África

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Human Rights by region

Marea negra en un arroyo cercano a la ciudad de Bodo, en el Delta delNíger (Nigeria), junio de 2010.

© AP Photo/Sunday Alamba


Todo el mundo conoce las circunstancias de la muerte de mi hijo pero nadie arrojará luz sobre su desaparición. Pensamos que enterraron el problema junto con el cuerpo. El Estado no quiere hablar de ello.

Palabras de la madre de Dominique Lopy, muerto tras ser torturado bajo custodia en Senegal en 2007, a Amnistía Internacional en 2010 

Algunos países de África celebraron en 2010 el 50 aniversario de su independencia, y otros se preparaban para hacerlo en breve. A pesar de las celebraciones, siguen sin cumplirse las esperanzas y las aspiraciones de muchas personas en África, porque sus derechos humanos no son respetados ni protegidos. La devastación causada puede observarse en las privaciones, la represión y la violencia que soportan tantas personas en todo el continente, por ejemplo las que viven en los asentamientos informales de Port Harcourt, Nigeria, las que se consumen injustamente en las cárceles de Angola a pesar de la revocación de la ley en virtud de la cual fueron enjuiciadas, las mujeres y niñas a quienes se niega el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Burkina Faso, y los millones de personas que continúan huyendo de los conflictos armados y la pobreza.

Conflictos

Durante el último decenio han tocado a su fin algunas guerras civiles de larga duración, pero otros conflictos siguen causando estragos.

El conflicto armado de Darfur, Sudán, se intensificó durante el año, y decenas de miles de personas se convirtieron en nuevos desplazados; algunas de ellas pasaron al vecino Chad. La población civil fue blanco directo de diversos ataques de grupos armados y fuerzas gubernamentales. Algunas zonas de Darfur seguían siendo inaccesibles a las organizaciones humanitarias y a la misión conjunta de ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID). Cooperantes y personal de la UNAMID fueron víctimas de frecuentes secuestros en Darfur, que seguían un patrón semejante al observado en la región oriental de Chad en los últimos años. Durante el año se emprendieron diversas iniciativas de mediación, pero no obtuvieron resultados tangibles. En Darfur continuó la represión por parte de las autoridades sudanesas, con detenciones arbitrarias, malos tratos y reclusión sin cargos, sobre todo bajo la custodia del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. En un aspecto más positivo, los preparativos para el referéndum de secesión del sur de Sudán no causaron un aumento de la violencia.

La relación entre Chad y Sudán mejoró, lo que hizo disminuir las tensiones entre los dos países. Se estableció una patrulla fronteriza conjunta, ambos países prometieron no apoyar a grupos armados de oposición en el otro país, y hubo visitas recíprocas de los jefes de Estado. Aunque Chad es Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no procedió a detener al presidente Omar al Bashir en el curso de la visita de éste a Chad en julio, a pesar de la orden de detención dictada contra él por la Corte por cargos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Kenia tampoco detuvo al presidente Al Bashir durante la visita que realizó a este país en agosto. Sudán siguió negándose a colaborar con la Corte en relación con otras órdenes de detención pendientes de ejecución. En julio, la Asamblea de la Unión Africana reiteró su decisión de no cooperar con la Corte Penal Internacional en lo relativo a la detención y entrega del presidente Al Bashir.

Chad pidió la retirada de la Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT), y el Consejo de Seguridad de la ONU accedió dócilmente, a pesar de los efectos negativos que la retirada podía tener para la protección de cientos de miles de personas refugiadas y desplazadas en la región oriental de Chad. Los desplazados y refugiados en el este de Chad seguían corriendo el riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos, como violencia contra las mujeres y reclutamiento y utilización de niños y niñas por las fuerzas armadas chadianas y los grupos armados.

Extensas zonas de la República Centroafricana continuaban bajo el control de grupos armados y se veían afectadas por la violencia, que incluía ataques contra la población civil por parte del Ejército de Resistencia del Señor, radicado en Uganda. Decenas de miles de personas continuaban desplazadas, y la violencia sexual seguía estando muy extendida.

En Somalia, el conflicto armado entre el Gobierno Federal de Transición, apoyado por la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), y grupos islamistas armados continuaba en toda su amplitud, especialmente en Mogadiscio. Cientos de miles de personas se convirtieron en nuevos desplazados, y el acceso a asistencia humanitaria de emergencia se vio gravemente reducido debido a la inseguridad, las restricciones impuestas a la ayuda humanitaria y a que el personal de ayuda humanitaria fue blanco de grupos islamistas armados. Las partes en el conflicto no tomaron las precauciones necesarias para evitar bajas de civiles durante los enfrentamientos militares, y en algunos casos la población civil fue elegida directamente como blanco. Las partes en el conflicto reclutaban por la fuerza y utilizaban a niños y niñas. La comunidad internacional continuaba más preocupada por el problema de la piratería frente a las costas de Somalia que por la difícil situación de la población civil. La asistencia militar prestada al Gobierno Federal de Transición por varios Estados, entre ellos Estados Unidos, sin salvaguardias adecuadas, podría incluso haber agravado la situación humanitaria y de derechos humanos. La comunidad internacional no imprimió un impulso firme para obligar a rendir cuentas a los responsables de crímenes de guerra.

El conflicto en el este de la República Democrática del Congo causó numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. En Walikale, Kivu Septentrional, más de 300 personas fueron violadas en sólo cuatro días por integrantes de grupos armados durante una serie de ataques contra poblados. Ni las fuerzas armadas congoleñas (FARDC) ni la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUC) intervinieron, aunque sus efectivos estaban estacionados en las proximidades. Las fuerzas armadas congoleñas fueron también responsables de numerosas violaciones de derechos humanos en la zona. Casi nadie rindió cuentas por las graves violaciones de derechos humanos, incluidas la violación y otras formas de violencia sexual. Las autoridades congoleñas seguían negándose a entregar a Bosco Ntaganda, oficial de alto rango de las FARDC, a la Corte Penal Internacional a pesar de la orden de detención dictada en su contra por reclutar y utilizar niños y niñas soldados.

En octubre, la ONU hizo público un informe en el que compilaba las graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003. El documento contenía una amplia gama de recomendaciones para reforzar el sistema de justicia congoleño y abordar la impunidad, lo cual requerirá seguimiento y apoyo político. Las críticas al informe formuladas por países como Ruanda y Uganda, a los que se mencionaba en el documento como responsables de violaciones de derechos humanos, fueron decepcionantes y reflejaban la falta de disposición para hacer rendir cuentas a los responsables.

En otros países, los avances para garantizar la rendición de cuentas por delitos de derecho internacional fueron limitados, debido sobre todo a la ausencia de voluntad política. En Burundi, al terminar el año aún no se habían establecido la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el Tribunal Especial acordados. En Liberia no se aplicaron la mayor parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, incluida la petición de un tribunal penal extraordinario con el mandato de investigar y enjuiciar los delitos de derecho internacional cometidos durante la guerra civil. En Senegal, el presidente Abdoulaye Wade afirmó en diciembre que no estaba interesado ya en proseguir con la investigación y el procesamiento del ex presidente de Chad, Hissène Habré, aunque la financiación para el proceso judicial parecía haberse conseguido. Esto supone un flagrante incumplimiento de las obligaciones contraídas por Senegal en virtud del derecho internacional y de la petición formulada por la Unión Africana. En otro revés, el Parlamento de Kenia aprobó en diciembre una moción que solicitaba al gobierno que el país se retirara del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tras presentar el fiscal de la Corte una solicitud para que seis ciudadanos kenianos comparecieran ante ella.

Seguridad pública

Las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley seguían asolando la región. Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros malos tratos y el uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones daba lugar a homicidios ilegítimos, fueron algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas.

La situación en el delta del Níger se deterioró a lo largo del año, y bandas y grupos armados secuestraron a trabajadores del sector petrolero y a sus familiares y atacaron instalaciones petrolíferas. La reacción de las fuerzas de seguridad nigerianas causó frecuentes violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y tortura. Las violaciones de derechos humanos seguían siendo también la norma en las actividades de cumplimiento de la ley en otras zonas de Nigeria, con numerosos casos de homicidios ilegítimos –incluidas ejecuciones extrajudiciales–, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos. La violencia entre comunidades continuó en el estado de Plateau, Nigeria, y se saldó con la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de millares. Hacia finales del año se tuvo noticia de algunas ejecuciones

extrajudiciales en Burundi. Entre las víctimas figuraban personas vinculadas con el partido opositor Fuerzas Nacionales de Liberación. Aunque se estableció una comisión judicial para investigar los hechos, al terminar 2010 no se había registrado avance alguno.

En Sudáfrica se denunciaron numerosos casos de tortura y malos tratos cometidos por la policía, muchos de los cuales fueron investigados por la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía. Entre los métodos denunciados figuraban palizas, descargas eléctricas, asfixia y amenazas de muerte. También se cometieron violaciones de derechos humanos en Uganda tras los ataques con bombas perpetrados en julio, en los que murieron al menos 76 personas. A algunas personas las detuvieron y recluyeron en régimen de incomunicación; a otras las trasladaron de manera ilegítima de Kenia a Uganda, donde las recluyeron.

En Mozambique, la policía usó fuego real contra personas que protestaban por el alto coste de la vida y mató al menos a 14. En Guinea, las fuerzas de seguridad dispararon con munición real contra manifestantes pacíficos. En Kenia, la policía mató a siete hombres durante una operación policial en un asentamiento informal de Nairobi.

Se produjeron muertes bajo custodia, a menudo después de tortura y otros malos tratos, en varios países, como Burkina Faso, Camerún, Eritrea, Ghana, Mauritania, República del Congo, República Democrática del Congo, Sudáfrica y Suazilandia. Las condiciones de reclusión seguían siendo muy duras en muchos países, como Angola, Benín, Burundi, Liberia, Malawi, Sierra Leona y Tanzania.

A pesar de la tendencia a la abolición de la pena de muerte en África, Guinea Ecuatorial, Sudán y Somalia ejecutaron a personas condenadas a muerte, en muchos casos después de juicios sin garantías. Hubo también informes de una ejecución en Botsuana. Gabón abolió en 2010 la pena de muerte en la legislación.

Represión de la disidencia

Las elecciones celebradas en varios países se vieron enturbiadas por la violencia y el aumento de las violaciones de derechos humanos. En casi todos los casos, esas violaciones se cometieron con total impunidad.

En Sudán, las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril propiciaron la represión de la libertad de expresión. Se cerraron medios de comunicación, se reinstauró temporalmente la censura previa y se detuvo a periodistas, algunos de los cuales fueron torturados. Muchas de las violaciones de derechos humanos fueron obra del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional, pero la Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor en febrero, garantizaba a los agentes de este organismo inmunidad frente a procesamientos por violaciones de derechos humanos.

Las elecciones de mayo en Etiopía propiciaron también restricciones de la libertad de expresión y reunión. Los partidos de oposición afirmaron que numerosos miembros y activistas habían sufrido actos de hostigamiento, palizas y detenciones antes de las elecciones, en lugares como la región de Oromia.

En Burundi, varias personas detenidas durante las investigaciones sobre una serie de ataques con granadas antes de las elecciones fueron torturadas por el Servicio Nacional de Inteligencia. Aunque el gobierno burundés afirmó públicamente que abriría una investigación, al terminar el año no se habían registrado avances en lo relativo a hacer rendir cuentas a los responsables. El gobierno prohibió temporalmente las reuniones de partidos de oposición política.

En Ruanda también se reprimió la libertad de expresión y asociación antes de las elecciones celebradas en agosto. No se permitió el registro de partidos políticos de oposición, se detuvo a opositores políticos y se cerraron varios medios de comunicación. Algunos periodistas huyeron del país. Se utilizaron leyes redactadas de manera general e imprecisa sobre “ideología del genocidio” y “sectarismo” para imponer restricciones desmedidas a la libertad de expresión. El homicidio de un destacado político y de un periodista, así como los ataques con granadas en los que murieron algunas personas, contribuyeron a la tensión y la inseguridad en el periodo previo a las elecciones.

En Guinea, las elecciones presidenciales condujeron a un aumento de la violencia y de las violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva, incluso disparos indiscriminados con fuego real contra manifestantes. Durante el periodo preelectoral se detuvo arbitrariamente a decenas de personas, a las que en muchos casos se negó el acceso a sus familiares, a atención médica o a representación letrada.

En Costa de Marfil, el presidente en ejercicio, Laurent Gbagbo, no aceptó los resultados de las elecciones presidenciales anunciados en diciembre. Las fuerzas de seguridad leales al presidente fueron responsables de algunas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. A pesar de las presiones políticas de la ONU, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), Laurent Gbagbo se negó a dejar el cargo, lo que condujo a un punto muerto político y suscitó temores de incremento de la violencia.

En muchos otros países no se respetó el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política corrían el riesgo de sufrir hostigamiento e intimidación, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, o incluso homicidio ilegítimo.

Se detuvo arbitrariamente a activistas y defensores de los derechos humanos en Angola, Gambia, Níger, República Centroafricana y Zimbabue, donde en noviembre el Tribunal Supremo falló que la detención y reclusión en 2008 de dos integrantes de Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA) había sido improcedente y que se habían violado los derechos de ambas. El Tribunal falló también que el Estado no había protegido a las dos defensoras de los derechos humanos frente a los abusos. Defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas en Burundi, y Floribert Chebeya, destacado defensor de los derechos humanos, fue asesinado en la República Democrática del Congo. En Kenia no se registraron avances en la investigación sobre el homicidio, cometido en 2009, de dos defensores de los derechos humanos: Oscar Kingara y Paul Oulu. En Etiopía entró en vigor la Proclama sobre Entidades Benéficas y Sociedades, que imponía férreos controles sobre la sociedad civil y dificultaba gravemente el trabajo de defensa de los derechos humanos.

Se prohibieron manifestaciones pacíficas –o se detuvo a participantes– en Angola, Benín, Camerún, Suazilandia y Togo. Se intimidó, amenazó o detuvo arbitrariamente a periodistas en Burundi, Chad, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda y Zimbabue. Se detuvo de manera ilegítima o arbitraria a opositores políticos en Burundi, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Níger y Togo. En Uganda, agentes de policía y hombres armados irrumpieron en un mitin de la oposición y golpearon a algunos participantes. En Eritrea, numerosos activistas, periodistas, líderes religiosos y otras personas continuaban recluidos, en muchos casos en régimen de incomunicación y en riesgo de sufrir malos tratos.

En algunos países, por ejemplo Somalia, grupos armados como Al Shabaab fueron responsables de abusos, incluidos homicidios, contra periodistas y defensores de los derechos humanos. También en Somalia, grupos islamistas armados fueron responsables de la muerte de personas por lapidación y de amputaciones. En varios países del Sahel, Al Qaeda en el Magreb Islámico secuestró a personas y las retuvo como rehenes, y mató a algunas de ellas.

Personas en movimiento

Las personas migrantes continuaban expuestas a discriminación y otras violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad angoleñas expulsaron a más de 12.000 nacionales congoleños entre septiembre y el final de diciembre. Decenas de mujeres y algunos hombres fueron violados durante la expulsión, según los informes, y muchos fueron objeto de otros abusos, y llegaron a su destino desnudos y sin sus pertenencias. En Mauritania se recluyo arbitrariamente a personas migrantes, en su mayoría procedentes de otros países de África occidental, para impedir que intentaran viajar a Europa. Refugiados y migrantes fueron agredidos físicamente en varias partes de Sudáfrica pese a que las autoridades redoblaron los esfuerzos para responder a los incidentes de violencia. En Sudáfrica se dio a nacionales de Zimbabue la oportunidad de regularizar su situación.

En julio, Uganda devolvió a Ruanda a unos 1.700 solicitantes de asilo ruandeses rechazados, junto con algunos refugiados reconocidos, lo cual suponía una violación del derecho internacional. Por otra parte, decenas de miles de refugiados ruandeses podían perder la condición de refugiados al final de 2011, por lo que después de esa fecha correrían el riesgo de devolución, en parte como consecuencia de la presión de Ruanda sobre los Estados vecinos. Miles de refugiados burundeses seguían corriendo el riesgo de devolución desde Tanzania. Dos personas devueltas a Eritrea desde Alemania en 2008 huyeron de nuevo y se les concedió el estatuto de refugiados en Alemania. Habían estado recluidas en condiciones inhumanas tras su devolución a Eritrea. Este país seguía aplicando la política de “disparar a matar” a toda persona que intentara huir cruzando la frontera.

En todo el continente, millones de personas continuaban desplazadas –unas internamente y otras como refugiadas en otros países– como consecuencia de los conflictos y la inseguridad. Kenia mantenía el cierre de su frontera con Somalia, lo que obstaculizaba la asistencia y protección de las personas que huían de Somalia.

Vivienda: desalojos forzosos

Millones de personas que vivían en barrios marginales y asentamientos informales de África carecían de servicios básicos, como agua no contaminada, atención de la salud, educación y actuación policial efectiva. En muchos países las autoridades hacían caso omiso de su difícil situación y las excluían de los planes y presupuestos nacionales. La falta de acceso a agua y saneamiento propiciaba a menudo nuevos abusos, incluida la violencia sexual, por ejemplo en los asentamientos informales de Nairobi, Kenia.

Hubo desalojos forzosos masivos en varios países, como Angola, Ghana, Kenia y Nigeria, que a menudo hundieron a las personas aún más en la pobreza. En Chad, Guinea Ecuatorial, Kenia y Zimbabue, miles de personas seguían corriendo el riesgo de sufrir desalojos forzosos. En muchos casos, las personas que habían sido desalojadas por la fuerza en el pasado no habían recibido indemnización ni alojamiento alternativo, y seguían viviendo en la indigencia y sin seguridad de tenencia.

Salud materna

Se registraron avances en la mejora de la salud materna en África. Burkina Faso contrajo el compromiso de eliminar todas las barreras económicas para la atención obstétrica de urgencia y el acceso a planificación familiar, pero ahora tenía que hacer honor a sus promesas. En Sierra Leona se implantó en abril un servicio gratuito de atención de la salud, que suprimía las tasas de usuario para las mujeres embarazadas y los niños y niñas menores de cinco años, pero la escasez de medicamentos y suministros médicos generó problemas al aumentar el número de mujeres que trataban de utilizar las instalaciones de salud.

En muchos países era necesario abordar con urgencia otros factores que contribuían a la mortalidad materna, como las prácticas tradicionales nocivas, la discriminación de las mujeres, la falta de educación sexual y reproductiva y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.

En julio, la Asamblea de la Unión Africana se comprometió a una serie de acciones para reducir la mortalidad materna. Entre ellas figuraban destinar el 15 por ciento del presupuesto público a la salud, lanzar una campaña para reducir la mortalidad materna, y un llamamiento a una mayor rendición de cuentas en las decisiones de política y financiación. Se pidió a la Comisión de la Unión Africana que estableciera un grupo de trabajo sobre salud materna, neonatal e infantil encargado de elaborar y revisar informes sobre los avances en el área de la salud materna e infantil.

Discriminación

La violencia y la discriminación contra las mujeres y niñas seguían devastando sus vidas, restringiendo sus oportunidades y privándolas de sus derechos. En Sudán, en el norte del país se utilizó el régimen de orden público para hostigar, detener e infligir malos tratos a mujeres y niñas por vestir o comportarse de manera “indecente” o “inmoral”. En Sudáfrica se denunciaron a la policía decenas de miles de casos de violencia sexual durante el año. En Kenia, un estudio indicó niveles elevados de violencia intrafamiliar, incluida la violación marital, que no era delito en virtud de la legislación keniana. En Liberia, la mayoría de los casos de violación denunciados afectaban a niñas menores de 16 años. En muchos países, las mujeres y niñas sometidas a violencia sexual no tenían acceso a la policía o al sistema de justicia, eran exhortadas a llegar a acuerdos extrajudiciales, tenían que hacer frente a gastos médicos elevados y sufrían ostracismo por parte de sus comunidades. Las mujeres continuaban viéndose afectadas de modo desproporcionado por la pandemia de VIH/sida, especialmente en el África austral. La práctica de la mutilación genital femenina continuaba en muchos países, aun estando prohibida por ley, por ejemplo en Tanzania.

La discriminación contra personas por razón de su orientación sexual supuesta o real seguía siendo una práctica muy extendida. En Camerún se procesó a personas sospechosas de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo y se las sometió a malos tratos. En Malawi, dos personas fueron declaradas culpables de “ultraje a la moral pública” y “actos contra natura” y fueron condenadas a 14 años de prisión con trabajos forzados. Ambas fueron indultadas unas semanas más tarde. En Uganda, un periódico publicó las fotografías y los nombres de personas de las que afirmaba que eran homosexuales, junto con mensajes que incitaban a la violencia. Las autoridades no denunciaron públicamente al periódico, y un draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad continuaba pendiente de aprobación en el Parlamento.

En Mauritania continuaba la práctica de la esclavitud, a pesar de estar tipificada como delito. La policía se esforzaba poco en hacer cumplir la ley, y ocho activistas contra la esclavitud fueron detenidos, sometidos, según los informes, a malos tratos, y acusados por denunciar casos ante la policía.

En algunos países continuaron los ataques contra personas albinas. En Tanzania, la respuesta de las autoridades seguía siendo inadecuada, ya que no investigaban de manera exhaustiva los ataques y los homicidios cometidos en el pasado, ni ofrecían protección suficiente a los activistas que hacían campaña en pro de los derechos de las personas albinas.

En una visita a la República del Congo, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas expresó preocupación por la discriminación permanente. En Eritrea continuaban la persecución y el encarcelamiento de personas por motivos religiosos; sólo los miembros de las confesiones permitidas podían practicar su religión.

La marea está cambiando

Amnistía Internacional también celebrará en breve su 50 aniversario. Desde la publicación de los primeros informes de la organización a mediados de la década de 1960, el ámbito geográfico y el alcance de las cuestiones de derechos humanos abarcadas se han ampliado sobremanera. En el último medio siglo han nacido numerosas organizaciones de derechos humanos, algunas de ellas inspiradas en las acciones de campaña de Amnistía Internacional. En muchos países de África hay ahora una sociedad civil dinámica que, aunque a menudo sigue siendo reprimida, no puede ser ya ignorada por quienes están en el poder. Es mucho lo que queda por hacer todavía, pero la marea está cambiando.

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