Suiza

Human Rights in Confederación Helvética

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Switzerland is now live »

Jefa del Estado y del gobierno
Micheline Calmy-Rey
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
7,7 millones
Esperanza de vida
82,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4,4 por cada 1.000

Información general

El Código Penal aún no contenía una definición de tortura plenamente acorde con el derecho internacional. El Centro Suizo de Competencia en Derechos Humanos, la institución nacional para estos derechos, comenzó su trabajo. Se firmó, pero no se ratificó, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En diciembre, el Consejo Nacional decidió ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

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Discriminación

La legislación no evitaba la discriminación y, en algunos casos, la promovía. En mayo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la escasa representación de las minorías étnicas en la fuerza policial, las medidas insuficientes para prevenir el racismo y la falta de protección jurídica de las víctimas de discriminación.

En octubre, la Comisión Federal contra el Racismo criticó una propuesta parlamentaria de crear en la ciudad de Zug “una zona prohibida a solicitantes de asilo”.

Las autoridades del cantón de Ticino empezaron a examinar en mayo una iniciativa popular de reforma de su Constitución para prohibir el uso del velo integral.

La prohibición de los minaretes continuó en vigor en 2011.

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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Las ONG siguieron expresando su preocupación sobre el trato que recibían los solicitantes de asilo, en especial por el uso de la fuerza y de instrumentos de inmovilización durante las expulsiones.

  • Un hombre fue objeto de malos tratos en julio, en el aeropuerto de Zúrich, durante la expulsión de 19 nigerianos. No se llevó a cabo una investigación independiente.
  • Había en curso una investigación criminal sobre la muerte del nigeriano Joseph Ndukaku Chiakwa durante una expulsión colectiva en el aeropuerto de Zúrich en marzo de 2010.
  • La familia de Samson Chukwu, muerto en el curso de su expulsión en 2001, aún no había recibido una indemnización.

La “ayuda de emergencia” seguía siendo insuficiente y a menudo dejaba a los solicitantes de asilo rechazados en situación de peligro o en la miseria. Los centros de acogida siguieron siendo inadecuados.

La investigación externa anunciada en agosto por el Departamento Federal de Justicia y Policía sobre la presunta falta de tramitación de entre 7.000 y 10.000 solicitudes de asilo, presentadas por ciudadanos iraquíes ante las embajadas suizas en Egipto y Siria entre 2006 y 2008, concluyó en diciembre que la actuación de la Oficina Federal de Migración había sido ilegal. Sin embargo, la investigación no consideró viable adoptar medidas disciplinarias o emprender acciones penales.

En diciembre, el Consejo de los Estados aprobó una ley que aceleraba el procedimiento de asilo y anulaba el derecho a solicitar asilo en las embajadas de Suiza. La ley proponía asimismo que se concediera un permiso temporal de residencia, en vez de asilo, a los objetores de conciencia que solicitaran protección. Estaba pendiente de aprobación ante el Consejo Nacional.

En diciembre, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, el mecanismo nacional de prevención, expresó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza y de técnicas de inmovilización durante las expulsiones.

Al final del año no se había puesto en marcha la “Iniciativa sobre la Expulsión”, consulta popular aprobada en 2010. Como parte de ella se proponía una reforma de la Constitución suiza que permitiera la expulsión automática de ciudadanos extranjeros condenados por ciertos delitos comunes.

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Violencia contra mujeres y niñas

El Parlamento aprobó en septiembre una ley que penaba hasta con 10 años de cárcel la mutilación genital femenina, aun cuando se cometiera en otro país en el que fuera una práctica legal.

En septiembre, el Consejo Nacional rehusó reformar la legislación sobre inmigración que dos comités de la ONU habían criticado por no proteger a las mujeres migrantes que soportaban relaciones abusivas por miedo a perder su permiso de residencia.

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