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15 February 2012

Arabia Saudí debe perdonar la vida a ciudadanos extranjeros en un contexto de aumento de las ejecuciones

No deben ser ejecutados tres ciudadanos extranjeros condenados por delitos relacionados con las drogas en Arabia Saudí, ha declarado Amnistía Internacional en medio de informes sobre el aumento de las ejecuciones en el reino desde que comenzó el año.

Ali Agirdas, ciudadano turco, y los ciudadanos indios Sheikh Mastan y Hamza Abu Bakir, podrían ser ejecutados en cualquier momento tras ser declarados culpables de contrabando y posesión de drogas.

“El reciente aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí es una constante inquietante que sitúa al país en contra de la tendencia mundial contra la pena de muerte”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El rey Abdullah debe detener la ejecución de estos tres hombres y de todos los condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas. Sus penas deben ser conmutadas y debe imponerse una suspensión inmediata de las ejecuciones como primera medida hacia la abolición de la pena capital en Arabia Saudí”, prosiguió.

Ali Agirdas, de 31 años, fue detenido en febrero de 2007 por introducir drogas de contrabando en Riad y fue declarado culpable y condenado a muerte por un Tribunal General de la capital en junio del año siguiente.

El Consejo Judicial Supremo, presidido por el rey, está estudiando su condena y puede aprobarla en cualquier momento. Ali Agirdas no tuvo abogado ni intérprete durante su interrogatorio y sólo contó con la asistencia de un abogado en la apelación.

“Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias. El hecho de que Ali Agirdas no contara con la asistencia de un abogado durante su juicio ante el Tribunal General de Riad destaca más el hecho de que hay que abolir la pena capital”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

“Por mucha energía con que las autoridades saudíes apoyan la pena de muerte, deben como mínimo reconocer que nadie debería ser ejecutado después de unas actuaciones judiciales defectuosas y conmutar sus condenas.”

Sheikh Mastan y Hamza Abu Bakir están actualmente recluidos en la prisión de Al Dammam, en la Provincia Oriental. Ambos fueron detenidos en enero de 2004 por cargos de posesión de drogas y condenados a muerte por un tribunal de Al Dammam en junio de 2006. Apenas se tiene información sobre su juicio, salvo que al parecer las penas fueron confirmadas en la apelación.

La difícil situación de estos tres hombres es aún más precaria tras conocerse que desde principios de año se ha ejecutado a ocho hombres, cinco de ellos por delitos relacionados con las drogas. El martes fueron ejecutados dos: Muhammad Abdul Malak Ajjaj, ciudadano sirio, ejecutado en Al-Youf, y el ciudadano saudí Hamad bin Salem bin Muhammad al-Ghabari al-Yami, ejecutado en Al-Yizan.

Los delitos relacionados con drogas no corresponden a la categoría de "los delitos más graves" contemplados en normas internacionales como las Salvaguardias de la ONU, y no deben castigarse con la muerte.

Estas salvaguardias disponen que el alcance de los delitos castigados con la muerte "se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves”.

Desde 2007, las autoridades de Arabia Saudí han ejecutado al menos a 356 personas, 162 de ellas ciudadanos extranjeros.

Arabia Saudí aplica la pena de muerte para un amplio abanico de delitos. Rara vez se permite que los procesados cuenten con la representación formal de un abogado, y en muchos casos no se les informa del desarrollo de las actuaciones judiciales que se siguen contra ellos. Además, los encausados pueden ser declarados culpables basándose únicamente en confesiones obtenidas bajo coacción o engaño.

AI Index: PRE01/085/2012
Region Middle East And North Africa
Country Saudi Arabia
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