Asia y Oceanía

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Human Rights by region

La líder birmana en favor de la democracia Daw Aung San Suu Kyi se dirige a sus simpatizantes tras el levantamiento de su arresto domiciliario, Yangón (Myanmar), 13 de noviembre de 2010.

© AP/PA


Soy inocente y demostraré mi inocencia. Saldré y reanudaré mi trabajo por los derechos humanos y el derecho a la salud de las comunidades adivasis de Chhattisgarh, sin que me importen las amenazas contra mí y contra otros defensores de los derechos humanos.

Binayak Sen, médico, en declaraciones hechas a Amnistía Internacional el 24 de febrero de 2010

En una región que se extiende por una tercera parte del planeta y está habitada por casi dos tercios de la población mundial, defensores y defensoras concretos de los derechos humanos, como Binayak Sen, continuaron acaparando titulares e influyendo en acontecimientos nacionales y geopolíticos gracias a su coraje para decir la verdad a quienes estaban en el poder. Los sucesos de 2010 pusieron de relieve el papel decisivo que desempeñan las personas valientes a la hora de exigir mayor dignidad y respeto, pero también el alto precio que pagan estos defensores y defensoras de los derechos humanos y la continua necesidad de que el mundo se solidarice con ellos.

Transcurridos 50 años desde que Amnistía Internacional comenzara a proteger los derechos de las personas detenidas únicamente por sus opiniones, los gobiernos de Asia y Oceanía continuaban con la práctica de responder a las críticas con intimidaciones, encarcelamiento, malos tratos e incluso la muerte. La represión gubernamental no distinguía entre quienes clamaban por derechos civiles y políticos y quienes denunciaban violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.

Pero en 2010 también hubo buenas noticias. A mediados de noviembre, personas de todo el mundo se unieron a la población de Myanmar para celebrar la puesta en libertad de Daw Aung San Suu Kyi una vez cumplida su condena, tras haber pasado 15 de los últimos 21 años sometida a algún tipo de reclusión.

Aung San Suu Kyi tuvo durante muchos años el triste honor de ser la única persona viva galardonada con el Nobel de la Paz que estaba recluida. En diciembre compartió brevemente este privilegio no deseado con Liu Xiaobo, escritor y disidente que cumplía condena de prisión en China por su participación en la redacción de Carta 08, manifiesto que pedía un gobierno más receptivo y representativo en el país.

China reaccionó presionando al gobierno noruego para que revocara el premio concedido a Liu Xiaobo y, al no conseguirlo, intimidando y engatusando a otros gobiernos para que no asistiesen a la ceremonia de entrega. Finalmente, el acto estuvo muy concurrido, pero Liu Xiaobo siguió consumiéndose en prisión, mientras su esposa, Liu Xia, permanecía bajo arresto domiciliario y se prohibía a otros familiares y compañeros activistas del galardonado viajar a Oslo para recoger el premio o participar en las celebraciones. Como consecuencia de estas medidas, el de Liu Xiaobo fue el primer premio Nobel de la Paz que quedó sin recoger desde que el gobierno de la Alemania nazi impidiera a Carl von Ossietzky asistir a la ceremonia en 1936. La designación de Liu Xiaobo por parte del Comité Nobel y la iracunda reacción del gobierno chino pusieron de relieve el persistente –e incluso creciente– empeño que las autoridades chinas habían puesto en silenciar a sus detractores en los últimos tres años.

El año finalizó con la condena a cadena perpetua impuesta por un tribunal estatal indio al preso de conciencia Binayak Sen, médico y activista que había criticado al gobierno indio y a los grupos armados maoístas por el aumento vertiginoso de la violencia en la zona central de India. Su juicio tuvo motivaciones políticas, adoleció de graves deficiencias procesales y probatorias y fue rotundamente denunciado por observadores de dentro y fuera del país. Pese a ello, un tribunal penal del estado de Chhattisgarh condenó a Binayak Sen a cadena perpetua por sedición, en aplicación de la misma ley cuestionable que el gobierno colonial británico había utilizado contra Mahatma Gandhi.

Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo y Binayak Sen simbolizaron la resistencia a la injusticia y la indignidad, pero también eran personas que sufrían profundamente las privaciones que conllevaba la reclusión. Puede que estuvieran en el centro de la atención internacional, e incluso que se beneficiaran de ello, pero las autoridades habían cometido abusos contra cada uno de ellos y habían hostigado y amenazado a sus familiares y compañeros. En este sentido, su lucha no difería de la de miles de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que sufrían persecución por parte de sus gobiernos en la región de Asia y Oceanía, pero no recibían la atención de quienes redactaban los titulares y formulaban las políticas.

Libertad de expresión

Basta con un análisis somero de los acontecimientos de 2010 para demostrar que gran número de periodistas y activistas de toda la región de Asia y Oceanía arriesgaron su vida y su bienestar para exigir a gobiernos y otros agentes poderosos que cumplieran con su obligación de respetar los derechos y la dignidad de todas las personas. Como consecuencia de ello, muchos de los que se atrevieron a ejercer su derecho a expresar libremente sus opiniones sufrieron violaciones de sus derechos civiles y políticos. Paradójicamente, a menudo fueron estas violaciones las que acapararon los titulares, en vez de otros problemas más complejos –con frecuencia violaciones de derechos económicos, sociales y culturales–, que eran la causa inicial de las denuncias y críticas.

Independientemente de las razones de la disidencia y pese a las diferencias políticas, religiosas, étnicas y culturales, la mayoría de los gobiernos de la región tenían en común el deseo de reprimir las críticas. Asimismo, algo en lo que coincidían también gobiernos de toda la región era el uso sistemático de la “seguridad nacional” o el mantenimiento de la armonía y la estabilidad como fundamento de sus intentos de silenciar la disidencia.

El gobierno de Corea del Norte, acuciado por graves problemas económicos y por el aumento de las tensiones políticas con los países vecinos, mantuvo un férreo control sobre todas las comunicaciones del país. Vitit Muntarbhorn, relator especial de la ONU sobre Corea del Norte, concluyó su mandato condenando enérgicamente la singular falta de respeto que mostraba el país por casi todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente. No se disimulaba la inexistencia de libertad de expresión ni la ausencia de una sociedad civil organizada, y el gobierno incluso castigaba duramente los intentos de recibir información de fuentes no autorizadas, por ejemplo, por medio de emisoras de radio de onda corta. Pocos gobiernos intentaban mantener tal grado de control sobre las opiniones recibidas y expresadas por sus ciudadanos. Incluso en Myanmar, el gobierno se esforzó en cambiar su maltrecha imagen (dentro y fuera del país) celebrando elecciones parlamentarias en noviembre y sustituyendo a los dirigentes militares uniformados por gobernantes civiles (aunque a menudo se trataba de las mismas personas). La opinión generalizada fue que las elecciones eran cuestionables, puesto que se había negado al electorado la posibilidad de debatir el futuro del país y se había prohibido la participación de muchos, por no decir la mayoría, de los candidatos que podían mostrarse críticos.

Es posible que el gobierno de Myanmar intentase acallar parte de las severas críticas regionales e internacionales poniendo en libertad a Aung San Suu Kyi cuando sólo había pasado una semana desde las elecciones parlamentarias, pero el hecho de que miles de personas continuasen recluidas, muchas de ellas en condiciones espantosas, reveló que las concesiones del gobierno eran fingidas. Que las autoridades myanmaras mantenían a unos 2.200 activistas recluidos, muchos de ellos por apoyar la causa de Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, era algo que se sabía hacía mucho. Pero en 2010 las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional revelaron hasta qué punto las autoridades militares de Myanmar vigilaban y castigaban la disidencia entre las numerosas minorías étnicas del país, durante mucho tiempo marginadas del poder y víctimas de la expropiación forzosa de sus tierras y su trabajo.

En la mayoría de los demás países de la región, las autoridades intentaron controlar las críticas a medida que se difundían viejas y nuevas formas de expresión. En Vietnam, por ejemplo, más de una decena de activistas fueron condenados en juicios sin garantías por el simple hecho de haber expresado pacíficamente críticas a las políticas del gobierno. Los cargos contra la mayoría de las personas condenadas se formularon con arreglo a leyes sobre la “seguridad nacional” redactadas de forma imprecisa y deficiente.

El gobierno de China mantuvo una intensa presión sobre algunas minorías étnicas, especialmente sobre las comunidades de etnia tibetana, así como sobre los uigures, grupo de mayoría musulmana de la región rica en recursos de Sin-kiang. Más de un año después de los violentos disturbios desencadenados en esta parte del país, se continuaba persiguiendo a los activistas uigures y amordazando a quienes criticaban la actuación del gobierno chino, que justificaba sus tácticas represivas invocando la amenaza del “divisionismo” y amenazas a la seguridad nacional ambiguas y no demostradas.

Las personas de cualquier etnia que cuestionaran abiertamente a las autoridades sufrían la mano dura de la represión. El gobierno chino ni siquiera alcanzó las metas que había establecido en su plan bienal de acción sobre los derechos humanos, que finalizó en 2010. En contra del constante aumento del debate público en medios de comunicación tradicionales, como los periódicos, y del uso de las redes sociales en Internet, las voces que pedían un gobierno más representativo seguían siendo objeto de una dura represión. El gobierno chino demostró que, a la vez que era extremadamente sensible a las críticas públicas por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil, tenía un enorme temor a confiar en los ciudadanos del país para que asumieran un mayor protagonismo en su propia gobernanza.

En Tailandia, país que alardea de contar con un clima más abierto para los medios de comunicación que la mayoría de sus vecinos del sudeste asiático, las restricciones del gobierno a la libertad de expresión aumentaron ante graves disturbios políticos y violencia callejera. Cuando se desencadenaron las grandes protestas de Bangkok, en ocasiones violentas, el gobierno impuso el estado de excepción y censuró miles de sitios web, bloqueando el acceso a decenas de miles más por considerar que amenazaban la seguridad nacional o agraviaban de algún modo a la monarquía, lo que constituía una violación de las estrictas leyes nacionales relativas a los delitos de lesa majestad.

Hacía mucho que India se enorgullecía de sus dinámicos medios de comunicación y de su poderoso sistema jurídico, aspectos en los que se basaba para jactarse de ser una de las mayores democracias del mundo. Sin embargo, el gobierno indio se apoyó en denuncias infundadas e insostenibles de amenazas a la seguridad nacional para encausar a Binayak Sen y detener a centenares de personas en el turbulento estado de Jammu y Cachemira. Ante el considerable aumento de las protestas contra la opresiva autoridad del gobierno de India en el estado, las autoridades indias detuvieron a decenas de personas sospechosas y sometieron a muchas de ellas a detención administrativa, sin un proceso judicial adecuado.

La ciudadanía de otros países asiáticos también sufrió importantes restricciones a la libertad de expresión. Con la reelección del presidente Mahinda Rajapaksa en las elecciones de enero, en Sri Lanka continuó a ritmo acelerado la represión de los periodistas y la sociedad civil. Algunos periodistas y activistas que se oponían a su gobierno denunciaron intimidaciones y amenazas, reafirmadas por diversos incidentes en los que fuerzas al parecer vinculadas al gobierno hostigaron, detuvieron o secuestraron a periodistas. Del mismo modo, los periodistas afganos sufrieron crecientes agresiones y hostigamiento de agentes estatales y no estatales, sobre todo durante las elecciones parlamentarias celebradas en el país, cuya credibilidad se cuestionó ampliamente. Pero, al menos en las zonas de Afganistán controladas por el gobierno, los periodistas continuaron valientemente con su trabajo a pesar del hostigamiento y las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. Lamentablemente, en una parte cada vez mayor del país, los talibanes y otros grupos contrarios al gobierno eliminaron de forma efectiva cualquier tipo de debate crítico.

En varios casos en los que los gobiernos no obstaculizaron directamente la libertad de expresión, apenas tomaron medidas para proteger a los periodistas o el espacio para el debate público. Más de un año después de la matanza de 33 periodistas en Filipinas, la causa contra los presuntos responsables seguía alargándose, a pesar de las denuncias de amenazas e intimidación formuladas por testigos. En 2010, Pakistán fue escenario de 19 atentados mortales contra trabajadores de medios de comunicación, sin que estuviese claro quiénes habían sido los perpetradores de la mayoría de ellos, mientras que en otros casos se buscaron distintos culpables, desde los talibanes paquistaníes hasta grupos religiosos radicales, pasando por los misteriosos servicios de inteligencia del Estado. El gobierno apenas hizo nada para proteger a los periodistas o procesar a sus atacantes. A pesar de estos atentados, muchos periodistas paquistaníes hicieron todo lo posible por informar sobre los numerosos males que aquejaban al país.

Pakistán vivió de nuevo un año de calamidades, con inundaciones sin precedentes que en julio y agosto anegaron casi la quinta parte del país y afectaron a alrededor de 20 millones de personas. Esta catástrofe agravó la miseria en que vivían millones de paquistaníes que ya sufrían las consecuencias de la violencia relacionada con el conflicto, los desplazamientos y la pobreza extrema. En el noroeste de Pakistán, personal de las fuerzas armadas violó a menudo las leyes de la guerra y los derechos humanos, al detener arbitrariamente a civiles y ejecutar extrajudicialmente a presuntos insurgentes. Por su parte, los talibanes paquistaníes y otros grupos insurgentes infligieron crueles castigos a la población civil, atacaron a civiles y bienes civiles –como escuelas– y cometieron atentados suicidas mortales en las ciudades más importantes, matando o hiriendo a miles de civiles. En toda la provincia de Baluchistán se recuperaron cadáveres acribillados a tiros de decenas de activistas baluchis desaparecidos. Activistas y familiares de las víctimas acusaron a las fuerzas de seguridad paquistaníes de estas muertes, causadas en operaciones consistentes en matar y deshacerse de los cuerpos. Las atrocidades no hicieron más que aumentar el clima de temor y las quejas de la población baluchi por el mal gobierno y la marginación. Sin embargo, dado que la información que se recibía de estas zonas en conflicto seguía siendo escasa y fragmentaria, sólo alcanzaba a ofrecer un atisbo del enorme sufrimiento humano de la provincia.

Del mismo modo, en India, las restricciones impuestas por el gobierno y la inseguridad general dificultaron la cobertura informativa (y, por lo tanto, la comprensión) de la creciente crisis planteada por grupos armados maoístas insurgentes en las zonas central y nororiental del país, que el primer ministro Manmohan Singh calificó como el más grave problema de seguridad interna que tenía India. Una poderosa combinación de pobreza, discriminación étnica y en razón de la casta, dogmatismo religioso y codicia empresarial sentó las bases de una crisis que enfrentó a fuerzas de seguridad y a grupos paramilitares vinculados a ellas con grupos extremistas que a menudo actuaban de forma indiscriminada, y que se cobró numerosas víctimas en la población civil.

Violaciones de derechos humanos cometidas por empresas

Fue la labor de activistas como Binayak Sen la que llamó la atención sobre las dificultades que atenazaban la zona central de India, especialmente el estado de Chhattisgarh. Los activistas llevaban mucho tiempo señalando que el conflicto en la zona central de India se había generado a causa de las políticas gubernamentales, que agravaron la pobreza de la región; la inacción del gobierno ante la irresponsabilidad empresarial tras el desastre de la fuga de gas de Union Carbide de 1984 en Bhopal, y los intentos, más recientes, de procurar el desarrollo económico sin consultar con los habitantes de la región.

El freno puesto por el gobierno indio a un proyecto de extracción de aluminio a gran escala de las empresas Vedanta Resources, con sede en Reino Unido, y Orissa Mining Corporation, de propiedad estatal, fue una medida positiva. Una comisión administrativa había concluido que las compañías habían seguido adelante con el proyecto sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población indígena adivasi de la región, para quienes la zona minera tenía una gran importancia religiosa. Fue la primera decisión de este tipo tomada en India, y alimentó la esperanza de que el gobierno indio prestara mayor atención a la población adivasi y a otros grupos a quienes las instituciones mantenían en la marginación y la pobreza.

La revocación de la decisión sobre Vedanta fue el resultado de una intensa campaña emprendida por los adivasis en estrecha colaboración con grupos internacionales, incluida Amnistía Internacional, que consiguieron que se ejerciera presión económica y por medio de relaciones públicas en todo el mundo. Coincidiendo con la reunión de los accionistas de Vedanta en julio de 2010 en Londres, los activistas recurrieron al derecho internacional, aludieron al aspecto económico, contaron con el apoyo de personas famosas, y hasta se pintaron de azul en alusión al reciente éxito cinematográfico Avatar, cuyo argumento sobre una población nativa en lucha contra intrusos empresariales recordaba en cierto modo la situación de Orissa.

Mortalidad materna y acceso a la atención de la salud

En otras áreas, la campaña para mantener la dignidad y defender los derechos de las personas pobres y marginadas continuó siendo tensa. En Indonesia, grupos locales que luchan contra la tasa desproporcionadamente elevada de mortalidad materna han redoblado recientemente sus esfuerzos por invertir esta tendencia mediante la reforma de leyes discriminatorias y actitudes sociales cuestionables, elementos clave del problema que las estadísticas revelan. Aunque miles de mujeres indonesias mueren innecesariamente durante el embarazo y el parto, se ha comprobado que resulta difícil conseguir el apoyo público necesario –y, por lo tanto, la atención y determinación del gobierno– para abordar el problema.

No obstante, el gobierno de Indonesia se comprometió a mejorar las condiciones de la población del país, especialmente de las mujeres y las niñas. Resultó mucho más difícil luchar por los derechos de la ciudadanía de países cuyos gobiernos, en mayor o menor medida, simplemente hacían caso omiso de sus obligaciones.

En Corea del Norte, millones de personas carecían de alimentos suficientes y de acceso a medicinas y atención a la salud. La pésima gestión por parte del gobierno, junto con la sequía producida por causas naturales, provocó una escasez tan extrema que, en muchos casos, la gente tenía que complementar su alimentación con plantas no comestibles y arreglárselas sin disponer siquiera de atención a la salud básica. A pesar de estas dificultades, el gobierno norcoreano restringió la distribución de la ayuda internacional.

En Afganistán continuó registrándose una de las peores tasas de mortalidad materna del mundo: una de cada ocho mujeres afganas moría por complicaciones derivadas del embarazo. El matrimonio precoz –en el que la mujer a menudo tiene menos de 15 años– y la falta de intervención médica hasta que las complicaciones se agravaban eran dos factores que dificultaban la mejora de esta situación.

Pocas situaciones son tan extremas como las de Corea del Norte y Afganistán. Pero la violación deliberada de los derechos humanos reconocidos internacionalmente puede producirse incluso en países mucho más ricos, como Malaisia, en donde el gobierno desafió la prohibición de la tortura al permitir la imposición del castigo de azotes con vara a miles de personas detenidas por denuncias de delitos menores e infracciones de las leyes de inmigración. Según los propios registros del gobierno, durante el último decenio han sido decenas de miles las personas a las que se han impuesto penas de azotes con vara, castigo que causa a las víctimas dolor extremo y cicatrices permanentes. En febrero, tres mujeres fueron azotadas con vara porque, al parecer, habían infringido la sharia (ley islámica); era la primera vez que se imponía este castigo a mujeres. El gobierno malaisio incluso ha recurrido a médicos para que ayuden en el proceso garantizando que las víctimas de los azotes están preparadas para el castigo, lo que constituye una clara violación de la ética médica y de la obligación de los médicos de impedir que quienes están a su cuidado sufran daños.

Lamentablemente, en vez de actuar de inmediato para poner fin a esta vergonzosa práctica, el gobierno malaisio intentó silenciar el debate interno, e incluso retiró de la circulación los ejemplares de un número de la revista Time donde se hacía referencia a la “epidemia” de los azotes con vara en Malaisia.

Justicia internacional

La atención de los medios de comunicación y la presión de la opinión pública son sólo uno de los elementos necesarios para garantizar que nuestros dirigentes se muestran receptivos y se responsabilizan de respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Las restricciones impuestas por los gobiernos a las labores de monitoreo indican la importancia que tiene dar testimonio y decir la verdad. Pero sin un mecanismo que convierta este testimonio en justicia, las personas poderosas a menudo se libran de ser castigadas por sus delitos. En 2010, la balanza de la justicia en Asia y Oceanía estuvo claramente desequilibrada a favor de los perpetradores.

El gobierno de Sri Lanka pasó el año intentando evitar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos que habían caracterizado el largo conflicto al que la aniquilación militar del grupo armado Tigres de Liberación de Eelam Tamil (responsable a su vez de numerosos abusos contra los derechos humanos) puso fin, a costa de miles de civiles muertos, heridos y detenidos. A pesar de haber prometido a la ONU que haría justicia, el gobierno creó un organismo, la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, en cuyo mandato no se mencionaba la rendición de cuentas. La Comisión parecía destinada a correr la misma suerte que los demás organismos especiales creados durante los últimos 20 años para abordar la impunidad en Sri Lanka, que al final habían resultado inútiles, al no conseguir realmente que se hiciese justicia. La esperanza de que se rindiesen cuentas se centró en un grupo asesor de expertos encargado de ayudar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a evaluar la necesidad de un mecanismo internacional de rendición de cuentas.

Durante 2010, la actuación de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas ya establecidos fue diversa. En Camboya, Kaing Guek Eav, famoso jefe de una prisión del Jemer Rojo también conocido como Duch, fue condenado en julio a 35 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Fue la primera condena de este tipo impuesta por las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, órgano judicial auspiciado por la ONU para juzgar los crímenes cometidos durante el periodo del Jemer Rojo. Otros cuatro dirigentes del Jemer Rojo continuaban recluidos en espera de juicio, lo que representaba un pequeño pero realmente importante paso adelante en la consecución de rendición de cuentas por los campos de exterminio del país. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, pidió públicamente que las Salas Especiales limitasen su actividad a estas cinco personas.

Del mismo modo, el presidente José Ramos-Horta afirmó en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “En las iniciativas encaminadas a alcanzar la paz entre comunidades que llevan mucho tiempo siendo rivales, a menudo tenemos que transigir con respecto a la justicia”. Con esta declaración desdeñaba las recomendaciones formuladas por la propia Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación de Timor Oriental en 2005, así como por las víctimas timoresas, los grupos nacionales de derechos humanos y los expertos de la ONU sobre justicia.

Hasta el momento, el principio de justicia internacional en la región de Asia y Oceanía se ha caracterizado más por su incumplimiento que por su ejecución real. Pero en 2010 ya no resultaba extraña la idea de que los poderosos –incluso los jefes de Estado– podían y debían ser sometidos a la acción de la justicia, y prueba de ello fue lo mucho que gobiernos, empresas y grupos armados hicieron para mostrar su aparente apoyo al concepto de justicia a la vez que eludían cuidadosamente su responsabilidad ante la ley.

Un elemento crucial de la lucha

Algunos activistas de Asia y Oceanía, como Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo y Binayak Sen, han alcanzado importancia mundial, y cada uno de ellos ha usado su fama y ha sufrido castigos injustos para contribuir a la mejora de los derechos de las personas de la región. Sin embargo, estos defensores y defensoras de los derechos humanos no han hecho su principal contribución a través de su condición de personas famosas, sino describiendo que lo que les ha ocurrido a ellos lo han sufrido también cientos de personas críticas y valientes activistas menos conocidos. Es fundamental que no se pierdan de vista a la larga las violaciones de derechos humanos que han sufrido, porque, tal y como demuestran el caso de Duch y otros procesamientos internacionales que han culminado satisfactoriamente, sólo hace falta un caso, un conjunto de hechos individuales, para conseguir una condena por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso en 2010, al igual que en años anteriores, la labor de defensores y defensoras concretos de los derechos humanos continuó siendo un elemento crucial de la lucha por los derechos humanos en todo el mundo, aunque se ocupasen de violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas en una región que se extiende por una tercera parte del planeta y está habitada por casi dos tercios de la población mundial.

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