Filipinas

Human Rights in República de Filipinas

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Philippines is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Benigno S. Aquino III (sustituyó a Gloria Macapagal Arroyo en junio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
93,6 millones
Esperanza de vida
72,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
32/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,6 por ciento

Información general

En mayo se celebraron elecciones nacionales, y en octubre, elecciones locales. Ambos comicios se vieron empañados por homicidios cometidos por motivos políticos. En mayo, Benigno Aquino III, hijo de la ex presidenta Corazón Aquino y del senador asesinado Benigno Aquino Jr., fue elegido presidente.

Continuó aplazándose la reanudación de las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica. Sin embargo, el gobierno designó en julio a su grupo de negociadores. En septiembre, el Frente Moro de Liberación Islámica afirmó estar dispuesto a comenzar las conversaciones de paz y designó a sus negociadores para este fin.

Continuaron las dificultades para reanudar las conversaciones de paz entre el gobierno y el comunista Nuevo Ejército del Pueblo.

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Homicidios ilegítimos

El número de homicidios políticos aumentó durante las elecciones de mayo y octubre. Los seguidores de partidos políticos sufrieron intimidación y actos de violencia, incluidos ataques con granadas.

Continuaron sin resolverse centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas registrados durante el decenio anterior, y los responsables no fueron procesados. Prácticamente ninguna de las familias de las víctimas recibió reparación. A lo largo del año se denunciaron al menos 38 presuntos homicidios políticos.

Según informes, al menos seis periodistas fueron víctimas de homicidio en 2010. Sólo durante una semana de junio murieron abatidos por disparos los periodistas radiofónicos Desiderio Camangyan (en la ciudad de Mati, sur de Filipinas) y Joselito Agustín (en la ciudad de Laoag, norte de Filipinas), y el periodista de prensa escrita Nestor Bedolido (en la ciudad de Digos, sur de Filipinas).

En septiembre, después de considerables aplazamientos, comenzó el juicio contra presuntos responsables de la matanza de la provincia de Maguindanao, perpetrada en 2009, durante el periodo previo a las elecciones nacionales, y en la que murieron 57 personas, 32 de ellas periodistas. Se detuvo y acusó formalmente a un mínimo de 83 sospechosos, entre los que había al menos 16 policías y miembros del poderoso clan político Ampatuan. Un total de 113 personas sospechosas de haber perpetrado la matanza seguían en libertad.

  • Suwaid Upham, que al parecer fue uno de los hombres armados que participó en la matanza, se presentó en marzo dispuesto a declarar como posible testigo ante el tribunal. Sin embargo, en junio murió abatido por disparos. Según los informes, a pesar de intentarlo, no había conseguido entrar en el Programa de Protección de Testigos. Se detuvo a dos personas en relación con su asesinato.

En febrero, la Policía Nacional de Filipinas informó de que había 117 grupos armados privados. En mayo, la Comisión Independiente contra los Ejércitos Privados denunció que en el país había al menos 72 grupos armados privados en activo, y que la policía y las fuerzas armadas ya habían desmantelado a otros 35.

Muchos integrantes de “multiplicadores de fuerza” armados creados por el gobierno, como las Organizaciones Civiles Voluntarias, las unidades policiales auxiliares y las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas, pertenecían también a grupos armados privados. Un ex general de las fuerzas armadas y miembro de la Comisión Independiente contra los Ejércitos Privados declaró a los medios de comunicación que las autoridades locales a menudo utilizaban a estos grupos de voluntarios y unidades auxiliares como ejércitos privados.

En noviembre, el presidente se comprometió a desmantelar y desarmar a los grupos armados privados identificados como tales, pero se negó a suprimir las Organizaciones Civiles Voluntarias, las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas y las unidades policiales auxiliares, y afirmó que, por el contrario, había que profesionalizarlas. Las fuerzas armadas manifestaron que era preciso aumentar el número de Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas. Tras la matanza de Maguindanao, la policía afirmó que había suspendido el reclutamiento de miembros para las unidades policiales auxiliares.

En febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas anunció que desde 2001 había registrado 777 casos de ejecución extrajudicial y 251 de desaparición forzada. En septiembre, el grupo de derechos humanos Karapatan había registrado 1.206 homicidios extrajudiciales y 206 víctimas de desaparición forzada durante ese mismo periodo. Según un informe publicado en septiembre, encargado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la ONG Fundación Asia, entre 2001 y 2010 hubo 305 casos de ejecuciones extrajudiciales con 390 víctimas. En el informe se afirmaba que sólo el 1 por ciento de los casos denunciados había acabado en condena, y que en el 20 por ciento de los casos había miembros de las fuerzas armadas implicados.

El plan de contrainsurgencia de las fuerzas armadas no hacía distinción entre la población civil y los miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, por lo que continuaron los homicidios de civiles. En algunos casos, la policía o las fuerzas armadas afirmaron que las muertes se habían producido durante “enfrentamientos legítimos”.

  • En noviembre, el botánico Leonardo Co y otros dos miembros de su equipo murieron abatidos por disparos en la provincia de Leyte, en el centro de Filipinas, mientras recogían especies de árboles autóctonos. Oficiales de las fuerzas armadas afirmaron que los hombres habían quedado atrapados en el fuego cruzado entre el ejército y el Nuevo Ejército del Pueblo; sin embargo, un superviviente del equipo del botánico lo negó.
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Tortura y otros malos tratos

  • En agosto, los medios de comunicación filipinos emitieron un vídeo en el que un policía vestido de civil torturaba a Darius Evangelista, que al parecer estaba detenido como sospechoso de hurto, en una comisaría de Manila y ante la mirada de agentes uniformados. En las imágenes se veía cómo tiraban de un cordón atado a los genitales del detenido, que estaba desnudo, y lo golpeaban con una cuerda. A raíz del vídeo, las autoridades suspendieron a los 11 agentes de policía implicados. Darius Evangelista había sido detenido por la policía en marzo y no volvió a ser visto desde entonces. En los archivos policiales no quedó constancia de su detención. Su esposa presentó
  • una querella contra nueve agentes de policía, afirmando que su caso constituía una violación de la Ley contra la Tortura de 2009.
  • Según informes, Ambrosio Derejeno, de 40 años, desapareció en enero. Fue visto por última vez por un familiar, bajo la custodia de miembros de las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas en la provincia de Samar, atado y rodeado por hombres con uniforme de camuflaje que le apuntaban con sus pistolas. Según la Ley contra la Tortura de 2009, el hecho de utilizar armas de fuego para amenazar a una persona inmovilizada constituía tortura.

En diciembre, el presidente firmó el reglamento de aplicación de la Ley contra la Tortura.

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Derechos de los pueblos indígenas

En junio, según informes, soldados de las fuerzas armadas sacaron de sus casas a miembros de la comunidad indígena dumagat de la provincia de Rizal, en el norte de Filipinas. Un miembro de la comunidad afirmó que los soldados ataron a los hombres y secuestraron al menos a uno de ellos. En julio, personas no identificadas mataron a tres integrantes de la comunidad que, según informes, pertenecían a un partido indígena de izquierdas.

Según información aparecida en un medio de comunicación, las fuerzas armadas reactivaron en septiembre al grupo paramilitar Alsa Lumad (Arriba, pueblos indígenas) en su campaña contra el Nuevo Ejército del Pueblo. En esta fuente también se afirmaba que el gobierno había decidido proporcionar armas a los indígenas como parte de sus operaciones de contrainsurgencia contra el Nuevo Ejército del Pueblo.

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Derechos sexuales y reproductivos

En septiembre, el presidente afirmó: “El gobierno tiene la obligación de informar a todas las personas de cuáles son sus responsabilidades y sus opciones”, y anunció que las autoridades ofrecerían anticonceptivos a las parejas sin recursos que los solicitasen. La influyente Iglesia católica expresó su firme oposición a la medida.

En agosto, el Centro de Derechos Reproductivos publicó un informe según el cual cada año se producían más de 560.000 interrupciones de embarazo y en torno a 1.000 mujeres morían a consecuencia de abortos ilegales clandestinos.

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