Guinea-Bissau

Human Rights in República de Guinea-Bissau

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Guinea-bissau is now live »

Jefe del Estado
Malam Bacai Sanhá
Jefe del gobierno
Carlos Gomes Júnior
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
1,5 millones
Esperanza de vida
48,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
192,6 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
52,2 por ciento

Información general

Los magistrados y otros funcionarios de justicia se declararon en huelga en varias ocasiones durante el año para exigir mejoras salariales y laborales.

En febrero, la Unión Europea suspendió parcialmente la ayuda al desarrollo. También amenazó con congelar los activos e imponer prohibiciones de visados a varios oficiales militares y otros funcionarios sospechosos de implicación en narcotráfico y de poner en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad. La Unión Europea reiteró su exigencia de una investigación sobre los homicidios políticos que tuvieron lugar en 2009.

En marzo, 600 policías y militares angoleños fueron desplegados en el marco de la Misión Militar de Angola en Guinea-Bissau (MISSANG), con el objetivo de ayudar en la capacitación y la reforma del sector de la seguridad del país. El gobierno de Angola había acordado aportar fondos y formación para la reforma de las fuerzas armadas y la policía una vez que la Unión Europea dio por concluida en septiembre de 2010 su misión de apoyo a la reforma del sector de la seguridad.

En junio, la Asamblea Nacional aprobó varias nuevas leyes, entre ellas una que prohibía la mutilación genital femenina y otra cuyo objetivo era prevenir y penalizar la trata de personas. Las dos fueron promulgadas en julio y entraron en vigor con efecto inmediato.

En julio, miles de personas participaron en manifestaciones organizadas por 10 partidos políticos de oposición en la capital, Bissau, para protestar contra la falta de avances en la investigación de los homicidios políticos de 2009. Los manifestantes exigían también la renuncia y el procesamiento del primer ministro y de otras personas a las que acusaban de ser responsables de los homicidios.

En agosto, el fiscal general nombrado recientemente se comprometió a combatir la corrupción, la delincuencia organizada y la impunidad.

A finales de diciembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas anunció que se había sofocado un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares y civiles, entre ellos un ex ministro y un parlamentario. Otras informaciones apuntaban a una insurrección militar provocada por los enfrentamientos entre los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la Marina. Según la información recibida, se arrestó a cerca de 50 personas –en su mayoría soldados– y unas 10 fueron liberadas sin cargos poco después. Al menos 25 personas seguían en prisión.

Top of page

Ejecuciones extrajudiciales

El 27 de diciembre, la Policía de Intervención Rápida ejecutó extrajudicialmente a Iaia Dabó, cuando éste se preparaba para entregarse a la policía judicial. Se creía que había participado en el intento de un presunto golpe de Estado el día anterior. Al concluir el año no se había detenido a nadie en relación con su muerte. Iaia Dabó era hermano de un político que había perdido la vida en junio de 2009 a manos del ejército tras ser acusado de participación en otro presunto golpe de Estado.

Top of page

Impunidad

No se había puesto a nadie a disposición de la justicia por los homicidios de políticos y militares de alta graduación cometidos en 2009 y en años anteriores.

En marzo, el entonces fiscal general anunció que las investigaciones sobre el homicidio del presidente João Bernardo Vieira y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Tagme Na Waie, habían llegado a un callejón sin salida debido a las dificultades para reunir pruebas.

En mayo, el fiscal anunció también que no existían pruebas de que se hubiera producido un intento de golpe de Estado en junio de 2009, y archivó provisionalmente la investigación. Asimismo, remitió al Tribunal Superior Militar el caso de dos políticos que perdieron la vida en el presunto golpe de Estado, pues consideraba que ese caso era competencia de dicho tribunal. El Tribunal Superior Militar refutó esta opinión, y se trasladó el caso al Tribunal Supremo. Al terminar el año no se había tomado decisión alguna acerca de quién debía hacerse cargo del caso.

Top of page

Violencia contra mujeres y niñas

Mutilación genital femenina

En julio se aprobó una nueva ley que prohibía la mutilación genital femenina y prescribía penas de entre uno y cinco años de cárcel para las personas que la practicaran. En octubre, dos mujeres que practicaban la mutilación genital femenina y otra mujer fueron detenidas en la localidad de Bafatá, en el este del país, tras ser acusadas de someter a cuatro niñas a mutilación genital femenina en septiembre. Las cuatro niñas, que estaban emparentadas y tenían entre 2 y 5 años, fueron llevadas por su abuela para someterlas a la extirpación. La abuela fue una de las personas detenidas en octubre. Al cabo de unos días, las tres mujeres quedaron en libertad condicional en espera de investigaciones adicionales, y debían presentarse a diario en la oficina local de la fiscalía. Al terminar el año el caso no había llegado a los tribunales.

Top of page

Libertad de expresión: periódicos

En abril, el gobierno ordenó el cierre del semanario Última Hora tras la publicación de un artículo en el que citaba pasajes de un informe oficial pero todavía inédito que al parecer implicaba al entonces jefe del Estado Mayor de la Armada en el homicidio del presidente Vieira. Tras la condena generalizada de grupos de la sociedad civil, el gobierno negó que hubiera ordenado el cierre del periódico. Sin embargo, el gobierno advirtió a todos los periódicos que fueran prudentes con sus informaciones o de lo contrario perderían sus licencias.

Top of page