Camboya

Human Rights in Reino de Camboya

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Cambodia is now live »

Jefe del Estado
rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno
Hun Sen
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
15,1 millones
Esperanza de vida
62,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
92/85 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
77 por ciento

Información general

Con motivo del examen periódico universal en marzo, Estados miembros de la ONU formularon 91 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, que las autoridades aceptaron, incluidas las relativas a medidas para combatir la impunidad, poner fin a los desalojos forzosos y los traslados involuntarios, y reformar el poder judicial.

En junio, la visita del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Camboya se centró en el poder judicial, que el relator describió como carente de independencia y de capacidad para impartir justicia para todos.

En diciembre entró en vigor un nuevo Código Penal, que incluía polémicas disposiciones que limitaban la libertad de expresión.

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Desalojos forzosos

Miles de personas de todo el país, incluidas poblaciones indígenas, sufrieron las consecuencias de los desalojos forzosos, los conflictos sobre tierras y las apropiaciones de tierras, en algunos casos relacionados con concesiones de tierras con fines económicos a particulares y empresas poderosas. Un número cada vez mayor de personas y comunidades protestaron y presentaron peticiones a las autoridades en defensa de su derecho a una vivienda adecuada.

En mayo, las autoridades aprobaron una circular sobre “asentamientos temporales en tierras ocupadas ilegalmente”, cuyo objetivo era el traslado de comunidades –algunas con derecho de tenencia legal– que llevaban mucho tiempo viviendo en la capital, Phnom Penh, y en otras zonas urbanas.

  • El desalojo forzoso de 20.000 personas que vivían en las orillas del lago Boeung Kak, en Phnom Penh, se aceleró cuando la empresa privada que estaba urbanizando la zona rellenó el lago con arena. El agua desplazada por la arena inundó casas y destruyó pertenencias. Representantes de la empresa intimidaron y hostigaron a los habitantes del lugar intentando obligarlos a aceptar el reasentamiento o una indemnización insuficiente, a pesar de que muchas de esas personas contaban con la tenencia legal en virtud de la Ley de Tierras de 2001. La policía hostigó a activistas que protestaban contra los desalojos forzosos.
  • En octubre, la policía hizo un uso innecesario de la fuerza empleando porras eléctricas para dispersar una protesta pacífica de habitantes del lago Boeung Kak durante la visita del secretario general de la ONU. Suong Sophorn quedó inconsciente a consecuencia de los golpes propinados por la policía, que lo detuvo hasta que finalizó la visita del secretario general. Ya lo habían detenido y multado en 2009 por pintar “Detengan los desalojos” en su casa.
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Justicia internacional

En una decisión histórica adoptada en julio, las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya condenaron a Kaing Guek Eav (conocido como Duch) por crímenes de lesa humanidad y graves infracciones de los Convenios de Ginebra debido a su participación en ejecuciones masivas, tortura y otros crímenes durante el periodo del Jemer Rojo. Duch había sido jefe de la prisión de seguridad S-21, en la que al menos 14.000 personas fueron víctimas de tortura y homicidio. Fue condenado a 35 años de cárcel, que se redujeron a 16 al tener en cuenta el tiempo ya cumplido y que había estado detenido ilegalmente. Tanto la fiscalía como la defensa recurrieron la condena.

  • En septiembre, tres hombres, Ieng Sary, Khieu Samphan y Nuon Chea, y una mujer, Ieng Thirith, fueron acusados de genocidio de personas vietnamitas y de etnia cham y de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos.
  • El primer ministro Hun Sen puso en peligro el progreso de otros dos casos relativos a cinco personas al advertir que no permitiría más procesamientos.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Decenas de personas fueron detenidas por defender el derecho a la vivienda y protestar por las apropiaciones de tierras y los desalojos forzosos; otras tantas cumplían condenas impuestas en años anteriores. La mayoría fueron acusadas de delitos falsos, inventados o infundados, como daños a la propiedad privada, instigación, robo y agresión.

  • Continuaron los juicios de habitantes del distrito de Chikreng, en la provincia de Siem Reap, que habían participado en protestas por la pérdida de tierras de labranza sobre las que existía una disputa. Centenares de personas que vivían en la zona asistieron a los juicios para apoyar a los acusados, incluido el monje budista Luon Savath, que fue hostigado por fuerzas de seguridad y amenazado con obligarlo a abandonar los hábitos por sus actividades pacíficas. Luon Savath había documentado lo ocurrido durante el periodo posterior a los hechos de marzo de 2009, cuando fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes de Chikreng.
  • En mayo, los líderes comunitarios Long Sarith y Long Chan Kiri fueron condenados a dos años de cárcel por “talar una zona de bosque estatal”, en relación con un conflicto sobre tierras que afectaba a una empresa azucarera y a habitantes de la localidad de Bos, en el distrito de Samrong, provincia de Oddar Meanchey. Cuatro días después de su detención, en octubre de 2009, fuerzas de seguridad habían destruido las casas de 100 familias de la localidad.
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Libertad de expresión y asociación

Se recurrió a los tribunales para reprimir la libertad de expresión y asociación de periodistas, sindicalistas y parlamentarios de la oposición.

  • Después de dos juicios, celebrados en enero y septiembre, Sam Rainsy, dirigente del mayor partido de la oposición, fue condenado in absentia a 12 años de cárcel en relación con las protestas por un territorio en disputa en la frontera entre Camboya y Vietnam. Sam Rainsy vivía en el exilio.
  • En septiembre, alrededor de 200.000 trabajadores participaron en una huelga nacional de cuatro días para protestar por el aumento insuficiente del salario mínimo. Se amenazó a sindicalistas y activistas con emprender acciones legales, incluidos cargos de “instigación”. Propietarios de fábricas suspendieron de empleo y sueldo a líderes sindicales, y se despidió a trabajadores que se habían sumado a las protestas. A pesar de la intervención de las autoridades, en diciembre aún no habían recuperado su empleo unos 370 trabajadores y líderes sindicales. Al finalizar el año, varias causas continuaban en los tribunales.
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Violencia contra mujeres y niñas

No se disponía de información oficial fiable y exhaustiva sobre casos de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida violencia sexual, ni sobre el número de procesamientos de presuntos perpetradores. Las víctimas se encontraban con obstáculos a la hora de obtener justicia, debido a las deficiencias del sistema de justicia penal y a los acuerdos extrajudiciales. La escasez de servicios de ayuda y apoyo a las víctimas se sumaba al trauma que habían sufrido.

  • Según informes, en junio de 2009, apenas unas semanas después de dar a luz, Meas Veasna fue violada por un monje en una pagoda de la provincia de Prey Veng. A pesar de que denunció el delito a la policía y asistió a una reunión con líderes de la pagoda, la policía, autoridades locales y el presunto perpetrador, nadie fue procesado. Un representante de la pagoda le entregó 250 dólares estadounidenses para tratamiento médico. En 2010, Meas Veasna vivía en una ciudad distinta a la de su esposo e hijos pequeños a causa del estigma que conllevaba la violación.
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