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La liberación del activista keniano recluido desde hace un año en relación con un atentado con explosivos en Uganda debería haber tenido lugar hace mucho tiempo. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Los cargos contra Al-Amin Kimathi –director de una ONG– y otros cuatro acusados fueron retirados hoy al comienzo de su juicio.

Kimathi fue detenido hace un año tras viajar a Uganda para asistir como observador al juicio de seis kenianos acusados en relación con los atentados con explosivos perpetrados en julio en Kampala, en los que murieron 76 personas que estaban viendo la final de la Copa del Mundo 2010.

“Es un alivio que Al-Amin Kimathi haya sido puesto en libertad, aunque sea con tanto retraso”, ha manifestado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa para África de Amnistía Internacional.

“El hecho de que haya estado recluido casi un año sin que las autoridades presentaran en ningún momento pruebas específicas contra él sugiere enérgicamente que los cargos de terrorismo eran un mero pretexto para recluirle por su trabajo de derechos humanos.”

Al-Amin Kimathi fue detenido, junto con el abogado keniano Mbugua Mureithi, el 15 de septiembre de 2010 después de que los dos viajaran a Uganda para asistir como observadores a la vista judicial de seis sospechosos de terrorismo.

Mureithi fue liberado al cabo de tres días y devuelto a Kenia. Kimathi, director del Foro Musulmán de Derechos Humanos, permaneció seis días recluido en régimen de incomunicación antes de ser acusado de terrorismo y asesinato el 21 de septiembre. 

Pasó casi un año en detención preventiva, y durante ese tiempo las autoridades ugandesas se negaron a facilitarles a él o a sus abogados las pruebas en su contra.

El juicio de los otro 14 acusados de cargos en relación con los atentados con explosivos seguirá adelante en Kampala.

A lo largo del último año, el gobierno ugandés ha denegado la entrada al país o ha expulsado de él a varios activistas de derechos humanos y abogados que habían viajado a Uganda para observar el caso contra Al-Amin Kimathi. 

Las autoridades han restringido además el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que han intentado observar el trato recibido por Kimathi bajo custodia. Las autoridades penitenciarias denegaron en cuatro ocasiones a los delegados de Amnistía Internacional el permiso para acceder a Kimathi.

El Foro Musulmán de Derechos Humanos había impugnado la legitimidad de la entrega a Uganda de varios sospechosos kenianos de este caso.

“Puesto que parece que no se ha presentado, ni se presentará, ninguna prueba para justificar la detención de Al-Amin Kimathi, las autoridades ugandesas deben garantizar que Kimathi tiene acceso a una reparación inmediata y efectiva, que incluya una indemnización”, ha manifestado Michelle Kagari.