10 August 2011
Hay que poner fin a la aflicción de las familias de desaparecidos en Libia

“Me temo lo peor dado que ha estado en manos de las fuerzas de Gadafi. Lo único que quiero saber es si está vivo o muerto. Si sabemos [que murió] al menos podremos llorar su muerte y comenzar el proceso de recuperación.” Hermana de Mostafa Ibrahim el Baghdadi, de 19 años de edad, que desapareció en Misrata a mediados de marzo de 2011.

Por todo Libia, familias afligidas esperan tener noticias de sus familiares desaparecidos. Según los informes, desde el comienzo de los disturbios, cientos —posiblemente miles— de personas han sido sometidas a desaparición forzada por las fuerzas del coronel Gadafi. Algunas fueron detenidas antes del “Día de la Ira” del 17 de febrero, en un vano intento de sofocar la oposición. Pueden sufrir tortura y otros malos tratos, e incluso ser víctimas de ejecución extrajudicial.

Las fuerzas de Gadafi se niegan a revelar cualquier información sobre el paradero o la suerte que han corrido las personas detenidas. Puede que a algunas las mantengan recluidas en centros de detención clave, como las prisiones de Ain Zara y Abu Salim, el centro de Salaheddin en Trípoli o el cuartel de la policía militar en Sirte, pero las autoridades no permiten a organismos independientes acceder a estos lugares.

Las personas desaparecidas —en su mayoría, hombres— proceden de todo Libia: Bengasi y otros lugares del este de Libia, Misrata, la montaña de Nafusa y la capital, Trípoli. Entre estas hay personas sospechosas de oponerse a Gadafi, personas detenidas por las fuerzas de Gadafi en retirada y quienes desaparecieron en enfrentamientos en el este del país. A algunas se las llevaron tras redadas practicadas por fuerzas de Gadafi en territorios bajo control de la oposición y a otras, al abandonar los baluartes de la oposición. Desde el comienzo de los disturbios, los familiares de presos políticos a los que ya mantenían recluidos las autoridades de Trípoli no han tenido noticias de sus familiares encarcelados.
Aunque algunos ya han sido puestos en libertad, muchos otros continúan desaparecidos. Algunos ex detenidos denunciaron actos de tortura y otros malos tratos cometidos por las fuerzas de Gadafi en Sirte y Trípoli. Algunos han aparecido en la televisión estatal, al parecer tras haber sido torturados, “confesando” supuestamente haberse unido a grupos armados, pertenecer a Al Qaeda, ser drogadictos o haber sido engañados por la oposición.

Teniendo en cuenta que la práctica de la desaparición forzada se engloba en un ataque generalizado o sistemático a la población civil por parte de las fuerzas de Gadafi, en aplicación del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tales desapariciones constituyen crímenes de lesa humanidad.

La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos y un crímen de derecho internacional. Firma ya la petición para exigir que se ponga fin a las desapariciones forzadas en Libia. El 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, Amnistía Internacional hará entrega de esta petición a representantes del gobierno del coronel Gadafi.

Antes del 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, pide al gobierno de Muamar al Gadafi que ponga fin a las desapariciones forzadas.

“Insto al gobierno del coronel Muamar al Gadafi a:

  • Hacer pública la información sobre la suerte que han corrido, el número, el paradero y la situación legal de las personas detenidas y recluidas desde mediados de febrero de 2011, y, en caso de fallecimiento, informar a los familiares, representantes o abogados de las circunstancias y la causa de la muerte y el destino del cadáver.
  • Garantizar que se informa de inmediato del lugar de reclusión a familiares y abogados de civiles detenidos, y permitir el acceso inmediato e independiente a todos los centros de detención, entre otros los que no dependen del Comité General del Pueblo para la Justicia y la Seguridad Pública, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas recluidas, y
  • Poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas recluidas únicamente por sus opiniones o actividades pacíficas, y garantizar que llegan sanos y salvos a sus hogares.
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