parlamento debe comprometerse a anular los cambios introducidos en la Constitución durante el periodo de estado de excepción, garantizando que la protección constitucional de los derechos humanos no puede ser suspendida por intervenciones militares o intervenciones ejecutivas unilaterales en el futuro”, ha añadido Tim Parritt.

Amnistía Internacional considera que el nuevo Parlamento y el futuro gobierno deben:

•    reinstaurar a los jueces de las instancias judiciales superiores que fueron destituidos de     forma punitiva e inconstitucional en noviembre de 2007;
•    respetar y defender en todo momento la independencia del poder judicial;
•    ratificar y poner en práctica los tratados internacionales de derechos humanos,     incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la     Tortura y la Convención contra las Desapariciones Forzadas.

Si desean más información, consulten:

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/006/2008

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