Italia

Human Rights in República de Italia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Italy is now live »

Jefe del Estado
Giorgio Napolitano
Jefe del gobierno
Mario Monti (sustituyó a Silvio Berlusconi en noviembre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
60,8 millones
Esperanza de vida
81,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,9 por ciento

Información general

Como consecuencia de la crisis económica que afectaba a varias partes de Europa, un nuevo gobierno, presidido por Mario Monti, sustituyó al de Silvio Berlusconi en noviembre. Al concluir el año se aprobaron importantes medidas de austeridad.

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Escrutinio internacional

Varios organismos internacionales criticaron a Italia por el trato a romaníes, musulmanes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa puso de relieve en su informe, publicado en septiembre, que la declaración de la “emergencia nómada” en 2008 había proporcionado la base para el desalojo generalizado de asentamientos romaníes, a menudo en contravención de las normas de derechos humanos. La declaración autorizaba a los “comisarios delegados” de varias regiones a establecer excepciones a la aplicación de una serie de leyes al abordar casos de personas residentes en “asentamientos nómadas”. El informe ponía además de relieve el drástico aumento de las llegadas por mar desde el norte de África observado desde principios de año y la considerable presión que había soportado el sistema de acogida de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. El comisario pidió a las autoridades que reforzaran tanto la capacidad de acogida de Italia como el sistema de integración de refugiados y otros beneficiarios de protección internacional, y también que, ante el problema de una embarcación en el mar en situación de peligro, antepusieran de manera categórica la seguridad y el rescate de las personas a bordo a todas las demás consideraciones.

El Comité Consultivo del Consejo de Europa sobre el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales publicó su tercera opinión sobre Italia en mayo. Señaló en ella un incremento de las actitudes racistas y xenófobas hacia grupos como los romaníes, musulmanes, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y también expresó su preocupación por el empeoramiento de las condiciones de vida de las comunidades romaníes.

En sus observaciones finales, publicadas en julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Italia que, entre otras cosas, adoptara una política dirigida a superar la imagen de la mujer como objeto sexual y a cuestionar los estereotipos relativos al papel de los hombres y las mujeres en la sociedad y en la familia.

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Discriminación

Se denunciaron episodios graves de violencia racial. Se discriminó a personas por su orientación sexual, su origen étnico o su religión.

Se estaba examinando en el Parlamento un anteproyecto de ley que prohibía el uso del velo integral en lugares públicos. De aplicarse, la prohibición tendría un efecto desproporcionado sobre las mujeres que optasen por llevar burka o niqab como expresión de su identidad o creencias.

Violencia racial

En diciembre, algunas personas residentes en las proximidades de un asentamiento romaní de Turín incendiaron éste. Al parecer, el ataque se produjo tras una manifestación de solidaridad con una niña de 16 años que había acusado a dos hombres romaníes de violarla. La niña admitió posteriormente que había mentido.

Romaníes

En virtud de la “emergencia nómada”, las autoridades de cinco regiones continuaron pudiendo establecer excepciones a la aplicación de leyes que protegían los derechos humanos, incluidas varias disposiciones de la ley de procedimiento administrativo. Eso facilitó que continuaran los desalojos forzosos de comunidades romaníes, hizo posible la impunidad de estas violaciones de derechos humanos y agravó la discriminación de los romaníes. En noviembre, el Consejo de Estado declaró ilegal la “emergencia nómada”.

Se siguieron recibiendo noticias sobre desalojos forzosos en otras regiones en las que no se aplicaba la “emergencia nómada”.

  • En Roma, las autoridades siguieron aplicando el “Plan Nómadas”, concebido tras la declaración de la “emergencia nómada” y que proponía el cierre de todos los campamentos no autorizados y el realojo de hasta 6.000 romaníes en 13 campamentos nuevos o rehabilitados. Las autoridades llevaron a cabo desalojos forzosos de asentamientos romaníes durante todo el año, dejando en cada ocasión a personas sin hogar. Los desalojos se realizaron sin la notificación adecuada y sin el debido proceso, y en la mayoría de los casos sólo se ofreció alojamiento temporal a mujeres y niños de corta edad. ONG locales informaron de que las condiciones y las instalaciones ofrecidas distaban de cumplir las normas internacionales relativas a una vivienda adecuada.
  • Las autoridades milanesas elegidas en mayo no celebraron públicamente los desalojos de campamentos romaníes, como habían hecho sus predecesoras en los medios de comunicación, pero siguieron llevándose a cabo desalojos que no se ajustaban a las normas de derechos humanos. En abril, las autoridades declararon que se habían realizado más de 500 desalojos en asentamientos irregulares desde 2007. Como en Roma, no se siguieron los procedimientos administrativos establecidos y los afectados no tuvieron acceso a un recurso efectivo; tampoco hubo un proceso de consulta adecuado ni un plazo de notificación razonable. Sólo se ofreció refugio temporal y únicamente a mujeres con hijos de corta edad. Las autoridades empezaron a cerrar varios campamentos autorizados, en algunos casos debido a proyectos de construcción para la Expo 2015, feria universal celebrada cada cinco años en un lugar diferente del mundo. Los residentes de los campamentos autorizados de via Triboniano y via Barzaghi fueron desalojados a lo largo de varios meses sin que se les proporcionara alojamiento alternativo adecuado a largo plazo y sin ser consultados con antelación sobre posibles alternativas al desalojo o posibilidades de reasentamiento.
  • En agosto entraron en vigor nuevas disposiciones legales que permitían expulsar de Italia a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que no cumplieran los requisitos establecidos en la Directiva de la UE sobre el Derecho de Libre Circulación y no hubieran acatado la orden de abandonar el país en un plazo determinado. Preocupaba que estas disposiciones pudieran aplicarse de manera discriminatoria y sirvieran para allanar el camino a la expulsión selectiva de miembros de determinadas minorías étnicas, especialmente la romaní.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Las autoridades italianas no subsanaron las deficiencias en la legislación que castigaba los crímenes de odio. Como consecuencia, las víctimas de delitos basados en su orientación sexual y en su identidad y expresión de género no recibían la misma protección que las de delitos motivados por otras formas de discriminación.

  • El Parlamento rechazó en julio un anteproyecto de ley sobre delitos homofóbicos y transfóbicos al considerar que era incompatible con la Constitución italiana.
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Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Al término del año, más de 52.000 personas habían llegado por mar –principalmente a la isla de Lampedusa– desde el norte de África, cantidad muy superior a la de años anteriores. La respuesta de las autoridades fue inadecuada y dio lugar a violaciones de derechos humanos de solicitantes de asilo, migrantes y refugiados. Hubo expulsiones colectivas sumarias, violaciones del principio de no devolución (non-refoulement) y detenciones ilegales, entre otras medidas. Existía profunda preocupación por el hecho de que la aplicación de los acuerdos para el control de la migración firmados con varios países norteafricanos, como Libia, Túnez y Egipto, estuviera dando lugar a expulsiones sumarias y a que se negara protección internacional a los solicitantes de asilo. Las condiciones en los centros de acogida y detención distaban de cumplir las normas internacionales, y los refugiados y solicitantes de asilo quedaban en la indigencia.

  • En marzo se desencadenó una crisis humanitaria en la isla de Lampedusa al no trasladar las autoridades a tiempo a un número suficiente de personas a Sicilia u otras regiones de Italia. Miles de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo quedaron abandonados a su suerte allí, soportando penosas condiciones: muchos tuvieron que dormir a la intemperie, con escaso o nulo acceso a servicios de higiene y saneamiento.
  • En abril, el gobierno llegó a un acuerdo con las autoridades de Túnez que permitía la expulsión sumaria de ciudadanos tunecinos. Como en el caso de otros acuerdos para el control de la migración, no se reveló su contenido íntegro a la opinión pública.
  • En junio, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con el Consejo Nacional de Transición libio relativo al control de la migración, por el que ambas partes se comprometían a implementar los acuerdos existentes. Se temía que, como en años anteriores, a causa de ello se negara a los solicitantes de asilo el acceso a los procedimientos para solicitar protección internacional y se violara el principio de no devolución.
  • El 21 de agosto, las autoridades violaron el principio de no devolución cuando barcos italianos interceptaron una embarcación que se dirigía a Lampedusa y la obligaron a regresar al norte de África. Según informes, no fue un episodio aislado, ya que este tipo de operaciones se realizaban de manera habitual.
  • En septiembre, un grupo de personas recluidas en el masificado centro de acogida y primeros auxilios de Lampedusa provocaron un incendio en señal de protesta por su detención y la amenaza de repatriación por parte de las autoridades italianas. El fuego destruyó la mayoría de las instalaciones del centro. Algunos de los evacuados se manifestaron posteriormente en las calles de Lampedusa. Estallaron enfrentamientos con la policía italiana y algunos habitantes de la isla, con el resultado de varios heridos. Las autoridades italianas respondieron a los hechos reanudando los traslados a otros lugares de Italia.

La legislación aprobada en agosto para incorporar la directiva sobre retornos de la Unión Europea al derecho nacional violaba el derecho de los migrantes a la libertad. De acuerdo con ella, se ampliaba de 6 a 18 meses el periodo máximo de detención de una persona exclusivamente para fines de control de la inmigración. Asimismo, no recogía importantes salvaguardias de la directiva sobre retornos, por lo que menoscababa la promoción del retorno voluntario y en cambio favorecía la detención y el traslado forzoso.

Tras la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa de El Dridi en abril, la pena de entre uno y cuatro años de cárcel impuesta por incumplimiento de la orden de abandonar el país se sustituyó por una multa en agosto. Se había pedido al Tribunal que evaluara si la legislación italiana se ajustaba a la directiva sobre retornos de la UE.

En octubre, varias organizaciones, entre ellas el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– y la Organización Internacional para las Migraciones, denunciaron que se les había denegado el acceso, en Bari, a 150 personas que habían sido interceptadas en el mar. De ellas, más de 70 fueron repatriadas en el acto. Todas las organizaciones participaban junto con el gobierno en la implementación del Proyecto Praesidium, dirigido a mejorar la capacidad y la calidad de la acogida de personas que pudieran necesitar protección internacional.

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Seguridad y medidas antiterroristas

La trayectoria del gobierno en materia de aplicación de la legislación antiterrorista siguió siendo motivo de preocupación.

  • En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en la causa de Toumi v. Italy que Italia había violado la prohibición de la tortura y otros malos tratos durante la expulsión de un hombre a Túnez en 2009. Determinó que Ali Ben Sassi Toumi, ciudadano tunecino condenado por delitos de terrorismo, había sido devuelto de Italia a Túnez en incumplimiento de una orden del propio Tribunal para que se suspendiera su traslado. Asimismo sostuvo que las garantías diplomáticas de trato humano ofrecidas por el gobierno tunecino con antelación a la expulsión no eliminaban el peligro de tortura y otros malos tratos.

Detenidos de Guantánamo

Los medios de comunicación informaron en abril de la expulsión de Italia a Túnez de Adel Ben Mabrouk, ciudadano tunecino detenido en Guantánamo y transferido a Italia en 2009. En febrero había sido declarado culpable de delitos de terrorismo pero había quedado en libertad tras permanecer en prisión preventiva, ya que el tribunal había contabilizado los años de detención en Guantánamo como pena cumplida.

Entregas

Los recursos presentados ante el Tribunal de Casación en la causa relacionada con la entrega del ciudadano egipcio Abu Omar en 2003 seguían pendientes. En diciembre de 2010, el Tribunal de Apelación de Milán había confirmado las sentencias condenatorias contra 25 funcionarios italianos y estadounidenses implicados en el secuestro de Abu Omar en una calle de Milán y les había impuesto penas de hasta nueve años de cárcel. También había confirmado la retirada de las acusaciones contra cinco altos cargos de los servicios de inteligencia italianos por razones de secreto de Estado. Los 23 funcionarios estadounidenses condenados habían sido juzgados in absentia. Tras su secuestro, la CIA había trasladado ilegalmente a Abu Omar de Italia a Egipto, donde había permanecido recluido en secreto y, al parecer, sufrido torturas.

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Tortura y otros malos tratos

Persistieron las noticias sobre casos de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se habían establecido mecanismos efectivos para evitar los malos tratos policiales ni se habían tomado medidas concretas para garantizar investigaciones adecuadas y, en su caso, el procesamiento de todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley implicados en violaciones de derechos humanos. Las autoridades no ratificaron el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ni establecieron un mecanismo nacional e independiente de prevención de la tortura y los malos tratos. Tampoco se tipificó la tortura como delito específico en la legislación penal ordinaria.

Juicios relacionados con la cumbre del G-8 en Génova

Seguían pendientes ante el Tribunal de Casación los recursos contra los fallos dictados en segunda instancia por el Tribunal de Apelación de Génova en los juicios a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personal médico y guardias de prisiones por los malos tratos infligidos a manifestantes en la cumbre del G-8 en Génova en 2001.

  • En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que no se había violado el derecho a la vida en relación con la muerte del manifestante Carlo Giuliani el 20 de julio de 2001 en las calles de Génova. La investigación sobre los disparos con resultados mortales realizados por un agente encargado de hacer cumplir la ley había concluido en mayo de 2003, cuando la jueza instructora resolvió que el agente había actuado en defensa propia y no procedía presentar cargos en su contra.

Muertes bajo custodia

  • En junio, el tribunal de apelación de Bolonia confirmó el fallo condenatorio dictado en primera instancia contra cuatro agentes de policía por el homicidio ilegítimo de Federico Aldrovandi, de 18 años. La condena inicial a tres años y seis meses de prisión se les conmutó por otra de sólo seis meses en aplicación de la legislación sobre indultos. Federico Aldrovandi había muerto en 2005 después de que unos agentes le dieran el alto en la localidad de Ferrara. Se presentaron recursos de apelación ante el Tribunal de Casación. En mayo, uno de los tres agentes de policía condenados en 2010 a 8, 10 y 12 meses de cárcel, respectivamente, por ayudar a desviar la investigación recibió una condena condicional de otros 3 meses. En enero, un cuarto agente fue absuelto del cargo de participar en la desviación de las investigaciones.
  • En marzo comenzó el juicio contra un guardia de prisiones por omisión de socorro a Aldo Bianzino y otros delitos. Aldo Bianzino había muerto en la cárcel en 2007, en la localidad de Perugia, a los dos días de su detención. En 2009 se habían sobreseído las actuaciones por homicidio contra agresores no identificados.
  • Seguía abierto el juicio en relación con la muerte de Stefano Cucchi. Seis médicos, tres profesionales de enfermería y tres guardias de prisiones estaban acusados de abuso de autoridad y de funciones, causar lesiones y omisión de socorro. En enero, un alto cargo de la administración penitenciaria fue condenado a dos años de cárcel por falsificación de documento público y abuso del cargo. Stefano Cucchi había muerto en octubre de 2009, varios días después de su detención, en la sección penitenciaria de un hospital de Roma.
  • Seguían en curso las investigaciones sobre los malos tratos presuntamente infligidos bajo custodia policial a Giuseppe Uva horas antes de su muerte, ocurrida en junio de 2008 en un hospital de Varese. Continuó abierta la causa contra un médico por homicidio culposo, presuntamente debido a la aplicación de un tratamiento médico equivocado. En diciembre se exhumó el cadáver para realizar un nuevo examen forense.
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