Bosnia y Herzegovina

Human Rights in República deBosnia y Herzegovina

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bosnia-Herzegovina is now live »

Jefe del Estado
presidencia de carácter rotativo: Željko Komšić, Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović
Jefe del gobierno
Nikola Špirić
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
3,8 millones
Esperanza de vida
75,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
14,4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,8 por ciento

Información general

La retórica nacionalista y disgregadora debilitó las instituciones estatales, entre ellas el poder judicial. La falta de voluntad de los principales partidos políticos para ponerse de acuerdo tras las elecciones generales de octubre de 2010 dio lugar a una situación de parálisis política. A finales de diciembre, 15 meses después de las elecciones, se acordó la composición del Consejo de Ministros, pero aún no se habían aprobado los presupuestos; la financiación del Estado era temporal.

Ratko Mladić, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska, fue detenido en Serbia en mayo (véase el apartado sobre Serbia) y transferido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

La comunidad internacional mantuvo su presencia en Bosnia y Herzegovina. Unos 1.300 soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Europea (UE) continuaron en el país. En junio se decidió poner fin a la Misión de Policía de la UE en Bosnia y Herzegovina antes del fin de junio de 2012. Prosiguieron las negociaciones con la UE para la adhesión, y en junio se inició el Diálogo Estructurado UE-Bosnia y Herzegovina sobre Justicia, proceso formal consultivo sobre asuntos judiciales. En septiembre se consolidó la presencia de la UE en el país cuando Peter Sørensen asumió oficialmente el cargo de representante especial de la UE para Bosnia y Herzegovina.

En una resolución adoptada en noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó el papel independiente del alto representante de la ONU en Bosnia y Herzegovina –cuyo titular seguía siendo Valentin Inzko– como “autoridad máxima en el teatro de operaciones en lo tocante a la interpretación de la aplicación de los aspectos civiles del Acuerdo de Paz”.

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Justicia internacional

Al final de 2011 había pendientes seis causas por crímenes de guerra relativas a Bosnia y Herzegovina ante la sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Otras tres estaban en fase de apelación.

  • En septiembre, tras un juicio que había durado más de dos años, el Tribunal declaró al ex jefe del Estado Mayor del Ejército yugoslavo, Momčilo Perišić, culpable de crímenes de lesa humanidad y de violaciones de las leyes y costumbres de la guerra por su complicidad en asesinatos, actos inhumanos, persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos y ataques contra civiles en Sarajevo y Srebrenica, y lo condenó a 27 años de cárcel. Momčilo Perišić presentó recurso de apelación por 17 motivos en noviembre.
  • Continuaron las actuaciones judiciales contra el ex dirigente bosnio Radovan Karadžić. En 2011, el Tribunal examinó las pruebas sobre crímenes cometidos en el noroeste de Bosnia y Herzegovina –incluidos los de los campos de Manjača y Trnopolje y los homicidios ilegales perpetrados en los acantilados de Korićanske–, así como sobre otros muchos crímenes cometidos durante el conflicto de 1992-1995.
  • El 31 de mayo fue transferido al Tribunal Ratko Mladić, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska. En octubre se presentó contra él un acta modificada de acusación formal que contenía cargos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Inicialmente en una sola acta de acusación, tanto Radovan Karadžić como Ratko Mladić habían sido procesados por genocidio y por exterminio, terrorismo, asesinato, persecución, expulsión, actos inhumanos, actos de violencia, ataques ilegítimos contra civiles y toma de rehenes, constitutivos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En diciembre, el Tribunal admitió la propuesta de la fiscalía de reducir el número de cargos incluidos en el acta de 196 a 106 y de limitar el número de municipios afectados de 23 a 15.
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Sistema de justicia: delitos de derecho internacional

El sistema de justicia nacional continuó inmerso en el ingente trabajo atrasado sobre causas abiertas por crímenes de guerra. Se retrasó la aplicación de la Estrategia Nacional de Enjuiciamiento de los Crímenes de Guerra, principalmente debido a la falta de apoyo político y económico. También dificultaron la resolución de las causas por crímenes de guerra los obstáculos políticos que impedían mejorar la cooperación regional, como el hecho de que no se eliminaran los impedimentos jurídicos para extraditar a presuntos criminales de guerra entre Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro. En junio se estancó una propuesta de acuerdo bilateral entre Serbia y Bosnia y Herzegovina para resolver el problema de las investigaciones paralelas sobre casos de crímenes de guerra.

Concluyeron seis procesos sobre 10 acusados de nivel inferior e intermedio transferidos al Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, conocidos como “procesos 11bis”. Sin embargo, el enjuiciamiento de delitos de derecho internacional ante tribunales nacionales de Bosnia y Herzegovina continuó avanzando con lentitud. La práctica continuada de aplicar de forma no armonizada el derecho penal en las causas por crímenes de guerra –debido a que se aplicaba el Código Penal de 1976 a las causas abiertas ante los tribunales de las distintas entidades– obstaculizaba gravemente la acción justa y eficaz de la justicia. Entre otras cosas, impedía calificar actos como crímenes de lesa humanidad, no permitía iniciar procesamientos basados en la responsabilidad de mando y comportaba desigualdad ante la ley debido a la levedad de las penas preceptivas mínimas y máximas por crímenes de guerra.

La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina seguía desempeñando el papel principal en el enjuiciamiento de crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, los ataques verbales a ésta y otras instituciones judiciales dedicadas a investigar y enjuiciar los crímenes de guerra y la negación por parte de altos cargos políticos de este tipo de crímenes –como el genocidio perpetrado en Srebrenica en julio de 1995– menoscabaron los esfuerzos del país en este ámbito. Además, las autoridades no recogieron información sobre el total de investigaciones y enjuiciamientos de todos los niveles iniciados por delitos de derecho internacional.

En enero se amplió la prestación de servicios de apoyo a testigos en el ámbito estatal para que abarcara el periodo previo al juicio. Sin embargo, en las causas abiertas en las entidades siguieron sin existir medidas de apoyo y protección, a pesar de que la Estrategia Nacional de Enjuiciamiento de los Crímenes de Guerra consideraba necesaria su adopción. Esta situación disuadía a las víctimas de intentar obtener justicia. Se presentó una propuesta de reforma de la ley que permitiese a las fiscalías de las entidades solicitar el Programa de Protección de Testigos de Bosnia y Herzegovina, pero su aprobación requería un apoyo parlamentario generalizado.

Las autoridades no pusieron en marcha un programa integral de reparación a las víctimas de delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto.

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Derechos de las mujeres

Sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra

El Comité de la ONU contra la Tortura recomendó en enero que la legislación que penalizaba la violación y otras formas de violencia sexual constitutivas de crímenes de guerra se pusiera en consonancia con las normas internacionales, pero el gobierno no introdujo los cambios necesarios. El Código Penal de Bosnia y Herzegovina de 2003 exigía que la víctima hubiera sido objeto de fuerza o amenazada de ataque inminente contra su vida o su integridad física. Se argumentaba que este requisito no tenía en cuenta las circunstancias del conflicto armado, que podían considerarse coercitivas y, por tanto, viciar el consentimiento de las relaciones sexuales.

Aunque el número de procesamientos e investigaciones relacionados con crímenes de guerra de violación y otras formas de violencia sexual cometidos durante la guerra había aumentado desde 2010, continuó siendo escaso en comparación con la elevada incidencia de delitos de violación y otras formas de violencia sexual durante el conflicto.

La fiscalía informó a Amnistía Internacional en junio de que había 100 causas en las que estaba llevando a cabo investigaciones por cargos de violación y otras formas de violencia sexual, y de que el Tribunal Estatal había confirmado 6 actas de acusación formal. Sólo se había dictado sentencia definitiva en 21 causas desde 2005. Las autoridades no determinaron el número total de casos de este tipo investigados y enjuiciados en las entidades.

En la mayor parte del país, sobre todo en las zonas rurales, las sobrevivientes no podían disfrutar de su derecho a una reparación y eran estigmatizadas como víctimas de violación. En particular no podían acceder a servicios médicos adecuados ni siquiera cuando sus dolencias eran consecuencia de violación. Sólo algunas de las que sufrían trastorno de estrés postraumático pudieron solicitar asistencia psicológica. Muchas sobrevivientes vivían en la pobreza y la mayoría no recibía ayuda para encontrar trabajo o continuar sus estudios.

Además, como todas las demás víctimas civiles de la guerra, las sobrevivientes eran discriminadas en el acceso a prestaciones sociales en comparación con los combatientes de guerra. El Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados preparó el borrador de una nueva Ley sobre los Derechos de las Víctimas de Tortura y las Víctimas Civiles de Guerra y estableció un grupo de trabajo encargado de elaborar un programa para mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto y con posterioridad, pero ambas medidas requerían mayor elaboración y su posterior adopción.

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Desapariciones forzadas

Continuaron las exhumaciones a pesar de que la falta de gobierno causó problemas de asignación presupuestaria para ese fin. En enero, la Fiscalía del Estado asumió el control de las exhumaciones que anteriormente habían dirigido fiscales locales, lo que contribuyó a acelerar la recuperación de restos de personas desaparecidas enterrados en fosas comunes y clandestinas. Había aún unas 10.000 personas de las que seguía sin saberse nada. La renuencia de testigos con información privilegiada a facilitar datos sobre las fosas comunes seguía siendo el principal obstáculo en el proceso.

En febrero se creó el Registro Central de Personas Desaparecidas como base de datos permanente en Bosnia y Herzegovina. En él se reunieron y verificaron los nombres de unas 34.000 personas a partir de varias bases de datos existentes. Estaba previsto que la base de datos sirviera al Instituto de Personas Desaparecidas, de carácter estatal, para abordar estratégicamente los casos pendientes.

A pesar de las precisas identificaciones por comprobación del ADN realizadas en los últimos años por la Comisión Internacional sobre Desaparecidos, empezó a decaer el ritmo del proceso de identificación. Según informó la Comisión, ya se habían identificado mediante métodos clásicos unos 8.000 cadáveres. Pero, dada la existencia de cientos de fosas comunes secundarias, la recuperación de partes de cadáveres de personas ya identificadas y enterradas podía continuar durante años.

A pesar de los avances en la recuperación e identificación de restos de personas desaparecidas y en el procesamiento de autores de crímenes, siguió negándose a las familias de las víctimas el derecho a obtener justicia y reparación.

La falta de aplicación de la Ley sobre Personas Desaparecidas de 2004 ocasionó problemas a los familiares, entre otros que el Instituto de Personas Desaparecidas no funcionara independientemente y que no se hubiera creado un fondo de ayuda para ellos. Además, siguieron sin ejecutarse numerosas sentencias del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina sobre causas relacionadas con desapariciones forzadas.

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Personas refugiadas y desplazadas internamente

Los datos oficiales de la ONU, que señalaban más de un millón de retornados en todo Bosnia y Herzegovina, no reflejaban el número de refugiados y desplazados internos que realmente habían regresado a sus hogares de antes de la guerra. La sostenibilidad del retorno seguía siendo un problema para los que querían volver, ya que se enfrentaban a discriminación en el acceso a asistencia médica, pensiones, protección social y empleo.

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, casi 8.600 personas aún vivían en 159 centros colectivos u otros lugares de alojamiento temporal 16 años después de la guerra. Estos centros carecían de servicios básicos, como agua corriente, calefacción y electricidad, y todavía no se habían encontrado soluciones duraderas para las personas especialmente vulnerables que residían en ellos.

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Discriminación

Derechos de las minorías

Las autoridades no dieron cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de diciembre de 2009 en la causa entablada por Dervo Sejdić, romaní, y Jakob Finci, judío.

Los demandantes habían denunciado que se les negaba el derecho a postularse para ocupar cargos en instituciones estatales por no pertenecer a ninguno de los grupos étnicos dominantes, ya que ese derecho se reservaba a musulmanes bosnios, croatas y serbios en virtud de la ordenación jurídica vigente. El Tribunal había fallado que tanto el marco constitucional como el sistema electoral discriminaban a los demandantes y que las autoridades tenían la obligación de corregir esta discriminación.

Al término de 2011, el Parlamento estableció otra comisión temporal encargada de redactar las reformas de la legislación pertinente.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En su informe de progreso de 2011, la Comisión Europea informó de discriminación generalizada contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero; amenazas y hostigamiento a activistas de sus derechos e intolerancia y apología del odio por parte de políticos y medios de comunicación hacia esta comunidad. Al final del año no se habían observado avances.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina siguieron conculcando los derechos de algunas personas que se habían asentado en su territorio durante la guerra o con posterioridad y que más adelante habían obtenido la nacionalidad. Como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Comisión Estatal para el Examen de Decisiones sobre Naturalización de Ciudadanos Extranjeros, algunas perdieron la ciudadanía y fueron objeto de actuaciones encaminadas a su expulsión. Aún no se habían aplicado las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura relativas a la devolución.

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