Jordania

Human Rights in Reino Hachemí de Jordania

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jordan is now live »

Jefe del Estado
rey Abadalá II bin al Husein
Jefe del gobierno
Samir Rifai
Pena de muerte
retencionista
Población
6,5 millones
Esperanza de vida
72,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
24/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91,1 por ciento

Información general

Con el Parlamento disuelto por orden del rey hasta la celebración de nuevas elecciones el 9 de noviembre, el gobierno aprobó leyes de carácter temporal. Los comicios fueron boicoteados por varios partidos políticos, incluido el Frente de Acción Islámica, principal formación opositora, que se quejaba de que el sistema electoral no era lo suficientemente representativo y favorecía a las zonas rurales en detrimento de las ciudades, donde predominaban los ciudadanos de origen palestino. En el Parlamento inaugurado el 29 de noviembre, la mayoría de los escaños estaban ocupados por miembros de tribus leales al monarca.

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Tortura y otros malos tratos

Siguieron recibiéndose informes sobre torturas y otros malos tratos a presuntos delincuentes y a personas detenidas por motivos de seguridad. Las autoridades no establecieron salvaguardias jurídicas ni otras medidas adecuadas de protección contra estos abusos.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró su preocupación inveterada por el hecho de que Jordania no llevara a cabo investigaciones ni enjuiciamientos en relación con las denuncias de tortura, no facilitara una protección adecuada contra la tortura y no garantizara el procesamiento de los responsables de acuerdo con la gravedad del delito. Puso de relieve también las “numerosas afirmaciones coherentes y fidedignas de que la tortura y los malos tratos contra los detenidos constituyen una práctica generalizada y rutinaria”, incluso bajo custodia del Departamento General de Inteligencia y la Policía Judicial Auxiliar. El gobierno no respondió a las recomendaciones del Comité.

  • Se retiraron los cargos presentados contra un agente de policía por un presunto homicidio ilegítimo al decidir la familia de la víctima no proseguir las acciones judiciales. La autopsia había revelado que la víctima, Fakhri Anani Kreishan, fallecido en noviembre de 2009 tras ser agredido por unos agentes de policía en Maan, había sufrido una herida mortal en la cabeza, causada por un objeto contundente. El policía presunto autor del golpe siguió en activo.
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Juicios injustos: Tribunal de Seguridad del Estado

Decenas de personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado fueron sometidas a juicios injustos ante el Tribunal de Seguridad del Estado. En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró su recomendación de que las autoridades consideraran la posibilidad de suprimir este tribunal.

  • En marzo, el Tribunal de Seguridad del Estado hizo caso omiso de las conclusiones a las que había llegado en 2009 el Tribunal de Casación para anular la cadena perpetua de ocho hombres a quienes en 2004 el Tribunal de Seguridad del Estado había declarado culpables de planear un “atentado terrorista”. Una de ellas era que las “confesiones” se habían hecho “bajo coacción” y eran por tanto “inadmisibles”. El Tribunal de Seguridad del Estado remitió la causa a la Fiscalía para que llevara a cabo una nueva investigación, y los hombres siguieron en prisión. Al parecer, no se efectuó ninguna investigación oficial para averiguar si las “confesiones” se habían obtenido o no con coacción.
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Detención sin juicio

Según el Centro Nacional Jordano de Derechos Humanos, durante los primeros seis meses de 2010 se encontraban recluidas 6.965 personas en virtud de la Ley de Prevención del Delito de 1954, que asignaba a los gobernadores provinciales la facultad de detener por tiempo indefinido y sin cargos a toda persona sospechosa de haber cometido un delito o considerada un “peligro para la sociedad”.

  • Isam al Utaibi, conocido también como Sheij Abu Muhammad al Maqdisi, permaneció más de dos meses recluido sin cargos bajo custodia del Departamento General de Inteligencia en Ammán, antes de ser citado para su procesamiento ante el Tribunal de Seguridad del Estado y trasladado a prisión por cargos como reclutar miembros para “organizaciones terroristas”. Dos años antes ya había pasado tres años recluido sin cargos en el Departamento General de Inteligencia.
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Libertad de expresión, asociación y reunión

Se detuvo y, en algunos casos, se procesó a periodistas y a otras personas que criticaban al gobierno o habían participado en protestas pacíficas. Las detenciones aumentaron en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de noviembre, cuando decenas de personas permanecieron breve tiempo detenidas por criticar el sistema electoral.

  • El activista de los derechos de los trabajadores Muhammad al Sneid fue detenido el 10 de mayo y estuvo recluido unos 10 días tras haber participado en la localidad de Madaba en una protesta pacífica contra la decisión del Ministerio de Agricultura de despedirlo junto con otros funcionarios públicos. En julio, el Tribunal de Seguridad del Estado lo condenó a tres meses de cárcel por celebrar una “concentración ilegal”.
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Discriminación: población jordana de origen palestino

Las autoridades siguieron despojando arbitrariamente de la nacionalidad jordana a ciudadanos de ascendencia palestina. Centenares de miles de personas de origen palestino eran ciudadanos jordanos. Aquellas a las que se retiraba la nacionalidad tenían escasos medios para impugnar la decisión. Se convertían de hecho en apátridas, sin acceso a asistencia médica ni a los centros de enseñanza.

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Derechos de las personas migrantes: trabajadoras domésticas

Por lo general no se aplicaban las normas introducidas en 2009 para proteger a las trabajadoras migrantes domésticas de la explotación y los abusos físicos y psicológicos en el entorno laboral. TAMKEEN, organización que facilitaba asistencia jurídica a estas personas, comunicó en mayo que durante los 12 meses anteriores había recibido 290 quejas de trabajadores extranjeros sobre impago de salarios, confiscación de pasaportes y malas condiciones laborales.

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Violencia y discriminación contra mujeres y niñas

Las mujeres siguieron siendo víctimas de homicidio en nombre del “honor”, delito del que, según los informes, se registraron al menos 15 casos. El gobierno introdujo una serie de modificaciones provisionales en el Código Penal para impedir la imposición de condenas leves a los varones declarados culpables de matar a mujeres de su familia en nombre del “honor”; entre otros, se modificó el artículo 98, que permitía imponer condenas reducidas a quienes matasen en un “arrebato de furia provocado por un acto ilegítimo o peligroso de la víctima”. Sin embargo, el Tribunal de Casación reenvió dos causas de esta índole al Tribunal Penal para que considerase la posibilidad de reducir las penas conforme al artículo 98.

Las modificaciones provisionales de la Ley sobre la Condición Personal no abordaron de manera adecuada la discriminación de las mujeres, pues, entre otras cosas, no garantizaban la igualdad del hombre y la mujer en la liquidación de la sociedad conyugal por divorcio. Las modificaciones elevaron a los 18 años la edad mínima de las niñas para contraer matrimonio, pero preveían excepciones que permitían que en algunos casos pudieran casarse con tan sólo 15.

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Pena de muerte

Según fuentes de Amnistía Internacional, en 2010 se condenó a muerte a nueve personas; sin embargo, el ministro de Justicia afirmó que la cifra total era de seis. Se aprobaron enmiendas al Código Penal que reducían el número de delitos punibles con la muerte. El ministro de Justicia anunció en marzo que la violación podría dejar de ser un delito punible con la muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

En diciembre, Jordania se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

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