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El 31 de enero de 1980, fuerzas policiales guatemaltecas asaltaron la Embajada española de la ciudad de Guatemala, en la que se había refugiado un grupo des manifestantes. Como consecuencia del ataque murieron 37 personas que se encontraban en el edificio. Veintiocho años después, nadie ha rendido cuentas de lo sucedido.

Más de diez años después de finalizar el conflicto armado en Guatemala, muchos de los responsables de sus crímenes más brutales siguen evadiendo la justicia.

Un fallo que deja en libertad a dos ex militares recluidos en régimen de detención previa a la extradición en Guatemala es el último obstáculo a la justicia para las víctimas del conflicto de 36 años de duración, que acabó en 1996.

El pasado mes de diciembre, el ex general del ejército Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y el ex jefe de policía Pedro García Arredondo ganaron un recurso que les permite quedar en libertad de la detención provisional en espera de la extradición. España ha pedido la extradición para ellos y otras cinco personas (entre ellas el ex presidente Efraín Ríos Montt), y quiere que se los investigue en relación con los crímenes de derecho internacional cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

El 31 de enero se cumple el 28º aniversario de uno de estos crímenes: la masacre de 37 personas en el incendio de la Embajada española constituye un acto brutal por el que nadie ha sido castigado.

La decisión del tribunal guatemalteco en favor de los  militares retirados cuestiona erróneamente el principio consagrado de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. También indica que los crímenes en cuestión constituyen delitos políticos y que por tanto no ha lugar exigir responsabilidad penal.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a la nueva administración –encabezada por el presidente Álvaro Colom– para que ponga fin a la constante de impunidad para los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado.

El gobierno del presidente Colom debe ofrecer garantías de que estos crímenes serán investigados y enjuiciados. Ninguna de las causas abiertas contra el régimen militar entonces gobernante ha prosperado, al tiempo que los testigos y las víctimas que han tenido el valor de participar en ellas sufren intimidación, amenazas y ataques.

La decisión de liberar a dos de los ex militares hace peligrar la posibilidad de una extradición futura y fortalece la impunidad reinante en Guatemala.

Mientras no se haga rendir cuentas a los responsables de las 200.000 desapariciones y  ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado, seguirá sin hacerse justicia a las víctimas de Guatemala.