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Austria y Suiza deben garantizar que ex altos cargos guatemaltecos comparecen ante la justicia por graves denuncias de implicación en ejecuciones extrajudiciales. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Ambos países tienen procedimientos en curso contra ex altos cargos de Guatemala por casos de presos muertos bajo custodia entre 2004 y 2007, y Austria decidirá en breve si uno de ellos es extraditado.

“Es la oportunidad de que Austria y Suiza demuestren su compromiso para con las normas internacionales de derechos humanos”, ha manifestado Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.

“Ya sea extraditando a los acusados para que sean juzgados en Guatemala, o procesándolos ellos mismos, los países europeos pueden ayudar a las víctimas guatemaltecas de violaciones de derechos humanos a obtener justicia.”

Amnistía Internacional pidió a las autoridades austriacas que aprobaran la extradición a Guatemala de Javier Figueroa Díaz, ex subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil guatemalteca, o lo procesaran en Austria. En la actualidad, Javier Figueroa Díaz se encuentra bajo arresto domiciliario en Austria, en espera de que, la semana que viene, se dicte la resolución judicial sobre su extradición.

En Suiza se está llevando a cabo una investigación sobre la presunta implicación del ex jefe de la policía de Guatemala Erwin Sperisen, de doble nacionalidad suiza y guatemalteca, en varios casos de ejecución extrajudicial de presos. Las autoridades suizas se pusieron recientemente en contacto con sus homólogas guatemaltecas para pedir información relativa a esta investigación. La Constitución suiza otorga a las personas con ciudadanía suiza el derecho a no ser extraditadas.

El 31 de mayo, las autoridades españolas aprobaron la extradición a Guatemala, por cargos similares, del ex ministro de Gobernación Carlos Vielman, que vivía en España.

Los tres ex altos cargos, y otras personas, han sido acusados de implicación en ejecuciones extrajudiciales mientras ocupaban sus puestos en el gobierno y la policía de Guatemala.

Entre los casos en cuestión se encuentran los homicidios de cuatro reclusos que escaparon de la prisión de El Infiernito en octubre de 2005, y los homicidios de siete reclusos de la prisión de El Pavón en septiembre de 2006 y otros presuntos delitos.

En el momento de los hechos, el Ministerio de Gobernación y la policía de Guatemala dijeron que los reclusos de El Pavón habían muerto en enfrentamientos con las autoridades penitenciarias. Sin embargo, un informe publicado en diciembre de 2006 por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala concluyó que habían muerto por disparos en actos que constituían ejecuciones extrajudiciales.

“El garantizar que estos ex altos cargos se enfrentarán a juicios justos e imparciales –ya sea en su país o en el extranjero– transmite una enérgica señal de que se están tomando medidas para superar la impunidad imperante en Guatemala en casos de ejecución extrajudicial y otras violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Sebastián Elgueta.