El pueblo romaní es una de las minorías étnicas más numerosas y de más rápido crecimiento de Europa. También es el más marginado.

La continua discriminación de la comunidad romaní perpetúa su marginación económica y social. Este pueblo es objeto de una discriminación generalizada en el acceso a la vivienda, al empleo y a la educación. En algunos países, se les impide acceder a la ciudadanía y a los documentos necesarios para la seguridad social, la atención a la salud y otras prestaciones.

Los romaníes son con frecuencia víctimas de malos tratos a manos de la policía, pero rara vez se investigan las denuncias que presentan. Muchos menores romaníes se derivan, sin motivo justificado, a escuelas “especiales”, en las que al impartir clases de menor nivel académico, se limitan las oportunidades de desarrollar todo su potencial. Los menores y mujeres romaníes se encuentran entre las personas más vulnerables a la trata de seres humanos.

Europa debe considerar prioritario garantizar el acceso igualitario de la comunidad romaní a los derechos. Casi el 80 por ciento de la población romaní europea (de unos 10 millones de personas) vive en Estados miembros de la Unión Europea o Estados candidatos a la ampliación.

Los gobiernos europeos tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de la comunidad romaní de igual modo que lo harían con sus respectivas poblaciones mayoritarias y con otras minorías. Para mejorar la situación de los romaníes, la Unión Europea debe adoptar un sólido papel de liderazgo, desarrollar un enfoque más exhaustivo y coherente con respecto a la realización de los derechos humanos de la comunidad romaní, y orientar y ayudar en dicha tarea tanto a los Estados miembros como a los candidatos.