Emiratos Árabes Unidos

Human Rights in Emiratos Árabes Unidos

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
UAE is now live »

Jefe del Estado
Shaij Jalifa bin Zayed al Nahyan
Jefe del gobierno
Shaij Mohamed bin Rashid al Maktum
Pena de muerte
retencionista
Población
7,9 millones
Esperanza de vida
76,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
7,4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90 por ciento

Información general

Para evitar posibles protestas inspiradas en los levantamientos de otras zonas de la región, el gobierno prometió “condiciones de vida dignas” y anunció grandes aumentos de las pensiones en las fuerzas armadas, así como ayudas para pan y arroz. En febrero amplió el número de personas con derecho al voto en las segundas elecciones que se celebraban en el país al Consejo Nacional Federal, de cuyos 40 escaños sólo 20 se ocupaban por elección. En marzo, más de 130 personas firmaron una petición dirigida al presidente y al Consejo Supremo para pedir elecciones libres por sufragio universal y poderes legislativos para el Consejo Nacional Federal. En noviembre, el presidente prometió otorgar más derechos a la ciudadanía.

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Libertad de expresión y asociación

Las personas que criticaban al gobierno o a países amigos se exponían a ser detenidas.

  • Hassan Mohammed Hassan al Hammadi, miembro de la junta directiva de la Asociación de Maestros, fue detenido el 4 de febrero y, según informes, acusado de “alterar la seguridad pública” por haber apoyado públicamente las manifestaciones de Egipto en favor de reformas. Fue recluido en la sede de los servicios de Seguridad del Estado en Abu Dabi hasta el 17 de febrero, fecha en que salió en libertad en espera de ser juzgado. El juicio comenzó en noviembre.
  • En abril fueron detenidas seis personas vinculadas a UAE Hewar, foro de discusión en Internet bloqueado por las autoridades emiratíes. Tras una semana, una de ellas quedó en libertad, pero las restantes, conocidas como “los cinco de Emiratos Árabes Unidos”, comparecieron en juicio en junio por cargos de difamación relativos a artículos publicados en UAE Hewar. Se trataba, en concreto, de Ahmed Mansoor, activista de derechos humanos y bloguero; Nasser bin Ghaith, profesor universitario que propugnaba reformas políticas, y Fahad Salim Dalk, Ahmed Abdul Khaleq y Hassan Ali al Khamis, ciberactivistas. Todos ellos fueron considerados presos de conciencia. Inicialmente, el juicio se celebró a puerta cerrada, pero más tarde se permitió el acceso a observadores internacionales, incluida una abogada que se desplazó a Emiratos Árabes Unidos en nombre de Amnistía Internacional y otras ONG internacionales. El 22 de noviembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que Ahmed Mansoor había sido detenido arbitrariamente debido al “ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión” y que iba a ser sometido a un juicio injusto. El Grupo instaba al gobierno a liberarlo y concederle una reparación adecuada. Sin embargo, el 27 de noviembre, Ahmed Mansoor fue condenado a tres años de prisión, y los cuatro hombres restantes, a dos. Todos ellos quedaron en libertad al día siguiente en virtud de un indulto presidencial, si bien no se eliminaron sus antecedentes penales.

En abril, el Ministerio de Asuntos Sociales emprendió acciones contra cuatro ONG que habían firmado ese mismo mes una carta conjunta pidiendo reformas. El Ministerio sustituyó a las juntas directivas de la Asociación de Juristas, la Asociación de Maestros y otras dos organizaciones por personas designadas por el gobierno.

En diciembre, el gobierno retiró la nacionalidad emiratí a seis hombres, alegando razones de seguridad y su presunta vinculación con un grupo islamista. Algunos de ellos habían firmado la petición dirigida al presidente en marzo. Según la información recibida, a otro hombre también se le había retirado la nacionalidad 10 meses antes por razones similares.

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Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica, y sufriendo actos de violencia por motivos de género en el seno familiar entre otros ámbitos. El gobierno no avanzó prácticamente en la aplicación de la recomendación formulada a principios de 2010 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que lo había instado a adoptar medidas integrales para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar.

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Derechos de las personas migrantes

Los trabajadores migrantes extranjeros no gozaban de protección adecuada contra la explotación y los abusos de sus empleadores. En febrero se tuvo noticia de que había migrantes que habían perdido sus empleos en la industria de la construcción y se encontraban atrapados en Emiratos Árabes Unidos, al haberles retenido sus empleadores el salario o el pasaporte. Muchos de ellos vivían en condiciones lamentables en campos de trabajo.

Las trabajadoras domésticas extranjeras eran especialmente vulnerables, y, según los informes recibidos, muchas de ellas cumplían por poco dinero prolongados horarios de trabajo y eran víctimas de abusos a manos de sus empleadores o sus patrocinadores en Emiratos Árabes Unidos. Según un informe del gobierno publicado en septiembre, durante los ocho meses anteriores las autoridades de Dubai habían detenido a no menos de 900 trabajadoras domésticas que habían huido del domicilio de sus empleadores.

En diciembre, la Confederación Sindical Internacional criticó la legislación laboral de Emiratos Árabes Unidos por no permitir que los sindicatos existieran o funcionaran libremente, por negar el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, y por otorgar al ministro de Trabajo el poder para poner fin a las huelgas de manera unilateral y forzar a las personas a volver al trabajo.

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Pena de muerte

Siguieron dictándose sentencias de muerte. Se tuvo constancia de una ejecución: en febrero, un hombre condenado por la violación y el asesinato de un niño fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Dubai. Se creía que ésta había sido la primera ejecución desde 2008.

Las condenas a muerte que se habían impuesto en 2010 a 17 ciudadanos indios declarados culpables de asesinato se anularon cuando éstos accedieron a pagar la diya o dinero de sangre a la víctima, pero al no llegarse a un acuerdo sobre la cantidad no salieron en libertad.

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