Mongolia

Human Rights in Mongolia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Mongolia is now live »

Jefe del Estado
Tsakhia Elbegdorj
Jefe del gobierno
Batbold Sukhbaatar
Pena de muerte
retencionista
Población
2,8 millones
Esperanza de vida
68,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
28,8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,5 por ciento

Información general

A finales de 2010, la fiscalía había reabierto las investigaciones sobre los casos de cuatro mandos de la policía acusados de autorizar el uso de munición real para reprimir disturbios ocurridos en Ulaanbaatar el 1 de julio de 2008. La investigación inicial no había dado lugar a procesamientos.

Bat Khurts, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad de Mongolia, que había sido detenido en el aeropuerto londinense de Heathrow en 2010, fue extraditado a Alemania en agosto de 2011. Sin embargo, en septiembre quedó en libertad, al anular el Tribunal Superior Federal alemán la orden de detención dictada contra él en relación con el secuestro en Francia del ciudadano mongol Enkhbat Damiran en 2003. Según el fallo del Tribunal Superior de Reino Unido, en enero las autoridades mongolas enviaron a la Fiscalía General alemana una carta en la que afirmaban que el detenido había participado en el secuestro. En septiembre, Bat Khurts regresó a su país, y posteriormente fue nombrado subjefe de la Autoridad Independiente contra la Corrupción de Mongolia.

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Impunidad

Según la información disponible, las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no desembocaban en condenas. Al igual que en años anteriores, el gobierno no hizo pública información ni estadísticas sobre investigaciones, enjuiciamientos y condenas de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acusados de tortura y otros malos tratos.

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Pena de muerte

No hubo ejecuciones. Según el Tribunal Supremo de Mongolia, cada vez se recurría menos a la aplicación de la pena de muerte. El presidente conmutó por 30 años de prisión todas las condenas a muerte de las personas que habían solicitado el indulto. El Parlamento no sometió a votación la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

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Tortura y otros malos tratos

En mayo, el gobierno aprobó una resolución sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por órganos de vigilancia de los tratados de la ONU, que incluía planes para reformar el Código Penal a fin de definir la tortura como delito, conforme a lo establecido en la Convención de la ONU contra la Tortura. Según parecía, el grupo de trabajo encargado de redactar las modificaciones del Código Penal, creado en el Ministerio de Justicia e Interior en 2010, apenas había hecho avances. El centro de prisión preventiva 461, abierto a comienzos de 2011, tenía cámaras de vídeo en las salas de interrogatorio, pero no había salvaguardias ni procedimientos suficientes para vigilar y prevenir el uso indebido de este material.

  • El grupo de trabajo creado en junio de 2010 por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento continuó investigando las denuncias de tortura y otros malos tratos sufridos por Enkhbat Damiran y su abogado. Enkhbat Damiran había sido secuestrado en Francia en 2003 y llevado a Mongolia, donde lo acusaron del asesinato de Zorig Sanjaasuren, destacado político y activista en favor de la democracia. Enkhbat Damiran afirmó que había sido torturado bajo custodia. Murió en 2007. Su abogado, Lodoisambuu Sanjaasuren (apellidado como la víctima pero no emparentado con ella), también fue detenido y declarado culpable de revelar secretos de Estado.
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Juicios injustos

Abogados y funcionarios públicos manifestaron a Amnistía Internacional que en los tribunales existía corrupción y que los juicios sin garantías –por factores como la admisión como prueba de confesiones obtenidas mediante tortura– eran habituales. El nuevo centro de prisión preventiva 461 y otros similares carecían de procedimientos que garantizasen la privacidad de las entrevistas con los abogados.

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