Nueva York: Los activistas han pedido hoy a los gobiernos reunidos en las Naciones Unidas que se aseguren de que no se venden armas ni municiones a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos. La petición tuvo lugar con ocasión de la reunión que esta semana mantendrán los delegados gubernamentales para reanudar las negociaciones sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA), instrumento jurídicamente vinculante de regulación del comercio mundial de armas.

“Las muertes y heridas de manifestantes pacíficos en Oriente Medio y el Norte de África muestran la necesidad urgente de establecer unos controles estrictos sobre una amplia variedad de armas que probablemente causen daños a ciudadanos inocentes. Los gobiernos de los países fabricantes de armas deben entender que la gente no aceptará durante más tiempo que se esfuercen por vender sus armas a dirigentes que no se avergüenzan de usarlas contra sus propios ciudadanos”, ha dicho Salah Abdellaoui, de Amnistía Internacional.
   
El debate sobre los criterios que se aplicarán para autorizar o denegar transferencias de armas ocupará un puesto destacado de la agenda. Los activistas subrayan que si hay un peligro sustancial de que las armas, las municiones u otro material relacionado se utilicen para cometer graves violaciones de derechos humanos, la venta de armas no debe autorizarse.

Los activistas afirman que el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho lo que debía al imponer un estricto embargo a Libia, que incluye una amplia gama de armas, munición, material y tipos de transferencias. Para evitar nuevas tragedias, el mundo necesita urgentemente una herramienta preventiva. Por eso, los Estados deben asegurarse de que el Tratado que actualmente se negocia se base en este importante precedente.

Los gobiernos debatirán qué debe incluirse en un TCA. Los activistas de la campaña Armas bajo Control subrayan que, para que el Tratado salve realmente vidas y evite graves abusos contra los derechos humanos, deben incluirse en él todas las armas, municiones y demás material relacionado –desde vehículos acorazados, misiles y aviones hasta armas pequeñas, granadas y su munición– empleadas para utilizar la fuerza en operaciones de seguridad interna, del ejército y de la policía.

La importancia de la cooperación internacional y la necesidad de que los países colaboren entre sí para que el Tratado funcione eficazmente también estará en la agenda de los negociadores.

“Está tocando a su fin la época en que nuestros gobiernos y las empresas podían actuar sin ninguna norma jurídicamente vinculante. Es ridículo que haya tratados para regular la venta de cualquier cosa, desde huesos de dinosaurio a sellos, pero no de armas letales. Quienes exportan armas irresponsablemente deben saber que esta actividad tiene los días contados. Es hora de controlar el comercio de armas”, ha dicho Anna Macdonald, de Oxfam.

Según cálculos de la Campaña Armas bajo Control, red internacional de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, una persona muere cada minuto a consecuencia de la violencia armada, que también genera miles de heridos y víctimas de abusos cada día.

“Esperamos que esta semana veamos cómo se desarrolla un texto para el Tratado que exponga en detalle las normas comunes que los gobiernos tendrán que aplicar en el futuro. Es fundamental que esto suceda, ya que nos hallamos en mitad de las negociaciones y no queda mucho tiempo”, ha dicho Baffour Amoa, de la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA).

Actualmente no hay ninguna normativa internacional exhaustiva y jurídicamente vinculante que rija el comercio de armas convencionales, y las lagunas y vacíos de los controles regionales y nacionales permiten que pistolas, balas, tanques, misiles y cohetes terminen en zonas de conflicto y en manos de quienes cometen crímenes de guerra, graves abusos contra los derechos humanos y otras formas sistémicas de violencia armada.