Europa y Asia Central

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Human Rights by region

Unos policías maltratan a un activista político durante una protesta en Bakú (Azerbaiyán), 12 de marzo de 2011.

© Amnistía Internacional


Estoy muy contento de estar en libertad. Le estoy sumamente agradecido a Amnistía Internacional, que ha hecho campaña desde el principio. En mi opinión, ustedes me han salvado. Gracias a todas las personas que han tuiteado. 
Eynulla Fatullayev, periodista y preso de conciencia de Bakú, Azerbaiyán

 

Un día de primavera, de madrugada, llegó a su fin en un pequeño pueblo de Serbia una de las mayores operaciones de búsqueda y captura de la historia europea. El general Ratko Mladić, buscado entre otras cosas por el asesinato de 8.000 varones adultos y menores de edad en Srebrenica, por fin compareció ante la justicia. Dos meses después, el serbocroata Goran Hadžić, último prófugo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, también fue detenido en Serbia y, posteriormente, trasladado a La Haya.

Estas detenciones fueron dos hitos para las víctimas de los terribles crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia durante los conflictos armados de la década de 1990. Ordenadas hacía tiempo, permitieron a los sobrevivientes abrigar esperanzas de obtener al fin verdad, justicia y reparación. Sin embargo, otras muchas personas seguían esperando en toda la región a que se les brindara también la oportunidad de ver que se hacía justicia sin más demoras.   

Libertad de expresión

En agudo contraste con los movimientos de esperanza y cambio surgidos en todo el mundo árabe, los regímenes autocráticos de varios Estados sucesores de la Unión Soviética reforzaron su control del poder. Aplastaron las protestas, detuvieron a líderes de la oposición y silenciaron las voces disidentes. La esperanza que había acompañado a la desintegración de la Unión Soviética 20 años atrás debió de parecer a muchos un recuerdo lejano.

En Bielorrusia se prohibieron y disolvieron las protestas por el presunto fraude electoral del año anterior, se detuvo y multó a cientos de manifestantes y se impusieron restricciones aún más draconianas a la libertad de reunión. También se actuó contra las ONG de derechos humanos que expresaron críticas. En Azerbaiyán, las manifestaciones contra el gobierno estaban prohibidas en la práctica, y los intentos de protesta de un reducido número de personas críticas con el gobierno desencadenaron una nueva campaña de represión e intimidación. Las manifestaciones convocadas en marzo y abril para protestar por la corrupción y pedir mayores libertades civiles y políticas se prohibieron sin justificación y se disolvieron por medios violentos a pesar de su carácter pacífico. Como en Bielorrusia, los periodistas y las ONG que expresaron críticas también sufrieron la dura respuesta de las autoridades: se cerraron cinco organizaciones de derechos humanos, y varios periodistas informaron de casos de intimidación y acoso inmediatamente después de las protestas.

En Asia Central, Turkmenistán y Uzbekistán continuaron restringiendo gravemente el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Se seguía negando la inscripción en el registro a los partidos políticos realmente de oposición y, con raras excepciones, no se permitía actuar libremente a los activistas sociales. Se vigilaba por sistema a los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos críticos con el gobierno, que corrían peligro de sufrir palizas, detención y juicio injusto. En Tayikistán, Kazajistán y Kirguistán se celebraron nuevos juicios sin las debidas garantías y hubo casos de hostigamiento de personas que criticaban al gobierno y ponían al descubierto abusos cometidos por funcionarios públicos.

En Rusia no hubo un panorama uniforme. Como en otras partes de la región, se hostigó, intimidó y sometió a palizas a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas por denunciar abusos. A menudo se prohibieron manifestaciones antigubernamentales y se impusieron multas o breves periodos de reclusión a sus organizadores y a los participantes en ellas. La mayoría de los principales medios de comunicación y cadenas de televisión continuaban sometidos a la poderosa influencia de las autoridades locales y nacionales, algo habitual en la región. Sin embargo, el activismo cívico siguió creciendo, y hubo diversas causas que concitaron un apoyo popular generalizado, entre ellas la defensa del medio ambiente y la lucha contra los abusos cometidos por funcionarios públicos. Internet se mantuvo relativamente a salvo del control de las autoridades y creció en importancia como fuente alternativa de información y foro de intercambio de opiniones.

En este contexto, en diciembre tuvieron lugar las manifestaciones más multitudinarias que se celebraban en Rusia desde la desintegración de la Unión Soviética, desencadenadas por las denuncias generalizadas y los numerosos casos documentados de fraude electoral en las elecciones parlamentarias que habían supuesto el retorno al poder del partido Rusia Unida, del primer ministro Putin, con un porcentaje de votos considerablemente reducido. Las protestas espontáneas que se produjeron al principio en todo el país en los días inmediatamente posteriores a las elecciones fueron disueltas una tras otra, y cientos de personas fueron multadas o condenadas a breves periodos de cárcel. Las manifestaciones convocadas en Moscú durante las semanas siguientes no pudieron prohibirse dadas sus dimensiones, y transcurrieron de manera pacífica.

En Turquía, los periodistas con actitud crítica y los activistas políticos kurdos, entre otras personas, se exponían a ser sometidos a juicio sin garantías al denunciar la situación de la población kurda del país o criticar a las fuerzas armadas. Continuaron las amenazas de violencia contra personas destacadas por exponer abiertamente sus opiniones, y en noviembre entraron en vigor nuevas normativas que suscitaron más preocupación con respecto a la restricción arbitraria de sitios web.   

Personas en movimiento

En el contexto de la agitación política del norte de África y Oriente Medio, miles de refugiados y migrantes emprendieron la peligrosa aventura de intentar llegar por mar a Europa en busca de seguridad y un futuro estable, a menudo en embarcaciones sobrecargadas y sin condiciones para la navegación. Según cálculos conservadores, al menos 1.500 personas perecieron ahogadas en el intento, entre las que había niños y mujeres embarazadas. En lugar de tomar medidas para impedir esas muertes en el mar, como incrementar el número de operaciones de búsqueda y rescate, la respuesta de la Unión Europea fue aumentar la capacidad de Frontex, su agencia de seguridad de fronteras, para disuadir de llegar a Europa por el Mediterráneo. Se denunció que la OTAN no había rescatado a personas en situación de peligro en el mar, pese a que la principal justificación esgrimida para la intervención militar en Libia era evitar víctimas civiles.

Quienes sobrevivían al viaje solían encontrarse con una Europa más bien hostil. En lugar de una respuesta humanitaria a la crisis, la reacción característica de los Estados europeos siguió siendo la aplicación de un enfoque basado en el control de los flujos migratorios y en la vigilancia de las fronteras.

Miles de personas que consiguieron llegar a la isla italiana de Lampedusa soportaron duras condiciones de acogida como consecuencia de la falta de medidas de las autoridades italianas para responder a la creciente afluencia de refugiados y migrantes.

Los recién llegados a la isla a menudo quedaban abandonados a su suerte: muchos debían dormir a la intemperie, con acceso escaso o nulo a servicios de higiene y saneamiento. Llegar a las costas europeas tampoco era garantía de protección: en abril, tras un acuerdo entre el gobierno italiano y las autoridades tunecinas, Italia empezó a efectuar expulsiones sumarias y colectivas de tunecinos a Túnez.

Muchos países europeos, entre ellos Francia y Reino Unido, se negaron a reasentar en su territorio a personas desplazadas por el conflicto armado de Libia, a pesar de haber participado en él bajo el mando de la OTAN.

En toda la región, los Estados continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos asociadas a la interceptación, detención y expulsión de ciudadanos extranjeros, incluidas personas con derecho a recibir protección internacional. La detención como instrumento de disuasión y control era, más que un último recurso legítimo, una práctica generalizada.

Los sistemas de determinación del asilo defraudaban a menudo a quienes buscaban protección, entre otras cosas porque en países como Alemania, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza se aplicaban procedimientos acelerados que no contenían salvaguardias adecuadas contra la devolución a lugares donde hubiera peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos. Se devolvió a personas desde Turquía y Ucrania sin que hubieran tenido siquiera acceso a los sistemas de solicitud de asilo de estos países.

Tras la sentencia histórica dictada en enero por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa M.S.S. v. Belgium and Greece, varios Estados europeos suspendieron la devolución de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II, en vista de que el país carecía de un sistema operativo de determinación de los casos de asilo. No obstante, algunos Estados continuaron llevando a cabo devoluciones a países como Irak y Eritrea en contra de lo aconsejado por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, así como devoluciones de romaníes a Kosovo a pesar de que allí corrían peligro real de persecución y discriminación.

En toda la región, cientos de miles de personas continuaron desplazadas a causa de los conflictos derivados de la desintegración de la antigua Yugoslavia y la Unión Soviética, sin poder regresar a sus hogares debido en muchos casos a su condición jurídica –o la falta de ella– y a la discriminación que sufrían en el acceso a ciertos derechos, entre ellos el de tenencia de la propiedad.

Al negociar una nueva legislación de la UE sobre asilo, los Estados miembros no abordaron las deficiencias de sus sistemas de determinación del asilo y de las disposiciones relativas a la transferencia de solicitantes al primer país de la UE al que hubieran llegado.     

Discriminación

Aunque la discriminación seguía afectando a millones de personas en toda la región, los gobiernos continuaron sin dar prioridad a la aplicación de políticas para combatirla, aduciendo otras necesidades urgentes. Alegaron factores económicos, pese a que existían múltiples indicaciones de que las personas que ya sufrían marginación corrían el riesgo de que se agravaran las desigualdades que ya sufrían. O, sencillamente, intentaron eludir sus obligaciones, como hizo el gobierno neerlandés, que en julio declaró públicamente que la principal responsabilidad de erradicar la discriminación recaía en los ciudadanos.

De hecho, algunos gobiernos y autoridades, en lugar de contrarrestar los estereotipos y prejuicios que fomentaban la intolerancia y el odio, los reforzaron. La institución encargada de velar por la igualdad en Rumania llamó la atención al presidente del país en dos ocasiones por declaraciones contra los romaníes realizadas por televisión.

Tanto las legislaciones nacionales y como la legislación europea contra la discriminación siguieron presentando deficiencias. En algunos casos se perdió la oportunidad de solucionarlas debido a la reticencia de autoridades públicas o coaliciones de gobierno preocupadas por la posibilidad de que reforzar la protección sirviera de estímulo a la oposición política. En Moldavia hubo críticas a la inclusión de la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación en el nuevo proyecto de ley contra la discriminación, por lo que el proceso de aprobación se paralizó. En España no se aprobó un nuevo proyecto de ley contra la discriminación antes de las elecciones parlamentarias de noviembre. En el ámbito europeo, el Consejo de la Unión Europea continuó con el debate de la nueva legislación contra la discriminación en toda la UE presentada en 2008, si bien los participantes demostraron estar más interesados en suavizar las propuestas o archivarlas que en aprobarlas. Además, la Comisión Europea no hizo cumplir la legislación vigente, como la Directiva sobre la Igualdad Racial o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pese a las continuas infracciones de los Estados miembros.

En varias ocasiones se criticaron públicamente normas nacionales y regionales contra la discriminación y se cuestionó su legitimidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había tenido un papel fundamental en la aplicación de la prohibición de la discriminación consagrada en el Convenio Europeo y en el afianzamiento de la prohibición de discriminar por motivos específicos, como la identidad de género y la orientación sexual. Sentencias dictadas por el Tribunal en el pasado, como la que establecía que la segregación del alumnado romaní en las escuelas era discriminatoria, no se aplicaron en varios países, como la República Checa y Croacia.

La ratificación unánime de los principales instrumentos regionales de derechos humanos, que habría reforzado la protección, no se produjo. Por ejemplo, ningún país firmó ni ratificó en 2011 el Protocolo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación. Como dato más positivo, el Consejo de Europa aprobó en mayo el nuevo Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que a continuación firmaron 18 países de la región.

Además de no reforzar los mecanismos nacionales ni europeos para abordar la discriminación, algunos gobiernos se mostraron proclives a preservar instrumentos discriminatorios o a promover su creación. Numerosos Estados mantenían legislación, políticas y prácticas que discriminaban a los romaníes en el disfrute del derecho a la vivienda, y en varios países de la región, entre ellos Francia, Italia y Serbia, continuaron los desalojos forzosos de comunidades romaníes. En Rusia y Lituania se aprobaron propuestas legislativas que discriminaban a las personas por su identidad de género u orientación sexual.

La falta de protección jurídica integral y de una sólida defensa de los derechos por parte de quienes ocupaban puestos de autoridad volvió a tener consecuencias adversas para la vida de las personas. La hostilidad y la discriminación, frecuentemente promovidas por partidos populistas de signo ultraderechista contra minorías étnicas y religiosas y contra personas de determinada orientación o identidad sexual, seguían siendo motivo de preocupación en toda la región. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, además de migrantes y miembros de las comunidades romaní y musulmana, entre otros, fueron víctimas de ataques basados en el odio. Siguieron sin abordarse adecuadamente los crímenes de odio debido a lagunas en la legislación, sistemas de denuncia deficientes, investigaciones inadecuadas, defectos del sistema de justicia penal y falta de confianza en la policía. Los arraigados prejuicios y estereotipos también dieron lugar a conducta indebida basada en motivos étnicos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En muchos países de la región se sometió a debate la prohibición general del velo integral. En Bélgica y Francia entraron en vigor leyes nacionales al respecto. Los debates entablados en torno a estas medidas, que a menudo se basaron en suposiciones y no en datos fiables, contribuyeron a la estigmatización de la comunidad musulmana. Las autoridades esgrimían opiniones estereotipadas sobre símbolos considerados musulmanes, como el pañuelo, en lugar de contrarrestarlas. Llevar prendas de vestir y símbolos culturales y religiosos concretos siguió dando lugar a discriminación contra los musulmanes, en particular contra las mujeres, en el empleo y la educación.   

Seguridad y medidas antiterroristas

Los gobiernos europeos continuaron poniendo trabas a los esfuerzos concertados por hacerlos rendir cuentas por su presunta complicidad en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA. Algunos publicaron nuevos datos relativos a su participación en estas operaciones, o fueron acusados una vez más de esa complicidad con la revelación de nuevas pruebas por parte de las ONG o los medios de comunicación. Otros llevaron a cabo investigaciones anodinas o intentaron hacer creer que iban a realizarlas, propusieron investigaciones que no cumplían las normas mínimas de derechos humanos o se limitaron a negar toda implicación a pesar de existir abundantes pruebas de ella. En marzo, el Parlamento Europeo aprobó un informe de seguimiento de otro aprobado en 2007 sobre la complicidad de países europeos en estas operaciones dirigidas por la CIA, a fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones que había dictado sobre la obligación de investigar las denuncias de abusos contra derechos humanos fundamentales.

En enero, Lituania cerró bruscamente su investigación sobre dos centros de detención secreta establecidos por la CIA en territorio lituano, aduciendo razones técnicas y de secreto de Estado. En octubre, el gobierno se negó a reabrir la investigación a pesar de nuevas pruebas verosímiles de un posible vuelo de entrega de Marruecos a Lituania, presentadas por las ONG a las autoridades en septiembre. El protocolo de la investigación de detenidos del gobierno británico, publicado en junio, se encontró con la firme oposición de ONG y de expertos en derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como de ex detenidos y sus representantes, debido a la preocupación que suscitaban el control gubernamental sobre la revelación de información, las vistas a puerta cerrada y la ausencia de disposiciones que garantizaran una participación significativa de las víctimas. Muchos grupos y particulares aseguraron que no cooperarían con la investigación mientras no se revisara el protocolo, pero al final del año no se había hecho en él ningún cambio.

En agosto, las autoridades polacas ampliaron su investigación sobre la presencia de un lugar secreto de la CIA en su territorio, pero continuaron poniendo trabas para acceder a la información a los abogados de las dos víctimas identificadas y no revelaron información alguna sobre el progreso de la investigación. Las autoridades rumanas negaron rotundamente la información revelada por los medios de comunicación en diciembre, según la cual se había identificado un lugar secreto de la CIA en Bucarest. Continuaron negando con rotundidad toda acusación de implicación en las operaciones de la CIA a pesar de la existencia de pruebas convincentes de que Rumania había participado de manera voluntaria y comprometida en estos programas.

Las autoridades finlandesas publicaron datos de vuelos realizados en octubre y noviembre que indicaban que un avión en misión de entrega había aterrizado en su territorio y tomaron nota de los llamamientos realizados para que se llevara a cabo una investigación independiente sobre la presunta complicidad del gobierno, pero al final del año no habían tomado la decisión de investigar. Una investigación anunciada en noviembre sobre la presunta complicidad de Dinamarca se circunscribía a Groenlandia y sólo suponía una “revisión documental” de la información previamente recopilada en el curso de la investigación parlamentaria.

Ante las obstrucciones a la investigación de ámbito nacional, algunas víctimas de entrega presentaron demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la esperanza de que allí se tomara alguna medida de rendición de cuentas. Había causas pendientes ante el Tribunal contra Lituania, Macedonia y Polonia.

Continuó el debilitamiento de las salvaguardias de los derechos humanos en toda la región como consecuencia de las políticas y prácticas utilizadas para combatir el terrorismo. El uso de garantías diplomáticas carentes de fiabilidad para expulsar a personas que presuntamente representaban un peligro para la seguridad nacional fue en aumento en países de toda la región, como Alemania, Bélgica, Italia y Reino Unido. En noviembre, la ONU criticó a Alemania por colaborar con servicios de inteligencia que aplicaban por sistema métodos de coacción en los interrogatorios. En varios países, especialmente en Reino Unido, se utilizaban órdenes de control y otras formas de control social que constituían privación de la libertad, en vez de un proceso penal completo y con las consiguientes salvaguardias.

En Turquía se iniciaban gran número de causas en aplicación de una legislación antiterrorista defectuosa, que habitualmente incumplían las normas relativas a juicios justos. Muchos de los procesados eran activistas políticos, entre los cuales había estudiantes, periodistas, escritores, abogados y profesores universitarios. Se los interrogaba por sistema sobre actividades protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

En Rusia, la situación en materia de seguridad seguía siendo irregular e inestable en el Cáucaso septentrional. Continuaron los ataques de grupos armados contra agentes encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios, y la población civil se vio atrapada en el fuego cruzado y en ocasiones fue atacada deliberadamente. En toda la región, las operaciones de seguridad con frecuencia iban acompañadas de graves violaciones de derechos humanos. Se tuvo noticia de casos de intimidación de testigos, así como de hostigamiento y homicidio de periodistas, abogados y activistas de derechos humanos.

En España, el grupo armado separatista vasco ETA anunció el fin de la lucha armada. En cambio en Turquía hubo muertes de civiles tanto por bombardeos del ejército como por atentados con explosivos de grupos armados. 

Impunidad en situaciones de posconflicto

A pesar de la detención de los dos últimos inculpados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se avanzó lentamente en la búsqueda de soluciones al problema de la impunidad de los delitos cometidos durante los conflictos armados de la década de 1990. Hubo falta de capacidad y de compromiso, y se retrocedieron algunos pasos. En Croacia, el presidente y las autoridades judiciales pusieron en marcha algunas iniciativas para abordar lo sucedido en el país durante la guerra, pero el gobierno apenas tomó medidas. En cambio, destacadas figuras políticas participaron en ataques a la justicia internacional, y el Parlamento aprobó una ley que contravenía la obligación de Croacia de cooperar con la República de Serbia en materia penal. También se obstaculizó la cooperación regional al no eliminarse las barreras jurídicas a la extradición de acusados de crímenes de guerra entre Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro.

Un decenio después del conflicto armado de 2001 de Macedonia, los casos de procesamiento por crímenes de guerra que el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia había devuelto se anularon debido a la aprobación en el Parlamento en julio de una nueva interpretación de la Ley de Amnistía que en la práctica garantizaba la inmunidad frente al procesamiento ante tribunales nacionales.

En Kirguistán, a pesar de haber facilitado el establecimiento de dos comisiones de investigación independientes, las autoridades no investigaron eficaz e imparcialmente la violencia de 2010 y sus secuelas. 

Tortura y otros malos tratos

Los sistemas de justicia también defraudaron con excesiva frecuencia a las víctimas de tortura y otros malos tratos al no obligar a responder de sus actos a los responsables. Algunos obstáculos para la rendición de cuentas fueron la imposibilidad de acceder con prontitud a un abogado, la falta de ímpetu de los fiscales para investigar las denuncias, el miedo a sufrir represalias, la levedad de las penas impuestas a los agentes de policía declarados culpables y la ausencia de sistemas con independencia suficiente para dar seguimiento a las denuncias e investigar los casos graves de conducta policial indebida.

Persistieron algunas bolsas de impunidad arraigada. En Uzbekistán, aunque las autoridades aseguraban que la práctica de la tortura se había reducido de manera significativa y se había aprobado legislación para mejorar el trato a los detenidos, continuó recibiéndose información durante todo el año sobre decenas de casos de tortura y otros malos tratos a personas detenidas y presas. En Turquía fue anulada en apelación una histórica sentencia de 2010 en la que, por primera vez en la historia del derecho turco, se habían impuesto largas penas de prisión a funcionarios del Estado por causar la muerte mediante tortura. Siguieron denunciándose numerosos casos de tortura en Ucrania, y también en Rusia a pesar de las superficiales reformas de la policía.

En otras partes de la región, como Grecia y España, hubo denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de la policía en sus intentos de disolver manifestaciones contra medidas de austeridad. 

Pena de muerte

Bielorrusia, que seguía siendo el único país de la región que todavía llevaba a cabo ejecuciones, ejecutó a dos hombres dentro de un sistema de justicia penal defectuoso, en el que todo el proceso continuaba rodeado de secreto. Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido formalmente su aplazamiento para poder examinar ambos casos. 

Conclusión

Las detenciones de Ratko Mladić y Goran Hadžić transmitieron un contundente mensaje no sólo a las personas afectadas, sino a toda la región. Un mensaje de esperanza ante largos años de espera, pero también de advertencia a todos los que pensaban que podían eludir la acción de la justicia gracias a amigos o vecinos influyentes o a oscuros intereses creados. Fueron el testimonio de lo que se podía conseguir cuando las personas, la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional se comprometían a respetar los derechos humanos universales.

Aun así, demasiadas personas seguían cayendo por la brecha que separaba la retórica de los derechos humanos de la realidad de su cumplimiento en la región. El apoyo firme a los derechos humanos se consideraba a menudo incompatible con la defensa de la seguridad del Estado o el suministro energético. Hubo desafíos a la independencia y la autoridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, con excesiva frecuencia, la UE se mostró como un tigre sin colmillos ante las violaciones de derechos humanos cometidas por sus Estados miembros. Asimismo, los Estados siguieron sin cumplir su principal obligación: respetar y defender todos los derechos humanos para todas las personas.

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