Suazilandia

Human Rights in Reino de Suazilandia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Swaziland is now live »

Jefe del Estado
rey Mswati III
Jefe del gobierno
Barnabas Sibusiso Dlamini
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
1,2 millones
Esperanza de vida
47 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
111/92 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
86,5 por ciento

Información general

El gobierno seguía excluyendo las cuestiones de gobernanza de su diálogo con el movimiento sindical y la sociedad civil. Una delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó el país en octubre para investigar las denuncias de restricciones a la libertad de asociación.

La economía de Suazilandia continuaba su declive, con un descenso del 62 por ciento en los ingresos procedentes de la Unión Aduanera del África Meridional, y unos niveles en aumento de desempleo y pobreza. La esperanza de vida media seguía descendiendo debido a las epidemias gemelas de VIH y tuberculosis.

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Represión de la disidencia

Activistas políticos y de la sociedad civil denunciaron incidentes de malos tratos, registros domiciliarios y vigilancia de las comunicaciones y las reuniones. Durante el año se alteró el desarrollo de algunas protestas y marchas sindicales previstas, aunque en noviembre se desarrolló sin incidentes una marcha dirigida por un sindicato importante.

  • En junio y julio, policías armados llevaron a cabo redadas y registros prolongados en las viviendas de decenas de destacados defensores de los derechos humanos, sindicalistas y activistas políticos mientras investigaban una sucesión de atentados con cócteles molotov. Algunos registros, especialmente los practicados a activistas políticos, se hicieron sin las pertinentes órdenes judiciales. A algunas personas las llevaron a comisarías de policía y las interrogaron sobre sus actividades, y al menos dos activistas denunciaron haber sido torturados mediante asfixia y palizas.
  • El 6 de septiembre, en un intento de alterar el desarrollo de las marchas de protesta previstas, la policía disolvió una reunión pacífica de la sociedad civil en la ciudad de Manzini. Los agentes detuvieron de forma ilegítima a más de 50 personas, entre ellas defensores de los derechos humanos y agentes de sindicatos extranjeros. La policía también confiscó equipos de cámara, amenazó y detuvo a un periodista y agredió a otro. Tras su liberación o expulsión del país, algunos denunciaron que habían sido agredidos en el momento de su detención. Las marchas, organizadas por las federaciones sindicales de Suazilandia y la Campaña por la Democracia en Suazilandia, se celebraron los días 7 y 8 de septiembre bajo una fuerte presencia policial y militar.

El 8 de septiembre, el primer ministro afirmó en una conferencia de prensa que debía considerarse la tortura como una forma de castigo contra “extranjeros importunos” y disidentes. Su oficina no emitió después un rechazo inequívoco de sus comentarios, de los que se hicieron amplio eco los medios de comunicación.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades seguían usando las amplias disposiciones de la Ley de Represión del Terrorismo de 2008 para detener y enjuiciar a activistas políticos. Esta ley se usaba también como base para las órdenes de registro y otras medidas dirigidas a intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y trabajadores de los medios de comunicación.

  • En junio, Zonke Dlamini y Bhekumusa Dlamini, miembros de una organización prohibida en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo, fueron detenidos por separado en relación con las investigaciones policiales sobre los atentados con cócteles molotov. Se los acusó formalmente en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo, y se les denegó la libertad bajo fianza tras una vista ante el Tribunal Superior. Durante la vista se informó al tribunal de que los dos detenidos habían sido sometidos a tortura por asfixia y otros malos tratos bajo custodia policial después de su detención. Zonke Dlamini denunció también que su confesión, que condujo a la detención de Bhekumusa Dlamini, había sido obtenida bajo coacción. Al final del año no habían concluido los procedimientos judiciales.
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Muerte bajo custodia

  • El activista político Sipho Jele murió en el Centro de Detención Preventiva de Sidwashini varios días después de ser detenido en una concentración de trabajadores celebrada con motivo del Día Internacional del Trabajo. El 3 de mayo fue acusado formalmente ante el Tribunal Superior en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo, al parecer por llevar puesta una camiseta y estar en posesión de una tarjeta de afiliado de una organización prohibida en virtud de dicha ley. No dispuso de representación letrada ni se dejó constancia de los procedimientos. Más tarde trascendió que había pedido al tribunal que no decretase su devolución a custodia policial por temor a ser torturado. Lo encontraron ahorcado en su bloque de celdas el 4 de mayo. El primer ministro, en una medida poco habitual, ordenó una investigación sobre su muerte. Una serie de testigos declararon en audiencia pública. Al terminar el año, el pesquisidor no había informado de sus conclusiones al primer ministro. Sipho Jele ya había sido detenido previamente, en 2005, y presuntamente torturado antes de ser acusado formalmente de traición, cargo por el que nunca fue juzgado.
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Libertad de expresión

La libertad de expresión seguía sometida a restricciones impuestas por leyes que afectaban a los medios de comunicación, por las amplias disposiciones de la Ley de Represión del Terrorismo y por las amenazas concretas proferidas por funcionarios públicos contra periodistas y editores.

  • En marzo, Bheki Makhubu, director de la publicación independiente The Nation, compareció ante un tribunal para responder de los cargos de “desacato criminal al tribunal”. Los cargos tenían su origen en dos artículos en los que se expresaba preocupación por el Estado de derecho en Suazilandia. El caso no se había visto al terminar el año.
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Uso excesivo de la fuerza

Continuaron las denuncias de uso indebido de fuerza letal por la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y había indicios de que las víctimas no representaban una amenaza para la vida cuando recibieron los disparos. En enero, el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Administración Pública, reverendo David Matse, expresó públicamente su preocupación por que policías y soldados estuvieran aplicando una “política de disparar a matar” que violaba el derecho a la vida.

  • El 3 de enero, Sicelo Mamba murió por disparos presuntamente efectuados por guardias de seguridad que protegían una explotación agrícola y una reserva de fauna. Recibió tres disparos de un fusil de alta velocidad, dos de ellos en la cabeza. Los guardias de seguridad y su empleador, un destacado agricultor, parecían creer que la Ley de Caza de 1997 les concedía inmunidad procesal. Al terminar el año no se había iniciado ninguna investigación oficial.
  • El 14 de febrero, Sifiso Nhlabatsi recibió presuntamente disparos de la policía mientras estaba esposado y bajo su custodia. Lo habían sacado de las celdas de la comisaría de policía de Mbabane y lo habían llevado al bosque de Thembelihle, donde lo interrogaron y presuntamente lo agredieron y le dispararon. Necesitó tratamiento hospitalario para las heridas de bala que sufrió en la parte superior de la espalda. La policía afirmó públicamente que le había disparado “en las nalgas cuando intentaba huir durante su detención”.
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Derechos de las mujeres

Continuó demorándose la redacción final de unos proyectos de ley que afectaban al derecho de las mujeres a la igualdad, pese a que el informe de Suazilandia sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2010 reconocía que esto conducía a la feminización de la pobreza. En el mismo informe se confirmó que la persistencia y magnitud de la violencia de género era “un problema de gran importancia”. En agosto, el gobierno aprobó un documento sobre Política Nacional de Género.

En mayo, el Tribunal Supremo anuló por razones técnicas una resolución del Tribunal Superior que concedía a algunas mujeres casadas el derecho a poseer bienes inmuebles. Sin embargo, los jueces de apelación acordaron que la disposición pertinente de la Ley de Registro de Escrituras de 1968, que negaba a estas mujeres este derecho, era inconstitucional. El Tribunal Supremo concedió al Parlamento un plazo de un año para enmendar dicha disposición.

En octubre se introdujo en el Parlamento el proyecto de Ley de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica para su debate completo, más de cinco años después de su redacción inicial. Al terminar el año el proyecto de ley no había sido aprobado.

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Derecho a la salud: pobreza y VIH

Suazilandia seguía teniendo el índice de prevalencia del VIH más alto del mundo entre adultos de 15 a 49 años. La epidemia seguía afectando de modo desproporcionado a las mujeres, y la mayoría de las nuevas infecciones seguían produciéndose en mujeres. En noviembre, el ministro de Salud anunció que el índice de prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas que asistían a clínicas prenatales había descendido ligeramente desde 2008, hasta situarse en el 41,1 por ciento. Representantes del gobierno afirmaron en la ONU en octubre que las mujeres se ocupaban del 90 por ciento de los cuidados a las personas afectadas por dolencias relacionadas con el sida.

Poco más del 50 por ciento de las personas que necesitaban terapia antirretroviral recibían tratamiento en 2010. La escasez de personal médico y medicinas seguía menoscabando el acceso a dicha terapia y su mantenimiento. Una de las barreras socioeconómicas era la ausencia de transporte público asequible para pacientes en las zonas rurales. Sin embargo, se tuvo noticia de que hubo mejoras en los resultados del tratamiento a partir de un proyecto de fomento de la capacidad para el establecimiento de clínicas en la región más pobre, Shishelweni, dirigidas conjuntamente por Médicos sin Fronteras y el Ministerio de Salud.

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Derecho a la educación

En marzo, el Tribunal Supremo falló que el derecho a la educación primaria gratuita no era un derecho fundamental. A pesar de una sentencia dictada por el Tribunal Superior en 2009, que ratificaba esta obligación en virtud de la Constitución, el Tribunal Supremo afirmó que se trataba de un problema de disponibilidad de recursos, “no de una insistencia excesiva en la verdad y la interpretación apropiada de la sección 29.6 de la Constitución suazilí”. El recurso había sido presentado por la Asociación Nacional de ex Mineros de Suazilandia tras haber sido rechazada en enero de 2010 su solicitud de una orden para hacer cumplir la sentencia de 2009.

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Pena de muerte

Aunque la Constitución de 2006 permitía el uso de la pena capital, no se llevaban a cabo ejecuciones desde 1983. No se impusieron nuevas condenas a muerte en 2010. Dos personas permanecían en espera de ejecución. Se hicieron llamamientos públicos a la reanudación de las ejecuciones como reacción a varios incidentes de delincuencia violenta.

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