Corea del Sur

Human Rights in República de Corea

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Korea is now live »

Jefe del Estado
Lee Myung-bak
Jefe del gobierno
Kim Hwang-Sik (sustituyó a Yoon Jeung-hyun en octubre, que a su vez había sustituido a Chung Un-chan en agosto)
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
48,5 millones
Esperanza de vida
79,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Información general

Las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur se vieron agravadas por diversos incidentes ocurridos en el mar del Oeste (el mar Amarillo) (véase el apartado sobre Corea del Norte). La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea no denunció algunas cuestiones básicas de derechos humanos, por lo que se la acusó de perder independencia y autoridad debido a los líderes que tenía en ese momento. Algunos de sus miembros y expertos presentaron la dimisión; al parecer, los nuevos nombramientos se efectuaron por motivaciones políticas.

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Libertad de expresión y asociación

Cada vez se recurrió con mayor frecuencia a imprecisos artículos de la Ley de Seguridad Nacional de 1948 (modificada por última vez en 1997) para silenciar la disidencia y procesar arbitrariamente a personas que ejercían de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y asociación. Según el Departamento de Policía Nacional, hasta agosto, 106 personas fueron acusadas formalmente y 13 detenidas con arreglo a esta ley. Al finalizar el año había al menos 7 personas encarceladas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades seguían recurriendo al artículo 7 (ensalzar a grupos contrarios al Estado o simpatizar con ellos) de la Ley para impedir la publicación o distribución de material considerado “beneficioso” para Corea del Norte.

  • En junio, la fiscalía comenzó a investigar al personal de la ONG Solidaridad del Pueblo para la Democracia Participativa por cargos de difamación, “obstrucción del ejercicio de funciones oficiales” e infracción del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Los cargos estaban relacionados con una carta que la ONG había enviado al Consejo de Seguridad de la ONU expresando sus dudas con respecto al informe de investigación elaborado por Corea del Sur sobre el hundimiento de un buque de la Armada, el Chenoan, en marzo (véase Corea del Norte).
  • En septiembre, el Tribunal Central de Distrito de Seúl falló a favor del acusado Park Won-soon, activista y director del Hope Institute. En 2009, el Servicio de Inteligencia Nacional lo había demandado por daños y perjuicios por valor de 176.000 dólares estadounidenses por considerar que había difamado a la “nación” al haberlo acusado en una entrevista de estar presionando a empresas para que no ofreciesen apoyo económico a grupos de la sociedad civil.
  • En diciembre, la fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión con arreglo a la Ley de Seguridad Nacional para el profesor Oh Se-chul, del grupo Liga de Trabajadores Socialistas. En agosto de 2008, él y otros seis miembros del grupo habían sido detenidos por infringir el artículo 7 de dicha ley. En 2008, el Tribunal Central de Distrito de Seúl había rechazado en dos ocasiones los intentos de detenerlos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
  • En diciembre, el Tribunal Central de Distrito de Seúl absolvió a cuatro productores y un guionista de Munwha Broadcasting Corporation, que habían sido acusados de difamar al ex ministro de Agricultura, encargado de las negociaciones sobre la importación de carne de vacuno de Estados Unidos. En junio de 2009, la fiscalía había acusado al personal de Munwha Broadcasting Corporation de tergiversar hechos, realizar deliberadamente una mala traducción y exagerar los peligros de la carne de vacuno estadounidense en un episodio de la serie de documentales de investigación PD Sucheop emitido en abril de 2008. El gobierno culpó al programa de desencadenar la celebración de vigilias con velas para protestar contra la importación de carne de vacuno de Estados Unidos. La fiscalía recurrió la sentencia absolutoria, y la causa quedó pendiente ante el Tribunal Supremo. En enero, este mismo tribunal había absuelto a las cinco personas de los mismos cargos, decisión que la fiscalía también había recurrido.
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Libertad de reunión

Las autoridades continuaron reprimiendo el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente. Una nueva ley promulgada el 1 de octubre, en el periodo previo a la cumbre del G-20, prohibió las manifestaciones en “lugares relacionados con la seguridad”. Antes de la cumbre se desplegó un gran número de policías antidisturbios, en su mayoría reclutas de las fuerzas armadas. El 7 de noviembre se utilizó capsaicina líquida, irritante por contacto, para controlar una manifestación contra el G-20.

  • En noviembre se impidió la entrada en Corea del Sur de siete activistas filipinos que viajaban a Seúl para asistir a los preparativos de las organizaciones no gubernamentales con motivo del G-20. Los activistas fueron expulsados, y, mientras se encontraban detenidos en el aeropuerto internacional de Incheon, unos funcionarios de inmigración les comunicaron que el gobierno los había incluido en una lista negra.
  • En noviembre, la fiscalía pidió una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel para Park Rae-gun, y de cuatro años para Lee Jong-hoe, por “organizar una protesta ilegal” y “bloquear el tráfico”. Los hechos se referían a unas protestas organizadas en demanda de justicia para las personas muertas durante una operación policial de enero de 2009 contra los inquilinos de un edificio del distrito de Yongsan, en Seúl, que se habían concentrado en la azotea para protestar por su desalojo. El juicio, previsto para diciembre, se aplazó hasta enero de 2011.
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Objeción de conciencia

En noviembre, el Tribunal Constitucional oyó los correspondientes alegatos mientras deliberaba para determinar si la imposición de una sanción penal a quienes, por motivos de conciencia, se negaban a cumplir el servicio militar o a recibir instrucción en las fuerzas de reserva constituía una violación de sus derechos fundamentales. También analizó si el hecho de que a los objetores de conciencia no se les ofreciesen opciones de servicio alternativo conculcaba su derecho fundamental a la libertad de conciencia. En noviembre había 965 objetores de conciencia recluidos.

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Derechos de las personas migrantes

En octubre, el Tribunal Constitucional oyó los alegatos en el marco de sus deliberaciones para determinar la constitucionalidad de limitar los cambios de empleo de los trabajadores migrantes en virtud del Sistema de Permiso de Empleo. Se siguió expulsando a miles de trabajadores y trabajadoras migrantes.

  • En noviembre, Trinh Cong Quan, trabajador migrante vietnamita de 35 años en situación irregular, murió al intentar huir de unos funcionarios de inmigración saltando desde el edificio de la fábrica en la que trabajaba. Las autoridades de inmigración habían irrumpido en la fábrica, sin solicitar el permiso del empleador, como parte de severas medidas gubernamentales contra los trabajadores en situación irregular. Trinh Cong Quan tenía esposa y un hijo en Corea del Sur.
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Pena de muerte

El Tribunal Constitucional estableció en febrero, por cinco votos a favor y cuatro en contra, que la pena capital no constituía una violación de la “valía y dignidad humanas” protegidas por la Constitución. En la Asamblea Nacional estaban pendientes de debate tres proyectos de ley para la abolición de la pena de muerte, uno de ellos presentado en 2010. Se impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. Había 63 personas condenadas a muerte; la causa de 3 de ellas estaba en la fase de apelación.

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