Annual Report 2013
The state of the world's human rights

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25 January 2011

La investidura del Parlamento afgano pone de relieve la crisis de rendición de cuentas

El gobierno afgano debe investigar miles de denuncias de violaciones de derechos humanos, actividad delictiva y fraude electoral por parte de miembros del Parlamento del país, que inicia su segundo mandato el 26 de enero. Así lo ha declarado Amnistía Internacional.
Al menos 40 parlamentarios han sido acusados de cometer durante su mandato graves abusos contra los derechos humanos, tales como asesinato, secuestro, extorsión, intimidación de activistas y periodistas, y violencia relacionada con las elecciones.
Decenas de parlamentarios se enfrentan a denuncias creíbles de crímenes de guerra tales como ataques contra objetivos civiles y matanzas cometidas durante el largo conflicto civil del país.
“Tememos que los criminales y los señores de la guerra que ocupan puestos en el Parlamento y el gobierno de Afganistán puedan quedar impunes por los abusos contra los derechos humanos a menos que respondan ante las investigaciones en curso”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional insta a las autoridades afganas a seguir investigando, mediante la Comisión de Quejas Electorales y el sistema judicial del país, las violaciones de derechos humanos cometidas por parlamentarios, sin que éstos gocen de impunidad gracias al cargo que ocupan.
“Hay algunos parlamentarios valerosos que luchan por representar los intereses del pueblo afgano y por conseguir un gobierno mejor y más justo, pero, por desgracia, se ven superados en número por los que no respetan los derechos y peticiones de la población a la que representan.”
El presidente Karzai había demorado la investidura del Parlamento, y había pedido que los parlamentarios se sometieran al tribunal especial establecido por el propio presidente para investigar las denuncias generalizadas de fraude durante las elecciones de septiembre.
“El tribunal especial de Karzai carece de base jurídica, y parece concebido para llenar los escaños parlamentarios con partidarios del presidente, más que para examinar de manera imparcial y adecuada la conducta de los candidatos”, ha manifestado Sam Zarifi. “En una situación como la que se vive en Afganistán, la respuesta correcta es adherirse al Estado de derecho, no forzarlo para obtener una ventaja política.”
“Durante los últimos cuatro meses, un Parlamento lleno de responsables de violaciones de derechos humanos se ha enfrentado a un presidente que trata de sortear los controles jurídicos que limitan su poder. El perdedor ha sido el pueblo afgano”, ha manifestado Sam Zarifi.
La Comisión de Quejas Electorales recibió casi 6.000 quejas, de las que más de 2.700 fueron calificadas por la ONU como lo suficientemente “graves” para afectar al resultado de las elecciones. Se registraron unas 2.300 quejas contra los candidatos y sus agentes, y más de 700 quejas por intimidación y violencia.
“Para dar a este nuevo Parlamento la legitimidad que tanto necesita, es fundamental una investigación creíble por parte de la Comisión de Quejas Electorales”, ha manifestado Sam Zarifi. “Y si se formulan denuncias más graves sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por miembros del Parlamento, el poder judicial afgano debe proporcionar justicia y reparación a las víctimas.”
“Tanto Karzai como el Parlamento han echado a perder su legitimidad pública con su mala actuación y con su ausencia de una gobernanza responsable, receptiva y que rinda cuentas.”

Region Asia And The Pacific
Country Afghanistan
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