Annual Report 2013
The state of the world's human rights

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27 March 2013

Turquía: Es hora de quitar los grilletes a la libertad

Una serie de reformas presentadas en el Parlamento turco amenazan con impedir al país aprovechar la oportunidad de ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y con dejar a los ciudadanos expuestos a sufrir abusos como el encarcelamiento por el simple hecho de expresar sus opiniones, explica Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. 

“El derecho a la libertad de expresión está amenazado en Turquía. Se abren centenares de procesamientos indebidos contra activistas, periodistas, escritores y abogados. Es uno de los problemas de derechos humanos más enquistados de Turquía", ha señalado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. 

En el informe Decriminalize dissent: Time to deliver on the right to freedom of expression, la organización analiza la ley y la práctica actuales, atendiendo a los 10 artículos más problemáticos del ordenamiento jurídico turco que amenazan la libertad de expresión. 

Las reformas –denominadas "Cuarto Paquete Judicial"– no comportan los cambios legislativos necesarios para ajustar el derecho interno a las normas internacionales de derechos humanos.  

“Los enjuiciamientos y encarcelamientos de personas por el simple hecho de expresar sus opiniones deben acabar -ha afirmado Dalhuisen-. Es hora de que el gobierno demuestre su compromiso con la libertad de expresión."

“Las sucesivas reformas realizadas no han abordado la raíz del problema: Turquía tiene que revisar ya la definición de los delitos tipificados en su Código Penal y su Ley Antiterrorista."  

“Los procesamientos más abusivos son por críticas a funcionarios públicos o por la expresión de opiniones legítimas sobre asuntos políticos delicados. Las autoridades turcas deben aceptar la crítica y respetar el derecho a la libertad de expresión", ha indicado Andrew Gardner, experto de Amnistía Internacional en Turquía.

El conocido artículo 301 del Código Penal, sobre "denigración de la nación turca", utilizado que procesar y condenar al periodista y defensor de los derechos humanos asesinado Hrant Dink, continúa en vigor, al igual que al artículo 318, sobre “distanciar al público del servicio militar", que se emplea para iniciar enjuiciamientos por defender el derecho a la objeción de conciencia. Ambos deben ser abolidos. 

En los últimos años se ha hecho creciente uso de leyes antiterroristas para abrir enjuiciamientos por actividades legítimas, como pronunciar discursos de índole política, publicar escritos críticos, asistir a manifestaciones y afiliarse a organizaciones y grupos políticos reconocidos, violando así el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.  

“Es imprescindible reformar la excesivamente amplia e imprecisa definición del terrorismo de la legislación turca, pues sólo de este modo se podrá poner fin a los procesamientos por 'pertenencia a una organización terrorista' y otros delitos así", ha manifestado Gardner. 

El debate pacífico sobre los derechos kurdos y sobre política está perseguido judicialmente en virtud de disposiciones que penalizan la propaganda terrorista. El análisis de la cuestión kurda y los lemas coreados en las manifestaciones prokurdas suelen ser motivo de procesamiento por considerarse "propaganda terrorista".

“Una sociedad donde la gente pueda expresar libremente sus opiniones, donde pueda debatir sobre las cuestiones más pertinentes del día sin riesgo de procesamiento, es una sociedad sana, que es lo que Turquía tiene que llegar a ser", ha señalado Dalhuisen . 

“Una reforma jurídica fundamental, que quite los grilletes a la libertad de expresión, asociación y reunión, traerá aire nuevo a Turquía, paso esencial para hacer del país una sociedad pacífica y democrática", ha afirmado Gardner. 

Casos 

Temel Demirer fue procesado por decir que a Hrant Dink lo habían matado porque era armenio y por denunciar la participación del Estado en su homicidio. Temel Demirer hablaba de las matanzas de armenios cometidas en Turquía después de 1915.   

El objetor de conciencia Halil Savda ha sido condenado en múltiples ocasiones por defender públicamente el derecho a la objeción de conciencia. Lo han acusado de "distanciar al público del servicio militar”.   

El abogado Selçuk Kozaðaçlý fue procesado en febrero de 2010 por pedir justicia por las muertes de reclusos ocurridas durante una operación llevada a cabo en 2000, cuando los militares irrumpieron en 20 prisiones del país para poner fin a una larga huelga de hambre. En enero de 2013, en otra causa judicial, Selçuk Kozaðaçlý fue acusado formalmente de pertenencia al grupo izquierdista prohibido Partido Revolucionario para la Liberación del Pueblo-Frente (DHKP-C). A fecha de febrero de 2013, se encontraba en prisión preventiva.

En abril de 2012, Fazýl Say, pianista de renombre internacional, fue procesado por dos comentarios hechos en Twitter en que se burlaba de unos religiosos y del concepto islámico de paraíso. A fecha de febrero de 2013 se habían celebrado dos vistas judiciales y había prevista una tercera para el 15 de abril. 

Los periodistas de investigación Ahmet Þýk y Nedim Şener están siendo procesados en la actualidad por el cargo de apoyar las actividades de Ergenekon, presunta red delictiva implicada en una conspiración para derrocar violentamente el gobierno, por “apoyar a sabiendas y de buena gana a una organización terrorista”. Las pruebas contra Ahmet ªýk están basadas en su libro El ejército del imán, donde se habla de la presunta existencia en el seno de las instituciones del Estado y la sociedad civil de una red de seguidores del imán turco en el exilio Fetullah Gülen, partidario del gobierno del partido Justicia y Desarrollo (AKP). Las pruebas contra Nedim ªener consisten simplemente en unos escritos y una conversaciones telefónicas grabadas con acusados de la causa contra Ergenekon sobre asuntos no relacionados con ningún delito.

En enero de 2009,  Vedat Kurşun, director y propietario de Azadiya Welat, único periódico en kurdo de Turquía, fue declarado culpable de múltiples cargos de "comisión de un delito en nombre de una organización terrorista" y "propaganda de una organización terrorista" y condenado a un total de 166 años y 6 meses. Tras interponer una apelación, fue absuelto del primer delito y condenado a 10 años y 6 meses de prisión por "propaganda de una organización terrorista".  

Sultani Acýbuca, de 62 años, perteneciente a un grupo de mujeres cuyos hijos han muerto o han sido encarcelados en el marco del conflicto entre el ejército turco y el PKK, fue declarada culpable de pertenecer a una organización terrorista por pedir la paz y el fin del conflicto.  

AI Index: PRE01/143/2013
Region Europe And Central Asia
Country Turkey
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