Yemen

Human Rights in República de Yemen

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Yemen is now live »

Jefe del Estado
Alí Abdulá Salé
Jefe del gobierno
Alí Mohamed Muyauar
Pena de muerte
retencionista
Población
24,3 millones
Esperanza de vida
63,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
84/73 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
60,9 por ciento

Información general

Varias provincias estaban en la práctica fuera del control del gobierno. En algunas zonas seguía siendo elevado el peligro de secuestro. En mayo, las fuerzas saudíes liberaron a dos niñas alemanas que en junio de 2009 habían sido secuestradas junto con otros siete ciudadanos extranjeros en la provincia de Sada. En 2009 se había encontrado muertas a tres de las nueve personas secuestradas, pero seguía sin conocerse con exactitud la suerte de las demás: tres personas de nacionalidad alemana y un británico.

En todo el país se registraron manifestaciones multitudinarias contra el deterioro de la situación económica y la acusada subida del precio de la luz, el combustible, el agua y los alimentos.

El 21 de mayo se anunció una amnistía presidencial, aplicable al parecer a todos los presos políticos, incluidos los periodistas, pero el gobierno no dio detalles sobre sus posibles beneficiarios ni sobre la fecha de las excarcelaciones. Ese mismo mes se puso en libertad, en virtud de la amnistía, a 117 personas detenidas por su presunta participación en el conflicto de Sada y en las manifestaciones de protesta registradas en el sur, así como a 4 periodistas. Sin embargo, centenares de personas más detenidas por motivos políticos seguían en prisión al finalizar el año.

Varios proyectos de ley y nuevas leyes socavaban la protección de los derechos humanos. La Ley para Combatir el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, aprobada en enero, definía en términos muy amplios el delito de financiación del terrorismo y exigía a los abogados que facilitaran a las autoridades información sobre sus clientes en caso de considerarlos implicados en alguno de los delitos previstos en la Ley. El proyecto de Ley contra el Terrorismo no incluía disposiciones para proteger los derechos de los sospechosos durante su detención y reclusión y proponía aumentar el número de delitos punibles con la muerte. Varias propuestas de reforma del Código Penal permitían la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, lo que vulneraba el derecho internacional. Dos proyectos de ley relacionados con los medios de comunicación amenazaban con restringir aún más la libertad de expresión.

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Seguridad y medidas antiterroristas

A principios de año, después de que el 25 de diciembre de 2009 un nigeriano presuntamente entrenado por Al Qaeda en Yemen hubiera intentado hacer estallar al parecer un avión estadounidense de pasajeros, se intensificaron las operaciones del gobierno contra las presuntas amenazas de Al Qaeda. En estas operaciones, que incluyeron incursiones y ataques aéreos, se intensificó la cooperación entre Estados Unidos y Yemen.

Continuaron los ataques perpetrados por grupos armados, como Al Qaeda en la península Arábiga. Algunos de los ataques se dirigieron contra las fuerzas de seguridad, pero otros tuvieron como objetivo a ciudadanos extranjeros o causaron la muerte de simples transeúntes.

  • En abril, en Saná, el embajador británico escapó por poco de un atentado con explosivos reivindicado por Al Qaeda.
  • En junio, tres mujeres, un niño y siete agentes de seguridad murieron en un atentado contra un edificio de las fuerzas de seguridad en Adén, atribuido por el gobierno a Al Qaeda.

Las fuerzas de seguridad mataron a decenas de personas vinculadas presuntamente con Al Qaeda o con grupos armados islamistas, a veces en circunstancias que indicaban que no habían intentado detenerlas. No se tuvo noticia de que se llevaran a cabo investigaciones judiciales para establecer si las fuerzas de seguridad habían empleado medios letales de manera legítima y justificada. Tras ser detenidas, decenas de personas más pertenecientes presuntamente a Al Qaeda fueron víctimas de una amplia variedad de abusos, como desaparición forzada, reclusión prolongada sin cargos y tortura. Varias se encontraban condenadas a muerte o cumplían largas penas de cárcel tras haber sido sometidas a juicios injustos por el Tribunal Penal Especial.

  • El 25 de mayo, las fuerzas de seguridad mataron en un ataque aéreo a cuatro personas que viajaban en automóvil por la provincia de Marib. Entre las víctimas figuraba el gobernador adjunto de la provincia, Jaber al Shabwani, que al parecer se dirigía a entrevistarse con unos miembros de Al Qaeda para intentar conseguir que se entregaran. Se abrió una investigación, pero al finalizar el año no se había dado a conocer todavía el resultado.

En marzo, tras una investigación efectuada por una comisión parlamentaria, el gobierno reconoció que la incursión aérea realizada el 17 de diciembre de 2009 en la región de Abyan, en la que habían muerto 41 personas, incluidos hombres, mujeres, niños y niñas, había sido un error y que, al contrario de lo afirmado en un principio, no existían pruebas de que hubiera un campamento militar en el lugar bombardeado. Unas fotografías tomadas al parecer tras el ataque daban a entender que en la operación se había utilizado un misil de crucero de fabricación estadounidense, que llevaba bombas de racimo. Según la información disponible, sólo tenían misiles de este tipo las fuerzas estadounidenses; además, no era probable que las fuerzas armadas yemeníes tuvieran la capacidad militar necesaria para utilizarlos. Un cable diplomático filtrado en noviembre por la organización Wikileaks corroboró las imágenes publicadas por Amnistía Internacional.

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Conflicto de Sada

La ofensiva militar iniciada por el gobierno en agosto de 2009 con el nombre en clave de “Tierra Quemada” concluyó con un alto el fuego el 11 de febrero de 2010. La operación había supuesto un despliegue sin precedente de fuerza militar contra los partidarios de Hussain Badr al Din al Huthi –clérigo chií zaidí fallecido en 2004–, sobre todo tras la intervención en noviembre de fuerzas saudíes. Los intensos bombardeos efectuados durante semanas en la provincia de Sada por fuerzas saudíes y yemeníes en los meses de diciembre y enero se cobraron la vida de centenares de personas ajenas a los enfrentamientos y ocasionaron cuantiosos daños en viviendas y otros edificios civiles, como mezquitas y escuelas, así como en la industria y la infraestructura locales. Algunos de estos ataques podrían haber vulnerado el derecho internacional humanitario, pues al parecer se dirigieron deliberadamente contra civiles o bienes civiles o se efectuaron de manera indiscriminada o desproporcionada, prestando escasa o ninguna atención al peligro que suponían para la población civil. En la gran mayoría de los casos, los gobiernos saudí y yemení no dieron explicaciones sobre los ataques ni aclararon si sus fuerzas habían tomado precauciones para no causar daños a los civiles que no participaban en las hostilidades.

Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, al finalizar el año se habían visto desplazados más de 350.000 habitantes de Sada, en algunos casos por segunda o tercera vez. Sólo una pequeña proporción vivía en campos habilitados al efecto. Los proyectiles y las minas terrestres sin explotar y la magnitud de la destrucción dificultaban el pronto regreso a sus hogares de las familias desplazadas. En julio, las autoridades anunciaron que se indemnizaría a las familias afectadas por la destrucción. Un acuerdo de paz firmado en agosto en Qatar por el gobierno y los partidarios de Al Huthi marcó el comienzo de un proceso de diálogo político.

En las prisiones principales de Sada y Saná y en otros centros de detención se encontraban recluidos centenares de presuntos combatientes o partidarios de Al Huthi. Algunos habían permanecido semanas o meses en paradero desconocido tras su captura o detención. En muchos casos, al parecer, habían sufrido torturas u otros malos tratos. La mayoría seguían recluidos al finalizar el año, si bien decenas de combatientes de Al Huthi quedaron en libertad en mayo en virtud del indulto presidencial. Apenas se conocían datos sobre los que permanecían bajo custodia.

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Disturbios en el sur

Continuaron las manifestaciones multitudinarias y en general pacíficas organizadas por el Movimiento del Sur, y se intensificaron los llamamientos en favor de la secesión de la región. Las autoridades hicieron uso de fuerza excesiva y, en ocasiones, de medios letales contra los manifestantes. Acusaron a algunos miembros del Movimiento de tener vínculos con Al Qaeda y en algunos casos efectuaron ataques selectivos contra personas y comunidades. El gobierno bloqueó temporalmente algunas zonas mediante el establecimiento de puestos de control y el corte de las redes de telefonía móvil, lo que acarreó una escasez de alimentos; también prohibió viajar a algunos miembros del Movimiento del Sur.

Se detuvo a centenares de personas en operaciones de detención masiva. La mayoría quedó en libertad al poco tiempo, pero algunas permanecieron detenidas en régimen de incomunicación o durante largos periodos, y a otras les impusieron penas de cárcel en juicios injustos llevados a cabo ante el Tribunal Penal Especial.

  • El 1 de marzo, las fuerzas de seguridad mataron a tiros en su domicilio a Ali al Haddi, destacado miembro del Movimiento del Sur, varias horas después de haber irrumpido en la casa, retenido a su familia y disparado contra él, hiriéndolo en una pierna. Al parecer, después mutilaron el cadáver. Mataron también a tiros a Ahmad Muhsen Muhammad, un familiar suyo que se encontraba en la casa.
  • Qassem Askar Jubran, ex diplomático yemení y simpatizante del Movimiento del Sur, quedó en libertad en julio. Llevaba recluido desde abril de 2009 y parecía ser preso de conciencia.
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Libertad de expresión: ataques contra la prensa

Leyes de prensa restrictivas y acciones represivas de las fuerzas de seguridad siguieron socavando la libertad de prensa. Se hostigó, procesó y encarceló a personas relacionadas con los medios de comunicación. Algunas fueron juzgadas sin las debidas garantías por el Tribunal Especial de Prensa y Publicaciones de Saná.

  • Abdul Ilah Haydar Shayi, periodista independiente, experto en antiterrorismo, que había entrevistado a presuntos miembros de Al Qaeda, fue detenido el 16 de agosto. Al día siguiente fue detenido también Kamal Sharaf, humorista gráfico involucrado en la lucha contra la corrupción. Ambos permanecieron detenidos en régimen de incomunicación hasta el 11 de septiembre. Abdul Ilah Haydar Shayi tenía heridas en el pecho, contusiones en el cuerpo y un diente roto, lesiones que afirmaba haber sufrido al ser golpeado tras su detención. El 22 de septiembre, el Tribunal Penal Especial ordenó la puesta en libertad de Kamal Sharaf, pero la orden no se llevó a efecto hasta el 5 de octubre. Ese mismo día, el Tribunal prolongó la detención de Abdul Ilah Haydar Shayi, que, junto con otro hombre, Abdul Kareem al Shami, fue juzgado por cargos como pertenecer a Al Qaeda y mantener contactos con “hombres en busca y captura”.
  • El 4 de enero, miembros del personal de Al Ayyam y partidarios suyos iniciaron una sentada frente a la sede del periódico, en Adén, para protestar por los ocho meses que llevaba éste silenciado de hecho por las autoridades. El 5 y el 6 de enero fueron detenidos el redactor jefe, Hisham Bashraheel, de 66 años, y dos hijos suyos, Hani y Muhammad, que trabajaban también en el periódico. Hisham Bashraheel estuvo detenido en un principio en régimen de incomunicación y su salud se deterioró. Quedó en libertad bajo fianza el 25 de marzo. Sus hijos fueron puestos en libertad el 9 de mayo. Los tres tenían cargos pendientes.
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Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas seguían estando muy discriminadas en la ley y en la práctica, sobre todo en las zonas rurales, donde todavía eran víctimas de matrimonio forzado y matrimonio a edad temprana. Al finalizar el año no se había promulgado todavía una ley, aprobada por el Parlamento en 2009, que elevaba a los 17 años la edad mínima de las niñas para casarse. Se registraron nutridas concentraciones a favor y en contra de la reforma. El gobierno se comprometió a aplicar planes para aumentar la participación de las mujeres en la vida política, social y económica.

  • Ilham al Ashi, de 12 años, murió el 9 de abril, pocos días después de casarse, como consecuencia de una hemorragia interna producida al parecer por una violenta agresión sexual de su esposo.
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Mortalidad materna

Los índices de mortalidad materna en Yemen siguieron siendo notablemente superiores a los de otros países de la región. Las autoridades continuaron colaborando con organismos de ayuda internacional para ampliar la atención gratuita de la salud a las mujeres embarazadas. En las zonas rurales remotas, las mujeres seguían teniendo grandes problemas de acceso a servicios de salud satisfactorios; en muchos casos, no tenían la posibilidad de recibir atención prenatal u obstétrica de emergencia, pues el centro médico más próximo se encontraba demasiado lejos.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En febrero, las autoridades crearon el Departamento General de Asuntos de Refugiados.

En junio, según el ACNUR, residían en Yemen al menos 178.000 refugiados procedentes de África, de los que 168.000 eran somalíes. Las autoridades yemeníes empezaron a adoptar medidas para poner fin al reconocimiento automático de los somalíes como refugiados.

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Tortura y otros malos tratos

Siguieron denunciándose torturas y otros malos tratos infligidos por agentes de policía, guardias de prisiones y, sobre todo, agentes de la Seguridad Nacional durante las primeras semanas de detención. Entre los métodos citados figuraban golpear a la víctima con palos y culatas de fusil, propinarle patadas y tenerla colgada de las muñecas durante largos periodos.

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Penas crueles, inhumanas y degradantes

Siguió utilizándose la flagelación para castigar delitos de índole sexual o relacionados con bebidas alcohólicas.

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Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a 27 personas y se ejecutó como mínimo a 53. Centenares de personas se encontraban al parecer condenadas a muerte.

  • Akram al Samawy, declarado culpable de violar y asesinar a una niña, fue ejecutado el 5 de julio en la Prisión Central de Taiz.
  • En julio, el Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte impuesta a Abdul Aziz al Obadi tras ser declarado culpable de asesinato. En junio de 2009, un tribunal de apelación lo había condenado a muerte tras anular la pena de diyat (indemnización económica) que le había impuesto un tribunal inferior en función de unos informes médicos en los que se decía que era una persona “mentalmente anormal”.
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