Rumania

Human Rights in Rumania

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Romania is now live »

Jefe del Estado
Traian Băsescu
Jefe del gobierno
Emil Boc
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
21,4 millones
Esperanza de vida
74 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
11,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,7 por ciento

Información general

El nuevo código de trabajo, aprobado con objeto de cumplir los requisitos para la obtención de un crédito del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, fue criticado por los sindicatos, levantó protestas en todo el país y dio lugar a un quinto intento de presentar una moción de censura al gobierno el 16 de marzo. Los sindicatos advirtieron de que la nueva legislación eliminaba las garantías de protección de los derechos laborales y privaba a muchos trabajadores del derecho de representación sindical. Además, las medidas de austeridad, aprobadas en 2009, afectaron al sistema de atención a la salud. A fecha de 1 de abril se habían cerrado 67 hospitales, lo que hizo temer por el acceso a la asistencia médica.

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Discriminación: romaníes

En febrero, la propuesta legislativa de cambiar de nombre a la minoría romaní y llamarla “tigan” (gitana) recibió al principio el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del Senado en febrero. Pero el Senado rechazó la propuesta el 9 de ese mes, y la Cámara Baja del Parlamento hizo lo mismo el 5 de abril. Las ONG habían criticado la propuesta por considerar que el término tenía connotaciones peyorativas.

El uso de estereotipos étnicos negativos por parte del presidente y otros altos cargos públicos siguió siendo motivo de preocupación. En junio, el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación, organismo encargado de velar por la igualdad, rechazó una denuncia relativa a presuntos comentarios discriminatorios realizados por el presidente contra la comunidad romaní durante una visita oficial a Eslovenia en noviembre de 2010. El Consejo sostuvo que la legislación contra la discriminación no era aplicable a actos cometidos fuera del territorio del Estado. No obstante, en octubre advirtió al presidente en dos ocasiones por hacer declaraciones antirromaníes en televisión, señalando que tales declaraciones vulneraban la legislación contra la discriminación.

  • En julio, las autoridades municipales de Baia Mare, en el noroeste de Rumania, construyeron un muro de hormigón para separar los bloques de viviendas habitadas por romaníes del resto de la zona residencial. Las ONG protestaron por considerar que tal medida constituía discriminación y daría lugar a la creación de un gueto. El municipio lo negó y aseguró que el muro tenía la finalidad de proteger del tráfico a los residentes de los bloques de apartamentos. El Consejo Nacional para Combatir la Discriminación afirmó en noviembre que la construcción del muro constituía discriminación. Se impuso al municipio el pago de una multa de 6.000 lei rumanos nuevos (1.300 euros) y el Consejo le recomendó que demoliera el muro y adoptara medidas para mejorar las condiciones de vivienda de los romaníes.

Derecho a la educación

  • En agosto, el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación concluyó que la separación de alumnos romaníes y no romaníes en una escuela de la localidad de Craiova constituía discriminación directa e indirecta. Inicialmente, el Consejo sólo había investigado de manera parcial la situación, pero tas un recurso presentado por la ONG romaní CRISS, el Tribunal Supremo había pedido que se volviera a investigar el caso durante otro año lectivo, tras lo cual se determinó que había discriminación directa.

Derecho a la vivienda

Según informes, varios municipios intentaron desalojar asentamientos romaníes informales.

  • En agosto, el alcalde de Baia Mare anunció un plan para desalojar de varias zonas de la ciudad a cientos de romaníes y otras personas socialmente desfavorecidas que no estaban registradas como residentes en la localidad y enviarlas de regreso a sus lugares de origen. ONG nacionales e internacionales, así como embajadas extranjeras en el país criticaron el plan de inmediato. Finalmente, el desalojo se paralizó. En septiembre, el alcalde afirmó que el municipio respetaría el derecho interno y las normas internacionales de derechos humanos.
  • El 19 de septiembre, el tribunal de la ciudad de Cluj-Napoca rechazó la solicitud de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de derribar las viviendas de unos 450 romaníes, de los que 200 eran menores de edad, de un asentamiento de la calle Cantonului, a las afueras de la ciudad. Según se tuvo noticia, las autoridades municipales habían realojado a algunas de las familias en la zona en el año 2000. Varios residentes habían llegado a un acuerdo verbal con ellas para edificar sus viviendas. Otros habían firmado contratos de alquiler con el municipio.
  • El 15 de noviembre, el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación afirmó que realojar en el extrarradio, cerca de un vertedero de la zona de Pata Rât, a los romaníes de la calle Coastei –situada en el centro de Cluj-Napoca– constituía discriminación e impuso al municipio una multa de 8.000 lei rumanos nuevos (1.800 euros). Las autoridades discreparon de la decisión y argumentaron que el desalojo no era un acto discriminatorio. La denuncia contra el municipio partió del Grupo de Trabajo de Organizaciones Civiles, organización local constituida en respuesta al desalojo forzoso de la calle Coastei en diciembre de 2010.
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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El nuevo Código Civil, que entró en vigor el 1 de octubre, prohibió los matrimonios y las uniones civiles entre personas del mismo sexo, incluidos los reconocidos legalmente en otros países.

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Seguridad y medidas antiterroristas

En noviembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura pidió a las autoridades rumanas que entregaran información sobre los motivos por los que no habían investigado la presunta existencia de centros de detención secreta utilizados en el programa de entregas dirigido por la CIA. El gobierno alegó que no había pruebas de su presunta implicación en dicho programa ni de la existencia de tales centros en territorio rumano.

El 8 de diciembre, el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicó nuevos indicios de que la CIA había realizado entregas y torturado a “presuntos terroristas” en varios Estados europeos, entre ellos Rumania, en los años siguientes a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

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Tortura y otros malos tratos

Instituciones de salud mental

Se solicitaron investigaciones sobre las condiciones de vida en las instituciones de salud mental y el trato que recibían los pacientes.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió al gobierno rumano en junio que presentara información sobre el caso de Valentin Câmpeanu, un romaní seropositivo y con una enfermedad mental, que había muerto en 2004 en el hospital psiquiátrico de Poiana Mare. Al parecer, la investigación oficial sobre las circunstancias de su muerte estuvo plagada de irregularidades de procedimiento y no dio lugar a la presentación de cargos contra ningún miembro del personal de las instituciones en las que había estado ingresado en los últimos meses de su vida. El Centro de Recursos Jurídicos, INTERIGHTS y otras ONG llevaron el caso ante el Tribunal Europeo y le pidieron que adaptara sus criterios de admisibilidad para que las ONG pudieran presentar casos en nombre de personas con discapacidad, incluso sin autorización específica. Las ONG argumentaron que las deficiencias de la asistencia y las condiciones de vida en el hospital psiquiátrico habían contribuido directamente a causar la muerte de Valentin Câmpeanu.
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