Laos

Human Rights in República Democrática Popular de Laos

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Laos is now live »

Jefe del Estado
Choummaly Sayasone
Jefe del gobierno
Thongsing Thammavong (sustituyó a Bouasone Bouphavanh en diciembre)
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
6,4 millones
Esperanza de vida
65,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
68/61 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
72,7 por ciento

Información general

Laos rechazó las recomendaciones de que eliminase la pena de muerte formuladas en mayo por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. En septiembre firmó la Convención de la ONU contra la Tortura. En noviembre se celebró en la capital, Vientián, la primera reunión de los Estados Partes en la Convención sobre Municiones en Racimo. En diciembre, Laos se abstuvo en la votación de la resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

La Red de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (Red de ONGI) expresó su preocupación sobre las consecuencias negativas del rápido aumento de grandes proyectos de inversión extranjeros, en campos como la minería o la energía hidroeléctrica. La Red de ONGI también hizo hincapié en la necesidad de abordar el desarrollo social, las desigualdades en los ingresos, y el acceso a servicios educativos y de salud.

La mayoría de las causas judiciales estaban relacionadas con conflictos sobre tierras. Las autoridades afirmaron que las lagunas en leyes y normativas, la parcialidad de los jueces, y la falta de transparencia por parte de funcionarios judiciales y agentes encargados de hacer cumplir la ley eran factores que complicaban la situación.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Laos no permitió que observadores independientes accediesen sin restricciones a zonas de reasentamiento en las localidades de Phonkham, provincia de Borikhamsay, y Phalak y Nongsan, provincia de Vientián, lo que impidió evaluar adecuadamente la situación de alrededor de 4.500 personas de etnia hmong que habían sido devueltas desde Tailandia en diciembre de 2009. En torno a 3.500 personas retornadas, de las que más de 1.000 eran niños y niñas, vivían en la zona de reasentamiento de la remota localidad de Phonkham. Hasta junio no dispusieron de electricidad, y carecían de atención a la salud e instalaciones educativas adecuadas. A pesar de los compromisos oficiales, los residentes no recibieron documentos de identidad ni de viaje.

Las autoridades consideraban que todas las personas retornadas eran “migrantes ilegales”.

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Presos de conciencia y personas detenidas por motivos políticos

Continuó la falta de transparencia sobre el paradero y la suerte que habían corrido los presos de conciencia y las personas encarceladas por motivos políticos.

  • Las autoridades rechazaron la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal para que dejasen en libertad a los presos de conciencia Bouavanh Chanhmanivong, Seng-Aloun Phengphanh y Thongpaseuth Keuakoun, detenidos cuando intentaban celebrar una protesta pacífica en octubre de 1999 y que seguían encarcelados, a pesar de que ya habían cumplido la pena de 10 años que se les había impuesto.
  • Continuaba sin conocerse el paradero ni la suerte que habían corrido nueve hombres y mujeres detenidos en noviembre de 2009 por organizar una petición a las autoridades sobre la pérdida de tierras y la falta de apoyo económico y social.
  • No se tuvieron noticias sobre Thao Moua y Pa Fue Khang, dos hombres de etnia hmong detenidos en 2003 y condenados a 12 y 15 años de cárcel, respectivamente, en un juicio sin garantías celebrado por motivos políticos. Lo último que se había sabido de ellos es que estaban encarcelados en la prisión de Samkhe, en Vientián.
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Libertad de religión

En las provincias, un número reducido de personas de religión cristiana fueron hostigadas, en un intento de obligarlas a abjurar de su fe.

  • En enero, agentes de policía y funcionarios locales de Katin, provincia de Saravan, obligaron a decenas de personas de religión cristiana a abandonar un servicio religioso a punta de pistola. Cuando se negaron a abjurar de su fe, las obligaron a salir a pie de la localidad y las abandonaron al borde de la carretera a varios kilómetros de distancia, tras haberles quitado sus pertenencias.
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