Suazilandia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Suazilandia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Swaziland is now live »

Jefe del Estado
rey Mswati III
Jefe del gobierno
Barnabas Sibusiso Dlamini
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
1,2 millones
Esperanza de vida
45,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
111/92 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
79,6 por ciento

Continuó reprimiéndose el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión. Se utilizó la legislación sobre seguridad para violar derechos humanos. La policía hizo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Hubo informes sobre tortura y uso injustificado de medios letales por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Casi el 70 por ciento de la población vivía en la pobreza, y la cuarta parte necesitaba ayuda alimentaria. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo de manera desproporcionada los efectos de la violencia, la pobreza y la pandemia de VIH que afectaba al país.

Información general

El nuevo gobierno formado en octubre de 2008 continuó utilizando la Ley de Represión del Terrorismo de 2008 para responder a la oposición política y la disidencia. En julio se reunieron en la ciudad de Manzini diversas organizaciones de la sociedad civil parar pedir mayor protección de los derechos humanos –en especial de los relativos a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad–, el fin de la violencia contra las mujeres y la anulación de la Ley de Represión del Terrorismo. El Diálogo Nacional de Asociación Inteligente, celebrado por iniciativa del gobierno en agosto, recibió críticas de organizaciones políticas y de la sociedad civil por no ser lo suficientemente inclusivo.

En septiembre, el gobierno anunció la formación de la Comisión de Derechos Humanos y Administración Pública, pendiente desde la entrada en vigor de la nueva Constitución en 2006. Sin embargo, el rey nombró a sus componentes sin legislación habilitadora y sin consulta ni participación públicas plenas en el proceso de presentación de candidaturas.

Comenzaron a tomarse medidas contra las demoras de los nombramientos judiciales, pero la falta de garantías efectivas de independencia judicial fue motivo constante de preocupación.

Seguridad y medidas antiterroristas

A pesar de crecientes críticas expresadas dentro y fuera del país, el gobierno declaró que no iba a reformar la Ley de Represión del Terrorismo. Además, las autoridades utilizaron también otras leyes sobre seguridad para detener y procesar a personas críticas con el gobierno.

  • El 3 de junio se detuvo al abogado de derechos humanos Thulani Maseko en aplicación de la Ley de Sedición y Actividades Subversivas, presuntamente por pronunciar palabras “con intención subversiva” en una reunión pública. Tras comparecer ante un tribunal, quedó bajo custodia en la prisión de máxima seguridad de Sidwashini. El 10 de junio, sus abogados consiguieron una orden del Tribunal Superior por la que se le permitía el acceso confidencial a servicios jurídicos, y dos días más tarde quedó en libertad bajo fianza. Al final del año no se había fijado la fecha de su juicio.
  • En julio, la policía detuvo a los activistas políticos Mphandlana Shongwe y Norman Xaba en una reunión de la sociedad civil celebrada en Manzini, aparentemente por corear lemas y llevar camisetas relacionados con organizaciones que se habían prohibido en 2008 por considerárselas terroristas según la Ley de Represión del Terrorismo. Quedaron en libertad bajo fianza. Al final del año no se había fijado la fecha de su juicio.
  • Mario Masuku, presidente de la organización prohibida Movimiento Democrático Popular Unido, fue absuelto el 21 de septiembre, primer día de su juicio ante el Tribunal Superior, de un cargo presentado contra él en aplicación de la Ley de Represión del Terrorismo. El Tribunal determinó que las pruebas presentadas por el Estado eran inadmisibles o insuficientes.
  • Se aplazó hasta marzo de 2010 el juicio de Amos Mbedzi, ciudadano sudafricano que se hallaba recluido en prisión preventiva por subversión y otros cargos presentados contra él en relación con un atentado con explosivos que se había intentado perpetrar en 2008 contra un puente.
  • No se llevó a juicio a 16 hombres acusados en 2006 de traición en relación con unos atentados con explosivos. Se hallaban en libertad bajo fianza. El gobierno no había hecho público aún el informe de una comisión encargada de investigar las presuntas torturas a que habían sido sometidos en prisión preventiva.

Libertad de asociación, expresión y reunión

Continuaron utilizándose las imprecisas y demasiado generales disposiciones de la Ley de Reforma del Terrorismo y las graves penas prescritas en ellas para intimidar a las personas críticas con el gobierno. Activistas de la sociedad civil y partidarios de la oposición al gobierno denunciaron un creciente número de casos de hostigamiento, registro y confiscación de material, y vigilancia de las comunicaciones electrónicas, las llamadas telefónicas y las reuniones, que en ocasiones fueron interrumpidas por la policía.

Los medios de comunicación y los periodistas estaban sometidos a presión constante, y algunos sufrieron actos manifiestos de intimidación. La policía presionaba cada vez más a los periodistas para que revelaran sus fuentes y se abstuvieran de publicar determinada información que, de acuerdo con la Ley de Represión del Terrorismo, podía vincularlos a las actividades de las organizaciones declaradas terroristas. Se presionó a The Times of Swaziland para que dejara de publicar las columnas semanales de Mfomfo Nkhambule, periodista crítico con el gobierno.

  • El 21 de mayo, el Tribunal Supremo determinó en una demanda presentada por sindicatos y organizaciones políticas que no había conflicto entre el derecho de los ciudadanos de Suazilandia a fundar partidos políticos y afiliarse a ellos, de acuerdo con la Sección 25 de la Constitución, y la Sección 79 de ésta, que permitía concurrir a elecciones únicamente en razón del “mérito personal”. En una opinión discrepante, el juez Thomas Masuku manifestó que el derecho sustantivo a la libertad de asociación, protegido en la Sección 25, quedaba anulado por la Sección 79, y que no podía justificarse razonablemente esta anulación.

Tortura y uso excesivo de la fuerza

Agentes de policía y de otras fuerzas de seguridad, incluidos grupos con funciones policiales informales, continuaron haciendo uso excesivo de la fuerza contra presuntos delincuentes, activistas políticos y manifestantes desarmados. Se denunciaron también casos de tortura y otros malos tratos. Siguió sin abordarse el problema de la impunidad con que se cometían tales abusos. Aunque el nuevo director de la policía, Isaac Magagula, puso de relieve la necesidad de responder a la preocupación pública por la delincuencia sin recurrir a la “brutalidad policial” y limitando el uso policial de medios letales a las circunstancias en que corriera peligro la vida de los agentes o de otras personas, las víctimas de abusos a manos de la policía siguieron sin tener acceso a un órgano de investigación de denuncias independiente.

  • El 16 de abril, los organizadores eclesiásticos y sindicales de una marcha por la educación gratuita tuvieron que suspender el acto debido a un estallido de violencia. Un grupo de participantes separados del resto de la marcha dañaron bienes y agredieron a un agente de policía. Las fuerzas de seguridad hicieron uso desproporcionado de la fuerza contra algunos de los manifestantes, entre ellos un hombre al que golpearon con porras, dieron patadas, oprimieron el cuello y pisotearon, aparentemente porque había insultado a la bandera nacional.
  • El 4 de septiembre, cuatro agentes de policía detuvieron ilegalmente a Wandile Dludlu, presidente del Congreso de la Juventud de Suazilandia, cerca de la frontera con Sudáfrica. Lo llevaron a una zona boscosa de las inmediaciones de Bhunya y lo interrogaron en relación con unas armas a la vez que lo torturaban sometiéndolo reiteradamente a asfixia mientras permanecía con las manos y los tobillos fuertemente atados a la espalda. Unas siete horas después lo dejaron abandonado en Mbabane, sin presentar cargos contra él. Wandile Dludlu necesitó atención hospitalaria por lesiones y trauma psicológico coincidentes con la tortura que afirmaba haber sufrido. Presentó una denuncia criminal en la comisaría de Mbabane contra agentes de policía identificados, pero al final del año la investigación no había dado lugar a ninguna detención. También interpuso una demanda civil por daños y perjuicios.
  • El 21 de septiembre, agentes de seguridad de los Servicios Penitenciarios agredieron, sin pedirles previamente que se dispersaran, a un grupo de activistas políticos que se habían congregado pacíficamente para esperar la excarcelación de Mario Masuku (véase supra) de la prisión central de Matsapha. Los agentes pidieron también a los periodistas que dejaran de filmar y fotografiar su actuación. Les confiscaron cámaras y otros componentes de sus equipos informativos, e insultaron, amenazaron y agredieron físicamente a algunos de ellos. La investigación policial de lo ocurrido no había dado lugar a ninguna detención al final del año. Tampoco se tuvo noticia de que las autoridades hubieran tomado alguna medida contra el Departamento de Servicios Penitenciarios, pese a las peticiones públicas de una investigación sobre la violencia y las intimidaciones sufridas por trabajadores de los medios de comunicación.

Pobreza, VIH y derecho a la salud

Suazilandia seguía teniendo el índice de prevalencia del VIH más alto del mundo. Según las últimas estadísticas disponibles de ONUSIDA, en 2008 el 42 por ciento de las mujeres embarazadas que acudían a clínicas prenatales eran seropositivas. El acceso a terapia antirretroviral para el sida continuó mejorando, pero la falta de una alimentación diaria adecuada, particularmente en las zonas rurales, seguía menoscabando la capacidad de las personas que vivían con el sida para seguir el tratamiento, pues los medicamentos tenían que tomarse en intervalos regulares con las comidas de cada día.

Se calculaba que necesitaban ayuda alimentaria 256.383 personas. El 15 por ciento de los hogares estaban a cargo de niños huérfanos.

En octubre, con ocasión del Día Internacional contra la Pobreza, el coordinador residente de la ONU expresó preocupación por la falta de signos de reducción de la pobreza.

Persistían considerables diferencias entre hombres y mujeres en los índices de pobreza e infección por VIH, que eran desproporcionadamente mayores en el caso de las segundas. Las mujeres continuaron sufriendo violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos en forma de violencia o amenazas de violencia de sus parejas, que se negaban a utilizar preservativos.

En noviembre se lanzó en Suazilandia, con apoyo oficial, la Campaña de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna. Según estimaciones de 2006, la tasa de mortalidad materna en el país era de 370 por cada 100.000 nacidos vivos.

Derechos de las mujeres y derechos de la infancia

En marzo, el Tribunal Superior determinó que el gobierno estaba obligado por la Constitución a proporcionar educación primaria gratuita. Sin embargo, el primer ministro manifestó que la decisión sólo podía ejecutarse en fases y a partir de 2010.

Continuó demorándose la redacción de unos anteproyectos de ley que afectaban al derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley y a los derechos de la infancia, a pesar de haber nombrado el Ministerio de Justicia a más redactores para acelerar la reforma de las leyes incompatibles con la Constitución.

En octubre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley de (Prohibición) de la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas.

Pena de muerte

Aunque la Constitución de 2006 permitía el uso de la pena capital, no se habían llevado a cabo ejecuciones desde 1983. No se impuso ninguna condena de muerte en 2009. Seguía habiendo tres personas condenadas a muerte.

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