Chile

Human Rights in República de Chile

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Chile is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Sebastián Piñera (sustituyó a Michelle Bachelet en marzo)
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
17,1 millones
Esperanza de vida
78,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,6 por ciento

Información general

El terremoto y el maremoto que devastaron el sur de Chile en febrero causaron hasta 500 muertos y numerosos daños materiales.

En agosto, el hundimiento de una mina de cobre y oro en el desierto de Atacama dejó atrapados a 33 mineros a 700 metros de profundidad. La operación de rescate de los mineros concluyó con éxito 69 días después. El accidente puso de relieve cuestiones relativas a la seguridad en las industrias extractivas. En diciembre murieron 83 personas en un incendio en la masificada cárcel de San Miguel, lo que llamó la atención, una vez más, sobre las terribles condiciones de numerosas prisiones del país.

En enero se abrió al público el Museo de la Memoria de Chile, que ofrecía un espacio para reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. En julio se inició el proceso de creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos, aunque siguió suscitando preocupación el hecho de que su autonomía careciera de reconocimiento constitucional.

Los carabineros reconocieron “errores” en su respuesta, en la que emplearon gas lacrimógeno y cañones de agua, a una protesta estudiantil pacífica celebrada en Santiago en agosto.

En octubre se debatió en el Congreso la modificación de la legislación vigente que permitía que los tribunales militares juzgaran a civiles.

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Derechos de los pueblos indígenas

En julio, 23 presos mapuches iniciaron una huelga de hambre como protesta por el uso de la legislación antiterrorista contra ellos y por presuntas violaciones del debido proceso, entre otros motivos. En el momento más álgido participaron en la protesta 34 presos. Tras las negociaciones entre representantes de los presos y el gobierno, y con la mediación del arzobispo Ricardo Ezzati, la huelga finalizó en octubre. El acuerdo firmado por todas las partes estipulaba que todas las querellas formuladas en aplicación de la legislación antiterrorista serían trasladadas a la jurisdicción penal, que el gobierno introduciría reformas en el Código de Justicia Militar y que se adoptarían otras medidas para abordar las peticiones de los mapuches, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Grupos indígenas de Rapa Nui (isla de Pascua) protestaron desde agosto por el fracaso continuado del proceso de devolución de sus tierras tradicionales. En respuesta, el gobierno creó en septiembre grupos de trabajo para estudiar sus demandas, pero muchos miembros de clanes pusieron objeciones a las condiciones del debate. En diciembre, más de 20 personas resultaron heridas en enfrentamientos violentos entre agentes de seguridad y miembros de clanes que ocupaban edificios y tierras.

Un proyecto de ley presentado en el Congreso que proponía el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas recibió categoría de urgente en septiembre, pero esa categoría se retiró en octubre. Al concluir el año el proyecto no se había debatido.

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Impunidad

En enero, la presidenta saliente promulgó un decreto por el que se creó una comisión que permitía la presentación de casos de encarcelamiento político, tortura o desaparición forzada entre 1973 y 1990 que no hubieran sido identificados aún por las comisiones Rettig o Valech. Las víctimas y sus familiares recibieron un plazo de seis meses para presentar sus casos; transcurrido ese tiempo, la comisión los examinaría y elaboraría una lista de las personas con derecho a disfrutar de las mismas prestaciones concedidas por las comisiones Rettig y Valech.

En julio, la Conferencia Episcopal católica y representantes de Iglesias evangélicas presentaron dos propuestas para la concesión de indultos con motivo del bicentenario del país. El presidente Piñera descartó la concesión de indultos por crímenes de lesa humanidad y declaró que los indultos por motivos humanitarios se decidirían caso por caso.

Los grupos de víctimas siguieron presentando querellas ante los tribunales.

  • En agosto, un grupo de ex conscriptos presentó 438 querellas, acusando al ejército de violaciones de derechos humanos cometidas contra reclutas entre 1973 y 1990.
  • En octubre, un grupo que representaba a familias de ejecutados políticos anunció que había presentado un total de 300 querellas ante el poder judicial.
  • En abril, la Corte Suprema confirmó la decisión de ratificar la aplicación de la ley de amnistía en el caso de Carmelo Soria, diplomático español asesinado en 1976 por miembros de las fuerzas de seguridad.
  • En julio, Manuel Contreras, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue condenado a 17 años de prisión por su implicación en los homicidios del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en 1974 en Buenos Aires (Argentina).
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Discriminación

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Karen Atala, jueza chilena a quien se le había denegado la custodia de sus tres hijas debido a su orientación sexual. La Comisión declaró, además, que el sistema legal chileno no había tenido en cuenta el interés superior de las niñas cuando concedió la custodia a su padre.

Varias ONG denunciaron una campaña contra la celebración de un festival de cine sobre diversidad sexual en octubre. Los folletos repartidos y las cartas enviadas a las salas de proyección y los patrocinadores del festival se oponían a la “promoción” que éste hacía de la homosexualidad.

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Derechos sexuales y reproductivos

El aborto siguió estando penalizado en todas las circunstancias. En diciembre se presentaron al Congreso dos proyectos de ley que aspiraban a limitar el ámbito de las disposiciones penales aplicables a los casos de aborto.

Una ONG informó de la discriminación padecida por mujeres con VIH para acceder a los servicios de salud, así como de violaciones sistemáticas de su derecho al secreto médico. La organización identificó asimismo varios casos de esterilización forzada o realizada mediante coacción.

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