Zimbabue

Human Rights in República de Zimbabue

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Zimbabwe is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Robert Mugabe
Pena de muerte
retencionista
Población
12,6 millones
Esperanza de vida
47 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
100/88 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91,4 por ciento

Información general

La tensión en el seno del gobierno de unidad siguió perjudicando la aplicación de algunos aspectos del Acuerdo Político Global auspiciado por los dirigentes de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral en septiembre de 2008. En agosto de 2010, durante la cumbre de esta organización en Namibia, se celebró una reunión para romper el punto muerto en que se encontraba el gobierno de unidad nacional. A pesar de los diversos viajes a Zimbabue del equipo de mediación sudafricano designado por la organización, apenas se consiguieron avances.

El presidente Mugabe tomó varias decisiones unilaterales incumpliendo las disposiciones del Acuerdo Político Global y la Constitución que le obligaban a consultar al primer ministro. En marzo asignó los cargos ministeriales y dejó a algunos ministros afiliados a los dos partidos del Movimiento por el Cambio Democrático sin responsabilidades concretas. En octubre, el presidente Mugabe volvió a nombrar a 10 gobernadores provinciales, todos ellos miembros de su partido, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, incumpliendo un acuerdo anterior en el que se había establecido que los cargos de gobernador se repartirían. Otras decisiones de esta índole fueron volver a designar embajadores y nombrar jueces. El presidente continuó negándose a que Roy Bennett, del partido Movimiento por el Cambio Democrático liderado por el primer ministro Morgan Tsvangirai, ocupase el cargo de viceministro de Agricultura.

La Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico decidió que no haría más concesiones en el gobierno de unidad nacional a no ser que se levantasen las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. En la cumbre celebrada en agosto, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral decidió entablar conversaciones con la comunidad internacional sobre la cuestión de las sanciones.

En marzo se designó a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Medios de Comunicación de Zimbabue y la Comisión Electoral de Zimbabue, aunque al finalizar el año la Comisión de Derechos Humanos no había comenzado aún a desempeñar su labor.

La redacción de la nueva Constitución comenzó con consultas públicas, si bien algunas reuniones se cancelaron a causa de los actos de violencia y las interrupciones provocados, principalmente, por partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. Al menos una persona murió en Harare tras ser agredida por presuntos simpatizantes de este partido durante los actos de violencia que se desencadenaron tras la interrupción de una reunión de consulta constitucional en septiembre. No se registraron avances en la reforma del sector de la seguridad.

La economía continuó mostrando signos de recuperación, aunque, según cifras oficiales, el desempleo seguía estando por encima del 80 por ciento y se calculaba que 1,5 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria.

Las declaraciones formuladas por el presidente Mugabe, el primer ministro Tsvangirai y el facilitador de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, el presidente sudafricano Jacob Zuma, sobre la posibilidad de celebrar elecciones en 2011 aumentaron la tensión en el país. En las zonas rurales creció el número de denuncias de acoso e intimidación contra personas consideradas contrarias a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. Se recibieron informes que indicaban que agentes de los servicios de seguridad del Estado, implicados en los actos de violencia política cometidos en 2008, estaban ayudando a este partido a reconstruir sus estructuras.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

La policía continuó deteniendo y recluyendo arbitrariamente a defensores de los derechos humanos y periodistas por su labor legítima en defensa de los derechos humanos. Se persiguió en especial a los defensores de los derechos humanos implicados en el proceso de redacción de la Constitución o que participaban en el debate sobre la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Durante el año 2010 se detuvo como mínimo a 186 integrantes de Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA) y Hombres de Zimbabue, ¡en pie! (MOZA).

  • El 25 de enero se detuvo en Bulawayo a 11 activistas de las organizaciones MOZA y WOZA tras una marcha pacífica celebrada en esa ciudad con el fin de entregar un informe sobre educación. La policía los condujo por la fuerza a Drill Hall y los golpeó con porras, para seguidamente ponerlos en libertad sin cargos.
  • El 24 de febrero, Gertrude Hambira, secretaria general de la Unión General de Trabajadores de la Agricultura y las Plantaciones de Zimbabue, se vio obligada a ocultarse y más tarde huir del país después de que seis agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de la República de Zimbabue registraran las oficinas del sindicato en Harare buscándola. El 19 febrero, antes de que se produjera el registro, Gertrude Hambira había sido emplazada a una reunión en la Jefatura de Policía de Harare con un grupo de 17 oficiales de alto rango de la policía, el ejército, la fuerza aérea y los servicios de inteligencia. Allí la habían interrogado junto a otros dos sindicalistas sobre un informe y un vídeo de la Unión General de Trabajadores de la Agricultura y las Plantaciones de Zimbabue en los que se ponía de relieve la difícil situación de los trabajadores agrícolas y la violencia que reinaba en las explotaciones agrícolas, y la habían amenazado con encarcelarla. Al final del año no había regresado a Zimbabue.
  • Okay Machisa, director nacional de la Asociación de Derechos Humanos de Zimbabue (ZimRights), huyó temporalmente del país tras ser detenido el 23 de marzo por la policía debido a su participación en una exposición fotográfica sobre la violencia política del año 2008. La policía se incautó de al menos 65 fotografías de la exposición, que sólo devolvió a ZimRights después de que el Tribunal Superior se pronunciara sobre la cuestión. Pese al fallo, en las localidades de Masvingo, Gweru y Chinhoyi la policía impidió que se celebraran exposiciones similares. En Masvingo se detuvo a Joel Hita, presidente regional de ZimRights, que pasó la noche detenido y fue puesto en libertad bajo fianza.
  • El 26 de marzo se detuvo a Owen Maseko, artista residente en Bulawayo, después de que éste organizara una exposición en la que se mostraban las atrocidades cometidas en la región de Matabeleland, en el oeste de Zimbabue, durante la década de 1980. Maseko fue acusado formalmente en aplicación de la Ley de Orden Público y Seguridad de “socavar la autoridad del presidente”, “incitar a la violencia pública” y “ofender a personas de una tribu, raza, religión concreta”. El 29 de marzo quedó en libertad bajo fianza.
  • El 15 de abril, Jenni Williams, Magodonga Mahlangu, Clara Manjengwa y Celina Madukani, miembros de WOZA, fueron detenidas por la policía junto con 61 personas más mientras participaban en una manifestación pacífica contra la subida del precio de la electricidad en Harare. La Fiscalía General se negó a procesarlas y fueron puestas en libertad.
  • El 3 de junio, Farai Maguwu, director del Centro de Investigación y Desarrollo, con sede en la población de Mutare, fue detenido por sacar a la luz las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en los yacimientos de diamantes de Marange. Acusado formalmente de “publicar o difundir información falsa perjudicial para el Estado”, permaneció bajo custodia hasta el 12 de julio. El 21 de octubre, el gobierno retiró los cargos. Antes de su detención, que según los informes se efectuó en presencia de agentes de los servicios de inteligencia del Estado, Farai Maguwu se había reunido con Abbey Chikane, observador del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley en Zimbabue.
  • El 24 de junio, dos miembros del Proyecto Independiente de Vigilancia de la Constitución, Godfrey Nyarota y Tapiwa Mavherevhedze, fueron detenidos junto con su chófer Cornelius Chengu en Mutare. Los acusaron formalmente de ejercer el periodismo sin estar acreditados y los pusieron en libertad bajo fianza. El 25 de junio, otro activista de Mutare, Enddy Ziyera, permaneció detenido sin cargos durante varias horas tras llevar alimentos a los tres detenidos.
  • El 27 de junio, simpatizantes de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico llevaron a Paul Nechishanu, Artwel Katandika y Shingairayi Garira, observadores del Proyecto Independiente de Vigilancia de la Constitución, a una granja en el distrito de Makonde (provincia de Mashonaland Occidental), donde los golpearon con palos. A Shingairayi Garira le causaron lesiones en un tímpano, mientras que Paul Nechishanu y Artwel Katandika resultaron heridos en la cabeza.
  • El 20 de septiembre, después de que la policía disolviera una manifestación pacífica en Harare, se detuvo a 83 activistas de las organizaciones WOZA y MOZA que formaban parte de un grupo compuesto por aproximadamente 600 miembros pertenecientes a estas dos organizaciones que se habían manifestado ante el Parlamento en protesta por los abusos policiales y la falta de seguridad en sus comunidades. Cuando la policía comenzó a detener a algunos manifestantes, otros se entregaron en solidaridad con los detenidos. Los manifestantes estuvieron detenidos durante dos noches en la comisaría central de policía de Harare en condiciones insalubres y después los acusaron formalmente de “perjuicio penal” y quedaron en libertad bajo fianza. Ese mismo día se detuvo a Jenni Williams, coordinadora nacional de WOZA, mientras trataba de identificar a los activistas liberados que necesitaban atención médica, y se la mantuvo recluida durante varias horas en el tribunal de primera instancia de Harare. La acusaron de “dirigirse a un grupo congregado en el juzgado” y no la dejaron en libertad hasta que hubo firmado contra su voluntad una declaración policial sobre el incidente.
  • En octubre, la policía trató de reabrir la causa contra 14 activistas de WOZA a quienes se había detenido en mayo de 2008 cuando trataban de hacer entrega de una petición en la embajada de Zambia en Harare. No obstante, sólo uno de los 14 activistas, Clara Manjengwa, recibió la citación. Cuando el 21 de octubre compareció ante el tribunal, no existía documentación sobre el caso, que no constaba tampoco en el registro del juzgado. Como no había expediente ni testigos, y ni tan siquiera la policía hizo acto de presencia, el juez sobreseyó el caso.
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Libertad de expresión, asociación y reunión pacífica

El 26 de noviembre, el Tribunal Supremo resolvió que la detención en 2008 y posterior reclusión de las dirigentes de WOZA Jenni Williams y Magodonga Mahlangu tras una manifestación pacífica habían sido ilegítimas y que se habían vulnerado sus derechos y libertades fundamentales. El Tribunal también determinó que el Estado no las había protegido de sufrir abusos.

Se llevó a cabo una reforma parcial de los medios de comunicación, lo que puso fin al monopolio que ejercía el Estado sobre los diarios. En mayo, la Comisión de Medios de Comunicación de Zimbabue concedió licencias a cuatro diarios independientes, incluido el Daily News, que había sido prohibido en 2002. No obstante, no se registraron avances en la concesión de licencias a emisoras de radio y televisión privadas.

En febrero y octubre se sometió a debate en el Parlamento un proyecto de ley promovido a título individual por un diputado para modificar la Ley de Orden Público y Seguridad. El propósito de este proyecto de ley, presentado en noviembre de 2009 por Innocent Gonese, diputado del Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai, era modificar los artículos de esta ley que se habían utilizado para coartar la libertad de asociación y reunión pacífica. De entrar en vigor, limitaría las atribuciones de la policía para prohibir de manera arbitraria la celebración de manifestaciones y mejoraría la rendición de cuentas de la policía al estar ésta obligada a informar al ministro del Interior y a los organizadores de la reunión cuando se recurriese al uso de la fuerza.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El 21 de mayo, la policía registró las oficinas de la organización Gays y Lesbianas de Zimbabue en Harare y detuvo a dos empleados, Ellen Chademana e Ignatius Mhambi, que permanecieron detenidos hasta el 27 de mayo, fecha en que se les concedió la libertad bajo fianza. Ambos fueron acusados formalmente de estar en posesión de material prohibido. Ignatius Mhambi fue absuelto en julio, y Ellen Chademana, en diciembre.

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Desalojos forzosos

En mayo se cumplieron cinco años de los desalojos forzosos masivos llevados a cabo en 2005 en el contexto del programa conocido como Operación Murambatsvina. Cinco años después, el Estado no había proporcionado soluciones efectivas a los supervivientes que vivían en condiciones atroces en terrenos adjudicados por el Estado en el marco de la Operación Garikai/Hlalani Kuhle, programa oficial puesto en marcha con el fin de realojar a algunas de las víctimas de la Operación Murambatsvina.

En la mayoría de los asentamientos, los supervivientes aún vivían en chozas deterioradas que les habían facilitado las organizaciones humanitarias como alojamiento provisional. No solían tener acceso a agua limpia, servicios sanitarios, atención médica, educación o medios de subsistencia. La mayoría de los supervivientes de la Operación Murambatsvina perdieron, además, sus medios de vida en los desalojos forzosos masivos que afectaron de forma directa a 700.000 personas.

  • En el asentamiento de Hopley, uno de los barrios levantados en Harare en el marco de la Operación Garikai, las pésimas condiciones de vida y la falta de acceso a servicios básicos, como atención médica adecuada, aumentaban los riesgos para la salud de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Los supervivientes denunciaban que el índice de mortalidad neonatal era elevado, a lo que contribuían entre otros factores, decían, la falta de servicios de salud materna y neonatal y de medios de transporte para las mujeres que se ponían de parto y los elevados precios que había que pagar para recibir atención médica.

Los supervivientes de la Operación Murambatsvina también corrían el riesgo de que las autoridades volvieran a desalojarlos por la fuerza.

  • En junio, el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Urbano y Rural amenazó con desalojar de Hatcliffe Extension a unos 3.000 arrendatarios y sus familias –aproximadamente entre 15.000 y 20.000 personas– si no renovaban su contrato de arrendamiento antes del 30 de septiembre. La mayoría de las familias no podían permitirse abonar las tasas de renovación. El gobierno retiró la amenaza de desalojo gracias al envío masivo de llamamientos por parte de Amnistía Internacional y de organizaciones nacionales de derechos humanos, que ayudaron a algunos de los afectados a emprender acciones legales.
  • El 25 de agosto, la policía desalojó por la fuerza sin previo aviso a alrededor de 250 personas que vivían en un asentamiento informal en la próspera zona residencial de Gunhill en Harare. Poco antes de la medianoche, agentes de policía armados y con perros llegaron al asentamiento y ordenaron a los vecinos que salieran de sus viviendas. Las víctimas denunciaron que los agentes sólo les habían dado 10 minutos para sacar sus pertenencias de las viviendas antes de prenderles fuego. Algunos bienes que sus propietarios no lograron poner a salvo a tiempo fueron pasto de las llamas. La policía detuvo a 55 personas, entre las que había 5 menores de edad, y las llevó a la comisaría central de policía de Harare, donde permanecieron recluidas durante varias horas antes de quedar en libertad sin cargos gracias a la mediación de unos abogados. No se dio ninguna explicación del motivo por el cual se había llevado a cabo esta acción policial. La comunidad fue desalojada por la fuerza pese a que en diciembre de 2009 el alcalde de Harare –que negó cualquier implicación en estos desalojos– había garantizado por escrito que algo así no sucedería.
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