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El periodista marroquí que se enfrenta mañana a juicio, al parecer por criticar la legislación antiterrorista de Marruecos, debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional si el motivo de su reclusión reside exclusivamente en sus escritos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Rachid Nini, director del diario El Massa, fue detenido el 28 de abril de 2011 a raíz de la publicación de varios artículos en los que se criticaban las prácticas antiterroristas de los servicios de seguridad marroquíes así como las penas de prisión impuestas a islamistas tras juicios injustos.

El periodista también había pedido en reiteradas ocasiones mayor libertad política y había escrito sobre la corrupción entre funcionarios públicos.

“La detención de Rachid Nini contradice de manera absoluta las promesas de reforzar los derechos humanos que el rey Mohammed VI formuló este mismo año. Supone un ataque muy grave a la libertad de expresión” ha señalado Amnistía Internacional.

Se acusa a Rachid Nini de “menoscabar una decisión judicial, intentar influir en la judicatura e informar sobre delitos falsos”. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Okasha, en Casablanca, y está previsto que su juicio comience el 17 de mayo.

“Imputar cargos a alguien que se limita a ejercer su derecho a la libertad de expresión pacífica es absurdo” ha manifestado Amnistía Internacional.

“No es correcto detener a un periodista simplemente por hacer su trabajo y cuestionar las políticas antiterroristas de Marruecos y su eficacia, así como poner al descubierto los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.”

En sus artículos, Rachid Nini pedía que se investigaran las denuncias de torturas a detenidos en relación con el terrorismo y condenaba los abusos cometidos en el centro de detención de Temara, al sur de la capital, Rabat.

“Si han recluido a Rachid Nini exclusivamente por criticar la legislación antiterrorista y la corrupción, lo consideraremos preso de conciencia” ha manifestado Amnistía Internacional.

Las autoridades marroquíes llevan tiempo sometidas a presión para que respondan a la demanda de reformas en materia política y de derechos humanos, tras las continuas manifestaciones celebradas desde el 20 de febrero, inspiradas en los sucesos de Túnez, Egipto y Libia.

En marzo se anunció un conjunto de reformas que incluía la creación del nuevo Consejo Nacional de Derechos Humanos. El rey Mohammed VI prometió además un plan de reforma constitucional y la renuncia a una parte de su poder político.

Las autoridades marroquíes siguen reprimiendo la libertad de expresión sobre asuntos delicados que afectan a la seguridad nacional, la integridad territorial y la monarquía. Defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y otros siguen siendo objeto de intimidación e incluso de procesamientos cuando traspasan ciertos “límites”. En numerosas ocasiones, Amnistía Internacional ha pedido la derogación o enmienda de las disposiciones del Código Penal y el Código de la Prensa que tratan como delito el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión.