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5 March 2012

Detenciones de Medak Pocket: Altos mandos deben ser investigados

La detención de cinco presuntos autores de crímenes de guerra contra civiles y prisioneros de guerra en 1993 en Medak Pocket, en el este de Croacia, es un paso en la dirección correcta para investigar todos los crímenes de guerra; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

“Aunque estas detenciones representan un paso importante para que las víctimas del conflicto bélico de 1991-1995 obtengan justicia, ninguno de los detenidos el 1 de marzo de 2012 era un mando superior del ejército” ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Hay suficiente información de dominio público para abrir ya una investigación.”

Durante la operación militar de septiembre de 1993 en Medak Pocket, región de Krajina, fuerzas policiales y del Ejército Croata atacaron varios pueblos serbios. Según cálculos de la ONU, más de un centenar de serbocroatas fueron víctimas de homicidio ilegítimo y muchos sufrieron tortura y violación. Según informes, 11 pueblos fueron completamente arrasados.

Hasta la fecha, las autoridades croatas no han investigado las denuncias según las cuales los comandantes de la operación militar llevada a cabo en 1993 en Medak Pocket, entre ellos Janko Bobetko –jefe del estado mayor del Ejército Croata en el momento de la operación, fallecido en abril de 2003– y el general Davor Domazet-Lošo, tuvieron responsabilidad de mando en estos crímenes.

En 2008, el tribunal local de Zagreb oyó los argumentos de la acusación contra los generales Rahim Ademi y Mirko Norac en relación con los delitos de derecho internacional cometidos en la operación de Medak Pocket; ambos fueron acusados de tener responsabilidad de mando en la operación.

En el curso de las actuaciones ante la sala de magistrados del tribunal local de Zagreb quedó probado que había existido una cadena de mando paralela durante la operación de Medak Pocket. En la sentencia, el tribunal concluyó que el mando supremo de la operación correspondía al general Janko Bobetko, quien, a su vez, había nombrado a Davor Domazet-Lošo su representante sobre el terreno.

Por tanto, a la vista del papel representado por Davor Domazet-Lošo, la responsabilidad de mando de Rahim Ademi, jefe oficial de la operación sobre el terreno, se redujo considerablemente. El tribunal concluyó que el primero era quien estaba realmente al mando de la operación. Basándose en esta conclusión, los magistrados de la sala absolvieron a Rahim Ademi y atribuyeron la responsabilidad de mando de la operación sobre el terreno al general Davor Domazet-Lošo, así como al general Janko Bobetko como jefe supremo.

Pese a ello, el fiscal jefe del Estado aún no ha abierto una investigación para determinar si Davor Domazet-Lošo tiene responsabilidad de mando en estos delitos.

“Nadie debe estar por encima de la ley. Tanto el derecho internacional como el interno obligan a las autoridades croatas a investigar y, si hay pruebas admisibles suficientes, enjuiciar los casos de crímenes de guerra cometidos presuntamente por altos cargos políticos y militares de Croacia” ha afirmado Nicola Duckworth.

“El general Davor Domazet-Lošo no debe ser una excepción. Las autoridades han adoptado algunas medidas en 2011 para combatir más eficazmente la impunidad por los crímenes de guerra. Ha llegado el momento de dar el siguiente paso y ponerlas plenamente en práctica, de manera oportuna y profesional.”

Información complementaria

Después de 16 años, el número de personas que han comparecido ante tribunales croatas por delitos de derecho internacional cometidos durante la guerra de 1991-1995 en Croacia es muy reducido. La mayoría de estos procedimientos no se ajustaron al derecho internacional penal ni a las normas internacionales sobre juicios justos. Siguen pendientes de enjuiciamiento unas 490 causas por crímenes de guerra.

No se han tomado medidas adecuadas para la protección de testigos y, como consecuencia, es frecuente que estos sufran intimidación y por tanto no deseen declarar ante un tribunal. La falta de medidas adecuadas, incluida la cobertura de los elevados gastos judiciales, impide a las víctimas ejercer su derecho a reclamar una indemnización así como otras formas de reparación por los delitos cometidos contra ellos.

Croacia no ha eliminado las barreras a la extradición de presuntos criminales de guerra que son nacionales, aunque ha hecho progresos en la mejora de la cooperación con Serbia en lo referente al trabajo sobre asuntos relacionados con crímenes de guerra.

Aunque en los últimos años se ha avanzado en relación con el enjuiciamiento de crímenes de guerra, las autoridades de Croacia siguen sin garantizar a las víctimas de crímenes de guerra y a sus familias el derecho a obtener verdad, justicia y reparación.

 
Más información:
Behind a Wall of Silence

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