Turquía

Human Rights in República de Turquía

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Turkey is now live »

Jefe del Estado
Abdullah Gül
Jefe del gobierno
Recep Tayyip Erdoğan
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
73,6 millones
Esperanza de vida
74 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
20,3 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90,8 por ciento

Información general

En junio, el Partido de la Justicia y el Desarrollo ganó las elecciones parlamentarias y fue reelegido para formar gobierno. Nueve candidatos de la oposición electos no pudieron tomar posesión de sus escaños debido a causas abiertas contra ellos con arreglo a la legislación antiterrorista: ocho estaban siendo procesados y se hallaban recluidos, y el otro no podía ocupar su puesto por haberse dictado sentencia condenatoria contra él.

El jefe de las fuerzas armadas y sus tres generales de más alta graduación presentaron su dimisión en julio, lo que puso de relieve que continuaban las tensiones entre el gobierno y los militares. Las dimisiones se produjeron tras una oleada de detenciones de oficiales retirados y en activo a quienes se acusaba de conspirar para derrocar al gobierno.

En septiembre, Turquía ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, preparando así el terreno a la observación independiente de los centros de detención. Sin embargo, al concluir el año no se había promulgado legislación para establecer los mecanismos nacionales de aplicación necesarios ni otros mecanismos de prevención prometidos, como una defensoría del pueblo o un procedimiento independiente de presentación de denuncias contra la policía.

Al concluir el año, en contra de lo prometido, no se había facilitado el proyecto de Constitución para su debate. No se aplicaron las reformas constitucionales aprobadas por referéndum durante la anterior legislatura, con las que se pretendía que la legislación relativa a los sindicatos fuese más acorde a las normas internacionales.

Aumentaron los enfrentamientos armados entre el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y las fuerzas armadas. En octubre comenzó una importante intervención militar en el norte de Irak, en la que se atacaron bases del PKK y cientos de civiles fueron desplazados de sus localidades. En diciembre, un avión de combate turco bombardeó a un grupo de civiles en el distrito de Uludere, cerca de la frontera con Irak, causando la muerte de 35 personas, en su mayoría niños y niñas.

En octubre, un terremoto registrado en la provincia oriental de Van provocó la muerte de más de 600 personas. Las autoridades recibieron críticas por la lentitud de la respuesta a la crisis, que dejó a miles de personas a la intemperie con temperaturas bajo cero.

Las autoridades turcas condenaron abiertamente la comisión de violaciones de derechos humanos en todo el Mediterráneo oriental. En septiembre, el gobierno anunció que impugnaría ante la Corte Internacional de Justicia la legalidad del bloqueo marítimo impuesto a Gaza. Un informe de la ONU sobre el abordaje del barco turco Mavi Marmara en mayo de 2010 había concluido que las fuerzas de defensa israelíes habían hecho un uso excesivo de la fuerza en la operación, causando la muerte de nueve ciudadanos turcos. En noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores anunció la imposición de sanciones a Siria debido a los continuos homicidios de manifestantes pacíficos.

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Libertad de expresión

Se inició un gran número de procesamientos que amenazaban el derecho a la libertad de expresión. En concreto, los periodistas con actitud crítica y los activistas políticos kurdos, entre otras personas, corrían peligro de ser procesados sin las debidas garantías si hablaban abiertamente sobre la situación de los kurdos en Turquía o criticaban a las fuerzas armadas. Además de los procesamientos iniciados en aplicación de diversos artículos del Código Penal, también se recurrió a la legislación antiterrorista para abrir innumerables causas que amenazaban la libertad de expresión (véase el apartado sobre Juicios injustos). Continuaron las amenazas de violencia contra personas que se significaban por expresarse abiertamente. En noviembre entraron en vigor nuevas normativas que suscitaron más preocupación con respecto a la restricción arbitraria de sitios web.

  • En febrero se confirmó la sentencia condenatoria dictada contra el defensor de los derechos humanos Halil Savda por “distanciar a la opinión pública de la institución del servicio militar”. Fue condenado a 100 días de cárcel por expresar su apoyo al derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Al finalizar el año continuaban dos procesamientos más por el mismo cargo, y había otra sentencia condenatoria pendiente ante el Tribunal Supremo de Apelaciones.
  • En marzo, Ahmet Şık y Nedim Şener, periodistas que investigaban presuntos abusos contra los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, fueron acusados de pertenencia a una organización terrorista. Sus detenciones y las de otros seis periodistas formaban parte de una operación policial contra Ergenekon, presunta red delictiva, vinculada al ejército y a otras instituciones del Estado, a la que se acusaba de conspirar para derrocar al gobierno. El trabajo escrito de ambos periodistas fue uno de los elementos fundamentales de la acusación. Al finalizar el año continuaban detenidos en espera de juicio.
  • En noviembre, 44 personas, entre ellas el editor Ragıp Zarakolu y la profesora Büşra Ersanlı, fueron detenidos por su presunta pertenencia a la Unión de Comunidades Kurdas, organización vinculada al PKK. Ragıp Zarakolu y Büşra Ersanlı fueron interrogados sobre su participación en actos organizados por la Academia de Política del Partido Paz y Democracia, formación política reconocida, y sus respectivos trabajos en el ámbito editorial y académico. En nuevas oleadas de arrestos practicados en noviembre y diciembre se detuvo a 37 abogados y 36 periodistas como sospechosos de pertenecer a la Unión de Comunidades Kurdas. Al finalizar el año continuaban recluidos.
  • En junio, Baskın Oran y Etyen Mahçupyan, periodistas del diario Agos, de edición bilingüe en turco y armenio, recibieron amenazas de muerte. Llevaban desde 2004 recibiendo amenazas similares, por las que no se había procesado a nadie.
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Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos durante el traslado a comisarías y prisiones y una vez en ellas. La policía recurrió de forma sistemática a fuerza excesiva durante manifestaciones, especialmente en las protestas anteriores y posteriores a las elecciones de junio. En muchos casos, los manifestantes actuaron con violencia tras la intervención de la policía, que utilizó gas pimienta, cañones de agua y balas de plástico. En un gran número de ocasiones, los medios de comunicación documentaron cómo agentes encargados de hacer cumplir la ley golpeaban a manifestantes con porras.

  • En mayo y junio, unas protestas celebradas en la ciudad de Hopa, en la provincia nororiental de Artvin, desembocaron en enfrentamientos con la policía en los que un manifestante murió y otros resultaron heridos. Metin Lokumcu murió de un ataque cardiaco tras quedar envuelto en gas pimienta lanzado por la policía. En Ankara, los participantes en protestas contra la actuación policial en las manifestaciones de Hopa también sufrieron violencia policial. Según su abogado, la manifestante Dilşat Aktaş fue golpeada por unos 10 agentes de policía que le provocaron una fractura de cadera; tardó seis meses en volver a caminar. Al finalizar el año no había concluido la investigación criminal sobre los hechos. Era la segunda presunta agresión policial que sufría Dilşat Aktaş; en marzo, las cámaras de televisión mostraron cómo un agente de policía le propinaba puñetazos durante una protesta, pero el fiscal de Ankara decidió no iniciar acciones judiciales.
  • En octubre, el recluta del ejército Uğur Kantar murió en el hospital, según informes, a consecuencia de las torturas infligidas por unos soldados mientras estaba bajo custodia militar en su guarnición en el norte de Chipre. Se dictó acta de acusación formal contra cinco oficiales, incluido el director de la prisión militar, por causarle la muerte. Al finalizar el año continuaba el procesamiento.
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Impunidad

Las investigaciones sobre presuntos abusos contra los derechos humanos a manos de funcionarios del Estado seguían siendo ineficaces. Cuando se incoaban causas penales, las posibilidades de procesar a los responsables seguían resultando escasas. Se continuaba recurriendo a la táctica de contraatacar a quienes denunciaban abusos presentando cargos contra ellos.

  • En junio, el coronel Ali Öz y otros siete militares fueron declarados culpables de negligencia por no transmitir una información relativa a la conspiración para matar al periodista y defensor de los derechos humanos Hrant Dink que podría haber impedido su asesinato en 2007. Aunque un tribunal de menores condenó en julio a Ogün Samast por disparar contra Hrant Dink, seguían existiendo dudas sobre si se investigarían todas las circunstancias del homicidio, como la cuestión de la connivencia de funcionarios del Estado.
  • No se inició una investigación pública tras la muerte de una familia de siete miembros en la región de Kurdistán del norte de Irak en agosto, a causa, según informes, del bombardeo de un avión de combate turco. Por aquellas fechas las fuerzas aéreas habían lanzado ataques contra bases del PKK en la zona.
  • En septiembre, el Tribunal Supremo de Apelaciones anuló por razones de procedimiento la histórica sentencia condenatoria dictada en 2010 contra varios guardas penitenciarios y otros funcionarios del Estado por la muerte bajo custodia de Engin Çeber en 2008. La comunicación del fallo por escrito se demoró más de dos meses, lo que complicó aún más los intentos de garantizar justicia para Engin Çeber.
  • En diciembre, un agente de policía fue declarado culpable de “homicidio por imprudencia” tras la muerte bajo custodia del solicitante de asilo nigeriano Festus Okey en 2007. El tribunal denegó la solicitud de los familiares de personarse en la causa como “parte perjudicada” con arreglo a la legislación turca. Además, presentó querellas contra activistas que habían criticado el procesamiento y deseaban personarse en la causa.
  • En diciembre, un tribunal local no impuso una pena privativa de libertad a un policía a quien habían filmado en 2009 mientras agarraba a un manifestante menor de edad y lo golpeaba reiteradamente en la cabeza con la culata de su fusil. S.T., de 14 años, sufrió fractura craneal y pasó seis días en cuidados intensivos tras la agresión. El tribunal redujo la pena alegando que la lesión había sido accidental y debida a las “condiciones en la zona”. Impuso al agente una condena condicional de seis meses y le permitió continuar con sus funciones policiales.
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Juicios injustos

A lo largo del año se iniciaron miles de procesos judiciales, casi siempre por pertenencia a una organización terrorista, en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente amplias e imprecisas, cuyas disposiciones provocaban abusos adicionales. Muchas de las personas procesadas eran activistas políticos, entre los que había estudiantes, periodistas, escritores, abogados y profesores universitarios. Los fiscales interrogaban sistemáticamente a los sospechosos en relación con conductas protegidas por el derecho a la libertad de expresión u otros derechos garantizados internacionalmente. Otra deficiencia era la prórroga de la prisión preventiva, periodo en el que, debido a órdenes de confidencialidad que impedían el acceso al sumario, no se permitía a los abogados defensores examinar las pruebas contra sus clientes ni impugnar de forma efectiva la legalidad de su detención.

  • Al concluir el año, el estudiante universitario Cihan Kırmızıgül llevaba 22 meses recluido en espera de juicio, acusado de daños a bienes y pertenencia a una organización terrorista. La acusación se había basado en que llevaba un pañuelo tradicional similar al de los presuntos participantes en una manifestación en la que se habían lanzado cócteles molotov. Asimismo, un agente de policía lo había identificado como una de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, en contra de las declaraciones de otros policías. A pesar de que el fiscal solicitaba la absolución de Cihan Kırmızıgül por falta de pruebas, el juez resolvió que su reclusión y procesamiento debían continuar.
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Derechos de la infancia

Continuaron los procesamientos de menores de edad con arreglo a la legislación antiterrorista por cargos como participación en manifestaciones, a pesar de las reformas legislativas de 2010 que pretendían evitar el uso de estas leyes para procesar a los manifestantes menores de edad. Aunque el número de menores procesados había disminuido, se los seguía poniendo en muchos casos bajo custodia policial para adultos antes de su traslado al departamento de menores. Se registraron periodos de detención sin cargos de hasta el máximo de cuatro días permitido, y se seguía prorrogando la prisión preventiva de menores. No se tomaron medidas en relación con la inexistencia de Tribunales de Menores en muchas provincias.

  • Al concluir el año, L.K., de 17 años, llevaba ocho meses en prisión preventiva, en espera de que el Tribunal Supremo de Apelaciones decidiese qué tribunal tenía jurisdicción para juzgarlo.
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Abusos cometidos por grupos armados

Los ataques perpetrados por grupos armados causaron muertos y heridos entre la población civil.

  • El 20 de septiembre, 3 civiles murieron y 34 resultaron heridos en un atentado con explosivos perpetrado en una concurrida zona comercial de la capital, Ankara. Los Halcones por la Libertad del Kurdistán reivindicaron el atentado.
  • Ese mismo día, cuatro civiles murieron en un atentado del PKK, que aparentemente iba dirigido contra la policía, en la provincia suroriental de Siirt.
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Derecho a la vivienda

Los desalojos forzosos conculcaban los derechos de los arrendatarios a ser consultados, recibir una indemnización y disponer de un alojamiento alternativo. Muchas de las personas afectadas por proyectos de rehabilitación urbana pertenecían a los grupos más pobres y vulnerables, y entre ellas había personas que ya habían sufrido el desplazamiento forzoso de localidades del sureste de Turquía. En mayo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó sus motivos de preocupación con respecto a estos proyectos.

  • En el distrito de Tarlabaşı, en Estambul, decenas de familias fueron víctimas de desalojo forzoso como parte del proyecto de rehabilitación urbana emprendido por el municipio de Beyoğlu. Algunas de las personas afectadas denunciaron que en la práctica se habían quedado sin hogar.
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Presos de conciencia: objeción de conciencia

No se registraron avances en el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en la legislación interna, ni tampoco para poner fin al reiterado procesamiento de los objetores de conciencia por negarse a cumplir el servicio militar. En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la negativa de Turquía a ofrecer una alternativa civil al servicio militar conculcaba el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión en la causa Erçep v. Turkey. Se seguía procesando a las personas que apoyaban públicamente el derecho a la objeción de conciencia (véase el apartado sobre Libertad de expresión).

  • El objetor de conciencia İnan Süver, que continuaba encarcelado debido a las múltiples condenas que se le habían impuesto por negarse a cumplir el servicio militar, quedó en libertad condicional en diciembre.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Se denegaba arbitrariamente el acceso al procedimiento de concesión de asilo, por lo que algunas personas fueron devueltas a lugares en donde corrían peligro de persecución. Las autoridades no introdujeron una legislación ya prevista que garantizaba derechos básicos a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. A partir de mayo, miles de sirios huyeron a Turquía en busca de protección frente a la violencia y los abusos contra los derechos humanos cometidos en su país. Muchos de ellos fueron alojados en campos, pero no se les facilitó acceso al ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ni al procedimiento de concesión de asilo. Su contacto con el mundo exterior estaba gravemente restringido, incluida la posibilidad de informar sobre la situación de los derechos humanos en Siria. Se denunció que algunos sirios fueron secuestrados en Turquía y trasladados a Siria, en donde corrían peligro de sufrir persecución.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

No se abordó la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las autoridades continuaban hostigando a activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Durante 2011, los grupos de defensa de estos derechos registraron ocho asesinatos presuntamente cometidos a causa de la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

  • En noviembre, tres mujeres transgénero fueron declaradas culpables de “insultar a agentes de policía” y de “resistencia a la policía”; eran miembros de Pembe Hayat (Vida Rosa), grupo de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero radicado en Ankara. Los cargos contra ellas se presentaron tras denunciar que unos agentes de policía las habían detenido arbitrariamente y sometido a malos tratos. Ningún policía fue procesado en relación con los hechos.
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Violencia contra mujeres y niñas

Turquía ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Sin embargo, los mecanismos de prevención de la violencia intrafamiliar seguían siendo lamentablemente insuficientes, y el número de albergues era muy inferior al exigido en la legislación interna.

  • En octubre, el Tribunal Supremo de Apelaciones confirmó la reducción de las condenas impuestas a 26 hombres hallados culpables de violar a una niña que había sido vendida a los 12 años para ejercer la prostitución, alegando que ella había “consentido” en mantener relaciones sexuales.
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