Sudáfrica - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Sudafricana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Africa is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Jacob G. Zuma (sustituyó a Kgalema Motlanthe en mayo)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
50,1 millones
Esperanza de vida
51,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
79/64 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
88 por ciento

Hubo informes sobre un mayor número de casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía. Las personas refugiadas y migrantes continuaron siendo objeto de discriminación y desplazamiento en episodios de violencia en gran escala. Se amenazó y atacó impunemente a quienes defendían el derecho a la vivienda. Los informes recibidos señalaban altos índices de violencia contra mujeres y niñas e indicaban que las autoridades no prestaban apoyo suficiente a las sobrevivientes de los abusos. Se calculaba que 5,7 millones de personas vivían con el VIH, y el número de mujeres afectadas seguía siendo desproporcionado.

Información general

En abril surgió de las elecciones un nuevo gobierno encabezado por el presidente Jacob Zuma, del Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC). El ANC consiguió el 65,9 por ciento de los votos y el control sobre ocho de las nueve provincias. Un miembro de la Comisión Electoral Independiente en la provincia de KwaZulu-Natal fue procesado por falsificación y violación del Código de Conducta Electoral, el primero de tales casos desde 1994.

El nuevo gobierno se enfrentaba a desafíos tan importantes como la pobreza persistente, el aumento de los índices de desempleo y delincuencia violenta y la crisis del sector de la salud. Surgieron tensiones políticas en el seno de la alianza entre el ANC, el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica y el Partido Comunista en relación con la política económica, y hubo frecuentes huelgas organizadas por los sindicatos. La corrupción y el nepotismo impedían que ciertas comunidades tuvieran acceso a servicios y vivienda, y dieron lugar a la paralización de algunos gobiernos municipales y a protestas generalizadas entre las comunidades afectadas. La inestabilidad de la situación contribuyó al aumento del número de casos de violencia contra ciudadanos extranjeros, de quienes se pensaba que estaban compitiendo por unos recursos económicos que escaseaban.

Los cambios políticos continuaron afectando a la independencia y la integridad de la administración de justicia. El director nacional en funciones de la Fiscalía, Mokotedi Mpshe, retiró los cargos por corrupción contra Jacob Zuma en abril, aduciendo intromisión indebida en la causa.

En agosto, sin una vista formal previa, la Comisión de Servicios Judiciales resolvió que el juez presidente del Tribunal Superior de El Cabo Occidental, John Hlophe, no era culpable de conducta indebida grave tras un presunto intento de influir en dos jueces que preparaban una sentencia que afectaba a la causa contra Jacob Zuma. Una minoría de los miembros de la Comisión expresaron su desacuerdo con la resolución.

En noviembre, el presidente Zuma nombró director nacional de la Fiscalía a Menzi Simelane, quien había sido objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Comisión del Servicio Público a raíz de las conclusiones de la comisión de investigación de Ginwala, según las cuales su testimonio había sido falso y sin fundamento jurídico. Al final del año no se habían dado a conocer las conclusiones de la Comisión del Servicio Público.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron informes sobre casos de tortura y otros malos tratos a manos de la policía contra personas detenidas como sospechosas de delitos. En algunos de los casos confirmados se utilizaron la asfixia y las descargas eléctricas para torturar. Aumentó el número de casos de tortura según la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, órgano de vigilancia de la institución policial que, entre abril de 2008 y marzo de 2009, investigó 828 casos de agresión dirigida a causar lesiones graves, algunas de las cuales constituían tortura. En varios casos se interrogó y agredió a los sospechosos cuando estaban bajo custodia sin que existiera registro alguno de su detención. A pesar de los continuos esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica y las organizaciones de la sociedad civil, Sudáfrica no ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

El Servicio de Inspección Judicial de Prisiones recibió más de 2.000 denuncias de agresiones a internos por parte de guardias penitenciarios entre abril de 2008 y marzo de 2009. En octubre entró en vigor una disposición de la nueva Ley de Enmienda de la Normativa sobre Servicios Penitenciarios que obligaba a los funcionarios de prisiones a informar de inmediato al juez inspector sobre cualquier incidente con uso de la fuerza. El hacinamiento seguía siendo un grave problema; había 19 cárceles en situación de “hacinamiento crítico”.

  • Sidwel Mkwambi murió en febrero bajo la custodia de la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Organizada de Bellville Sur. La policía aseguró que había saltado de un vehículo policial en marcha, pero sus lesiones no eran compatibles con esta versión. En mayo, el ministro provincial de Policía ordenó a la policía que cooperase en la investigación dirigida por la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, que remitió el caso a las autoridades fiscales para que adoptaran una decisión en relación con la formulación de cargos contra 14 miembros de la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Organizada.

Ejecuciones extrajudiciales

En septiembre, el ministro nacional de Policía y el director nacional de la Policía anunciaron medidas legislativas y de otra índole para responder con la máxima contundencia a la delincuencia armada y los ataques contra agentes de policía.

En junio, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó de un incremento del 15 por ciento en el número de muertes bajo custodia y muertes “resultantes de la acción policial” durante los dos últimos años documentados. La provincia de KwaZulu-Natal presentaba el mayor incremento, del 47 por ciento, de 175 a 258 muertes.

  • Bongani Mkhize, presidente de la Asociación del Taxi de Maphumulo, murió por disparos de miembros de la Fuerza Nacional de Intervención el 3 de febrero, cuando, según los agentes, empezó a disparar contra ellos. Este homicidio, aparentemente relacionado con la investigación del asesinato de un director de policía, tuvo lugar a pesar de que tres meses antes el Tribunal Superior de Durban había dictado una resolución por la que se prohibía a la policía el “homicidio ilegítimo” de Bongani Mkhize. El Tribunal escuchó testimonios según los cuales el nombre de la víctima estaba en una lista de sospechosos, todos los cuales habían muerto por disparos antes de octubre de ese año, varios de ellos después de ser detenidos e interrogados por la policía.
  • Un hombre sin identificar murió por disparos el 29 de octubre en Durban cuando, al parecer, huía de la policía tras el presunto robo de un vehículo. Testigos presenciales oyeron disparos y vieron el cuerpo del hombre suspendido de una valla de seguridad cerca de un edificio de apartamentos. La policía trató de engañar a investigadores independientes y contó a los medios de comunicación que se había electrocutado él mismo en contacto con la valla. Sin embargo, pruebas médicas demostraban que había muerto debido a una lesión en la espina dorsal causada por un disparo. No había indicios de lesión causada por descarga eléctrica.

Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

En septiembre, dirigentes y simpatizantes de Abahlali baseMjondolo, movimiento de base comunitaria para la defensa de los derechos económicos y sociales, huyeron de sus hogares en el asentamiento informal de Kennedy Road, cerca de Durban, tras un ataque de hombres armados. Sus viviendas fueron destruidas y los amenazaron con sufrir más violencia. Los agresores identificaron a sus víctimas por su nombre y con calificativos étnicos, como amaMpondo (hablantes de la lengua xhosa). Posteriormente, 13 simpatizantes de Abahlali, todos ellos hablantes de xhosa, fueron detenidos y acusados en relación con la muerte de dos hombres el 27 de septiembre, la noche del atentado. En cambio, nadie fue acusado de los ataques contra simpatizantes de Abahlali. Al final del año se habían retirado los cargos contra uno de los 13 simpatizantes de Abahlali detenidos mientras que 12 continuaban acusados, de los cuales 7 habían quedado en libertad bajo fianza.

En octubre, el Tribunal Constitucional resolvió que el artículo 16 de la Ley 6/2007 de Eliminación y Prevención del Resurgimiento de Barrios Marginales de KwaZulu-Natal no se ajustaba a la Constitución y lo dejó sin efecto. Abahlali había iniciado la causa ante los tribunales contra dicha disposición legal en 2008. La resolución de octubre afectó a miles de personas que vivían en alojamientos informales y sin seguridad de tenencia sobre la tierra.

A pesar del impacto que tuvo el satisfactorio resultado de su litigio, la labor comunitaria de Abahlali continuó sufriendo graves interrupciones debido a los violentos acontecimientos de septiembre.

Personas refugiadas y migrantes

A lo largo del año se cometieron violaciones del derecho a la vida y a la integridad física de refugiados y migrantes, así como ataques contra sus propiedades. Los episodios de violencia dieron lugar a desplazamientos en gran escala de comunidades no nacionales en De Doorns, Siyathemba/Balfour y Polokwane, además de otros episodios graves en otros lugares. Los ataques iban dirigidos particularmente contra nacionales somalíes y zimbabuenses. La respuesta de la policía a los incidentes varió desde la complicidad o el abandono hasta un esfuerzo ostensible por impedir la escalada de la violencia en algunos casos. Hacia el final del año, el trabajo de las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil había empezado a dar resultados en forma de mejoras en la respuesta policial a situaciones de emergencia.

El presidente Zuma condenó públicamente la xenofobia y la destrucción de propiedades de ciudadanos extranjeros. Hubo avances en la redacción de un Plan Nacional de Acción contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Seguía siendo difícil encontrar soluciones duraderas para algunos refugiados que habían quedado desplazados internamente, en especial los provenientes de países en conflicto. Continuaron los episodios de devolución.

La crisis política y económica de Zimbabue hizo que aumentara la afluencia de migrantes y solicitantes de asilo a Sudáfrica. En abril, el gobierno aprobó la entrada sin visado por un periodo de 90 días para los zimbabuenses y anunció un plan para facilitar permisos de inmigración a los zimbabuenses que ya estaban en el país. Al final del año no se habían expedido tales permisos. En marzo se cerró repentinamente un albergue informal para zimbabuenses en la localidad fronteriza de Musina; muchos de sus ocupantes buscaron refugio en Johannesburgo, especialmente en la Misión Metodista Central. Al término de 2009, varios miles de zimbabuenses continuaban refugiados en la Misión sin que las autoridades atendieran sus necesidades humanitarias.

  • La policía detuvo en julio a cientos de personas, la mayoría nacionales de Zimbabue, por “merodear” en las inmediaciones del centro. Pruebas médicas presentadas constataban que en algunos casos los detenidos, hombres y mujeres, habían recibido golpes y patadas, pulverizaciones con aerosol de pimienta y descargas eléctricas con pistolas paralizantes. La policía insultó a algunos de ellos llamándolos makwerekwere (forasteros). Tres días después, los 350 detenidos quedaron en libertad sin cargos. En octubre, la Iglesia Metodista Central y Lawyers for Human Rights solicitaron que el Tribunal Superior declarara ilegítimas las detenciones y prohibiera la utilización de la ordenanza municipal contra merodeadores. La causa seguía abierta al finalizar el año.

Violencia contra mujeres y niñas

Se anunció la creación de un Ministerio de Mujeres, Jóvenes, Infancia y Personas con Discapacidad.

Continuaron los informes que indicaban altos índices de violencia contra mujeres y niñas, si bien fue difícil comparar datos con años anteriores debido a que había cambiado el marco jurídico para documentar tales delitos. Según datos policiales sobre el año hasta marzo de 2009, los delitos sexuales habían aumentado el 10,1 por ciento e incluían violaciones, tanto de personas adultas como de niños y niñas; más de 30.000 delitos se habían cometido contra mujeres de 18 años o más.

En junio, el Consejo Sudafricano de Investigación Médica publicó los resultados de un estudio que demostraba que más de dos quintas partes de los hombres entrevistados habían tenido comportamientos violentos con su pareja.

La Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó al Parlamento en febrero de que su inspección de 430 comisarías de policía demostraba que muchas distaban de cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar. Hubo asimismo varias denuncias corroboradas contra la policía, entre otras cosas por no detener a hombres ante su incumplimiento de una orden de alejamiento, por no asesorar a las denunciantes sobre sus opciones con arreglo a la citada ley y por “ahuyentar” a las denunciantes.

Organizaciones no gubernamentales y de apoyo informaron de que la policía no había recibido formación adecuada –y en algunos casos ni siquiera formación básica– sobre las obligaciones que tenían en virtud de la legislación sobre delitos sexuales y violencia en el ámbito familiar. Al terminar el año, las autoridades habían establecido 17 de los 50 centros integrales previstos para brindar tratamiento, apoyo y acceso a la justicia a las sobrevivientes de violencia de género. En julio, el ministro de Policía anunció que revisaría la decisión de cerrar las unidades especializadas de violencia familiar y delitos sexuales. El trabajo de investigación realizado confirmó que la decisión de cerrar tales unidades en 2006 había dado lugar al deterioro de los servicios y a un descenso del número de detenciones y condenas.

En noviembre, el Tribunal para la Igualdad se reservó la opinión en relación con una denuncia por apología del odio presentada por la ONG Sonke Gender Justice contra el presidente de la Liga Juvenil del ANC, basada en unos comentarios públicos que aparentemente denigraban a las mujeres que denunciaban haber sido violadas.

Derecho a la salud: personas con VIH y sida

ONUSIDA calculaba que unos 5,7 millones de personas vivían con el VIH. En julio, el número de pacientes de sida que estaban recibiendo tratamiento antirretroviral se había elevado, según cálculos, a unos 870.000, casi la mitad de las personas que lo necesitaban. La mala planificación gubernamental y la falta de personal hicieron que algunos hospitales sufrieran escasez de medicamentos antirretrovirales y no pudieran empezar a aplicar el tratamiento a nuevos pacientes. En octubre se aumentó la asignación presupuestaria para medicamentos contra el VIH.

El VIH y el sida seguían infectando y afectando de manera desproporcionada a las mujeres. En junio, el estudio sobre la prevalencia del VIH en el territorio nacional publicado por el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica demostró que las mujeres de entre 15 y 19 años presentaban una prevalencia del 6 por ciento, más del doble de la prevalencia en los varones del mismo grupo de edad, y se elevaba a más del 32 por ciento en las mujeres de entre 25 y 29 años. Las mujeres africanas de entre 20 y 34 años fueron identificadas como el grupo de población en mayor situación de riesgo de todo el país.

El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el gobierno anunció una nueva campaña para promover el sometimiento voluntario a la prueba del VIH entre otras medidas para combatir la epidemia.

Justicia internacional

Tras las protestas de la sociedad civil, el gobierno confirmó en agosto que tomaría medidas en relación con la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán si éste viajaba a Sudáfrica, a pesar de la postura adoptada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana celebrada en Sirte (Libia) en julio.

En diciembre, organizaciones de derechos humanos solicitaron al Tribunal Superior de Pretoria que dictara una orden para declarar ilegal la decisión de las autoridades sudafricanas de no abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en Zimbabue por personas de las que se sabía que habían viajado a Sudáfrica.

Informes y visitas de Amnistía Internacional