Marruecos y el Sáhara Occidental - INFORME 2007 AMNISTIA INTERNACIONAL

Human Rights in Reino de Marruecos

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Morocco is now live »

Jefe del Estado: rey Mohamed VI
Jefe del gobierno: Driss Jettou
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

 

El gobierno comenzó a considerar las recomendaciones formuladas en 2005 por la Comisión de Equidad y Reconciliación, pero al término de 2006 no se habían aplicado medidas de seguimiento fundamentales. Una mujer y siete hombres saharauis dedicados a la defensa de los derechos humanos que habían sido encarcelados en 2005 quedaron en libertad, pero otros dos fueron detenidos en relación con las persistentes protestas contra la administración del Sáhara Occidental por Marruecos. Unos 200 presuntos activistas islamistas fueron detenidos y acusados formalmente, y algunos declarados culpables, en muchos casos sobre la base de una definición imprecisa de terrorismo. Dos fueron condenados a muerte. Más de 500 miembros del grupo islamista no autorizado Justicia y Caridad fueron acusados formalmente de delitos como pertenencia a una asociación no autorizada cuando el grupo emprendió una campaña de captación de miembros. Continuaron las expulsiones ilegales de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, durante las cuales el personal de las fuerzas de seguridad cometió presuntamente abusos sexuales contra algunas de esas personas.

Información general

En octubre se disolvieron los Grupos Urbanos de Seguridad -unidad de policía comunitaria creada en 2004 y compuesta por 5.000 agentes- tras las acusaciones de brutalidad, en particular al dispersar manifestaciones y practicar detenciones. Varias personas murieron, al parecer, a consecuencia de palizas propinadas por agentes de esta unidad. Entre ellas se encontraban Hamdi Lembarki y Adel Zayati, muertos en 2005, y Abdelghafour Haddad, muerto en 2006.

El punto muerto al que habían llegado los intentos de resolver el litigio entre Marruecos y el Frente Polisario en relación con el Sáhara Occidental siguió constituyendo el telón de fondo de las manifestaciones de saharauis contra la administración del territorio por Marruecos. El Frente Polisario propugnaba la creación de un Estado independiente en el Sáhara Occidental y mantenía un gobierno autoproclamado en el exilio en los campos de refugiados del suroeste de Argelia.

La Comisión de Equidad y Reconciliación

En enero, el rey Mohamed VI pronunció un discurso con motivo de la publicación del informe final de la Comisión de Equidad y Reconciliación, que en noviembre de 2005 había concluido sus investigaciones sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, en particular sobre casos de desaparición forzada y detención arbitraria. El rey expresó su apoyo a las víctimas, pero no ofreció disculpas.

El rey dio instrucciones al Consejo Consultivo de Derechos Humanos, la institución nacional de derechos humanos, de dar seguimiento a los trabajos de la Comisión. En junio, el primer ministro, Driss Jettou, estableció comisiones de trabajo conjuntas, integradas por funcionarios del Estado y ex miembros de la Comisión, para examinar las recomendaciones de ésta, en particular en lo relativo a reparaciones y a reformas institucionales y legales. El Consejo comenzó a informar a las víctimas y sus familiares de los resultados de las investigaciones sobre los 742 casos de desaparición forzada que, seg�n sus propias afirmaciones, había resuelto, y continuó las investigaciones de la Comisión sobre 66 casos no resueltos. El Consejo anunció que a mediados de 2006 se publicaría una lista detallada de los casos de desaparición forzada examinados por la Comisión, pero al terminar el año esto no había sucedido todavía. No se registraron avances en lo relativo a facilitar el acceso efectivo de las víctimas a la justicia y a exigir responsabilidades a autores concretos de abusos, cuestiones de las que la Comisión no se había ocupado.

Detenciones y juicios de saharauis

Ocho defensores de los derechos humanos saharauis -una mujer y siete hombres- que habían sido encarcelados en 2005 por su participación en protestas contra la administración del Sáhara Occidental por Marruecos quedaron en libertad en aplicación de indultos reales en marzo y abril. También se liberó a unas 70 personas detenidas durante las manifestaciones que tuvieron lugar en el territorio en 2005 y 2006 o después de las protestas, y que estaban acusadas formalmente de conducta violenta. En febrero, el Ministerio de Justicia afirmó que los defensores de los derechos humanos habían sido encarcelados por su participación en actos delictivos, no por sus ideas. Sin embargo, Amnistía Internacional consideró que probablemente eran presos de conciencia, perseguidos por denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad marroquíes y propugnar p�blicamente la libre determinación para el pueblo saharaui.

En 2006 continuaron las manifestaciones de la población saharaui contra el dominio marroquí. Seg�n informes, se detuvo a cientos de personas. La inmensa mayoría quedaron en libertad tras ser interrogadas por la policía, aunque posteriormente unas 20 fueron declaradas culpables y condenadas a penas hasta de seis años de prisión por incitar a la violencia o participar en actos violentos. Al menos 10 manifestantes denunciaron haber sufrido tortura o malos tratos durante los interrogatorios mientras estaban bajo custodia policial. La comunidad de activistas de derechos humanos saharauis siguió siendo objeto de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad.

En junio, Brahim Sabbar, secretario general de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, fue condenado a dos años de prisión por agresión y desobediencia a un agente de policía en un juicio sin las debidas garantías. En mayo, su asociación publicó un informe en el que se detallaban decenas de denuncias recientes de detenciones arbitrarias y tortura o malos tratos. Brahim Sabbar y su compañero Ahmed Sbai estaban en espera de otro juicio por cargos distintos, entre ellos los de pertenecer a una asociación no autorizada e incitar a protestas violentas. Los dos eran posibles presos de conciencia.

Una misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitó el Sáhara Occidental en mayo. En su informe confidencial, que se filtró a la opinión p�blica, la misión llegaba a la conclusión de que la situación de derechos humanos en el territorio era motivo de honda preocupación, y que al pueblo saharaui se le negaba el derecho a la libre determinación y se lo sometía a graves restricciones en el ejercicio de otros derechos, como expresar sus opiniones, crear asociaciones y celebrar reuniones.

Abusos en el contexto de la �guerra contra el terror�

Unos 200 presuntos activistas islamistas, entre los que había al menos nueve miembros de la policía y de las fuerzas armadas, fueron detenidos y acusados formalmente de delitos como preparación de actividades terroristas, pertenencia a grupo terrorista y menoscabo de la seguridad del Estado. Dos de ellos fueron juzgados y condenados a muerte, mientras que a un mínimo de 50 se les impusieron penas hasta de 30 años de prisión basadas en una definición amplia y poco precisa de terrorismo.

Unos 300 presos presuntamente islamistas, muchos de ellos condenados por delitos de terrorismo tras los atentados con bomba perpetrados en Casablanca en mayo de 2003, protagonizaron en mayo una huelga de hambre de un mes de duración para exigir su liberación o la revisión judicial de sus juicios. Muchos habían sido declarados culpables en juicios que no reunieron las garantías procesales que exigen las normas internacionales. Decenas de ellos denunciaron que habían sido torturados en años anteriores por las fuerzas de seguridad durante los interrogatorios.

En febrero y octubre, cuatro ciudadanos marroquíes fueron transferidos a Marruecos desde la base estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, donde se encontraban bajo custodia de Estados Unidos. Tres fueron juzgados y declarados culpables en noviembre. Uno de estos tres fue condenado a cinco años de prisión por crear una �banda delictiva�, entre otros cargos, y permaneció bajo custodia. A los otros dos les fueron impuestas sendas condenas de tres años de prisión por falsificación de documentos oficiales, pero quedaron en libertad en espera de la resolución de sus recursos. El cuarto detenido devuelto se enfrentaba a cargos de pertenencia a una organización terrorista, entre otros delitos. Otros cinco ex detenidos de Guantánamo devueltos a Marruecos en 2004 fueron juzgados por cargos similares. Las autoridades negaron categóricamente las informaciones aparecidas en medios de comunicación extranjeros seg�n las cuales Estados Unidos planeaba construir un centro secreto de detención en Marruecos.

Detenciones y juicios de activistas de Justicia y Caridad

Seg�n informes, la policía interrogó a más de 3.000 miembros de Justicia y Caridad (Al Adl wal Ihsan) después de que el grupo emprendió en abril una campaña de captación de miembros en la que sus integrantes abrían sus casas al p�blico para presentar la literatura del grupo. La inmensa mayoría quedaron en libertad sin cargos después de ser interrogados. Seg�n informes, a más de 500 se los acusó formalmente de delitos como participación en reuniones o asambleas no autorizadas y pertenencia a una asociación no autorizada.

Las autoridades precintaron la casa de uno de los líderes del grupo, Mohamed Abbadi, tras acusarlo de celebrar en ella reuniones ilegales. En octubre, Mohamed Abbadi y otros tres miembros del grupo fueron condenados a un año de prisión por romper los precintos, pero continuaron en libertad en espera de la resolución de un recurso.

Otros miembros de Justicia y Caridad fueron procesados y condenados a penas condicionales de prisión o multas, o estaban en espera de juicio al terminar al año.

Al terminar el año estaba en curso un juicio contra la portavoz del grupo, Nadia Yassine. En una entrevista concedida en 2005 al semanario Al Ousbouiya Al Jadida, había afirmado que creía que la monarquía no era apropiada para Marruecos. Las autoridades acusaron formalmente a Nadia Yassine y a dos periodistas del semanario de difamación de la monarquía.

Personas refugiadas y migrantes

En julio, tres migrantes murieron cuando intentaban escalar la valla que separaba Marruecos del enclave español de Melilla. Uno de ellos cayó en el lado español de la frontera y, seg�n los informes, murió por heridas de bala. Los otros dos murieron tras caer, seg�n los informes, de la valla a territorio marroquí. Testigos de los hechos afirmaron que las fuerzas de seguridad marroquíes habían disparado en dirección a los migrantes. No se hicieron p�blicos los resultados de las investigaciones oficiales sobre las muertes de migrantes en 2005 en las fronteras con los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

Las autoridades marroquíes detuvieron a miles de personas sospechosas de ser migrantes irregulares, entre las que había menores de edad, y las expulsaron a Argelia y, en menor n�mero, a Mauritania. Seg�n los informes, entre estas personas había decenas de refugiados o solicitantes de asilo. En general, las expulsaron poco después de detenerlas y sin brindarles la oportunidad de recurrir contra la decisión de expulsarlas ni de examinar los fundamentos de dicha decisión, pese a que la legislación marroquí garantizaba estos derechos. En muchos casos las abandonaron sin alimentos y agua suficientes. Seg�n los informes, en agosto murió de deshidratación una persona que formaba parte de un grupo de 53 migrantes expulsados a la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania por las autoridades marroquíes, a los que dejaron sin alimentos ni agua.

A finales de diciembre, cientos de ciudadanos extranjeros fueron detenidos y expulsados a la frontera con Argelia después de llevarse a cabo redadas en varias ciudades. Seg�n los informes, entre ellos había al menos 10 refugiados reconocidos y 60 solicitantes de asilo registrados ante el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Rabat. Varias de las personas expulsadas denunciaron haber sido objeto de abusos sexuales o robos por parte de personal de las fuerzas de seguridad en Argelia y Marruecos.

Derechos de las mujeres

El Ministerio de Justicia afirmó en junio que Marruecos tenía previsto levantar las reservas que había formulado al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En mayo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinó la situación de Marruecos en lo relativo a estos derechos. El Comité acogió con satisfacción las recientes reformas legislativas encaminadas a mejorar la condición de las mujeres, pero expresó preocupación por la persistencia de �algunas disposiciones discriminatorias en la legislación marroquí, en particular en lo referente a los derechos de sucesión y en materia penal�. El Comité reconoció los esfuerzos realizados por Marruecos para luchar contra la violencia doméstica, pero observó con preocupación que el Código Penal no contenía ninguna disposición específica que tipificase y penalizase la violencia en el hogar.

Campos del Frente Polisario

Una misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitó en mayo los campos de refugiados de Tinduf, en el suroeste de Argelia. En su informe confidencial, que se filtró a la opinión p�blica, la delegación recomendaba una vigilancia más estrecha de la situación de los derechos humanos en los campos.

Los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos en años anteriores seguían gozando de impunidad. El Frente Polisario no tomó medidas para abordar este problema heredado.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

•  España y Marruecos: Falta de protección de los derechos de las personas migrantes. Ceuta y Melilla un año después (�ndice AI: EUR 41/009/2006)

Visita

•  Un delegado de Amnistía Internacional visitó Marruecos en julio para participar en una conferencia sobre justicia transicional en Rabat y reunirse con organizaciones de derechos humanos locales.