República Centroafricana

Human Rights in República Centroafricana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Central African Republic is now live »

Jefe del Estado
François Bozizé
Jefe del gobierno
Faustin Archange Touadéra
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
4,5 millones
Esperanza de vida
47,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
196/163 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
54,6 por ciento

Información general

Las elecciones, previstas para abril y octubre, se aplazaron hasta enero de 2011. En octubre de 2010, la comisión electoral independiente anunció que la confección del censo electoral había concluido con éxito. Sin embargo, grupos armados secuestraron y mantuvieron como rehenes a agentes censales en distintas partes del país. A algunos dirigentes de partidos opositores, entre ellos el presidente del Movimiento de Liberación del Pueblo Centroafricano (MLPC), se los sometió a hostigamiento y se les impidió viajar al extranjero sin ofrecerles ninguna explicación.

Dos tercios del país estaban fuera del control del gobierno. Miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a ataques armados, y unas 200.000 siguieron internamente desplazadas. Había también unas 200.000 personas refugiadas en países vecinos.

El noroeste del país estaba bajo el control efectivo del Ejército Popular para el Restablecimiento de la Democracia (APRD), grupo armado que había firmado un acuerdo de paz con el gobierno pero no había entregado las armas. En el sudeste y el este aumentaron el número y la gravedad de los ataques del Ejército de Resistencia del Señor.

La Unión Africana anunció en octubre la formación de una fuerza militar conjunta, con tropas aportadas por la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán y Uganda, para combatir al Ejército de Resistencia del Señor, que se había trasladado a la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y el sur de Sudán tras ser desplazado del norte de Uganda.

En mayo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley que comprometía a su gobierno a ayudar a la República Centroafricana y otros países de la región a eliminar la amenaza que les planteaba el Ejército de Resistencia del Señor. En junio, miembros de las Fuerzas Especiales Estadounidenses visitaron el sudeste de la República Centroafricana para evaluar la posible asistencia al gobierno del país contra el Ejército de Resistencia del Señor. En noviembre, el presidente Obama presentó al Congreso estadounidense una “estrategia para apoyar el desarme del Ejército de Resistencia del Señor”.

En mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió poner fin al mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) tras pedir el gobierno chadiano la retirada de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Los 4.375 efectivos de las fuerzas de paz debían retirarse de los dos países en varias etapas antes del final de 2010.

Siguió desplegada, bajo los auspicios de la Comunidad Económica de los Estados del África Central, una fuerza de mantenimiento de la paz integrada por 500 efectivos y conocida como Misión para la Consolidación de la Paz en África Central (MICOPAX).

Continuó el despliegue de miles de efectivos del ejército de Uganda en el este del país.

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Justicia internacional

El juicio de Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, comenzó en noviembre. En octubre, una sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional había rechazado un recurso de sus abogados en el que solicitaban el sobreseimiento del caso y que era el último obstáculo para que diera comienzo el juicio. En la Corte Penal Internacional Jean-Pierre Bemba debía hacer frente a dos cargos de crímenes de lesa humanidad y tres cargos de crímenes de guerra, acusado de dirigir en 2002 y 2003 unas milicias que mataron y violaron a civiles en la República Centroafricana.

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Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados mataron e hirieron con impunidad a civiles en las zonas del país afectadas por el conflicto armado. Otros abusos denunciados con frecuencia eran la violación de mujeres y niñas, los saqueos y el incendio de viviendas, graneros y negocios. La inseguridad generalizada en la región hacía muy difícil que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos establecieran el número de víctimas y la identidad de los responsables.

El APRD montaba controles de carreteras y exigía el pago de “impuestos” en el norte del país.

  • De acuerdo con Jean-Jacques Demafouth, dirigente político del APRD, Souleymane Garga, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de la República Centroafricana, fue asesinado en abril de 2009 en la ciudad de Paoua por un jefe del APRD o siguiendo sus órdenes. El APRD, según los informes, pagó una indemnización a la familia de Souleymane Garga, y ésta aceptó sus disculpas.

El Ejército de Resistencia del Señor llevó a cabo cientos de ataques en la República Centroafricana, que incluyeron secuestros –en algunos casos, de niñas– robos, saqueos y pillaje, y el homicidio de cientos de civiles.

  • El 4 de julio, el Ejército de Resistencia del Señor llevó a cabo un ataque en Mada-Bazouma, cerca de la población de Bangassou. Según los informes, cuatro personas, dos de ellas mujeres, fueron mutiladas, y siete fueron secuestradas, entre ellas una niña de 14 años. Un destacamento militar estacionado a unos 15 kilómetros de allí no llegó hasta el día siguiente.
  • Un portavoz del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, declaró que rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor habían atacado el 10 de octubre la ciudad de Birao, en el norte del país, y habían secuestrado a niñas de corta edad, saqueado propiedades y prendido fuego a negocios. El portavoz agregó que el Ejército de Resistencia del Señor había llevado a cabo más de 240 ataques con víctimas mortales –al menos 344– en 2010.

La Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP), uno de los grupos armados que se habían negado a firmar un acuerdo de paz con el gobierno, fue acusada de cometer violaciones, homicidios, saqueos y extorsiones en el nordeste de la República Centroafricana.

  • El 30 de octubre, miembros de la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz secuestraron a 21 agentes censales que estaban actualizando los censos electorales para las elecciones previstas para finales de octubre. Según los informes, capturaron a los agentes cuando éstos se acercaban a la ciudad de Birao y destruyeron los documentos con los datos que habían recogido.

El ejército de Uganda mantenía su presencia en el este del país. En enero, según los informes, mató a Bok Abudema, número dos en la cadena de mando del Ejército de Resistencia del Señor, al norte de la ciudad de Djema. En octubre, un soldado ugandés mató a tiros a un joven centroafricano e hirió a su padre.

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Policía y fuerzas de seguridad

Las fuerzas gubernamentales fueron responsables de homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos en zonas del país donde se enfrentaban a grupos armados. El gobierno fue también responsable de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos.

  • Dos hermanas de Hassan Ousman, líder del antiguo movimiento rebelde Movimiento Nacional de Salvación de la Patria (MNSP), fueron detenidas en marzo. Habían estado buscando información sobre su hermano, desaparecido en diciembre de 2009. Hassan Ousman era presidente del Subcomité de Seguridad y Fuerzas Armadas del Comité de Seguimiento del Diálogo. Sus dos hermanas fueron acusadas formalmente de espionaje y colaboración con una potencia extranjera.
  • Charles Massi, ex ministro del gobierno y líder de la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz, desapareció en enero. Se creía que había muerto torturado por fuerzas gubernamentales. Había sido entregado a las autoridades de la República Centroafricana por miembros de las fuerzas de seguridad chadianas.
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Presos de conciencia

Se encarceló por falsos cargos a presuntos detractores del gobierno y a allegados y familiares suyos.

  • Once personas fueron detenidas en junio por su relación con un abogado y un empresario a quienes las autoridades buscaban para detenerlos: Symphorien Balemby, presidente del Colegio de Abogados de la República Centroafricana, y el empresario Jean Daniel Ndengou, quienes habían huido del país al ser acusados públicamente de responsabilidad en el incendio de un supermercado de propiedad privada en la capital, Bangui, el 9 de junio. Entre los 11 detenidos figuraban Albertine Kalayen Balemby, esposa y secretaria de Symphorien Balemby, y Gabin Ndengou, hermano de Jean Daniel Ndengou y conductor al servicio de la Organización Mundial de la Salud. Según los informes, los detenidos fueron acusados de incendio, incitación al odio y asociación delictiva, pero Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia, acusados falsamente debido a su relación con los dos hombres.
  • El defensor de los derechos humanos Lewis-Alexis Mbolinani, coordinador de la ONG Juventud Unida por la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Comunitario (JUPEDEC), continuó detenido sin juicio hasta finales de marzo. Había sido detenido en diciembre de 2009 por miembros de la Dirección de Información e Investigación (SRI) de la policía y acusado falsamente de colaboración con el Ejército de Resistencia del Señor. Quedó en libertad provisional en abril, y tras su liberación dijo que lo habían torturado mientras estaba detenido. En octubre, el fiscal del Tribunal Superior de Bangui declaró que la acusación contra Lewis-Alexis Mbolinani carecía de fundamento.
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Tortura y homicidios de personas acusadas de brujería

Las mujeres y los hombres acusados de brujería con frecuencia eran torturados y maltratados, o incluso eran víctimas de homicidio. Las autoridades gubernamentales y de seguridad aprobaban tales acusaciones y malos tratos, y no tomaban medida alguna para proteger a las víctimas o poner a los responsables a disposición de la justicia.

  • Betty Kimbembe, de 35 años, madre de un bebé de cuatro meses, y dos hombres fueron brutalmente golpeados en abril por soldados del gobierno y por un hijo del presidente Bozizé, según los informes, tras haberlos acusado éste de brujería.
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Pena de muerte

El Tribunal Penal de Bangui condenó a muerte in absentia a 14 personas por asesinato. No se tuvo noticia de otras condenas a muerte ni de ejecuciones.

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